Lo que está sucediendo hoy ya se veía venir desde hace varias décadas, y hubo un legislador norteamericano que actuando casi en forma solitaria lanzó la voz de alerta, aunque fueron pocos los que escucharon en aquél entonces la sombría advertencia que lanzó a resultas de una generosa amnistía que por iniciativa del Partido Republicano (el mismo partido que precisamente hoy manifiesta una fuerte postura anti-inmigrante) y el Presidente Ronald Reagan:
le fué concedida a cerca de tres millones de indocumentados que habían ingresado y se habían establecido en dicho país violando abiertamente las leyes migratorias establecidas para tal efecto, mientras que para aquellos respetuosos de la ley que llevaban años afuera de los consulados y las embajadas esperando su turno no hubo amnistía alguna, esos tuvieron que seguir esperando (¡tengan su premio quienes obedecen y cumplen con las leyes!). Se trata del Senador texano Phil Gramm (Republicano), quien al discutirse la posibilidad de una segunda amnistía para ser concedida a los millones de indocumentados dijo lo siguiente (refiriéndose a sí mismo) repitiendo casi exactamente con sus las mismas palabras lo que dijo en 1986 cuando se promulgó la primera amnistía: “…hay por lo menos un miembro del Senado que jamás le concederá amnistía a los extranjeros ilegales…”, “…no le daremos amnistía a los extranjeros ilegales en este Congreso, esperamos que ello no ocurra nunca más. Ya hicimos eso en una ocasión. Todos dijeron que se trataba de una medida que sería aplicada por una única ocasión. No lo íbamos a volver a hacer nunca más. El problema al hacer tal cosa es que estamos premiando a gente que violó la ley. Premiamos a gente que ingresó en este país ilegalmente”, “Concederle amnistía a la gente que rompió la ley penaliza a los millones que han estado esperando su turno para ingresar legalmente a los Estados Unidos” (Actas del Registro del Congreso, 27 de octubre de 2000).
Al aprobarse la primera amnistía, además de manifestar su oposición el Senador Gramm lanzó en otros foros una advertencia sombría que ahora parece que nadie quiere recordar, que va más o menos así: “La amnistía que se está concediendo hoy a quienes violaron la ley tendrá consecuencias que estaremos lamentando a largo plazo, porque con ella se está promoviendo y propiciando el ingreso en grandes números de millones de nuevos indocumentados que ingresarán alentados por la esperanza de una segunda amnistía. Lo que se ha hecho, a la larga sólo motivará la entrada de nuevas oleadas de indocumentados alentados por la esperanza de una segunda amnistía, un influjo no deseado e ilegal de millones de seres humanos cuyas cantidades superarán con creces el número de indocumentados a los que hoy se les dará amnistía y residencia legal. Sólo es cuestión de tiempo, y el tiempo me dará la razón”.
Hoy el vaticinio del Senador Gramm se está cumpliendo en toda su cabalidad. Su sombría advertencia es una realidad de la cual Estados Unidos ya no se puede sustraer. En la actualidad, se estima que hay unos 11 millones de indocumentados residiendo y trabajando sin autorización legal para estar en dicho país, o sea casi unos cuatro tantos de la cantidad de indocumentados que fueron amnistiados en los tiempos en los que Ronald Reagan era Presidente. En efecto, nada alienta y promueve más la cultura de la ilegalidad que una cultura de impunidad.
Quienes hoy apoyan (e incluso exigen) en los Estados Unidos una segunda amnistía a los cerca de 11 millones que hoy se estima que viven en Estados Unidos (la cifra sigue creciendo mes tras mes) argumentan que el Presidente Reagan, el artífice de la primera amnistía que fue concedida, volvería a apoyar incondicionalmente y sin reservas una segunda medida. Sin embargo, es dudoso que el Presidente Regan habría apoyado el otorgamiento de una segunda amnistía, de acuerdo a una persona que lo conoció muy bien de cerca. Se trata de Peter Robinson, el hombre en quien el Presidente Reagan confiaba plenamente para escribirle todos sus discursos, y el cual afirmó: “El que Estados Unidos fracasó en recuperar el control de su frontera, convirtiendo la provisión de la ley de amnistía de 1986 en un incentivo para otros para llegar a Estados Unidos ilegalmente, habría enfurecido a Reagan”.
Hoy Estados Unidos está cosechando lo que sembró con aquella primera amnistía, y lo está cosechando con una crisis humanitaria sin precedentes en su historia. El presidente Obama declaró la crisis humanitaria debido al preocupante aumento de la llegada de miles de niños y adolescentes no acompañados provenientes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. De octubre 2013 a junio 2014 más de 52,000 menores de edad fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Lo que significa un incremento mayor al 50% respecto al 2012.
En buena medida, el problema del flujo ilegal de niños indocumentados (al igual que los no tan niños) fue alentado inicialmente por una generosa amnistía que el Presidente Reagan concedió en 1986 a quienes ingresaron violando las leyes migratorias de dicho país, tal y como lo predijo el Senador Gramm. Y el hecho de que los millones de indocumentados que ya se encuentran viviendo y trabajando en territorio norteamericano han estado presionando por una reforma migratoria que les conceda una amnistía -esta sería la segunda amnistía- como si tuviesen derecho de exigir tal cosa por el simple hecho de estar ya en los Estados Unidos sólo ha alentado la llegada de nuevas oleadas de indocumentados, porque si va a haber otra amnistía esa amnistía le será concedida no a quienes han estado tratando desde sus respectivos países el tratar de inmigrar legalmente a los Estados Unidos sino a quienes rompieron la ley, se saltaron las trancas, y se metieron “a la brava”.
Aunque el Presidente Obama en su campaña de reelección prometió que una amplia reforma migratoria concediendo una segunda amnistía a los migrantes indocumentados sería la primera prioridad en su agenda, ya había sido advertido desde mucho antes por miembros prominentes del Congreso que mientras la frontera porosa no fuera cerrada no había ninguna posibilidad de que se promulgase una reforma migratoria. La crisis humanitaria ocasionada por la llegada de cantidades crecientes de niños y menores de edad le ha proporcionado nuevas y amplias municiones a los detractores de cualquier tipo de reforma migratoria quienes hoy le responden al Presidente Obama: “Te lo dijimos y te lo advertimos, al denunciar que Estados Unidos carecía de un control efectivo de sus fronteras, y la crisis propiciada por el libre ingreso de millares de indocumentados menores de edad es el nuevo argumento que prueba nuestras acusaciones y señalamientos”. Entre las muchas notas que consignan esta postura está la siguiente publicada el 23 de junio de 2014 en LA JORNADA que bajo el encabezado “Culpan republicanos a Obama del ‘desastre’ de los niños migrantes” dice: “Legisladores republicanos intensificaron hoy su demanda de reforzar la frontera de Estados Unidos con México antes de proceder con cambios a las políticas de inmigración del país, en momentos en que el Departamento de Seguridad Interior registra un aumento en la cantidad de menores de edad que cruzan la zona limítrofe sin la compañía de un adulto. El ingreso a Estados Unidos de miles de niños y adolescentes que viajan solos desde Centroamérica a través de México es un tema que se colocó este mes, como nunca, en las planas de periódicos y medios electrónicos. Los republicanos han aprovechado para culpar al presidente Barack Obama de la situación, cinco meses antes de la celebración de elecciones para renovar el Congreso. CONDICIONAMIENTO. “Se registra un desastre humano que se debe a la falta de una frontera segura”, afirmó el republicano por Kentucky, Rand Paul, quien se pronuncia por apoyar la mayor parte de la reforma a la ley de inmigración para conceder residencia a 11 millones de personas sin papeles migratorios, la mayoría de ellos mexicanos. “Estoy a favor de una reforma, pero insisto en que primero debemos reforzar nuestra frontera”, puntualizó Paul, al tiempo que otros miembros de su partido efectuaron pronunciamientos similares. “Creo que la fallida estrategia de seguridad de la frontera ha dado por resultado esto, y lamento que el mensaje que Estados Unidos envía al mundo es que si vienes a este país puedes quedarte, y eso alienta a la gente”, afirmó a su vez Michael McCaul, también republicano, representante por Texas. Otros políticos y críticos de Obama han responsabilizado directamente al mandatario al apuntar que en los últimos meses el gobierno federal –encargado de los asuntos migratorios– ha permitido la permanencia de menores que fueron introducidos a territorio de Estados Unidos a pesar de la ausencia de visa. SATURACION. Desde el primero de octubre de 2013 al 15 de junio pasado, unos 52 mil menores sin acompañante llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, principalmente por Texas, según informó el Departamento de Seguridad Interior. Los 52 mil menores representan el doble de la cifra registrada entre el primero de octubre de 2012 al 15 de junio de 2013, según reportes de la fuente official. La saturación de centros de detención temporal de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), obligó a la entidad a buscar albergues alternativos para los jóvenes y para adultos que entraron a territorio estadunidense con menores. Paul Beeson, jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, informó hoy que ese organismo enviará este lunes en dos aviones a un total de 280 migrantes centroamericanos para ser procesados en tribunales migratorios localizados en ese estado occidental, en un intento por aligerar la carga de trabajo en Texas. Un antecedente de estos traslados ocurrió en mayo pasado, cuando varias familias de personas sin documentos de residencia fueron llevados desde Texas a Arizona”.
En realidad, la crisis humanitaria de la que tanto se habla hoy en los medios de comunicación involucrando a los niños migrantes tenía tiempo de que estaba sucediendo, pero nadie se había percatado del fenómeno, ni siquiera los analistas más venerados y consultados por los medios se habían dado cuenta del asunto. Nadie sabía de esta crisis humanitaria, hasta que en Ciudad Juárez una niña ecuatoriana que viajaba sola sin la compañía de familiar alguno se suicidó en marzo de 2014 en un albergue de Ciudad Juárez después de que el traficante de indocumentados que había sido contratado por sus padres (los cuales ya se encontraban viviendo y trabajando como indocumentados en los Estados Unidos desde antes del suidicio de la hija de ambos) fue detenido y la niña fue enviada a un albergue.
Pese a que la niña ecuatoriana estaba siendo atendida en Ciudad Juárez en un centro de atención a menores y no le faltaba ni techo ni comida (drenando recursos que deberían de estar yendo en auxilio de muchos otros niños mexicanos que no cuentan hoy con sostén ni apoyo alguno), el gobierno ecuatoriano no tardó en tratar de echarle la culpa al gobierno de México por no impedir el suicidio de la niña (¿acaso creerá el gobierno ecuatoriano que los trabajadores sociales mexicanos son adivinos y pueden saber lo que está en la mente de cualquiera de los menores de edad que usan a México como país de tránsito a los Estados Unidos?) y ha seguido tratando de encontrar culpables en México por el suicidio de la niña ecuatoriana que ocasionó que los medios de comunicación descubrieran la nueva oleada de niños centroamericanos que están viajando solos con la intención de llegar a territorio norteamericano. De esto hay constancia en otra nota publicada el 20 de marzo de 2014 en LA JORNADA que bajo el encabezado “Interviene cónsul ecuatoriano en el caso de niña muerta en Juárez” dice: “Una niña ecuatoriana hizo un largo recorrido en manos de traficantes de indocumentados o tratantes de blancas para llegar a Ciudad Juárez, donde fue detectada por la Procuraduría General de la República (PGR) e internada en un albergue, donde presuntamente se suicidó el 11 de marzo. A sus ocho años de edad, según las autoridades de México, o 12, de acuerdo con la embajada de Ecuador, que hoy la identificó como nacida en ese país, llegó a Ciudad Juárez el 4 de marzo y el 8 fue interceptada cuando un presunto pollero intentaba cruzar con la niña a Estados Unidos, supuestamente para llevarla a Nueva York, con sus padres. La pequeña, se dijo oficialmente, era originaria de Durango y su abuela habría pactado con el traficante su traslado y entrega a los padres. Domingo Fermas Uves, quien tenía a la menor en su poder, fue consignado por el Ministerio Público Federal y puesto en libertad por un juez de distrito. A la niña se le condujo al albergue Villa Esperanza del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, donde permaneció dos días y medio asustada, deprimida y llorando constantemente, hasta que apareció muerta en el baño, colgada del cortinero, según el reporte forense de la Fiscalía General de Chihuahua. Horas antes de su muerte, la niña había sido interrogada en el albergue por María del Socorro Graciano, encargada de la séptima agencia del Ministerio Público Federal, según informó a medios locales Alicia Soria Espino, médica del refugio, quien brindó atención a la pequeña cuando fue descolgada. Relató que tras esa entrevista la menor no dejó de llorar, rehusó comer y participar en actividades con los demás internos. Trascendió que incluso pidió a la encargada del albergue que la llevara a su casa porque tenía miedo. Arturo Sandoval, vocero de la fiscalía en la zona norte, informó que la necropsia descartó que la niña hubiera sido víctima de violencia o abuso sexual mientras estuvo en manos de los traficantes y en el albergue. Dijo que la fiscalía investigará la muerte de la menor y coadyuvará en las pesquisas de la PGR para determinar cómo llegó a Ciudad Juárez, qué hacía con de Domingo Fermas Uves y a dónde iba. Las dos líneas de investigación que siguen la PGR y la Fiscalía General del Estado son tráfico de indocumentados y trata de personas. César Augusto Peniche Espejel, delegado de la PGR en Chihuahua, indicó que se abrió una segunda investigación sobre la actuación del personal de la dependencia que tuvo a su disposición al presunto pollero y se encargó del interrogatorio a la menor. La investigación incluye a la policía preventiva y a la policía única estatal, que internaron a la menor en un albergue para niños migrantes en lugar de canalizarla al Instituto Nacional de Migración. El caso dio un giro este miércoles cuando Jorge Muñoz Marga, cónsul adscrito a la embajada de Ecuador en México, envió a la Fiscalía de Chihuahua y a la PGR sendos oficios mediante los cuales identificó a la niña con un nombre distinto; señaló que tenía 12 años de edad y era hija de padres ecuatorianos. El diplomático agregó que los padres de la menor, José Segundo Álvarez y Martha Violeta Quillay, originarios de la provincia de Cañar, Ecuador, la identificaron plenamente en fotografías. Para el cónsul, el gobierno debe “muchas explicaciones” sobre los procedimientos empleados en este caso, ya que se violaron los protocolos internacionales de protección a la infancia, lo que puso a la niña en una condición muy vulnerable. “Desde que la rescataron hasta el momento en que apareció muerta, ¿qué se hizo? ¿Tuvo tratamiento sicológico? ¿Estuvo sujeta a presiones de investigación que le llevaron al suicidio? Parece que podría haber negligencia y falta de seguridad jurídica hacia la niña”, advirtió el diplomático. Para los padres será difícil reclamar el cadáver, dada su condición de indocumentados en Estados Unidos. Si Ecuador prueba que la niña era ciudadana de ese país, el cadáver será repatriado a la provincia donde viven sus familiares. Hará el viaje de regreso sola, tan sola como murió”.
Ni por asomo ha aparecido crítica ni reproche alguno del gobierno ecuatoriano hacia los irresponsables padres de la niña ecuatoriana, José Segundo Álvarez y Martha Violeta Quillay, que ya viviendo y trabajando como indocumentados en los Estados Unidos pusieron a su propia hija en manos de “coyotes” y “polleros” (traficantes de indocumentados) para que les fuese llevada -ilegalmente- a los Estados Unidos, exponiendo a su hija a los innumerables peligros y riesgos que involucra una larga travesía de este tipo en manos de gente de reputación dudosa. En muchos países, tal abandono de infantes y menores de edad es algo que está penalizado, y puede acarrear no sólo la pérdida de la patria potestad de los hijos-víctimas sino incluso largas penas de prisión por los delitos de abandono y abuso de menores (en los países este delito se conoce como child endangerment). Pero el cónsul ecuatoriano así como el gobierno que él representa han pedido al gobierno norteamericano castigo alguno para los padres de la niña ecuatoriana, alegando en cambio que el gobierno mexicano debe “muchas explicaciones”. Esto mientras los padres de la niña siguen viviendo y trabajando en los Estados Unidos gozando y disfrutando del American way of life. Y esta es la otra cara de la moneda: la impunidad total que priva en los flujos migratorios de indocumentados, a quienes en nombre de sus derechos humanos se les dan protecciones y privilegios de todo tipo que los ponen por encima de la ley, en un mundo surrealista en el que al que obedece las leyes se le castiga y al que las viola se le protege y se le dan todo tipo de apoyos y facilidades para que viole las leyes.
Después del suicidio de la niña ecuatoriana en Ciudad Juárez ocurrido en marzo de 2014, los medios nacionales e internacionales “descubrieron” lo que el Presidente Obama llamó dos meses después una crisis humanitaria, y se han seguido trasladando hacia los Estados Unidos cientos, quizás miles, de niños ecuatorianos, puestos por sus propios padres en manos de la delincuencia organizada para tales efectos, pero en vez de impedir este éxodo el gobierno ecuatoriano prefiere voltear la cara y mirar hacia otro lado, que al fin y al cabo si ocurre algún imprevisto en México para eso están los mexicanos, para echarles la culpa del imprevisto. ¡No faltaba más!
En México son de sobra conocidos los trayectos usados por los indocumentados centroamericanos para llegar a los Estados Unidos con la intención de ingresar ilegalmente a dicho país. La travesía comienza montándose en el ferrocarril mexicano llamado “La Bestia” al cual se suben los centroamericanos “a la brava” para recorrer una buena parte del trayecto sin pagar un solo centavo:
Pero además de usar este transporte gratuito del cual el gobierno mexicano está perfectamente enterado pero en relación a lo cual prefiere mantenerse ajeno, hay un gran número de organizaciones humanitarias dispuestas a ayudar a los aspirantes a indocumentados para llegar a los Estados Unidos. Una de tales organizaciones que sirve como ejemplo sobre cómo en todo este asunto se alienta, se protege y se promueve sin rubor alguno una cultura de la ilegalidad lo es el albergue “Hermanos en el Camino” ubicado en Ixtepec, Oaxaca, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde.
Desde el punto de vista de la doctrina cristiana, la ayuda proporcionada a los inmigrantes centroamericanos que transitan por México para llegar a los Estados Unidos ciertamente es algo caritativo. Pero el otro aspecto, que casi nunca es mencionado, es que tales organizaciones caritativas esencialmente están alentando a mucha gente a romper la ley al proporcionarles ayuda precisamente para tales fines, y lo hacen a sabiendas con pleno conocimiento de causa. No hace mucho, el Padre Solalinde se trasladó a los Estados Unidos para efectuar una caravana recorriendo 26 ciudades de Estados Unidos para pedirle al gobierno norteamericano que le otorgue visas de residencia legal sin reserva alguna y sin requisitos de ningún tipo a todos los centroamericanos que ya llegaron y que siguen llegando a los Estados Unidos. ¿Pero realmente espera el Padre Solalinde que ocurra tal cosa, que por segunda ocasión el gobierno norteamericano premie a quienes violan la ley? Si el Congreso norteamericano autorizara la inmigración ilimitada hacia los Estados Unidos sin imponer requisito alguno -ni siquiera una educación mínima o al menos el estar en buen estado de salud-, lo más probable es que por lo menos la mitad de la población de Guatemala y la mitad de la población de El Salvador se trasladarían hoy mismo a los Estados Unidos, y en el caso de Honduras (el mayor expulsor de indocumentados per cápita) posiblemente el 95 por ciento de la población hondureña se trasladaría a los Estados Unidos y el país quedaría prácticamente desierto. La cruda realidad es que, por cuestiones de índole puramente económica, son muy pocos los guatemaltecos que quieren seguir viviendo en Guatemala, son muy pocos los salvadoreños que quieren seguir viviendo en El Salvador, y son muy pocos los hondureños que quieren seguir viviendo en Honduras.
Además del albergue Hermanos en el Camino de Oaxaca, cuyo propósito es brindarle todo tipo de ayuda y protección a quienes se dirigen hacia los Estados Unidos con la intención manifiesta de romper la ley, se puede mencionar también la Casa del Migrante de Tijuana (Centro Scalabrini) que apoya a migrantes varones a quienes brinda albergue y comida mientras logran su objetivo de ingresar ilegalmente en los Estados Unidos.
Ni el Padre Solalinde ni el periodista y conductor de noticieros Jorge Ramos ni organización derechohumanista alguna han dado jamás la cara en ningún momento por aquellos centroamericanos respetuosos de la ley (los hay, aunque cueste trabajo creerlo) que por años han estado esperando pacientemente su turno en las afueras de los consulados norteamericanos para poder ingresar legalmente a los Estados Unidos. Para ellos ¡nada! Ni el Padre Solalinde ni el periodista Jorge Ramos al igual que muchos otros como ellos han pedido consideración o exención alguna para aquellos emigrantes obedientes que esperan y siguen esperando su turno cumpliendo con todos los requisitos que las leyes les impongan. ¿Quiere decir esto entonces que quien merece todo tipo de consideraciones, ayuda, protección y privilegios especiales debe ser precisamente el que viola las leyes, y debe ser puesto por encima del que sí está dispuesto a acatar los procedimientos legales? ¿Qué mensaje le quiere enviar con esto el Padre Solalinde a quienes son respetuosos de la ley (incluidos los Diez Mandamientos, desde luego)? Por siglos el mensaje de la Iglesia ha sido el que para poder aspirar a ser merecedores de una vida mejor (en el más allá) es importante portarse bien, ser obediente y respetuoso de las leyes. Pero aquí en los hechos el mensaje parece ser contradictorio y al revés, porque al que rompe las leyes se le dá preferencia y se le pone por encima del que respeta las leyes, diciéndole con hechos al primero “yo ya sé que lo que quieres hacer es ilegal, yo ya sé que te quieres saltar las trancas pasando por encima de los demás carcajeándote de las leyes, y por eso yo te doy todo mi apoyo, cuenta conmigo, y en lo que toca al otro, no lo conozco, que siga adelante esperando su turno, a ver si así aprende la lección”. En los hechos, los niños migrantes centroamericanos están aprendiendo desde muy chicos que violar la ley puede dar muy buenos dividendos a futuro y eso es lo que hay que hacer porque el fin justifica los medios. ¿Qué clase de enseñanza es ésta?
Entre los argumentos usados por los indocumentados centroamericanos para no ser deportados de regreso a su país de origen está el alegato de que huyeron de sus países a causa de la violencia y la criminalidad desbordadas. Pero si esto es cierto, ¿qué garantiza que en caso de que se otorgue a todos los indocumentados una amplia y generosa legalización sin condicionante alguna no se colarán entre los amnistiados cientos o millares de miembros pertenecientes a esas pandillas criminales? Después de todo, el indocumentado es una persona que con sus acciones ya ha demostrado que está dispuesto a violar la ley, y más aún si alegando sus derechos humanos se ampara bajo una cobija de impunidad. Esto no es algo hipotético, Estados Unidos ya tuvo una experiencia amarga con los inmigrantes salvadoreños pertenecientes a la Mara Salvatrucha que se instalaron en los Estados Unidos, creándose un terrible problema social que hasta la fecha los norteamericanos no se han podido quitar. Y vendrán muchos más indocumentados como los Mara Salvatrucha en camino alentados por la esperanza de una tercera amnistía, si logran su objetivo de que se apruebe una reforma migratoria para darle a todos los ilegales un permiso legal para vivir y trabajar en los Estados Unidos, porque quien viola la ley tan solo una vez -ingresando ilegalmente a un país- y ello le reditúa en algún beneficio directo e inmediato, ya está predispuesto a seguir rompiendo cuanta ley le pongan enfrente.
Se puede establecer un comparativo reduciendo el problema a escala suponiendo que en nuestra propia casa de repente nos encontramos con varios indigentes que rompieron la puerta o las ventanas para ingresar a nuestra casa sin autorización alguna de nuestra parte. Esto de por sí es algo que está penado por las leyes en casi todos los países, el meterse "a la brava" a la casa de alguien sin pedir autorización o consentimiento. No se trata de gente indigente que toque la puerta para pedir ayuda humanitarian, lo cual es válido, legítimo y comprensible, se trata de gente que simple y sencillamente se mete por cuenta propia, diciendo “ya estoy aquí, y no me voy a ir, y además me voy a quedar sin tu consentimiento, y es más, voy a exigir que también tu casa sea de mi propiedad, y tú estás obligado a aceptarme lo quieras o no”. Este comportamiento abusivo, a mayor escala, es lo que históricamente se ha calificado como una invasion, y es lo que ha dado lugar a numerosas guerras y conflictos entre los invasores y los países invadidos. “Ya estoy aquí, ¿qué vas a hacer al respecto? No me voy a ir, y si me sacas me voy a volver a meter cada vez que me saques, porque mis derechos humanos me dan derecho para meterme a la brava en tu casa sin tu consentimiento; mis derechos humanos están por encima de los tuyos”.
Anteriormente, ya muchas mujeres aspirantes a residir en los Estados Unidos descubrieron que con el sólo hecho de cruzar a territorio norteamericano estando embarazadas y en las últimas etapas de embarazo que si sus hijos nacían en los Estados Unidos -aún a resultas de un ingreso ilegal- entonces con el paso del tiempo el hijo nacido en los Estados Unidos, ya como todo un American citizen podía reclamar a sus familiares, y las leyes actuales ponen tal petición en primerísima categoría de preferencia (inclusive por encima de los profesionistas altamente calificados). Pero ahora han descubierto un nuevo agujero: si un menor centroamericano viajando sin la compañía de sus padres se interna ilegalmente en territorio norteamericano, entonces el menor no será deportado y devuelto hasta su país de origen, gracias a una ley que el Presidente George W. Bush (también del Partido Republicano, al igual que Ronald Reagan) firmó en 2008 para tales efectos. Por el contrario, ya en territorio norteamericano, se le colocará en un albergue en donde se le proporcionará alimentación, atención médica, cuidados, e inclusive escuela. Estos atractivos han hecho que muchos menores al ingresar como indocumentados a los Estados Unidos ellos mismos se entreguen voluntariamente a las autoridades migratorias (“¡Hey, aquí estoy, soy hondureño, soy menor de edad, e ingresé ilegalmente a los Estados Unidos! Por favor, ¡deténganme, que quiero empezar a gozar y disfrutar de los beneficios y privilegios a los que tengo derecho por haber ingresado ilegalmente, beneficios y privilegios que no tendría en mi país de origen!”.) Basta con que uno solo de los niños indocumentados reciba este trato preferencial y que su historia se conozca en su país de origen para que tras ese niño lleguen diez más buscando el mismo trato preferencial, y basta con que la historia de cada uno de esos diez niños le sirva como ejemplo a seguir a otros para que tras ellos lleguen cien indocumentados más. Se trata de una espiral viciosa y ascendente, fuera de control.
Algunos legisladores norteamericanos están considerando lo que tal vez sea una solución parcial al problema. En el caso de los niños menores de 14 años que ingresan a los Estados Unidos teniendo familiares que los están esperando en alguna ciudad como Nueva York o Boston, se les daría refugio e ingreso legal permanente en los Estados Unidos pero no con la finalidad de que se reúnan con sus familiares sino con la finalidad de colocarlos en hogares norteamericanos dándolos en adopción a familias norteamericanas que vivan dentro de la legalidad, mientras que los padres o familiares perderían irremisiblemente y para siempre la patria potestad de los niños como justo castigo por haber expuesto a sus hijos a una situación de abandono y peligro que está penalizada en muchos países con sanciones severas. La pérdida de la patria potestad, y la deportación, o peor aún, la cárcel y después la deportación, por el abandono criminal del menor, sería el castigo para aquellos padres que impulsan a sus propios hijos al peligro dejándolos en manos de coyotes y polleros.
Hay quienes abogan porque se les dé libre entrada legal en los Estados Unidos a todos los menores de edad centroamericanos que quieran vivir en dicho país, dándoles un pasaporte de residencia en cuanto hayan cruzado (ilegalmente) a territorio norteamericano. ¿A todos? ¿Sin importar el número? El problema es que ningún país, ni siquiera Estados Unidos, se puede dar el lujo de abrir sus puertas de par en par sin contar de antemano con un presupuesto astronómico para recibir a decenas de millones de inmigrantes que estén tocando la puerta de entrada. Si se abren las fronteras a cualquier menor de edad que se quiera ir a vivir a los Estados Unidos, lo más seguro es que el 99 por ciento de los menores de edad hondureños, el 99 por ciento de los menores de edad salvadoreños y el 99 por ciento de de los menores de edad guatemaltecos (además de la gran mayoría de los menores de edad del resto de los países del mundo, esto con la finalidad de no discriminar) se trasladarían hoy mismo a los Estados Unidos para vivir allí permanentemente, porque el atractivo económico de una vida mejor es hoy por hoy el mayor imán. ¿Pero podría Estados Unidos aguantar tal flujo de inmigrantes, contabilizados en cientos de millones, sin que termine reventando su economía y llegue a su fin la razón que mueve a toda esa gente a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? ¿Está Estados Unidos obligado a seguir siendo la válvula de escape de todos aquellos países con gobiernos corruptos y sociedades fracasadas cuyo único producto de exportación son marejadas humanas que se han estado reproduciendo irresponsablemente en circunstancias de extrema pobreza sin la menor piedad o consideración del futuro que le espera a millares de infantes para los cuales en su país de origen no hay absolutamente nada ni tienen nada que ofrecerles? Por lo pronto, y aunque les pese, los países centroamericanos expulsores de indocumentados están prácticamente obligados a proporcionar ayuda y establecer programas sociales con la urgencia que la situación requiere para tratar de controlar las elevadas tasas de natalidad entre sectores sociales que viven en pobreza extrema y que no cuentan con los recursos mínimos para poder darle a su descendencia una educación o al menos un hogar digno, y ya no se hable de empleos o programas de protección social. Ya no pueden esperar tales países que la válvula de escape de siempre seguirá abierta diciendo “pues al fin y al cabo mis hijos se irán a los Estados Unidos porque para eso están allí”, ni se vale seguir alentando esperanzas falsas con el espejismo de una reforma migratoria que supuestamente dará millones de visas de residencia legal en Estados Unidos.
Hay otros que han propuesto que para que los niños centroamericanos que salen de su país no queden desprotegidos al entrar a México por su frontera sur, se abran campamentos de refugiados con tiendas de campaña y servicios alimentarios y de atención médica, como los que han sido abiertos por las Naciones Unidas en varias partes de Africa y el Medio Oriente. El dilema es que no se trata de refugiados que estén huyendo de alguna guerra como los refugiados que está recibiendo Jordania huyendo de las guerras en Iraq y Siria. Son refugiados económicos, se trata de gente de todas edades con su mira puesta a largo plazo en ganar dólares y vivir el American Way of life manejando su carro último modelo y disfrutando de su propia alberca en el patio trasero de su casa, por más que muchos de ellos argumenten estar huyendo de la violencia que hay en sus respectivos países ocasionada por las bandas criminales. Y en un caso así, ni las Naciones Unidas ni la Cruz Roja ni organización mundial alguna está dispuesta a abrir campamentos para gente que no piensa volver nunca más a sus países de origen y que ciertamente no piensa perder mucho tiempo viviendo en campamento alguno de refugiados.
Son cada vez más los norteamericanos que ven con recelo e inclusive con disgusto y coraje que los millones de indocumentados que ya tienen años de estar residiendo y trabajando ilegalmente en dicho país hayan estado exigiendo su legalización como si ese fuese un derecho de todos ellos por el simple hecho de haber violado socarronamente la ley. Ya había advertido en contra de tal cosa el Senador Phil Gramm, aunque pocos creyeron en ese entonces que sus vaticinios se volverían realidad. Son cada vez más los norteamericanos que ven con recelo e inclusive con disgusto y coraje que muchos otros indocumentados usen y manipulen el recurso de sus hijos e hijas nacidos en Estados Unidos -aunque tales nacimientos hayan sido el resultado de un ingreso ilegal- para exigir residencia a las autoridades consulares norteamericanas argumentando que sus hijos son American citizen. Y ahora son cada vez más los norteamericanos que ven con recelo y disgusto el que muchos padres desnaturalizados que ya se encuentran viviendo y trabajando ilegalmente en la Unión Americana se estén aprovechando del hecho de que sus hijos son menores de edad para ponerlos en manos de traficantes de indocumentados -pagándoles entre 15 mil y 40 mil dólares- para orillarlos a que ingresen solos y permanezcan en territorio norteamericano mientras los padres o familiares que los expusieron a tales peligros los recogen del albergue o centro de detención migratorio en donde se encuentran recluídos.
Entre los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana -precisamente quienes se oponen al otorgamiento de una segunda amnistía- se puede palpar un creciente hartazgo ante la llegada ilegal de marejadas humanas que en lugar de pedir -con la humildad de quien se sabe violador de la ley- una consideración para algún tipo de legalización humanitaria (así sea sin opción de ciudadanía) por el contrario han estado exigiendo con manifestaciones y protestas cada vez más ruidosas que se les otorgue su premio por violar la ley, poniéndose y poniéndolos por encima de aquellos que sí han estado esperando pacientemente su turno, mofándose a mandibula batiente de lo que es conocido como el fair play. Muestra de este hartazgo son las manifestaciones que empezaron en California en julio de 2014 como lo documenta una nota publicada por el periódico EL DIARIO el 3 de julio de 2014 que bajo el encabezado “ESTALLA EN CALIFORNIA IRA CONTRA INDOCUMENTADOS” asienta esto: “El continuo flujo de niños inmigrantes provenientes de Centroamérica, que día a día cruzan la frontera para adentrarse en Estados Unidos, provocó este martes un estallido de ira en Murrieta, al sur de California. Un grupo de entre 100 y 200 personas de la localidad salieron a las calles para interceptar tres autobuses que transportaban inmigrantes indocumentados interceptados en la frontera, en su mayor parte mujeres y niños. Los manifestantes, enarbolando banderas estadounidenses y pancartas con el lema ‘Go home’ (Váyanse a casa) y ‘Stop illegal immigration’ (Paren la inmigración ilegal), y coreando frases como ‘Deport’ (deportación) y ‘Obama Impeach’ (destitución de Obama) obligaron a los autobuses a abandonar la localidad. Las 140 personas detenidas en Riverside County que se encontraban a bordo y que se dirigían a la estación de policía de la frontera en Murrieta, fueron finalmente llevadas a la estación de policía de San Ysidro, en la frontera con México. Los inmigrantes, entre ellos más de un centenar de mujeres y niños de Centroamérica, fueron finalmente desviados a San Diego por el Departamento de Seguridad Nacional. El incidente se produjo un día después que el alcalde de Murrieta, Alan Long, conminara a los residentes a protestar contra la decisión del gobierno federal de trasladar a los inmigrantes indocumentados que están cruzando la frontera a esta localidad. Según el alcalde, la oleada de indocumentados no ha hecho más que comenzar y se prevé que lleguen más. ‘Murrieta espera que nuestros gobernantes hagan valer las leyes, incluida la deportación de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Todo lo contrario que forzarnos a acogerlos en nuestras comunidades’, ha dicho Long, expresando el malestar que ha creado entre muchos la crisis humanitaria que recorre la frontera. Tratando de aliviar las saturadas instalaciones de Texas, por donde están entrando la mayoría de los niños, las autoridades están intentando dispersarlos por otros estados, entre ellos California. Hay quienes piensan, entre ellos Ron Zermeno, del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, que ‘hacerse cargo de estos inmigrantes en lugar de reforzar la frontera e impedir su llegada, significa empeorar la situación’. El congresista republicano Ken Calvert, que representa a Murrieta, no está de acuerdo con la decisión del gobierno federal de desviar a los inmigrantes interceptados en la frontera de Texas a California. En declaraciones realizadas al periódico Los Angeles Times, manifiesta que ‘los indocumentados que están cruzando la frontera deberían permanecer en Texas; son ellos quienes deben resolver el problema y no California’. Calvert dice también que ha recibido cientos de llamadas y que el enfado por la situación provocada por la llegada de inmigrantes indocumentados a Murrieta es creciente. El congresista no descarta nuevas protestas si, como se espera para el viernes, llegan nuevos autobuses cargados con los niños que continúan cruzando la frontera. Las autoridades de EU aseguran que desde el pasado mes de octubre, más de 52 mil personas, en su mayoría menores que no viajan acompañados de un adulto, han llegado hasta su frontera con México. La cifra supera con creces los 24 mil interceptados en los 12 meses anteriores y ha desbordado todas las previsiones del Gobierno federal. ‘Murrieta no es El Paso, no somos Tucson. Esta es una pequeña comunidad y no contamos con los recursos necesarios como para alojar, alimentar y vestir a la avalancha de gente que se nos echa encima por un tiempo indeterminado’, manifiesta el concejal Rick Gibbs, poniendo de relieve que en las instalaciones de las que dispone la Patrulla Fronteriza local sólo cuentan con bancos de metal y pocos servicios. La localidad de California es un ejemplo más de las muchas dificultades que está acarreando a EU la crisis humanitaria desencadenada en la frontera desde que dos meses atrás miles de menores provenientes de Centroamérica iniciaran su particular odisea hacia el territorio norteamericano. Las autoridades estiman que entre 60 mil y 80 mil niños, sin compañía de ningún adulto, cruzarán la frontera durante este año.”
Esta es una de las constancias de la ira que se ha desatado y ha ido creciendo en California en contra de la inmigración ilegal:
Pero esto no es todo. El 10 de junio de 2014 el líder congresista de la mayoría de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos Eric Cantor perdió en forma sorpresiva en las elecciones primarias del Partido Republicano. Su oponente, apoyado por el conservador Tea Party, lo derrotó usando como propaganda precisamente una fuerte postura anti-inmigrante. Esta es la respuesta que están empezando a enviar los electores a sus representantes y a quienes están protestando en las calles pidiendo y exigiendo incluso una segunda amnistía.
Así pues, lo más inesperado en lo que Barack Obama llamó una “crisis humanitaria” es que, lejos de aumentar la presión sobre el Congreso norteamericano para que se apruebe una reforma migratoria, ha contribuído a sepultar cualquier esperanza de que los indocumentados que ya se encuentran en la Unión americana pudieran haber tenido para legalizar su situación obteniendo una visa de residencia legal. El “limosnero con garrote” ya no es bienvenido, y mucho menos si insiste en continuar agitando amenazadoramente su garrote. El que las autoridades norteamericanas reconozcan el ingreso ilegal de 52 mil niños indocumentados desde octubre de 2013 le ha dado amplias municiones a quienes desde las tribunas del Congreso argumentan que es imposible considerar reforma migratoria alguna mientras la frontera sur con México no esté blindada y mientras el ingreso de indocumentados no haya sido disminuído hasta casi cero. Y si el imán para atraer a tanto indocumentado a los Estados Unidos es la esperanza de una segunda gran reforma migratoria, pues se saca de la agenda cualquier esperanza de legalización y amnistía para acabar con el imán. Cero amnistía, cero legalización, y cero reforma migratoria. Por lo pronto, no habrá ya discusión de reforma migratoria alguna por lo que resta del 2014 y lo más probable es que tampoco durante el tiempo que le queda al Presidente Obama en la presidencia, y a como están empeorando las cosas se antoja cada vez menos probable que el Congreso pueda llegar a un acuerdo migratorio después de que Obama haya dejado la Presidencia. Los indocumentados que ya viven y trabajan en los Estados Unidos pueden desde luego continuar presionando furiosos con manifestaciones multitudinarias ruidosas exigiendo que se les otorgue cuanto antes su “tarjeta verde” (green card), advirtiendo e inclusive amenazando a los políticos en Washington de represalias en las urnas en caso de no ceder, pero ya se ha visto que estas protestas no sólo han fracasado en su objetivo, sino que quienes las promueven le hacen un favor muy flaco a los indocumentados al atizar aún más la ira de una cantidad cada vez más nutrida de norteamericanos que en vez de apoyarlos les están dando la espalda.
México es también una víctima de lo que está sucediendo, porque alguien tiene que pagar de un modo u otro por el ingreso de millares de indocumentados para quienes México es sólo un conveniente trampolín para ingresar a los Estados Unidos. Mientras permanezcan en México alguien tiene que pagar por sus cuidados médicos. Tienen necesidades alimenticias que tienen que ser satisfechas, necesitan hospedaje, y sus países de origen no van a contribuír con un solo centavo para el sostenimiento y mantenimiento de sus emigrados mientras se encuentran en México temporalmente. México es el que tiene que absorber este drenaje inesperado de recursos. El conductor de noticieros de televisión Rafael Fitzmaurice ha sido menos diplomático y más duro al calificar a los inmigrantes indocumentados que atraviesan por México con la intención de internarse en los Estados Unidos (incluidos los niños) como invasores. México, y sobre todo sus ciudades fronterizas con los Estados Unidos como Tijuana y Mexicali, han tenido que estar pagando los platos rotos cada vez que una cantidad creciente de indocumentados centroamericanos ven frustradas sus aspiraciones de ingresar a los Estados Unidos y deciden quedarse a vivir temporalmente en la franja fronteriza mexicana mientras esperan su oportunidad de reingresar ilegalmente a territorio norteamericano, porque mientras les llega esa oportunidad alguien los tiene que alimentar, alguien les tiene que dar hospedaje, alguien les tiene que dar atención médica, y en los casos en donde hay criminalidad, la sociedad mexicana tiene que absorber estoicamente las consecuencias de esas oleadas de extranjeros que llegan a México no como turistas sino como desposeídos que inclusive terminan compitiendo en las calles con los limosneros mexicanos para allegarse de recursos necesarios para su traslado e internación en los Estados Unidos. Se están viendo ya las consecuencias de la amnistía concedida en 1986, y con ese precedente nadie duda ya de lo que sucederá después de que se otorgue una segunda amnistía. La advertencia sombría lanzada en 1986 por el Senador Phil Gramm resuena hoy más fuerte que nunca, y adquiere ya el carácter de una profecía cumplida.
