País ingrato

Para algunos mexicanos, irse a vivir y trabajar en los Estados Unidos no es solo un deseo o una ilusión, es una verdadera obsesión y están dispuestos a hacer todo lo que se tenga que hacer para poder cumplir con su ansía irrefrenable de radicar por el resto de sus vidas en el país del  sueño americano. Y algo que varios de ellos hacen es enrolarse en el Ejército norteamericano (aún muchos que están en calidad de indocumentados) en plena disposición de derramar su sangre por el país vecino, demostrándole así al gobierno norteamericano su lealtad incondicional y absoluta al país del dólar y del sueño americano, dispuestos a tomar el juramento de bandera y a tomar las armas incluso si se les manda a pelear en contra del país del cual son originarios. Muchos de ellos regresan de la guerra mutilados, desfigurados, locos, o muertos. Estos mexicanos ignoran o no quieren escuchar el viejo refrán que dice que “Mal paga el Diablo a quien bien le sirve”. Porque resulta que, en agradecimiento por haberle servido tan bien peleando con valor en el frente de batalla en un país lejano que ni siquiera conocen, el gobierno norteamericano no se tienta el corazón para corresponderles a su sacrificio echándolos fuera de los Estados Unidos por el resto de sus vidas en cuanto cometan una infracción así se trate de una infracción menor. En el caso de los mexicanos indocumentados, esto resulta particularmente trágico, como lo es para las comunidades mexicanas en donde se quedan a vivir sin recibir un solo centavo de la pensión militar a la cual supuestamente tiene pleno derecho todo soldado que ha expuesto su vida en el frente de batalla, porque al regresar mutilados o locos terminan convirtiéndose en una pesada carga social para el país del que habían por irse en la búsqueda del idílico sueño. Están deportando incluso hasta los mexicanos condecorados así como aquellos heridos a quienes el gobierno norteamericano ve como una carga social que no le es ya de ninguna utilidad ni en el frente de batalla ni en el campo laboral. En efecto, los agentes migratorios de Estados Unidos que los llevan hasta el puente internacional entre México y Estados Unidos para darles un puntapié en el trasero echándolos de regreso a México les están diciendo: “¿Querías tu premio? ¡Toma tu premio! ¿Querías tu sueño? Pues quédate en México para vivir tu sueño, you rotten goddamn Mexican good for nothing, you stinking Mexican dog. Stay there and never come back!”. Al menos aquellos extranjeros que se enrolan en la Legión Extranjera reciben su ciudadanía francesa como premio a su sacrificio, pero para muchos mexicanos ilusos lo único que hay es una trompetilla y una señal obscena diciéndoles Adiós, hasta la vista baby. Pero esto no aplica a los mexicanos, legales o indocumentados, que están en la mejor disposición de dar incluso su vida por un país que no les agradecerá su sacrificio.

Un ejemplo entre muchos de un mexicano veterano de guerra de los Estados Unidos echado fuera de la Unión Americana es mi tocayo Armando Cervantes de 63 años. Él es un hombre que a cada paso parece que lleva una pila de ladrillos a cuestas. Se apoya en un par de muletas viejas, desde que se lesionó cuando fue soldado de Estados Unidos. Es un sobreviviente, condecorado por el gobierno, “¿pero de qué sirvió?”, se pregunta, fue desechable. A pesar de ser un héroe de guerra, a su primera falta producto del estrés postraumático fue echado de ese país, porque nació en México. Mi tocayo Armando, un hombre que parece de 80, nació en Michoacán; sin embargo, desde pequeño emigró a EU, a los 18 años se enlistó en el ejército y fue condecorado con la medalla de la valentía. Su padre también fue un combatiente, otro mexicano que luchó en la Segunda Guerra Mundial; hoy está enfermo, vive en la indigencia en Tijuana. En sus pesadillas diarias, mi tocayo aún recuerda con lágrimas en los ojos cómo después de los disparos de metralletas los cuerpos cayeron en una zanja repletos de orificios. A unos, las balas les alcanzaron el rostro, a otros les agujerearon sus cabezas y a los que les apuntaron directo al rostro quedaron irreconocibles: una masa tumefacta cubierta de costras de sangre. Han pasado décadas y los combatientes de guerra como Armando Cervantes aún sienten una náusea espantosa que les surge del estómago cuando recuerdan la escena. Los cuerpos desmembrados por la noche, la sangre color púrpura en la comida y el olor a pólvora al amanecer. El zumbido de las balas perfora sus sueños y parece prolongarse eternamente, aunque ya están a salvo. Recuerda mi tocayo: “Pero todos los días llega como balazo, llegan a mi cabeza pedazos de cuerpos, sesos y vísceras. Y luego todo se pone rojo. Y luego negro, y siento que pierdo la noción del tiempo, que muero”. Cuando se le pregunta si no hubiera sido mejor para él quedarse en México, sus ojos se llenan de lágrimas al imaginarse la vida que pudo haber tenido en su país de nacimiento en vez de la pesadilla diaria que equivale a una condena anticipada del infierno.

Unos 3 mil veteranos de guerra como Armando han sido deportados por el gobierno estadounidense desde 1996, cuando faltas menores se consideraron delitos graves. Siendo residentes legales se inscribieron en las Fuerzas Armadas y prestaron su servicio en conflictos como Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, Irak y Afganistán. Ahora viven en ciudades de la frontera norte con las múltiples enfermedades y lesiones que dejo la guerra, y esperando la promesa que les hicieran cuando se enlistaron: que algún día serían ciudadanos estadounidenses.

Todavía hay algunos que, rebajados a la calidad de pordioseros pidiendo misericordia a un gobierno extranjero que no les agradece absolutamente nada del sacrificio que hicieron, se unen para exigir lo que creen que es un derecho de ellos que se ganaron con su sacrificio y no una limosna que se les da como un acto de lástima si es que acaso esa limosna se les da.

Después de años de expulsiones, varios veteranos de guerra mexicano (veteranos combatiendo por Estados Unidos, no por México, se aclara) se enfrentaron a su país de adopción que hoy los rechaza y no quiere saber nada de ellos. El 7 de julio de 2016 a las dos de la tarde inició en Tijuana, la frontera más importante de México, la ofensiva de estos ilusos, en las puertas giratorias de las garitas de inspección migratoria. Nueve ex militares y marinos se acercaron casi postrados de rodillas pidiendo asilo humanitario. Y lo merecían: rodillas rotas, columnas fracturadas y tobillos dislocados, algunos llegaron con sus trajes de gala que portaban en el ejército, sacos azulados, boinas e insignias, otros con camisetas negras, con un estampado en inglés: “Tráiganlos a casa”. Marcharon entonando canciones que memorizaron cuando estuvieron en las Fuerzas Armadas, acompañados por otros veteranos de guerra que sí nacieron en Estados Unidos, como César Medrano, sargento retirado. Uno de ellos, el sargento Medrano, dijo: “Es terrible, tengo seguro médico, todos los beneficios. Porque después de la guerra regresas muy mal, tienes que estar armado todo el tiempo, no confías en nada, ni en nadie. Y pensar que ellos no tienen nada es terrible, que nadie los apoya”. El sargento Medrano, un hombre de casi dos metros y más de 60 años, fue quien llevó los papeles de sus compañeros de armas a los fríos e indiferentes agentes de migración encargados de decidir quiénes son aptos para recibir un permiso humanitario, que les permita regresar a Estados Unidos, Antes de cruzar a la Unión Americana para entregar sus papeles— como si estuvieran en un campamento militar— arrancó el pase de lista. Nueve marinos y militares, todos con una historia similar: regresaron de la guerra, no recibieron tratamiento médico, siquiátrico, recurrieron a las drogas y cometieron alguna infracción que hizo que los expulsaran del país.

Otro ejemplo es el de Antonio Romo Reyes que fue reclutado por la Marina de Estados Unidos cuando apenas iba a cumplir 18 años. Había nacido en Jalisco, México, pero en 1989 le entregaron su permiso para poder vivir legalmente en ese país y ese mismo año se enlistó. Sus superiores decidieron colocarlo en el área de antiterrorismo y desactivación de explosivos. Dos años después formaría parte del grupo denominado Tormenta del Desierto, una ofensiva del ejército de Estados Unidos contra Irak. Antonio Romo vio tantas cosas que aún se le aparecen como figuras fantasmagóricas, y las cuenta de la siguiente manera: “Cuando regresé estaba en un estado de paranoia, escuchaba los helicópteros en el cielo y sentía que me iban a bombardear. Que iba a caer una bomba química sobre mi casa, que regresarían a matarme”. Antonio Romo estaba alterado todo el tiempo, después de muchas riñas fue encarcelado. En julio de 2008 cumplió el tiempo en prisión e inmediatamente fue deportado. “Me echaron por Tamaulipas, fue muy difícil, no tenía nada de dinero, me contrataron unos días como luchador, El Malvino, y compré un boleto para el camión a Tijuana. Busqué trabajo y soy entrenador en un gimnasio”. Pero terco en su necedad por querer seguir viviendo en el país del  sueño americano, Antonio quiere regresar a Estados Unidos con sus padres, con sus amigos, sus colegas y para sanar los dolores que siente en el cuerpo.

Otro ejemplo de estas tragedias humanas de mexicanos que mejor se hubieran quedado en México y que de hecho están ahora en México pero en contra de su voluntad es Rafael Marrón, el cual batalla para hablar en español. Llegó a Estados Unidos desde los dos años. Nació en Jalisco y obtuvo su residencia legal en 1985. Ese mismo año ingresó al ejército, manejaba los tanques de guerra y recibió entrenamiento militar en explosivos. Estuvo en servicio en Japón, Corea, Tailandia y Filipinas hasta 1993. Cuando regresó, calmó sus nervios con cristal y metanfetaminas; rápidamente se volvió adicto. A los meses se había convertido en vendedor. Relata: “Era horrible, todo el tiempo sentía la necesidad de tener una pistola en la mano, para defenderme, porque sientes que te van a matar, que te persiguen cuando vas a comprar comida, cuando vas a llevar a tus hijos a la escuela”. En 1999 fue encarcelado por portación de drogas y liberado. Fue deportado hace dos meses, perdió la casa que estaba pagando y no ha visto a su hijo adolescente desde que llegó a Tijuana. Al igual que sus compañeros nunca recibió tratamiento siquiátrico.

Otro caso tal vez aún más triste que los anteriores es el de Félix Peralta. Nació en Culiacán, Sinaloa, hace 53 años. Félix Peralta es un hombre que aún conserva el acento norteño y la voz tosca. Fue llevado por sus padres a los seis años a Estados Unidos. Fue gracias a ellos que le concedieron su residencia legal para vivir allá. Recuerda que desde niño su papá le compraba tanques de guerra y en la escuela aprendió a honrar la bandera estadounidense. En 1982 ingresó a las Fuerzas Armadas y estuvo activo en la base de Kentucky. “Me tuve que salir del cuartel por problemas familiares, pero yo tenía 18 años y el entrenamiento me había hecho agresivo. Así empezaron mis peleas contra todo el mundo, la policía. Me trastornó la mente”. Fue encarcelado en 1998 por enfrentarse a la policía de Utah y luego de tres años en prisión fue deportado por Ciudad Juárez. Regresó a Culiacán, pero México era un lugar desconocido, del que sólo había escuchado hablar a sus padres. Ahora vive en Tijuana y para él más que el dolor que dejó el entrenamiento militar en sus huesos, vive traumatizado porque no pudo acudir al funeral en Estados Unidos de su hija, de 16 años, que se suicidó hace dos.

Un último caso del que vale la pena hablar es el de Jesús Juárez Castillo, un mexicano que nació en Tijuana, pero emigró cuando tenía tres años, porque su padre trabajaba en el campo. En la década de 1970 cayó de un camión militar cuando cumplía servicio en Puerto Rico para el Ejército de Estados Unidos. Recuerda que cayó en coma y estuvo hospitalizado más de un mes en un hospital militar. Se lesionó las rodillas y jamás volvió a caminar igual.

No todos los mexicanos están en ninguna disposición de irse a vivir a los Estados Unidos ni en dar una sola gota de sudor y mucho menos una sola gota de sangre para un país que tan mal paga a los mexicanos que se sacrifican en el campo de batalla. Hay millones que no están interesados en ir a vivir ese “sueño americano”, Para aquellos que embobados con las historietas fantásticas de unos cuantos están pensando seriamente en desarraigarse abandonando todo lo que tienen en México para irse a vivir a los Estados Unidos, he preparado esta entrada, con el objetivo de que la piensen dos, tres o hasta cuatro veces antes de tomar una decisión que  puede resultar fatal. Porque algunos de estos ilusos terminan regresando a México desmembrados, mutilados, desfigurados horriblemente, habiendo perdido sus atributos viriles por alguna explosión de bomba. Y otros más regresan a México en ataúdes. Antes de irse de México, más vale que lo piensen bien. Y que recuerden en todo momento casos como el de mi tocayo Armando Cervantes, el sargento César Medrano, Antonio Romo Reyes, Rafael Marrón, Félix Peralta y Jesús Juárez Castillo. Estoy seguro de que varios de ellos, si pudieran darle vuelta hacia atrás al reloj, mejor se habrían quedado en México antes de irse a trabajar para un país ingrato que no les agradece en nada o les agradece muy poco a los mexicanos que van allá dispuestos a partirse el alma para ganarse un lugar en una sociedad norteamericana que, en agradecimiento, le presta oídos a xenófobos racistas anti mexicanos como Donald Trump a los cuales toma tan en serio que están dispuesto a apoyarlo con millones de votos para llevarlo a la Presidencia de los Estados Unidos, escuchando su retórica anti mexicana y la promesa de la construcción del famoso Muro Trump con el cual se planea mantener fuera del territorio norteamericano a esos apestosos y asquerosos mexicanos brown aunque estén dispuestos a luchar hasta la muerte por un país tan ingrato.

“Si no pueden, ¡renuncien!”

En la toma de posesión de la Presidencia de México, y conforme lo mandata el artículo 87 constitucional, como parte del ritual hay un juramento solemne que el hombre que va a ser investido como Presidente siempre debe pronunciar con las siguiente palabras: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

Sin embargo, en lo que respecta a los bloqueos que han estado efectuando la CNTE y la CETEG en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, el Presidente Enrique Peña Nieto ha fallado fatalmente en el cumplimiento de su juramento, porque ha permitido que estos grupos delincuenciales integrados por tipos que se creen maestros que educan pero que simple y sencillamente son unos zánganos acostumbrados a estar chupando todos los recursos del erario nacional que puedan chupar, destruyan impunemente las economías de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Era solo cuestión de tiempo para que ante un Ejecutivo que se ha quedado con los brazos cruzados mientras México se hunde, varios grupos de la sociedad civil se empezaran a movilizar para exigirle por la vía legal al Ejecutivo cumplir con aquello que prometió que haría cumplir, con la idea en mente de que si no puede hacerlo porque no puede o porque no quiere hacerlo pues entonces que mejor se vaya a su casa y le deje el poder a otro que haga algo más que quedarse sentado con los brazos cruzados.

En un giro de proporciones históricas, el 2 de agosto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano, por no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros. El diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SG) y los líderes del magisterio disidente ‘‘no ha servido de nada’’, dijo Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien también habló en representación de los dirigentes hoteleros, restauranteros y de otras actividades relacionadas con estos sectores. Anunció que solicitaría al gobierno federal la exención en el pago de varios impuestos empresariales ante la ‘‘inacción’’ de los gobiernos para retirar los bloqueos y las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, entidades en donde pequeñas y medianas empresas han sido afectadas. Debido a las pérdidas económicas propuso detener ‘‘de inmediato las acciones violatorias de derechos humanos que realiza la CNTE’’, así como eximir ‘‘de manera inmediata’’ del pago de los impuestos a la nómina y sobre la renta, y los pagos de los derechos del Seguro Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, explicó que el sector privado ha solicitado a las autoridades que intervengan para restablecer la paz en ocho entidades del país afectadas por las movilizaciones del magisterio, pero con particular énfasis en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, pero ‘‘hasta el día de hoy no ha habido respuesta concreta’’. De Hoyos Walther dijo que ‘‘el secuestro de la actividad económica es inadmisible en un régimen que debe defender el estado de derecho’’, pero la autoridad ‘‘está faltando a su obligación básica de hacer cumplir la ley’’. Puntualizó que la Coparmex no busca la ‘‘represión de movimientos sociales cuando son legítimos y respetuosos del contexto social y económico’’ del país, sino que la demanda de amparo es para que el Estado actúe para restablecer la paz y se respeten las garantías constitucionales de libertad económica, de tránsito, de trabajo y de salud.

La demanda, radicada ante el Poder Judicial de la Federación y turnada al Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa, a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola, señala como responsables de las omisiones al propio presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a los gobernadores y autoridades municipales de los sitios afectados por las movilizaciones de la CNTE, por los daños que desde hace 11 semanas han ocasionado los bloqueos magisteriales en varios estados de la República. El recurso legal se interpuso en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y de los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública y contra la titular de la PGR por no garantizar el Estado de Derecho con su incapacidad de restablecer el orden ante los bloqueos de la CNTE. El recurso también se interpuso en contra de los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.

Además de la histórica demanda de amparo interpuesta por los representantes empresariales de la Coparmex y de la Concanaco Servytur, los industriales del país han amagado con frenar inversiones por 50 mil millones de pesos en la región afectada por los bloqueos y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En conferencia de prensa, Manuel Herrera, presidente de la Concamin, advirtió que también se dejarían de generar 40 mil empleos por las pérdidas sufridas por las empresas. “Lo que se frenarán son las inversiones industriales en esta zona lo cual representará una disminución en la inversión de más de 50 mil millones de pesos y se detendrá la creación de más de 40 mil empleos en los próximos meses”, subrayó. Añadió que según los cálculos de sus agremiados, la afectación económica asciende ya a más de 10 mil millones de pesos por las acciones del magisterio en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Pero también hay otros estados que están sufriendo dañoscolaterales. “Prácticamente esto está afectando a toda la economía en su conjunto, no solamente han sido en la región donde más se ha generado el conflicto, por ejemplo, tenemos registrado que ya estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos en pérdidas con los industriales del estado de Nuevo León, derivado de los bloqueos”, externó el líder empresarial. “Esto es porque cuando se bloqueó el ferrocarril o el puerto (de Lázaro Cárdenas) evidentemente tiene un impacto negativo en la cadena productiva a lo largo y ancho del país”. Herrera manifestó que los bloqueos obstaculizan la producción, transporte y venta con afectaciones que van desde el desabasto general de bienes de consumo, retrasos en los tiempos de entrega, pérdida de empleos, daños a las operaciones de comercio exterior, sobre costos y cierre de empresas.

Por su parte, hartos ya de tantos desmanes, transportistas y comerciantes de Oaxaca han anunciado que el próximo 8 de agosto iniciarán un paro indefinido para exigir al gobierno federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas. La empresaria y líder de esta protesta, María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado. Asimismo, se está buscando que la huelga se amplíe a otros comerciantes y empresarios del estado, agregó. Participarán “las cámaras, pequeño comercio, mediano, pero sobre todo asociaciones civiles, que han sido afectadas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hoteleros, restauranteros, por supuesto que están con nosotros”, aseveró. Jacinto Montes añadió que "se trata de responder como ciudadano en contra de todo esto (el movimiento del magisterio) que nos obliga a vivir de rodillas". Además, sostuvo que fueron falsas las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en las que afirmó cinco días antes de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que había una ocupación hotelera del 88 %: “Es mentira, es perverso, es brutal”, puntualizó. El transportista de turistas Jorge Cruz afirmó que ellos son un eslabón más que ha sido afectado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, por lo que llegaron al acuerdo de parar actividades. La exigencia, reiteró, es que el Gobierno Federal resuelva el conflicto con la CNTE porque el Gobierno estatal y municipal ha sido rebasado. Cruz informó que ya han sostenido reuniones con el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no han recibido ninguna respuesta satisfactoria. “Ahora le exigimos al presidente que cumpla con los mandatos constitucionales de libre tránsito y paz social a la que tenemos derecho todos los mexicanos”, dijo.

En la demanda de amparo interpuesta en contra del Ejecutivo y los gobiernos inútiles que han actuado con una irresponsabilidad que raya casi en lo criminal, los quejosos solo están pidiendo que el Ejecutivo cumpla con lo que es a fin de cuentas su obligación, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, lo cual incluye garantizar el libre tránsito que por su ausencia le está costando ya a varios estados de la República cifras multimillonarias llevando a la pérdida de decenas miles de empleos. Se recalca, que esta es una obligación del Ejecutivo, no se trata de un favor que el Ejecutivo se digne dar como concesión graciosa. Para ello se le dió al Presidente el poder de la fuerza pública, y en este caso como las afectaciones provocadas por los intereses particulares de unas minorías que no representan ni siquiera una diezmilésima de la población en México están lastimando al bienestar de las mayorías, el uso de la fuerza pública está más que justificado, que al fin y al caso el bloqueo de las vías de comunicación está tipificado como un delito, y quienes incurren en tal delito se han ganado las penas que marcan las leyes como castigo a los daños provocados a la sociedad.

La Concamin ha resaltado que la industria cementera pierde 800,000 pesos diarios al buscar rutas de transporte entre Jalisco y Guanajuato. Mientras que en el caso de las bebidas carbonatadas hay pérdidas de 140 mdp y 5,000 empleos. La industria automotriz por su parte tiene bajas por 450 mdp. Debido a los conflictos magisteriales la inversión extranjera se ha desmotivado por lo que pronostica una severa afectación a la economía nacional. Pero no conformes con los daños que le están ocasionando a México, los gángsters magisteriales han amenazado con no permitir el inicio del ciclo escolar 2016-2017 que comienza el próximo 23 de agosto, lo cual es otra violación a la Constitución que garantiza los derechos de los niños a recibir una educación, es de lo que trata la Reforma Educativa. Esto proporciona argumentos adicionales para proceder mediante el uso de la fuerza pública en contra de los delincuentes que han estado chantajeando a la Nación entera para reclamar privilegios y beneficios especiales que no merecen y que no están contemplados en ninguna legislación de otros países del orbe.

El error fatal del gobierno de Enrique Peña Nieto fue ceder ante las demandas llevadas a cabo por la CNTE a partir de las manifestaciones efectuadas el domingo 15 de mayo de 2016 y reforzadas con numerosos bloqueos de importantes vías de comunicación que llevan ya varios meses sin haber sido desalojadas, llegándose a extremos tan ridículos como el implementar puentes aéreos para llevar alimentos a Oaxaca que no podían ser llevados por carretera. Pese a que mostrando debilidad institucional extrema el gobierno de Peña Nieto ha mantenido mesas de diálogo con la CNTE que después de varios meses no han conducido a nada, la CNTE en vez de levantar sus bloqueos en muestra de reciprocidad a la implementación de las mesas de diálogo por el contrario persiste en los bloqueos.

No se requieren inútiles “mesas de diálogo” para tratar de llegar a un acuerdo con los líderes de la CNTE. Lo que piden los extorsionadores se puede resumir en unas cuantas cosas: dar marcha atrás a la Reforma Educativa, restablecer los privilegios sindicales magisteriales, que se tenían antes de la entrada en vigor de la Reforma Educativa, liberar y exonerar de todos los cargos en su contra a los pocos hampones de la CNTE que han sido arrestados y que enfrentan proceso, eliminar todos los exámenes de evaluación docente, y devolverle a la CNTE el control total del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca). Estas demandas se pueden asentar en unos cuantos párrafos en una sola hoja de papel, y leerlas en voz alta no se lleva más de cinco minutos. ¿Para qué una mesa de diálogo si una de las partes ha dejado en claro que no va a haber diálogo alguno a la espera de que se le cumplan todos sus caprichos? Y el cumplirle todos sus caprichos a los hampones de la CNTE y la CETEG no garantiza desde luego que los hampones liberarán las carreteras, las cuales pueden muy bien seguir retenidas ilegalmente pese a que se les haya cumplido todas sus demandas. Solo hay dos rutas: o se les cumplen a los hampones todas sus demandas, o no se les cumplen, y para ello tampoco se necesita ninguna “mesa de diálogo”. El tiempo para ello ya pasó y la sociedad mexicana sigue presa de los actos delincuenciales de una minoría que por lo visto tiene más poder en sus manos que los mismos narcotraficantes. A estas alturas, solo hay dos opciones: o se aplica la ley, o no se aplica. Y quienes tienen la obligación de aplicar la ley son los mismos que en una ceremonia solemne dijeron “Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ..., y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

¿Y si los acusados en la demanda de amparo interpuesta por el 2 de agosto la Confederación Patronal de la República Mexicana , o sea el propio Presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como los gobernadores y autoridades municipales de los sitios afectados por las movilizaciones de la CNTE, siguen sin cumplir con la obligación que les fue conferida, negándose a desbloquear las carreteras y a meter a la cárcel y fincarles penas a los delincuentes que han tomado a estados enteros como rehenes de sus chantajes?

Pues que renuncien. Así de simple. Es lo que están reclamando las sociedades afectadas. Y la Constitución apoya este reclamo. No están pidiendo menos de lo que la ley obliga a hacer a quienes han sido investidos para gobernar al país. Lo que están haciendo los representantes empresariales con la demanda de amparo interpuesta ante el Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola es exigir al Ejecutivo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y si el Ejecutivo no puede hacer tal cosa porque es un blandengue o es un inepto, pues que se vaya a su casa y que el Congreso convoque a nuevas elecciones para eligir a un Presidente que sí pueda y sí sea capaz de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

¿Y en donde está ahora el bufón de Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, notoriamente ausente en las “mesas de diálogo”, que afirmó a mediados de mayo del año en curso que la Secretaría de Educación Pública está más que lista para suplir a 26 mil maestros? Pronto será el inicio del nuevo ciclo escolar 2016-2017, y al terminar las vacaciones que los trogloditas pseudo-maestros de la CNTE y la CETEG han estado aprovechando para hacer sus desmanes habrá una muy buena oportunidad para suplir a todos estos zánganos, que al fin y al cabo si son removidos del magisterio el 99% de la sociedad mexicana no intervendrá en defensa de estos hampones que tanto daño le han hecho a México; nadie los echará de menos. Pero si resulta que no hay 26 mil maestros para suplir a los hampones y que todo fue puro cuento, pues que renuncie también Nuño Mayer y que se vaya a casa; y que de paso se olvide también de sus aspiraciones presidenciales si alguna vez las tuvo.

Muestra de la barbarie de la CNTE ante la cual el Estado mexicano no hace absolutamente nada fue lo sucedido el martes 31 de mayo en Comitán, Chiapas. En su columna del 2 de junio de 2016, el notable humorista Catón al hablar de la soberana inutilidad de la mal llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló: “No caben aquí ni la tibieza ni la ineficacia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, carabina de Ambrosio para las víctimas, frecuente amparo de los victimarios”. La única ocasión en la cual se aplicó el uso de la fuerza pública para liberar vialidades importantes ocurrió el 15 de junio de 2016, lo cual derivó en un enfrentamiento en Nochixtlán que la CNTE ha aprovechado para allegarse de mártires pese a que los fallecidos ni siquiera eran maestros sino presumiblemente anarquistas o mirones que estaban de paso. A diferencia de su indiferencia ante los daños ocasionados a las economías locales por los bloqueos criminales de la CNTE, la CNDH de inmediato alzó su voz tratando de convertirse en portavoz de los anarquistas e iniciando una investigación para castigar y meter a la cárcel a los agentes que obedeciendo órdenes estaban tratando de abrir el paso en las vías de circulación. Por su parte, tratando de ganar tiempo para seguir navegando con bandera de tonto sin hacer nada, el Secretario de Gobernación lanzó un ultimátum diciendo con mirada severa “Se ha agotado el tiempo”. Mejor se hubiera quedado callado, porque en cuestión de horas estuvieron presentes varios de los porros de la CNTE afuera del Palacio de Cobián en la calle Bucareli sacándole la lengua al Secretario y agitando en vaivén sus manos caídas al tiempo que le gritaban con risa burlona: “Uuuyyy, qué miedo. Mira nada más cómo estoy temblando del susto”, exhibiendo al Ejecutivo como un gobierno pusilánime y acobardado. Sin embargo, el gobierno mexicano ha resultado muy valeroso y hasta amenazante en contra de aquellos a los cuales el mismo gobierno ha dejado en completa indefensión y a merced de los anarquistas a los cuales les permite actuar casi con plena impunidad. ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Hay que castigar a las víctimas con toda la dureza que el Estado les pueda aplicar aún cuando lo único que hagan las víctimas sea defender sus derechos al no haber nadie dentro del gobierno que se los defienda!

Con la acción valerosa de los empresarios mexicanos en tratar de obligar al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a cumplir con sus obligaciones en la implementación del Estado de Derecho, quedan como una lección de enormes alcances las siguientes conclusiones:

• Es la primera vez en la historia de México que mediante el recurso de la ley se trata de llamar a cuentas al Ejecutivo por negarse a cumplir con sus deberes y obligaciones como prometió hacerlo cuando entró en funciones, deberes y obligaciones que por las cuales el pueblo le paga una suma estratosférica de dinero y privilegios, creando el Ejecutivo con su timorata actitud y con su parálisis un vacío de autoridad. Por lo visto, en ninguna parte del mundo se le paga a alguien por no hacer nada excepto en México, y el hundimiento de economías estatales a manos de grupos anárquicos sin que la autoridad cumpla con su función es prueba de ello.
• Los hechos ocurridos con total impunidad en los estados en donde gobiernan la CNTE y la CETEG (es la realidad, y hay que decirla sin tapujos ni eufemismos) demuestran la inutilidad total y absoluta de la CNDH para defender y proteger los derechos humanos de la sociedad en general, no se requieren ya más pruebas de ello. Hasta la fecha esta institución superflua de bien pagados e inútiles burócratas que viven comodinamente gracias a la oficialización del derechohumanismo no ha emitido ni siquiera una sola “recomendación” en contra de los actos delincuenciales de la CNTE y la CETEG que han ocasionado el cierre y la quiebra de numerosos negocios a causa de los bloqueos carreteros así como de importantes avenidas y calles y la pérdida de miles de empleos honestos además de la destrucción paulatina de la industria turística en varios estados. ¿Pero acaso podía esperarse otra cosa de una organización subvencionada con fondos públicos al estar encabezada por un tipo que en el pasado ya ha demostrado su parcialidad? La CNDH ha demostrado ser muy buena para intervenir en defensa de los derechos humanos de los malvivientes y los grupos delincuenciales que lastiman a la sociedad, o sea los victimarios, pero mira hacia otro lado cuando se le reclama el no mover ni un solo dedo en defensa de las verdaderas víctimas que también tienen sus derechos humanos.

Independientemente de que el Juez Agustín Tello Espíndola le de entrada a la demanda de amparo interpuesta por los empresarios o les niegue la protección de la justicia federal, lo importante es que la sociedad mexicana, o al menos el 99% de ella, ya se está hartando y su paciencia está llegando al límite, y ante la inacción de los gobiernos federal y estatales posiblemente pronto empezará a tomar la justicia en sus propias manos en contra de la minoría de hampones que han hecho ya bastante daño. Y si tal cosa ocurre, quienes desde la cumbre del poder se han quedado con los brazos cruzados bien harían en mantenerse al margen dejándole a la sociedad la tarea de hacer cumplir una Constitución que ellos no han hecho cumplir.

Empleadores gringos promueven inmigración ilegal

En este día apareció un anuncio gigantesco de publicidad, de casi media plana de periódico en extensión, en el periódico El Diario que se vende y distribuye en Ciudad Juárez en donde se promueven ofertas de empleo en México. Pero lo inusual del anuncio es que no se trata de ofertas de empleo en México sino en los Estados Unidos.

El anuncio dice en su encabezado “FERIA DE TRABAJO DE CONSTRUCCION”, promoviéndolo para llevarse a cabo el sábado 6 de agosto de las 8:00 AM hasta las 12:00 PM, pero no en Ciudad Juárez, México, sino en la Sala de Conferencias del Norte del Hilton Garden Inn, ubicado en el 111 West University Avenue de la ciudad de El Paso, Texas. A grandes titulares, anuncia que los siguientes puestos están disponibles:

• Albañiles
• Moldeadores/Carpinteros
• Nivelador
• Operador de cuchilla de acabado
• Operador de acabado de Dozer
• Operador de excavador
• Supervisor de estructura
• Obreros de tubería
• Operador de instrumentos de topografía
• Supervisor de equipo de topógrafos
• Operador de máquina cargadora
• Mecánico
• Técnicos de aceite y lubricado para camiones
• Supervisor de mantenimiento
• Chofer de transporte
• Encargado de logística de transporte
• Supervisor MSE Wall
• Operador D3 Dozer

Obviamente, se requieren urgentemente en Estados Unidos trabajadores de la industria de la construcción, tanto especializados al nivel de acabados de Dozer como no especializados al nivel de albañiles. ¿Pero por qué poner los anuncios de oferta de empleo en México y no en Estados Unidos, habido el hecho de que obviamente todos esos trabajos son trabajos a ser realizados no en México sino en los Estados Unidos, y habido el hecho de que en el Consulado de los Estados Unidos es casi imposible para cualquier mexicano obtener visas de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos (esta dificultad para poder obtener empleo legalmente en los Estados Unidos cuando se trata de un mexicano es precisamente la razón del por qué muchos de los trabajadores mexicanos que hay en los Estados Unidos están en calidad de indocumentados)?

La empresa encargada de llevar a cabo las contrataciones se anuncia como Abrams Kiewit, y deja en claro en el anuncio de que  “Solo se aceptan aplicaciones por internet en: www.kiewitcareers.com”. Si solo se aceptan aplicaciones para trabajos que supuestamente van a ser acaparados exclusivamente por residentes legales y ciudadanos norteamericanos, la “Feria de Trabajo de Construcción” a ser celebrada en la sala de conferencias de un hotel de postín parecería un gasto superfluo e inclusive hasta estúpido. Sin embargo, la verdadera intención es que acudan a esa feria trabajadores en la industria de la construcción a los cuales no se les puede ofrecer empleo ni se les puede contratar por Internet por carecer de visa temporal de trabajo en los Estados Unidos.

En ninguna parte del enorme anuncio se indica que los trabajos que están siendo ofertados son única y exclusivamente para residentes legales en los Estados Unidos y para ciudadanos norteamericanos. Lo más que aparece es el subtítulo (y en letras muy pequeñitas) que dice  “Las decisiones sobre las contrataciones no son basadas en raza, color, religión, nacionalidad u origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad o expresión sexual, edad, discapacidad, estatus de veterano u otras características protegidas por la ley”. Pero en ningún lado del anuncio aparece algo como esto ni en letras grandes ni en letras chiquitas:  “Es requisito indispensable para cualquier aplicante poseer documentación legal para poder trabajar en los Estados Unidos o ser ciudadano norteamericano. Inútil aplicar sin cumplir este requisito”. En verdad, solo hay una explicación para la ausencia de una advertencia tan importante: no se quiere asustar ni ahuyentar a los trabajadores mexicanos que puedan estar interesados pero que carezcan de documentación legal o visas para poder efectuar legalmente trabajos en la industria de la construcción norteamericana. Y a aquellos mexicanos que se presenten en la tal “Feria de Trabajo de Construcción” sin contar con autorización legal para trabajar en los Estados Unidos lo más seguro es que serán atendidos por personal especializado que les dirán la manera en la cual pueden desempeñar trabajos en la industria de la construcción aún careciendo de papeles legales, o sea como indocumentados. “No problema, solo déjenos un teléfono suyo al cual podamos comunicarnos en México, y le diremos cómo hacerle para poder empezar de inmediato a trabajar en los Estados Unidos sin necesidad de papeles”. Esto, desde luego, es algo completamente ilegal. Pero es un hecho de que cuando hay cacerías de indocumentados en los Estados Unidos, los que son aprehendidos y castigados con severidad son los trabajadores indocumentados, casi nunca los empleadores norteamericanos pese a que saben perfectamente bien que la gente que tienen carece de permiso consular para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y cuando se trata de trabajadores de la industria de la construcción, los agentes migratorios norteamericanos (como si tuvieran órdenes muy específicas para ello) casi siempre voltean hacia el otro lado y dejan que los obreros especializados que llegan de México continúen trabajando en la construcción de edificios que se requieren urgentemente para cuya edificación simple y sencillamente no hay suficiente mano de obra disponible en los Estados Unidos.

Si hoy mismo algún supervisor de alto rango de agentes migratorios norteamericanos realmente se hiciera el propósito de combatir la inmigración ilegal, todo lo que tendría que hacer es ordenar redadas inmediatas en lugares como Houston y Dallas, en sitios en donde se están erigiendo edificios. En cuestión de unos cuantos días podrían detener para su deportación a México a muchos albañiles, moldeadores y carpinteros, niveladores, operadores de cuchilla de acabado, operadores de acabado de Dozer, operadores de excavador, supervisores de estructura, obreros de tubería, operadores de instrumentos de topografía, supervisores de equipo de topógrafos, operadores de máquina cargadora, mecánicos, técnicos de aceite y lubricado para camiones, supervisores de mantenimiento, choferes de transporte, encargados de logística de transporte, supervisores MSE Wall y operadores D3 Dozer, cientos y cientos de ellos, todos ellos indocumentados mexicanos. Con un pequeño inconveniente: las economías locales tronarían y se irían a pique creándose un problema de proporciones mayúsculas. De hecho, si algún supervisor de alto rango dentro del Departamento de Inmigración ordenara que se llevaran a cabo redadas así, mandando a pique a la industria de la construcción en los Estados Unidos, lo más probable es que lo echarían a la calle de inmediato y lo reemplazarían por otro que sí “comprenda” los problemas por los que pasa la industria de la construcción en los Estados Unidos. No es que no sepan lo que está ocurriendo, se hacen güajes que es otra cosa muy diferente. Se quedan como el chinito, “nomás milando”. También saben de esto los mismos legisladores norteamericanos que desde su posición en el Congreso han estado bloqueando por décadas todo intento de que trabajadores mexicanos en la industria de la construcción puedan obtener visas temporales de trabajo en los Estados Unidos, pero también se hacen “güajes”. Aquí todo es cinismo y putrefacción en grado mayúsculo.

Los empleadores para la industria de la construcción en los Estados Unidos, en vez de dirigir sus ojos a México, podrían tratar de conseguirlos en otra parte del mundo como Nigeria o Tailandia. Pero esos países están demasiado lejos de los Estados Unidos, mientras que México está muy cerquita. Por otro lado, México tiene grandes constructoras en las cuales se están capacitando continuamente trabajadores muy buenos en el ramo de la industria de la construcción, recibiendo un entrenamiento de excelencia que no se imparte en ninguna escuela y por el cual los trabajadores no pagan un solo centavo. Al robarse esos trabajadores llevándoselos a Estados Unidos así sea en calidad de indocumentados, los desalmados empleadores gringos le están robando también a las constructoras mexicanas el dinero que han gastado en el entrenamiento de esos obreros especializados. En México hay albañiles muy buenos, el problema es que con ofertas de empleo como la que he descrito se están yendo a los Estados Unidos con el resultado de que muchas obras de construcción en México no salen como deberían de salir, llevadas a cabo por novatos que apenas están aprendiendo. Esta es una de las razones por las cuales hay tanta obra pública deficiente en México.

Si el objetivo de la empresa que puso el anuncio al que me estoy refiriendo era contratar trabajadores hispanos, no tenía ninguna necesidad de poner su anuncio gigantesco en Ciudad Juárez. Justo del otro lado de la frontera, en la ciudad norteamericana vecina, el mismo periódico se publica también en Español y se distribuye y se vende en la ciudad de El Paso, y esta es su dirección Internet en El Paso:

http://www.diario.mx/El_Paso/

Sin embargo, la empresa gringa puso su anuncio no en Estados Unidos, sino en el mismo periódico pero en México:

http://www.diario.com.mx

Esta no fue una mera equivocación. Fue un acto deliberadamente intencional de la empresa contratadora gringa. Y los agentes migratorios que laboran en los puentes internacionales están al tanto de ello, aunque lo más probable es que tengan órdenes directas de no intervenir.

Oficialmente, y esto de acuerdo a los dictados del Congreso norteamericano que datan desde hace varias décadas, no hay ninguna puerta de bienvenida para ningún trabajador mexicano así se trate de un obrero altamente calificado en la industria de la construcción. Cualquiera de ellos que trate de ir a los Estados Unidos legalmente presentando su aplicación de visa de trabajo en un Consulado norteamericano lo primero que le preguntarán es si es hijo de un ciudadano de los Estados Unidos. Al responder que no lo es, entonces de la primera categoría de preferencias lo bajarán a la segunda categoría de preferencias. Le preguntarán entonces si está casado con un ciudadano norteamericano. Al responder que no, lo bajarán entonces a la tercera categoría de preferencias. Y así lo irán bajando hasta ubicarlo en la última categoría de preferencias, en la cual le dirán que el turno que le toca en la “lista de espera” (como si se tratara de cuotas para cabezas de ganado) lo ubica para su cita consular dentro de unos ochenta años, que es una manera muy diplomática de decirle que NO, NO y NO. Entonces, al trabajador mexicano especializado se le desprecia y se le ve como una pestilencia que gran favor le hace a los Estados Unidos si se mantiene fuera de la Unión Americana. Pero muy por debajo del agua, se le da la entrada por la vía ilegal en una maquinaria con un engranaje corrupto que es lo que conduce a anuncios como el que apareció el día de hoy en el periódico El Diario que se publica en Ciudad Juárez, México.

Por la manera astuta en la cual está elaborado el anuncio gringo puesto en México este dia en el periódico El Diario, las autoridades migratorias norteamericanas no pueden actuar como deberían porque en dicho anuncio no se está invitando directamente y en forma abierta a obreros mexicanos que residen en México a que hagan su aplicación por tales empleos, aunque tampoco se les está diciendo que no puedan ir a la “Feria de Trabajo de Construcción” en donde ya en forma personal se les pueden dar mayores detalles a los que tengan algún problema para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Lo que pueden hacer las autoridades migratorias es enviar a agentes que simulen ser mexicanos sin visa para trabajar en los Estados Unidos, y si reciben consejor para poder trabajar en los Estados Unidos de manera indocumentada entonces los agentes migratorios pueden actuar, pero no contra la empresa sino únicamente en contra de la persona que de antemano ya sabe de que en caso de caer en una trampa así la empresa empleadora gringa se desentenderá de su ayudante. Solo pueden actuar en caso de encontrar al obrero mexicano trabajando ya en un lugar como Dallas o Houston o Los Angeles, aunque esto casi nunca ocurre porque posiblemente los agentes migratorios tengan marcada la raya en relación a los lugares a los cuales pueden entrar para hacer redadas y los lugares en los cuales les está estricta y terminantemente prohibido buscar indocumentados.

Es probable que, entre las razones por las cuales en la industria norteamericana de la construcción están tan urgidos de trabajadores, así sea mexicanos indocumentados, es porque a raíz de la cada vez más feroz actitud xenofóbica impulsada entre la sociedad norteamericana por el candidato presidencial Donald Trump, cada vez son menos los obreros calificados mexicanos que están dispuestos a irse a los Estados Unidos en calidad de indocumentados, porque consideran que los riesgos además de la actitud de desprecio hacia el mexicano es algo que no vale la pena sufrir. Y esto último es algo que sí debe preocupar a los magnates de la industria de la construcción, porque si el obrero mexicano termina despreciando estas invitaciones a trabajar en la ilegalidad, lo más probable es que tendrán que irse hasta Nigeria o hasta Tailandia para buscar lo que no pueden encontrar al sur de la frontera. Y pagarles el avión a los nigerianos o a los asiáticos, desde luego, en condiciones tales que no les quedará más remedio que presionar a los legisladores norteamericanos, sobre todo los Republicanos en el Congreso que son los más xenófobos y racistas, de que permitan a la industria norteamericana contratar y traer de fuera lo que no pueden encontrar dentro de Estados Unidos en cantidades suficientes.

Ayotzinapa: algo que no se ha hecho

Han transcurrido ya tres meses desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) terminó sus labores de dos años en México el 30 de abril de 2016 en relación al caso Ayotzinapa, y hasta la fecha la cosa sigue igual que al principio desde antes de que los expertos internacionales llegaran a México. Los que estaban en la cárcel siguen en la cárcel y ninguno de ellos ha sido absuelto como resultado de las opiniones del GIEI, los padres de los normalistas (o mejor dicho, los anarquistas que han tomado a los normalistas desaparecidos como bandera de lucha) siguen insistiendo en que están vivos “por allí en algún lado” exigiendo el regreso de los 43 normalistas con vida con todo y que dos de ellos ya fueron declarados oficialmente muertos por los científicos forenses en Austria (los mejores del mundo), y las protestas con bloqueos carreteros siguen igual que antes.

El GIEI no vino de a gratis. Le costó al país dos millones de dólares. Gastar tanto dinero para nada resulta una frustración, sobre todo cuando esos dos millones de dólares no salieron de los bolsillos de los funcionarios del gobierno o de los bolsillos de los presuntos culpables del asesinato en masa de los 43 normalistas o de los padres de los 43 normalistas o de los grupos de presión que han tomado a los normalistas desaparecidos (muertos) como bandera de lucha, sino de los bolsillos de los ciudadanos mexicanos que no tuvieron culpa alguna de lo sucedido en Ayotzinapa.

En todo esto, hay algo que se pudo haber hecho y que no se hizo, y que tal vez aún se pueda hacer aunque su efectividad pueda haber disminuído con el paso del tiempo. Se trata de la confrontación cara a cara de los presuntos culpables con los padres de los normalistas. Antes de este encuentro, programado por expertos psicólogos y peritos forenses, se les podría señalar a los presuntos culpables que tal vez ese encuentro sea su única oportunidad y su última oportunidad de pedirle perdón en persona a las madres de los normalistas muertos con una confesión espontánea no de los culpables ante las autoridades sino de los victimarios ante los familiares de sus víctimas, advirtiendo que si en lugar de ello tratan de fingir inocencia y desaprovechar esa oportunidad para liberar ese peso de sus conciencias, no solo cargarán con el silencio de sus culpas por el resto de sus vidas, sino que el fingir inocencia no les servirá de nada para disminuír sus condenas.

De haberse hecho tal cosa, es posible que uno que otro de los detenidos se habría quebrado ante alguna de las madres de los desaparecidos y empezaría perdón. No es necesario que todos y cada uno de los presuntos culpables termine desvencijándose ante alguna de las madres o una de las madres de los normalistas. Habiendo 113 detenidos y 132 consignados en el caso, basta con que uno solo de ellos truene bajo la presión psicológica (menos del uno por ciento de los detenidos) para terminar de hundir al resto y dar el caso por cerrado. Hasta los grupos de presión que han tomado a los 43 normalistas como bandera de lucha no podrían neutralizar de manera efectiva una confesión espontánea con una petición personal de perdón de uno de los victimarios a la madre o las madres de las víctimas.

En el libro Sala de Jurados (Courtroom) de Quentin Reynolds en donde se narra la historia de la vida profesional de un famoso abogado y juez norteamericano de nombre Samuel Leibowitz, se relata en su capítulo Enemigos públicos cómo el ilustre jurisconsulto intentó hacer algo parecido a lo que aquí se propone en el famoso caso del secuestro del hijo de Charles Lindbergh, en donde Leibowitz tuvo oportunidad de entrevistar en varias ocasiones al acusado responsable del secuestro, un inmigrante alemán de nombre Bruno Hauptamnn que pidió el rescate pero del cual nunca se supo la verdadera historia sobre si tuvo cómplices en el secuestro. Si realmente había mas cómplices esto ya no se supo pues terminó sentenciado y muerto en la silla eléctrica. Leibowitz no solo estaba convencido de la culpabilidad de Hauptmann sino que buscó hacer una maniobra de este tipo para hacer cantar a Hauptmann, aunque no fue posible llevarla a cabo perdiéndose para siempre la oportunidad de poder llegar a la verdad histórica y castigar a todos los responsables. Pero en el caso de Ayotzinapa, esta posibilidad sigue abierta, y de hecho tal vez sea la única manera en la cual se pueda cerrar el caso, sacándole de paso algunas lágrimas a los sicarios y a los autores intelectuales mientras hacen las paces con las madres de las víctimas. Pocas cosas suelen ser tan dramáticas como una confrontación cara a cara de los victimarios con las víctimas, y aunque un victimario no tiene rubor alguno en fingir inocencia cuando le están siendo leídos los cargos por la autoridad, es cosa diferente cuando la madre o las madres de las víctimas le ruegan que les confirme su supuesta inocencia ante ellas antes de pedir clemencia ante la justicia para los victimarios.

La otra alternativa es escarbar en el presupuesto del erario público para sacar otros dos millones de dólares para traer nuevamente al grupo de expertos del GIEI a pasear a México para que por segunda ocasión dejen el caso tal y como lo encontraron cuando arribaron al país por vez primera, lo cual no parece una alternativa muy atractiva.

Zika in the USA: crime and punishment

The news coming from Florida today are very grim news indeed. Ten additional cases of Zika virus infection have been reported in northern Miami, leading to fears of a growing outbreak of the disease. There is a widespread sense of urgency as Florida Governor Rick Scott has activated the emergency response team from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention to help stem the outbreak. Four people had been confirmed last week to have the virus after likely contracting the disease via infected mosquitoes in a 1-square-mile area in northern Miami, according to Scott. What made the first cases in Florida a game breaker was that the outbreak was the first time the Zika virus had been transmitted via infected mosquitoes within the continental U.S.

The most worrysome fact about the Zika virus is that a person can be an active carrier of the disease and never show any symptoms, which makes any Zika outbreak extremely difficult to isolate. Of the 10 additional people reported infected, six had no symptoms and were identified only through a door-to-door investigation. Experts from the CDC and National Institutes of Health had long suspected that there could be some local transmission of Zika virus in the U.S., especially in Florida, where the Aedes aegypti mosquito is present and many people travel to South or Central American countries, where the Zika epidemic has been ongoing. The Florida Department of Health has tested 2,300 people for Zika virus statewide, which is really just a drop in the bucket for such a big state, and 372 have been confirmed to be infected with the virus.

In the eve of the summer Olympic games of 2016, Brazil was punished by the USA government with warnings to travelers regarding the Zika outbreaks in that country, to the point of scaring American athletes into the risks involved for them in competing in Brazil. But now, with the Zika virus already in the USA, it appears that the US government will have to start punishing its own citizenry for something that is getting out of hand and over which it has no control.

Beyond the human casualties, the immediate threat to Florida will be to its economy. Florida depends for its economic well being in a lot of tourism, like the Walt DisneyWorld Resort in Orlando, and this just covers the bare essentials. If panic spreads and tourists from other parts of the USA refrain from travelling to Florida because of the Zika outbreak, and even worse, if tourists from all around the world change their plans refraining from visiting Florida because of the Zika outbreak, the economy of the whole state could be in for very hard times. It could experience a crack well beyond the capabilities of the Federal Reserve Board and the US Treasury to do anything about it.

The scenario now playing in Florida was not unexpected. It was known all along that it was just a matter of time before it became a reality.

In February 21 of this year, President Obama urgently requested $1.9 billion in emergency funding for the US response to the Zika virus outbreak and urged Congress to take action “expeditiously.”, the White House saying earlier that the president would request the funding, shortly after the World Health Organization declared the serious complications associated with Zika — such as babies born with abnormally small heads and a neurological condition that causes paralysis — to be a global health emergency.

And what did the Congress do in response to the emergency request laid out by Presidente Obama? Nothing, absolutely nothing. His request stalled in Congress, where it has been stalled ever since. Half a year has gone by, and the clock is still ticking. And this time, the Republicans are to blame, since they control both houses of Congress. Remember when, back in the 2014 elections, Democrats lost control of the Senate in the midterm elections? Some pundits explained it off by arguing that it was a way for the American people to punish the Democrats for the gridlock in Congress over almost all important issues at hand. The American people, they argued, were wise enough to give full control of Congress to the Republicans, in the hope that President Obama would be forced to negotiate with a Congress dominated by a single party.

Well, giving the Republicans control of both the House of Representatives and the Senate backfired in what could be considered their response to their most important test so far, the requested approval for $1.9 billion in emergency funding for the US response to the Zika virus outbreak. This is no longer a debatable issue, the Republicans failed the test. Florida is about to crack in a jillion pieces, and since Democrats in Congress are the minority, there is no way that the Republicans can avoid their responsibility in what amounts to a major crime against the American people: ignoring the severity of the Zika outbreak and stalling for nearly half a year an urgent request. Republicans have to take the full blame and responsibility, it is their major political crime. The punishment however comes not to them (it may come in November 2016 if the American people decide they’ve had enough with the Republicans and sink into the drainage all hopes of the Republicans of regaining the White House with Donald Trump), but to the people of Florida.

At present, there is no vaccine for Zika. Besides praying, there is nothing that can be done except spraying insecticides with the ever more diminishing hopes of containing what could become a major epidemic. There is no known cure for Zika, and any major actions that could have been taken were not taken because the  Republican controlled Congress did a very good job in stalling the requested approval of $1.9 billion. With the Zika virus now spreading perhaps beyond control, even those $1.9 billion may not be enough to safeguard the general public in the short run. Developing a working vaccine is not a matter of days or weeks, it is a matter of years. Even if the Republicans react and do what they were suppossed to do way back half a year ago when they were given control of the Senate by voters who were assumed to be wise, it will be too little to late.

Perhaps the only real hope people who live in Florida can cling to, besides changing residence and leaving the state for good, will be with the coming of the autumn and winter seasons which will force the mosquito responsible for transmitting the disease to lie dormant for several months. This, of course, provided global warming does not give Florida a very warm autumn and a warm winter, since in such a case Floridians could end up having a crisis getting out of proportions. Something to remember the next time a Republican Congressman or Senator comes asking for a vote to send him back to Washington, keeping in mind that these guys are precisely the ones who have been stalling the emergency funds that were required to implement urgent actions against the Zika virus.

Un inconveniente de candidaturas independientes

En otros tiempos, los partidos políticos representaban posturas ideológicas firmes que le daban una opción al electorado. Los partidos liberales en su mayoría, por ejemplo, adoptan una posición en pro del aborto como una decisión personal que le corresponde hacer a una mujer en pleno uso de sus derechos y facultades mentales (como ocurre en Rusia, la primera nación en donde se legalizó la práctica del aborto bajo el gobierno comunista de la Unión Soviética), mientras que los partidos conservadores apoyados por corrientes religiosas lo consideran como un crimen que debe ser penalizado castigando a la mujer y a los médicos y enfermeras que incurran en la práctica de legrados (como ocurre en países latinos mayoritariamente católicos). Los partidos de izquierda están a favor de esquemas socialistas en los que se aboga por una distribución más igualitaria de la riqueza nacional cargándole la mano en los impuestos a los que más ganan (como ocurre en los países nórdicos), mientras que los partidos de derecha se oponen a los esquemas económicos socialistas y apoyan filosofías capitalistas de libre empresa y libre mercado que permiten que unos cuantos logren acaparar en sus manos la mayor parte de la riqueza nacional. Estas son opciones distintas, y el sistema de partidos daba una manera al electorado de poder decidir el rumbo que debería tomar el país.

Pero en México el sistema de partidos ha degenerado, y en vez de tomar como bandera ciertas causas sociales, políticas y económicas, el principal objetivo (de hecho, el único) se ha convertido en una lucha entre varias facciones por el poder mismo, y por ello vemos alianzas francamente esquizofrénicas (desde la perspectiva ideológica que dicen representar) en tiempos electorales como el otrora derechista Partido Acción Nacional y el otrora izquierdista Partido de la Revolución Democrática para arrebatarle el poder en elecciones locales a un Partido Revolucionario Institucional que nunca se ha definido a sí mismo ni de derecha ni de izquierda. Se trata simplemente de un “quítate que ai' voy yo”.

Es por ello que, con el fracaso de la partidocracia, hay quienes ven en las candidaturas independientes de personajes que no estén afiliados a ningún partido político una esperanza de poder llevar una verdadera democracia representativa ante el Congreso de la Unión y a los gobiernos locales y nacionales, libres de las ataduras y compromisos a partidos convenencieros que ya no representan ninguna ideología y solo están interesados en la repartición de cuotas de poder a través de esquemas anti democráticos como los diputados y senadores de representación proporcional (plurinominales).

Uno de los intelectuales que propone basar la nueva democracia mexicana no en el cada vez más anquilosado sistema de partidos políticos sino en el esquema de los candidatos independientes es Jorge Castañeda, quien fuera el primer mexicano en anunciar su candidatura presidencial para el 2006 sin ser nominado por un partido político, aunque un juez de distrito desechó sus argumentos. Eventualmente su caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los escándalos subsecuentes dejando muy mal parada la imagen del gobierno de México en el exterior prácticamente forzaron a la partidocracia en México a darle paso a las candidaturas independientes. Jorge Castañeda escribió un libro titulado Solo así: Por una agenda ciudadana independiente, que puede ser considerado como un ensayo grande o un libro pequeño. El texto está subdividido en tres partes. La primera parte es una crítica a la mitad del gobierno actual en donde dice que “la mancuerna mortal de corrupción y violaciones a los derechos humanos, unida por el pecado mayor de la impunidad, hundió al sexenio de Peña Nieto”, añadiendo que las reformas, “muchas de ellas necesarias, virtuosas, productivas a mediano plazo”, quedaron opacadas, por hechos asociados a la corrupción como la Casa Blanca, Malinalco y el tren chino, pero también por eventos relacionados con la violación a los derechos humanos como Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya y Tanhuato. En la segunda parte ofrece lo que piensa que son los puntos medulares de una agenda ciudadana. Están relacionados con la corrupción, la violación de los derechos humanos, la reforma del sistema de partidos y de representación, la defensa de las minorías y “la desdichada mayoría compuesta por los consumidores mexicanos”. Para Jorge Castañeda sólo una candidatura apartidista puede hacer suyas estas demandas. Una agenda ciudadana debe hacerse cargo de los temas que también asumen los partidos como el crecimiento económico, la salud, la educación y combate a la pobreza, pero en el texto hace “hincapié en lo que no se menciona tanto, o en lo que se dice pero no se hace, y no se hará, si todo queda en manos de los partidos”. La tercera parte sostiene que los cambios que México necesita sólo los puede realizar “un gobierno exterior a la partidocracia, que nazca de fuera de los partidos, que como fuerza externa al sistema lo obligue a transformarse”. Ese gobierno, añade, sólo “puede provenir exclusivamente de una candidatura independiente a la presidencia, única y con un programa, con un equipo de campaña y de un gobierno, y una planilla de candidatos independientes que la acompañen”.

En este 2016 en las elecciones del 5 de junio en el estado de Chihuahua, seguramente inspirados por el triunfo en Monterrey de El Bronco Jaime Rodríguez Calderón quien se convirtió en 2015 en el primer gobernador en México que obtuvo su gubernatura sin estar afiliado a ningún partido político, por primera vez un hombre contendió por la gubernatura de Chihuahua como candidato independiente, José Luis “Chacho” Barraza, mientras que en Ciudad Juárez también por vez primera en su historia contendió por la alcaldía de la ciudad mi tocayo Armando Cabada. El primero no pudo concretar su aspiración de convertirse en el primer gobernador independiente de Chihuahua, mientras que el segundo sí logró triunfar sobre su oponente el candidato oficial Héctor Murguía Lardizábal ganándole en las urnas en razón de dos a uno.

El pueblo supone que un candidato independiente está en mejores condiciones para gobernar porque llega sin compromisos ni ataduras a su cargo, sin deberle lealtad a ningún partido político ni a los dogmas de ningún partido. Sin embargo, esto es una ficción, porque las candidaturas independientes tienen un pequeño gran inconveniente en el que muchos aún no se han puesto a pensar.

Sin duda alguna, para echar a andar una campaña política en cualquier país, se requieren fuertes sumas de dinero para que un candidato cualquiera, independiente o afiliado a algún partido político, se pueda dar a conocer a través de los medios y pueda movilizarse. Un candidato con amplios recursos económicos siempre tiene más probabilidades de ser reconocido por donde va y ganarse la confianza de la gente que un candidato que no tiene un solo centavo en el bolsillo y depende de la ayuda de sus simpatizantes para poder obtener dinero para poder contratar publicidad y poder promocionarse. Y he aquí en donde está el intríngulis: ¿de dónde va a salir el dinero que va a financiar al candidato independiente?

De acuerdo con Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto Nacional Electoral  responsable por primera vez de la fiscalización de estos comicios locales, en el caso del independiente Armando Cabada y su contrincante el priista Héctor Murguía Lardizábal, Armando Cabada gastó 6 millones 85 mil pesos, mientras que Héctor Murguía gastó 4 millones 692 mil pesos. Cada uno tenía derecho a erogar hasta 18 millones 707 mil 060 pesos, que fue el monto autorizado como tope, así que ambos se quedaron cortos aunque no por falta de ganas. En lo que toca a Armando Cabada, se pudo dar el lujo de rechazar el financiamiento que le ofrecía el INE como candidato independiente por tratarse de una suma ridícula, 30 mil pesos, más no así Héctor Murguía que por ser candidato del PRI recibió a través de su partido una suma millonaria de fondos públicos que de otra manera habría tenido que salir de sus propios bolsillos.

Generalmente hablando, los candidatos de los partidos políticos no pagan sus campañas con dinero salido de sus propios bolsillos ni los partidos políticos se sostienen con las aportaciones voluntarias que hagan sus militantes. Los partidos reciben dinero público para su sostenimiento y operación, tanto para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como para los gastos de los partidos en su sostenimiento así como en sus campañas políticas (en países como Estados Unidos, los partidos Republicano y Demócrata no reciben un solo centavo de las arcas públicas, tienen que buscar sus propios recursos en donde puedan encontrarlos). Antes del arribo de los candidatos independientes al panorama político nacional, se había considerado que era necesario dar cierto apoyo económico a los partidos para evitar que por falta de recursos cayeran en la tentación de buscar ayuda con fondos de procedencia ilegal. El esquema de repartición de recursos públicos a los partidos, pese a la oposición de la ciudadanía, había estado funcionando. El problema se vino cuando los candidatos independientes empezaron a reclamar para sí dinero de las arcas públicas “para poder competir en condiciones de equidad”. No es posible hacer el propósito de proporcionarle a todos los candidatos independientes que se quieran registrar las mismas cantidades de dinero que usualmente se le proporcionan a los partidos políticos, porque si para cierta elección se registran no uno o dos sino cien aspirantes reclamando para sí la misma cantidad que se le da a partidos como el PAN o el PRI, ningún presupuesto va a alcanzar por la suma estratosférica que se acumularía casi de inmediato. No queda más remedio que darle a cada uno de los candidatos independientes una cantidad mucho menor, podríamos decir incluso simbólica, que la que se le proporciona a cada partido político. ¿Entonces de dónde van a sacar los candidatos independientes el dinero necesario para poder competir en condiciones de equidad con los candidatos afiliados a los partidos políticos? ¿De sus propios bolsillos? Un multimillonario como Donald Trump puede darse el lujo de financiar su propia campaña política aún en caso de que pierda en las elecciones porque dinero es lo que le sobra, pero en México no tenemos tantos magnates dispuestos a competir en los procesos electorales sacando dinero de sus propios bolsillos para sus campañas. ¿Entonces de dónde van a sacar dinero los candidatos independientes que no lo tienen? Aquí es donde entra el meollo del asunto. Tómese en cuenta que en el caso de los candidatos independientes es mucho más difícil fiscalizar la procedencia de los recursos propios que usaron para sus campañas que en el caso de los partidos políticos. A los partidos políticos el dinero en su mayor parte se los proporciona directamente el gobierno, y la fiscalización consiste en que justifiquen la manera en la cual gastaron el dinero que se les dió. Pero tratándose de los candidatos independientes, al no poder darles más que una suma meramente simbólica se les está obligando a que pongan dinero de sus propios bolsillos o que obtengan “padrinos” generosos que les darán fuertes sumas de dinero pero a sabiendas de que, en caso de ganar, se estará adquiriendo un compromiso para dar algo a cambio por la ayuda que se recibió. En pocas palabras, el candidato independiente, más que cualquier otro, está propenso a caer en la tentación de adquirir compromisos con gente sin escrúpulos a cambio de la ayuda económica que le será proporcionada para sus gastos de campaña. Esto se presta a actos de corrupción y soborno en escala mayor, ya que los “padrinos” pueden ser propietarios de empresas constructoras con aspiraciones a contratos multimillonarios para obras públicas, o pueden ser inclusive narcotraficantes que esperan que se les deje trabajar o que se les ayude de alguna manera en la protección de su negocio ilícito.

En el caso de Armando Cabada, ya sabemos que su campaña le costó 6 millones 85 mil pesos mientras que a su adversario Héctor Murguía le costó 4 millones 692 mil pesos. Al segundo no le preocupa tanto el  haber perdido, que al fin y al cabo no fue dinero salido de su propio bolsillo sino que, en su mayor parte, se trata de dinero que le proporcionó el mismo INE. Pero Armando Cabada, que inclusive gastó más dinero que Héctor Murguía, ¿de dónde sacó los seis millones de pesos? ¿Acaso se sacó la lotería? Ciertamente no de sus propios ahorros trabajando como conductor de noticieros para la empresa de su padre Don Arnoldo Cabada de la O, a menos de que tenga un sueldo que no ganan ni siquiera los gerentes de las empreas maquiladoras norteamericanas. Armando Cabada puede justificarse diciendo que recibió un préstamo o una “ayudadita” de su padre Don Arnoldo que es rico, aunque en caso de haber perdido las elecciones esto habría sido un evento casi doloroso para la gran familia Cabada.

De hecho, a los seis millones que gastó Armando Cabada en su campaña, hay que sumarle otro millón de pesos, esto después de que las autoridades electorales notificaron a Armando Cabada ya como presidente municipal electo de Juárez el monto de la sanción económica que le impusieron luego de que dictaminaron que durante su campaña incurrió en diez irregularidades, cuatro de ellas graves, con respecto al manejo financiero de su campaña electoral. El Instituto Nacional Electoral notificó a Cabada sobre el pago obligatorio de más de un millón de pesos, tras considerar que incurrió en varias irregularidades y que cuatro de las cuales responden al calificativo de “graves ordinarias”. Calificando la sanción como injusta, Cabada calificó al sistema electoral como inequitativo ya que tiene que pagar la multa con dinero de su propio bolsillo (¿un millón de pesos?), mientras que los partidos políticos financiados por el Estado responden por sus candidatos.

El hecho de que los candidatos independientes tienen que financiarse con sus propios recursos casi los obliga, en caso de no ser ricos, a buscar ayuda económica de quienes les darán tal ayuda a la espera de obtener algo importante a cambio. ¡Pero la razón de ser de los candidatos independientes, la justificación que se les daba, era que podían gobernar mejor por entrar a gobernar sin ningún compromiso con nadie, sin tener que andar pagando facturas por allí, sin tener ataduras de ninguna especie!

Las candidaturas independientes son el sueño dorado de cualquier narcotraficante. Al ver a algún candidato promisorio con arrastre entre las multitudes, un capo le puede facilitar a un candidato independiente millonadas de pesos que el candidato puede alegar que se trata de dinero suyo propio que estaba guardando “debajo del colchón”, que al fin y al cabo no hay forma de comprobárselo. E irónicamente, un candidato independiente en caso de triunfar puede llegar mucho más comprometido y con muchas más facturas a pagar que el candidato de algún partido cuya campaña ha sido financiada a través de su partido con recursos públicos que no lo compromenten a nada. Y este es el “pequeño” gran inconveniente de las candidaturas independientes, lo suficientemente grande como para cuestionar con seriedad si realmente queremos que la democracia en México se deshaga por completo del sistema de partidos y se maneje únicamente a través de gobernantes surgidos como candidatos independientes. El experimento de la partidocracia le ha dado hasta hoy resultados mediocres a México. Pero la ruta de llenar de independientes todos los puestos clave del gobierno se antoja mucho más riesgosa y con muchos mayores peligros que la partidocracia. Esta podría ser una buena manera para los partidos políticos para seguir justificando su inexistencia, por inútiles que nos parezcan. Tal vez sea mejor conformarnos de que al menos los partidos se pongan de acuerdo para terminar con la maroma de los cargos de representación proporcional o plurinominales, aceptando que solo gane el que realmente gane y no el que obtenga una cuota de poder en base a lo que le toque a cada partido según lo que dicte la plurinominalidad que ya no tiene razón de ser ahora que los tiempos del partido único han pasado a la historia y seguramente no regresarán a México nunca más.

Impugnación inútil

Muchos políticos mexicanos no aprenden las lecciones del pasado distante de lo que ha ocurrido en otros países. Pero otros ni siquiera aprenden las lecciones del pasado reciente de lo que ha ocurrido en el mismo México. Uno de tales políticos es sin duda el malogrado candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua en las elecciones del 5 de junio de 2016, Enrique Serrano Escobar. En la entrada en esta bitácora correspondiente al 8 de junio de 2016 titulada “Castigo a la soberbia”, se dejó en claro que Enrique Serrano se comportó como un candidato presumido que con sus aires de pedantería parecía creer que más que un proceso electoral la contienda en Chihuahua no iba a ser más que una aclamación popular en la cual los resultados en las urnas servirían únicamente como confirmación de algo que se tenía que tomar como un hecho dado por seguro de antemano, su inminente ascenso a la gubernatura. Mientras Enrique Serrano se dedicaba a inflar su ego y se dedicaba a planear lo que haría como gobernador de Chihuahua incluída la repartición de puestos de importancia, su más cercano contendiente estuvo luchando en contra suya a brazo partido habiendo empezado con una formidable guerra sucia en febrero de 2016 para competir en contra de Enrique Serrano. De este modo, y en forma sorpresiva e inesperada para un PRI que no hizo nada para responder con vigor y energía a la guerra sucia que le estaban haciendo los militantes del PAN, el repudio del pueblo en las urnas al candidato oficial Enrique Serrano le demostró al otrora invencible partido tricolor de que en la nueva democracia mexicana nadie tiene su triunfo garantizado de antemano, hay que ganarse el triunfo en las urnas luchando con denuedo y no comportándose como un miembro de la nobleza europea.

Tras la derrota, sin poder asimilar el golpe recibido, tanto el PRI como su candidato Enrique Serrano hicieron lo que parecía natural para ellos: alegando irregularidades en el día de las elecciones, tratar de obtener en el Tribunal Estatal Electoral la anulación del proceso electoral para obtener la convocacción a una segunda ronda de elecciones, ¿pero con qué propósito?

Para tratar de convencer al Tribunal Estatal Electoral de que se lleve a cabo la anulación de las elecciones para gobernador llevadas a dabo el pasado 5 de junio d 2016, el PRI argumenta que se detectaron más de 170 mil boletas sobrantes y una serie de irregularidades en la organización del proceso, por lo que acusa también al Instituto Estatal Electoral. El recurso de impugnación se presentó diez días después de la jornada electoral, el miércoles 15 de junio a las 23:19 horas, ante el Instituto Estatal Electoral con sede en la ciudad de Chihuahua, unos minutos antes de la medianoche cuando vencía el plazo legal para inconformarse por los resultados de la elección del cargo de gobernador. Pero según lo establece la normatividad electoral, el medio de impugnación debe ser resuelto por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua en una primera instancia por tratarse de un acto y resolución emitida por el IEE. En una segunda y última instancia, el caso podría ser turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El dirigente estatal del PRI Guillermo Dowell Delgado aseguró que con base en una revisión que realizaron de los resultados electorales se detectó que había un sobrante de 171 mil 506 boletas, lo que pone en duda no sólo el resultado de los comicios, sino la legalidad y transparencia del proceso completo. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que se limpie el proceso y se anule la elección”, mencionó de manera determinante. Explicó que de acuerdo con la información obtenida del análisis realizado por un equipo de 650 abogados que revisaron 3 mil 321 actas de escrutinio de la jornada electoral que tienen en su poder a través de los representantes de casilla, detectaron que sobran más de 170 mil boletas. Detalló que para la elección de gobernador de Chihuahua se entregaron un millón 394 mil 301 boletas, pero al sumar el total de los votos emitidos y las boletas sobrantes se obtiene un total de un millón 565 mil 807 boletas, lo que representa una diferencia de 171 mil 506 boletas que aparecieron de manera inexplicable. “No sabemos el origen de estas boletas, hay una serie de elementos que no nos permiten conocerlo, pero seguramente el Tribunal allegándose de las pruebas que estamos pidiendo podrá tener certeza del origen y más allá de eso, si no hubiera certeza del origen de esas boletas, lo que si hay es la falta de certeza en el resultado, que es lo que estamos haciendo valer”, manifestó. Afirmó que ellos (el PRI) no tienen por qué investigar de dónde salieron las boletas que aparecieron de más, sino sólo probar que están ahí, lo que pueden hacer con las actas que tienen en su poder, aunque también expresó su inconformidad porque no les habían entregado las actas faltantes de las cinco mil 156 casillas que se instalaron en todo el estado. “No nos han sido entregadas las actas relativas a los recuentos de votos de todas las casillas que fueron abiertas en Juárez y Chihuahua, a pesar de que las hemos solicitado”, sostuvo en ese entonces. Además de este análisis aritmético, el dirigente estatal del PRI dijo que existen otros factores que generan incertidumbre legal, como el hecho de que el Consejo Estatal del IEE “no acordó el número de boletas a imprimir, ni el plan de impresión y distribución, ni el resguardo de las mismas, ni se convocó a los partidos políticos para la supervisión y destrucción de las placas correspondientes”, afirmando que se trataba de un recurso completamente jurídico y no político, con sustentos sólidos y muy claros que debían ser revisados “con lupa” por el Tribunal Estatal Electoral, agregando que a partir del 6 de junio los priistas habían iniciado una investigación interna amplia para buscar la verdad histórica y determinar por qué perdieron la elección si todas las encuestas les favorecían y había datos que no coincidían. “Terminamos perdiendo por 117 mil votos y era algo aparentemente inexplicable, por lo que empezamos a trazar líneas de investigación jurídica y el fin de semana encontramos un hilo a partir de una serie de elementos que nos llevó a presentar la impugnación. Si a este dato le agregamos que la diferencia entre Javier Corral (el candidato ganador) y Enrique Serrano (el candidato perdedor) fue de 116 mil 503 votos, resulta que la inconsistencia es mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar”.

Hay analistas independientes que opinan que la nulidad de la elección de gobernador para el estado de Chihuahua resulta procedente, en virtud de que las violaciones denunciadas por el PRI son sustanciales y graves ya que vulneran de manera sistemática y trascendente los principios constitucionales de certeza y legalidad, siendo lo anterior así habido el hecho de que los actos reclamados se realizaron no sólo durante el desarrollo de la elección (injerencia ilícita del INE), sino también, durante la jornada electoral (sufragios emitidos) y con posterioridad a ésta (cómputo y recuento de votos), de tal forma que resulta imposible efectuar un análisis con base en información fidedigna que permita calificar de manera objetiva la legalidad y validez de la elección, agregando los analistas que en efecto las violaciones reclamadas resultan ser generalizadas, toda vez que los hechos denunciados fueron cometidos en todo el ámbito territorial del estado; es decir, no se trata de irregularidades aisladas o focalizadas. Tal y como acontece con la impresión, y la correspondiente distribución y entrega-recepción, de las boletas electorales; son graves por la ilícita invasión de facultades, por parte del INE, con la sumisa complacencia del IEE. Más aún agregan que por sí sola, la invasión competencial del INE justifica la nulidad de la elección de gobernador, en virtud de que los actos emitidos por un órgano sin competencia constitucional son nulos de pleno derecho.

Aún suponiendo que en base a los alegatos presentados por el PRI para obtener la anulación del proceso electoral de Chihuahua de 2016 se logre que en efecto las elecciones sean anuladas y se convoque a una segunda ronda de elecciones, la pregunta más importante en todo esto es, ¿con qué propósito? ¿Con la esperanza de ganar en una segunda ronda electoral haciendo lo que no hicieron antes? Si el único propósito es lograr obtener una victoria en un entorno en donde antes habían perdido, esto se antoja casi imposible, porque esto no cambia en nada las condiciones previas que condujeron a Enrique Serrano a su derrota en las urnas. Una de tales condiciones fue el desaire en el que incurrió el candidato priista Enrique Serrano al ser el único candidato ausente en los foros de discusión y debate a los cuales habían sido convocados los candidatos en los campus del Instituto Tecnológico de Monterrey tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez. A tales foros ciertamente asistieron estudiantes en edad de votar (prácticamente todos los estudiantes universitarios cuentan con mayoría de edad y con credencial para votar), y había en dichos foros estudiantes simpatizantes del candidato del PRI a los cuales el mismo Enrique Serrano los hizo quedar mal. La vergüenza y el ridículo en que dejó Enrique Serrano a los estudiantes universitarios que simpatizaban con él y querían apoyarlo en dichos foros les dejó tan mal sabor de boca que si optaron por quedarse en casa el 5 de junio en vez de salir a votar por el candidato priista que con sus aires de prepotencia quedó muy mal y los hizo quedar mal, lo más probable es que en una segunda ronda de elecciones tampoco saldrán a votar por él. Por otro lado, los que votaron en contra suya seguramente esos sí volverían a salir a votar nuevamente en contra suya, lo cual no le ayudaría en nada a Enrique Serrano en una segunda ronda electoral. Peor aún, es posible que muchos chihuahuenses tomarían la anulación del proceso electoral del 5 de junio como un desafío producto de la soberbia y arrogancia de quien quiere obtener con la ayuda de los tribunales lo que no pudo obtener en la primera ronda de elecciones, y el riesgo de perder en una segunda ronda electoral por un margen aún mayor que el primero es una fuerte posibilidad. Y aquí es donde entra la historia reciente de algo parecido que sucedió en las elecciones celebradas en Colima el año pasado, de lo cual trato con mayor detalle en la entrada titulada “Malos perdedores” el 16 de junio de 2015. En esas elecciones, el Partido Acción Nacional impugnó el proceso electoral después de haber perdido las elecciones en una primera ronda. El PAN demandó la anulación de las elecciones obteniendo de los tribunales electorales lo que quería al determinar los magistrados que la impugnación presentada por el PAN sí era procedente, con el resultado de que las elecciones en Colima fueron anuladas. Se llevaron a cabo nuevas elecciones. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¡Que volvió a perder el PAN! Y esta vez perdió por un margen mayor que el margen de votos con el cual había perdido antes.

A menos de que el PRI en Chihuahua esté absolutamente convencido, sin el menor asomo de duda, de que en una segunda ronda electoral obtendrá el triunfo que los mismos electores le negaron en las elecciones del 5 de junio, la segunda ronda electoral puede terminar resultando un ejercicio completamente inútil que puede dejar al PRI en una posición peor que la posición en la que estaba antes, igual que como le sucedió en Colima al PAN. La anulación de un proceso electoral puede ser tomada por los electores como un desafío de un candidato a la voluntad popular, la consecuencia de una anulación es que  puede terminar siendo vista como el mal comportamiento de un partido y un candidato que están tratando de ganar a como dé lugar recurriendo al destaste de los votantes y a la ayuda de los tribunales, con el riesgo de que el resultado de una segunda ronda electoral termine siendo peor por ser el resultado de un universo de votantes enardecidos que querrán aprovechar la segunda ronda electoral para propinarle al PRI en Chihuahua una lección durísima que puede afectarlo negativamente en procesos electorales futuros.

El PRI debería de haber aprovechado la experiencia de las elecciones llevadas a cabo en Colima en el año 2015 reconociendo su derrota dejando las cosas como están. Y en cuanto a Enrique Serrano, ya tuvo su oportunidad, y es mejor que se tome unas vacaciones prolongadas para reflexionar sobre las causas de su derrota, los errores que cometió como candidato, y aprender que el peor error en el que puede incurrir un político en los tiempos modernos en México es incurrir en el triunfalismo y la soberbia. Los tiempos del “voto duro” ya son cosa del pasado, ningún partido puede contar ya con ningún “voto duro” para obtener su triunfo, hay que luchar a brazo partido con la certeza de que si no se hace tal cosa cualquier candidato lleva el riesgo de ser rechazado por los electores y perder. Pero como dije al principio, hay quienes son incapaces de aprender las lecciones del pasado así sea el pasado reciente, y uno de ellos es Enrique Serrano. Por eso fue que perdió.