Sofismas y falacias de Enrique Peña Nieto

Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2012, la paridad peso-dólar rondaba muy cerca de los 13 pesos por dólar.

En tan solo 4 años después de que Peña Nieto fuera investido como presidente, sin dar la cara Peña Nieto las dependencias gubernamentales federales bajo su mando dieron a conocer el 28 de diciembre de 2016, Día de los Inocentes, la noticia del terrible megagasolinazo que le echó a perder el fin de año a muchos mexicanos, la paridad peso-dólar ronda en los 21 pesos por dólar. Esto representa un encarecimiento en el valor del dólar del 69 por ciento, o bien, una devaluación del peso mexicano en el mismo porcentaje.

Peña Nieto se estuvo escondiendo por varios días, pero cuando apareció por fin en público en un discurso televisado y radiado en todos los canales de televisión en México el 5 de enero de 2017 para dar su justificación, defendió su postura de no dar marcha atrás al megagasolinazo dicendo que: “Se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Este ajuste del precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. En el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%”. Así pues, en ese mensaje grabado el gobierno actual le está echando hoy buena parte de la culpa de la crisis en la que hoy está inmerso México al aumento en los precios del petróleo, según lo cual los aumentos en los precios internacionales del petróleo han sido devastadores para la economía mexicana. De este modo, el presidente trató de deslindar el “gasolinazo” de la Reforma Energética que él impulsó y que ha afectado a Pemex, la compañía petrolera nacional de México, sugiriendo que el aumento en los precios internacionales de petróleo resultó ser sumamente catastrófico para la economía mexicana. Sin embargo, hace apenas un año atrás, afirmó que el fenómeno contrario, la caída de los precios del petróleo, era una muy mala noticia para la economía mexicana. El gobierno de Peña Nieto aseguraba, y así lo creyeron todos en su momento, que la caída de los precios del petróleo al comienzo de 2016 era el culpable directo de haber empujado más abajo al peso en su paridad peso-dólar, requiriendo la mposición de recortes en el gasto y ayuda financiera para ese barril sin fondo, el productor petrolero estatal, Petróleos Mexicanos. O sea que si el precio internacional del petróleo baja, entonces como consecuencia negativa el peso se devalúa a lo grande y la economía mexicana se hunde, pero si el precio internacional del petróleo sube, entonces también el peso se devalúa y a lo grande y la economía mexicana de todos modos se hunde. Estas declaraciones notablemente contradictorias se dieron no en el curso de varios años de gobierno o incluso décadas, sino en cuestión de unos cuantos meses, en el mismo año.

La siguiente gráfica fue tomada directamente del portal web del Servicio Geológico Mexicano, la cual proporciona el promedio mensual (en trimestres) del precio en dólares del barril de Petróleo Mezcla Mexicana (MME) desde el mes de marzo de 2005 hasta el mes de diciembre de 2016 (es necesario hacer clic con el Mouse dentro de la grafica para poder apreciarla completa):

Esta gráfica muestra claramente que cerca del mes de agosto de 2008 el precio del barril de crudo rondaba en los 120 dólares por barril, un precio mucho mayor que el precio de diciembre de 2016 de unos 40 dólares por barril. El precio del barril de crudo mexicano hace 8 años era mucho mayor que el precio actual, tres veces mayor. Pero en 2008 no hubo ningún gasolinazo. Si la lógica peñista de que el megagasolinazo al inicio de 2017 se debió a un aumento reciente en los precios del crudo, entonces de acuerdo a la misma lógica en 2008 debería de haber habido no un megagasolinazo sino un supergasolinazo, lo cual no ocurrió. Se argumenta ahora que esto se debe a que México está produciendo menos petróleo y gasolina que antes. Pero siguiendo la misma lógica, un año atrás cuando el precio del barril de crudo mexicano se vendía en poco más de 24 dólares por  barril a fines de 2015 y no en los 40 dólares por barril, la gasolina mexicana como se cobra en las gasolineras debería de haber sido mucho más barata, costando la mitad, y nadie recuerda que hace un año la gasolina costara la mitad de lo que costaba inclusive antes del megagasolinazo. De acuerdo a la misma gráfica, entre 2011 y 2014 el precio del barril fluctuaba alrededor de los cien dólares por barril, lo cual de acuerdo a la lógica peñista hubiera requerido en forma sostenida un impuesto brutal sobre los bolsillos de los mexicanos, y quienes tienen memoria recuerdan que no fue así. Después de esos altos niveles, la caída en los precios internacionales del petróleo se debió a la explotación en Estados Unidos de gigantescos yacimientos subterráneos por la técnica de fracking, de lo cual tomé nota en esta bitácora el 14 de diciembre de 2014 en una entrada titulada Fracking: La venganza del Tío Sam, lo cual liberó a Estados Unidos de su dependencia del petróleo árabe. Lo importante en todo caso de la gráfica es que, ya sea que aumenten o bajen los precios del petróleo internacional, los mexicanos tenemos que ser castigados ya sea con gasolinazos “hormiga” propinados cada fin de mes (o cada fin de semana) o con megagasolinazos descomunales eminentemente inflacionarios como el de 2017, pero nunca ha ocurrido el fenómeno contrario.

Pero la gráfica anterior no lo dice todo. En julio de 2013, cuando el precio del barril de petróleo rondaba en los cien dólares por barril y supuestamente México debería de haber obtenido ingresos considerables (ciertamente mayores a los de ahora) por sus ventas al extranjero, PEMEX reportó en el primer semestre de 2013 una pérdida de 53 mil millones de pesos, lo cual llevó en ese entonces al analista del sector petrolero Andrés Morales a afirmar que PEMEX “es la única petrolera del mundo que tendrá pérdidas en el año”. Existe la certeza entre muchos analistas de que si México hubiese tenido más petróleo en su subsuelo que los países árabes, de cualquier modo y aún con precios internacionales bastante altos PEMEX hubiera terminado siendo una empresa deficitaria. Vistas bien las cosas, para México hubiera sido una bendición el no haber tenido ni una sola gota de petróleo en su subsuelo ni en en plataforma marítima alguna, porque de este modo se habría visto obligado a terminar de una vez por todas con la gigantesca corrupción gubernamental que ha generado caracterizada por el dispendio y el despilfarro a manos llenas bajo personajes tan corruptos y tan poderosos en su momento como lo fueron Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Carlos Romero Deschamps, verdaderos jefes de una mafia sindical que más que sindical era mafia como cualquier otro cártel de las drogas. Hasta los partidos políticos, beneficiarios de 3 mil millones de pesos de financiamiento anual por parte del INE (en Estados Unidos, un país rico, el financiamiento gubernamental a los partidos políticos es cero, no existe; y los tiempos de spots para propaganda oficial en la televisión tampoco existen), han contribuído al desfalco, y son pocas las voces (como Aristóteles Sandoval) que han propuesto acabar con este saqueo al menos en períodos no electorales.

Pocos se han dado cuenta o pueden recordar que la crisis que se está viviendo en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto es en buena medida una repetición de lo que ya vivió en el último año de gobierno del nefasto José López Portillo. Cuando López Portillo empezó a gobernar, el descubrimiento de grandes reservas petrolíferas bajo el mar como las extraídas por el complejo Cantarell y el alto precio del petróleo en ese entonces hicieron el efecto mágico de que la banca extranjera le soltara préstamos multimillonarios al gobierno lopezportillista sin límite ni restricción alguna tomando como garantías las reservas petroleras de México y los elevados ingresos obtenidos por los altos precios del petróleo. Pero los precios internacionales del petróleo empezaron a caer al descubrirse los inmensos yacimientos petroleros del Mar del Norte y al pelearse entre sí los países miembros del cártel de la OPEP que no pudieron ponerse de acuerdo para fijar precios controlados del petróleo que fueran no tan altos pero no tan bajos, dejando con ello que el precio del crudo quedara a la libre fluctuación de mercado en base a la oferta y la demanda. De este modo, el precio del petróleo mexicano se desplomó, y siguiendo la regla esquizofrénica de que si el precio del petróleo internacional cae a México le va mal y también le va mal si el precio del petróleo internacional sube, la economía mexicana tronó, el gobierno de México se tuvo que declarar en moratoria al no poderle pagar a sus acreedores, y el peso se fue a pique.

Al no darle resultado el argumento de que el megagasolinazo era necesario por la subida en los precios del petróleo, Peña Nieto empezó a cambiar de pretexto y empezó a argumentar que a México ya se le acabó su petróleo. Pero si esto es así, ¿entonces qué de los cuatro gigantescos yacimientos que fueron descubiertos apenas hace seis meses, con tanto combustible que hasta pone en riesgo el precio del crudo? ¿Era otra mentira oficialista?

De cualquier modo, aún si México contara con yacimientos gigantescos de petróleo, esto no le serviría de nada a Pena Nieto como posible argumento porque hay un país latinoamericano al que no se le ha acabado el petróleo, y lejos de ello, cuenta con las mayores reservas petrolíferas del planeta, y pese a ello el país se está hundiendo en estos momentos en una severa crisis económica y social no porque se le haya acabado “la gallina de los huevos de oro”, sino por estar gobernado por un régimen socialista a ultranza ignorante de los más básicos principios sobre los cuales funciona la economía. Ese país es Venezuela. De hecho, si a Venezuela se le hubiera acabado ya su petróleo, el país se habría visto obligado a diversificar su economía además de echar del poder a los socialistas chavistas encabezados por el desquiciado presidente -hoy autócrata- Nicolás Maduro que lo único para lo que han resultado muy buenos, al igual que sus contrapartes en México, es para despilfarrar a manos llenas los buenos ingresos obtenidos en los buenos tiempos de la riqueza petrolera.

En su mensaje a la Nación plagado de cinismo, Pena Nieto lanzó como reto la siguiente pregunta: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”.

Por principio de cuentas, los partidos políticos que se autonombran como defensores del pueblo ante el megagasolinazo del primero de enero de 2017 le podrían haber respondido a Peña Nieto usando exactamente lo mismo que lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador, al mencionar en sus spots de televisión el avión presidencial comprado por México que “No lo tiene ni Obama”. En su spot que terminó siendo prohibido por los muy indignados y muy bien pagados magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador dijo: “Apenas habían comprado el avión presidencial de 7,500 millones de pesos, no lo tiene ni Obama, y ya habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso solo cuando necesitan votos”, agregando que de ganar las elecciones en 2018, vendería el costosísimo y superfluo avión presidencial cuya compra, dicho sea de paso, fue negociada por el entonces Presidente emanado del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón (el PAN parece que hoy tiene proscrita en sus protestas por el megagasolinazo cualquier mención a la venta de ese costosísimo avión presidencial, algo que ni para el PRI ni para el PAN es algo que esté sujeto a ninguna negociación). Y ese avión no solo no lo tiene ni Obama. Inclusive Donald Trump, próximo a tomar posesión de la presidencia de uno de los países con mayores recursos financieros del planeta, advirtió a Boeing sobre la cancelación de un avión presidencial norteamericano cuyos costos estaban fuera de control. Obviamente, Peña Nieto decidió que él como presidente mexicano merecía un avión presidencial que no tuvo Obama y que Trump tampoco quiere tener por sus costos fuera de control, un avión presidencial a todo lujo a ser pagado en su totalidad por el pueblo de México.

Peña Nieto tampoco aprovechó su mensaje pregrabado para proponer una reducción del número de diputados federales en el Congreso de la Unión, tanto uninominales como plurinominales, del medio millar que hoy son en el Congreso, a los 300 que había antes de que el tecnócrata Miguel de la Madrid inflara sin justificación alguna dicho número de 300 a 500 en los tiempos en los que el PRI era el partido hegemónico y podía “mayoritear” a todos los demás partidos con estas costosísimas y extravagantes iniciativas. Ningún otro país en el continente americano, ni siquiera Estados Unidos, tienen tantos diputados, costosísimos todos ellos, como el medio millar que tiene México. Pero eso parece que tampoco es tema de negociación que pueda ser tocado ni mencionado por los partidos políticos que hoy se alzan como supuestos defensores del pueblo en contra del gasolinazo. El derroche de estos parásitos sociales es tal que al mismo tiempo que en México estallan violentas protestas por el megagasolinazo se publica en las noticias que los diputados federales se dieron a sí mismos un bono especial de 4 millones 400 mil pesos para darle mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de los grupos parlamentarios, a lo cual se le suma el hecho de que los legisladores tampoco pagan la gasolina que consumen, pues reciben vales, y gozan de servicios de estética y gimnasio, entre otras prerrogativas, todo esto por encima de una “subvención de carácter extraordinario” que una amplia colección de diputados en lista negra (la gran mayoría) autorizaron por un total de 75 millones de pesos “que al fin y al cabo el pueblo paga”. Con el solo hecho de reducir el injustificado número de diputados federales, considerando el enorme costo que cada uno de ellos representa al erario público, posiblemente el megagasolinazo se podría haber evitado y hasta habría sobrado dinero para atender otros asuntos de mayor urgencia. Y para no quedar atrás, entre muchos otros rubros de gastos en un año el Senado aumentó en 151.6 millones de pesos su gasto en asesores, pese a contar con el Instituto Belisario Domínguez, una entidad especializada en realizar investigaciones y estudios de agenda legislativa (según los informes del ejercicio del presupuesto enero-septiembre, el concepto “Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio” en la Cámara alta registró un aumento para asesores al pasar de 595 millones de pesos en septiembre de 2015 a 746.65 millones en el mismo mes de 2016). Todo lo cual representa un barril sin fondo.

¿Y qué decir del mismo Enrique Peña Nieto, que para su faraónico viaje a Inglaterra para ser recibido por la Reina de Inglaterra se llevó consigo a una costosísima e innecesaria comitiva de 200 personas, con todos los gastos cargados al erario público? ¿Acaso no cuenta México con un embajador en el Reino Unido para tratar con el gobierno británico cualquier asunto de estado a tratar para el cual la presencia de Peña Nieto no era algo indispensable? ¿Pues qué acaso las arcas del erario nacional estaban rebosantes de dinero para esos rubros? ¿No habían dicho los priistas que después de López Portillo estas cosas ya no volverían a ocurrir jamás?

Recurriendo a una estrategia típica de los tecnócratas, Enrique Peña Nieto se esperó deliberadamente a que primero se fijara un mes antes, el primero de diciembre de 2016, el  incremento oficial autorizado para los salarios mínimos para todo 2017, un aumento de por sí paupérrimo e insultante, para propinar después el 28 de diciembre de 2016 el “megagasolinazo” e impedir así que los sindicatos y los trabajadores en general pudieran tomar en cuenta los efectos inflacionarios del “megagasolinazo” en sus demandas de aumento salarial para el 2017. Maquiavélico, ¿no_

Se tiene a continuación una reproducción de la portada de la revista TIME del 24 de febrero de 2014 titulada “Saving Mexico” (Salvando a México), cuando los editores de dicha revista realmente se creyeron los cuentos de la propaganda oficialista que presentaba a Enrique Peña Nieto como un grandioso salvador de México gracias a sus reformas estructurales, algo que al empezar el funesto 2017 del gasolinazo ya no se la cree ni siquiera el mismo Peña Nieto:

Las contradicciones y dislates en este rubro son tales que inclusive desde antes que se diera el gasolinazo a principios de 2017 resulta que en la frontera sur la gasolina de Guatemala, que no es un país productor de petróleo, es más barata que la gasolina mexicana, y también en la frontera norte con los Estados Unidos la gasolina es más barata que la gasolina mexicana a grado tal que al darse el gasolinazo empezó incrementó de manera considerable una fuga de compradores mexicanos que se fueron (y se siguen yendo) a llenar los tanques de sus vehículos con gasolina norteamericana de empresas como Shell, Exxon y Mobil, pese a los largos tiempos de espera para cruzar en los puentes internacionales de México a los Estados Unidos. Quienes terminan realmente ahorcados son las decenas de millones de mexicanos que viven en el interior del país que no tienen la opción de poder salir con sus vehículos fuera de México para comprar gasolina más barata ya sea en Estados Unidos o en Guatemala.

Otra ficción del gobierno peñista es que, con la liberación del precio de las gasolinas dejando que estén sujetos a las leyes del mercado libre, o sea a la ley de la oferta y la demanda, la competencia entre distintas empresas hará que a la postre bajen los precios cuando los compradores busquen los puntos de venta más baratos. El argumento es válido cuando en una ciudad hay competidores de distintas marcas. Pero el problema en México es que, con excepción de las franjas fronterizas norte y sur en donde realmente hay una verdadera competencia y los consumidores mexicanos pueden cruzar a los Estados Unidos o a Guatemala en donde pueden encontrar la gasolina mucho más barata, en el interior del país no existe competencia alguna y el único proveedor es PEMEX que monopoliza la producción y la distribución, y con el país dividido artificialmente en 90 zonas (esta fue una decisión de corte meramente burocrático) cuya ubicación corresponde a la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de PEMEX, esto le dá al monopolio petrolero PEMEX un margen de maniobra amplísimo para hacer algo que antes no podía hacer: imponer los precios que le dé la gana, con los ingresos excedentes usados para subsidiar la ineficiencia de PEMEX y la corrupción rampante de un gobierno obeso. Un buen ejemplo ocurrió cuando al empezar el 1 de enero de 2017, a la vez que la gasolina en Chihuahua empezó costando 16 pesos por litro o más, en el país vecino el mismo litro de gasolina de mucho mejor calidad se puede adquirir a 11 pesos por litro, lo cual ocasionó una fuga de compradores con las gasolineras del lado mexicano quedando desiertas por la ausencia total de consumidores a causa de la fuga hacia el lado norteamericano. ¿Pero qué pueden hacer los que viven en el interior del país que no tienen esta opción, como clientes cautivos de una empresa paraestatal que ejerce un monopolio en el que no existe esa competencia que se usó como argumento oficialista para liberar los precios de la gasolina?

Un dato poco conocido es que a finales del año 2015 PEMEX ingresó al territorio norteamericano con su primera gasolinera, la cual está funcionando en Houston desde el 1 de diciembre de 2015:

Sin embargo, lo que PEMEX cobra en suelo norteamericano por sus gasolinas es hasta un 44 por ciento más barato por llenar el tanque de un vehículo que lo que pagan dentro de México los mexicanos que viven en el país de origen del combustible. Al abrir PEMEX su primera gasolinera en Houston, el galón de Magna se vendía a 1.54 dólares mientras que la Premium se vendía a 1.58 dólares:

Y considerando la paridad peso-dólar en ese entonces de 16 pesos con 90 centavos por dólar, un galón costaba 25.73 pesos mientras que en México el mismo galón de Premium se vendía a 54 pesos mexicanos. En pocas palabras, ¡el galón de gasolina de PEMEX se vendía en los Estados Unidos a la mitad de lo que costaba en México! Y de hecho la gasolina de PEMEX que se vende en sus cinco gasolineras en Houston es mucho más barata que la que hoy se vende en México, antes o después del megagasolinazo. PEMEX no puede vender su gasolina en Estados Unidos al mismo precio al que hoy la está vendiendo en México a los mexicanos que son sus clientes cautivos porque simple y sencillamente nadie se la compraría y en cuestión de unas cuantas semanas PEMEX USA tendría que declararse en quiebra y cerrar todas sus gasolineras allá. Aquí ni caso tiene hacer comentarios porque el lector puede ir sacando sus propias conclusiones.

Algunos analistas observan que el costo superior de las gasolinas en México se debe al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que aunado al IVA encarece el costo de las gasolinas. Esto es cierto, pero el problema para el gobierno de México y su casta descastada de funcionarios privilegiados es que si se deroga el IEPS o si se disminuye en un 50 por ciento como proponen algunos entonces sí no habrá ya suficiente dinero para adquirir costosos aviones presidenciales de lujo ni para pagar un Congreso con 500 diputados a costo altísimo cada uno de ellos ni habrá incluso para estar subsidiando y rescatando a la ineficiente empresa paraestatal PEMEX.

Otra ficción del gobierno peñista es que ya no era posible seguir subsidiando la gasolina, tratando de asustar al pueblo con el argumento de que haber mantenido el subsidio hubiera significado sacrificar un ingreso de 200 mil millones de pesos obligando al sacriificio de importantes programas sociales y a recortes drásticos en áreas tales como salud y educación. Sin embargo, tomando en cuenta el oneroso impuesto IEPS recabado por el gobierno con la venta de las gasolinas, la realidad es que es el gobierno federal el que se está subsidiando a sí mismo, y si a ésto le sumamos los aumentos recaudatorios a causa del “megagasolinazo”, pues el subsidio no al pueblo sino al mismo gobierno aumenta en lo que viene siendo un incremento de impuestos disfrazado. Si no existiera el impuesto IEPS, entonces sí se podría hablar de un subsidio al pueblo en ausencia del “megagasolinazo”, pero con el IEPS  el gobierno recibirá 284,432 millones de pesos por impuestos a gasolinas en 2017, obteniendo 75,000 millones de pesos más gracias al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS a combustibles automotrices, 36% más que en 2016. ¿Entonces quién es el verdadero beneficiario con el “megagasolinazo”? Ciertamente, el pueblo no. Es falso que sin el “megagasolinazo” esto le hubiera costado 200 mil millones de pesos al país. El verdadero perdedor hubiera sido el gobierno, máxime que ha habido estudios de académicos que demuestran de manera contundente que el gasto público en México es un verdadero laberinto de opacidad y corrupción en el que se pierden sin darle cuentas a nadie mucho más que los tan mentados 20 mil millones de pesos que Enrique Peña Nieto ha tomado como bandera para usar como el proverbial “petate del muerto” para asustar al pueblo.

Si la situación de México realmente estaba tan mala que al decir de Peña Nieto no le quedaba ninguna otra opción más que darle a los mexicanos el golpe que les dió a principios de 2017, se puede suponer que esta situación no se dió de un día para otro, fue una situación que se debió de haber estado gestando a lo largo de varios meses o inclusive años, y siendo así los aumentos se pudieron haber aplicado de forma programada y gradual para permitirle a los mexicanos y a los empresarios irse adaptando tal y como lo estaban haciendo con los “gasolinazos hormiga” que se estaban dando cada dos o tres semanas. Entonces se debe dar por hecho de que Peña Nieto mintió por demasiado tiempo al estarle ocultando al pueblo de México una situación de crisis que en vez de ser revelada tal cual se le permitió ir acumulando presión hasta que la olla de presión terminó reventando a principios de 2017.

Para echarle la culpa a los empresarios de una escalada inflacionaria a causa del gasolinazo, el Presidente Peña Nieto improvisó un muy publicitado pacto como los que usaron en su momento Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, llamado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, algo que no existía una semana atrás y que fue elaborado al vapor, un intento político improvisado para cerrar filas alrededor de Enrique Peña Nieto como una respuesta un tanto cuanto asustada por la reacción de repudio popular al gasolinazo, un pacto que la COPARMEX se negó a firmar, un acuerdo peñista que fue un homenaje a la insensibilidad: hueco, sin acuerdos concretos, vacío de contenido. Los pormenores del pacto fueron conocidos por los firmantes a escasas dos horas antes de que se celebrara la reunión con los supuestos firmantes que, por lo mismo no les quedaba de otra que adherirse a la petición del primer mandatario sin conocerlo,

Pese a que la propaganda oficialista desde los tiempos en los que el PRI gobernaba como partido único manteniendo un control total de los procesos electorales ha estado repitiendo hasta el cansancio la ficción de que “el petróleo es de todos los mexicanos”, esto es falso, y siempre ha sido una falsedad sostenida por décadas. El petróleo en realidad siempre fue de los gobiernos, del sindicato de la empresa PEMEX, de sus directivos, funcionarios, líderes, contratistas y de los trabajadores, que gozaron de privilegios sindicales.

El impopular gasolinazo es quizás el mejor resumen del fin de los “logros” del sistema político surgido de la Revolución Mexicana, la que ocurrió entre 1910 y 1917, basados esencialmente en la corrupción, la impunidad y el cinismo. Nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos (de entonces), advirtió uno de sus próceres fundadores, Álvaro Obregón, quien presumía de su “honestidad” porque él sólo tenía una mano para robar, mientras sus amigos y enemigos tenían dos. Hoy, en el año del centenario de la promulgación de la Constitución, que es origen de la vigente en el país, la corrupción generalizada comenzó a exigir el pago de la factura del derroche de todos esos años. Y ese cobro inició en el área de la que los mitos priistas afirmaban que era de todos los mexicanos: el petróleo, que en realidad fue de los gobiernos, del sindicato de esa empresa, de sus directivos, de sus funcionarios, de sus líderes, de los contratistas y también de los trabajadores que gozaron de prebendas y privilegios, cubiertos con el manto de las sacrosantas e intocables conquistas sindicales entre las que se cuentan prestaciones, cientos de ellas, como la delfinoterapia para ellos y sus familias, y el “derecho” a heredar o vender las plazas, todo producto también de la corrupción o su “cobertura”. Esto es algo que Enrique Peña Nieto ni siquiera tocó ni mencionó en su mensaje radiado por televisión el 5 de enero de 2017, quizá porque el Salvador de México es también un beneficiario directo de esa inmensa corrupción.

Finalmente la gallina de los huevos de oro, la misma que en los años 70 y 80 del siglo pasado se presentó como la base de la “administración de la riqueza” dejó de ponerlos. La empresa de “todos” los mexicanos quebró, aunque algunos “patriotas” utilizan el eufemismo de que fue saqueada. Sí, el saqueo (la corrupción, es decir) provocó su quiebra. Nos volvieron a saquear (y apenas hoy la mayoría de los mexicanos quiso darse cuenta) contra la promesa de José López Portillo, hecha en 1982, golpeando furiosamente la tribuna de la Cámara de Diputados (la más alta de la Nación, dicen o decían los cursis), autodefinido en el paroxismo de su locura como “el último Presidente de la Revolución Mexicana” y en realidad cabeza de uno de los gobiernos emblemáticos de la corrupción nacional, como los demás, esa que molesta a los mexicanos cuando se recuerda que no sólo es condición de los gobernantes y políticos, sino también de quienes interactúan con ellos… muchos de los ciudadanos que hoy sufren la quiebra técnica de Petróleos Mexicanos.

En buena medida son ciertos los datos presentados por muchos expertos para explicar el llamado gasolinazo: que la carga fiscal (soporte de los presupuestos federales deficitarios) en los precios de los combustibles y en las actividades empresariales de PEMEX, que los subsidios a los precios, que los costos de producción, que la falta de refinerías y tecnologías, que la importación de gasolinas y el precio internacional del petróleo, que los costos de distribución y los pasivos laborales (las prebendas al sindicato y, por supuesto, también a los directivos y a los funcionarios). No son muchos los que se han referido a la corrupción como elemento esencial de la factura que se nos cobra hoy con el gasolinazo. Pero, la corrupción y su impunidad están detrás de toda la lista del párrafo anterior. Éstas, la corrupción y la impunidad, son el cáncer de México, que hoy pasa y exige pago a diversas facturas. ¿Ya se nos olvidó la corrupción del sector educativo que impide, por ejemplo, la aplicación de la reforma respectiva? No, no es coincidencia fortuita. La solapada corrupción del sindicalismo oficial, el llamado charro, (las grandes centrales obreras oficialistas y los sindicatos de las secretarías de Ejecutivo o de las empresas paraestatales, todas) es parte de las facturas que habrán de pagar todos, aquí sí, todos los mexicanos. En los próximos años se harán presentes, aunque no se les llame gasolinazos.

La crisis no solo es del pueblo que ha tenido que pagar las facturas, también es del sistema político mexicano. Al irse agotando las reservas de crudo en México y al irse quedando el gobierno de México sin opciones para allegarse de empréstitos internacionales, estamos contemplando el principio del fin del caduco régimen de la Revolución Mexicana. México ya no es el segundo productor de petróleo en el mundo como lo era en 1921 con 193 millones de barriles. En el fondo de los barriles ya queda poco petróleo, pero la corrupción subsiste. Y peor aún: su impunidad. ¿Qué hacer? Pues, de entrada, combatirlas y acabar con ambas, y se debe dar por hecho que Enrique Peña Nieto no hará absolutamente nada para empezar a dar la pelea en esto. Se puede, si se quiere. O esperar que a México se le acabe el petróleo, ese oro negro que viene de los veneros del Diablo (de la frase que resultó profética que aparece en el poema La Suave Patria del gran poeta zacatecano Ramón López Velarde), y que al acabarse el petróleo se acabe también por fin con él toda la corrupción que generó, junto con PEMEX y su nefasto y corrupto sindicato a los cuales el grosor de la población mexicana no echarán de menos.

Cómo acabar con la corrupción de los gobernadores

Sin duda alguna, México es el país que tiene el dudoso honor de tener o haber tenido recientemente en varios de sus estados a los gobernadores más corruptos del planeta, verdaderos sinvergüenzas que a lo largo de sus seis años de gobierno no solo estuvieron saqueando las arcas públicas a la vista del mundo entero sino que tuvieron el cinismo de irse a presentar a noticieros de televisión transmitidos por cadena nacional para proclamar su honestidad y acusar a sus acusadores de ser los verdaderos malvados de la película.

Posiblemente el gobernador más corrupto de todos en los últimos años lo fue Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, estado al que saqueó a grados nunca vistos no solo en México sino en el mundo entero. Este es Javier Duarte (a la derecha) justo cuando antes de pedir licencia a su cargo de gobernador de Veracruz, para fugarse a los pocos días después, tuvo el descaro de acudir al noticiero Despierta de la cadena Televisa conducido por el reportero Carlos Loret de Mola (a la izquierda) en donde respondiendo a una denuncia presentada por el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes afirmó hipócritamente “Estoy harto de tantas infamias y calumnias de Miguel Ángel Yunez” en relación a la acusación de que se le habían detectado y comprobado la posesión de 25 bienes inmuebles (entre los cuales destacan mansiones lujosas como la mansión en Houston que adquirió con los dineros que saqueó del erario público de Veracruz y una mansión en Miami valuada en 8 millones de dólares junto con otras 18 propiedades también en Miami, entre otras propiedades dignas de ser mencionadas) con un valor combinado superior a los 3 mil millones de dólares, y usando 40 diferentes prestanombres:

La magnitud del saqueo fue tal que dejó al estado en una bancarrota total, impedido de poder pagarle ni a los empleados del gobierno de Veracruz ni a los proveedores autorizados de bienes y servicios. La siguiente fotografía muestra cómo el sinvergüenza Javier Duarte, ante el mismo reportero del mismo noticiero Despierta, afirma “No he hecho nada de lo cual me pueda sentir avergonzado, que me pueda sentir temeroso”. Esto último lo afirmó categóricamente incluso cuando ya estaba preparando su huída:

Lo más increíble y asombroso es que el colosal saqueo de Veracruz que llevó a cabo Javier Duarte no es una cosa que se descubriera en los últimos meses o en  las últimas semanas de su administración. Desde que tomó posesión de su cargo como gobernador de Veracruz las denuncias públicas en contra suya empezaron a acumularse, empezando con los 25 millones de pesos en efectivo que le fueron detectados a dos colaboradores de Javier Duarte en dos maletas dentro de un avión oficial del gobierno del estado de Veracruz. Y sin embargo, en ninguno de estos casos sucedió absolutamente nada pese a que eran del conocimiento público. El robo colosal a Veracruz continuó mientras que Javier Duarte se paseaba ante los medios lamentándose de lo que condenaba como meros rumores y falsedades en su contra, presentándose ante los medios como uno de los funcionarios más honestos y éticos del continente americano e inclusive del mundo entero.

Por culpa de Javier Duarte, en las elecciones del 5 de junio de 2016 el PRI por primera vez en 87 años perdió la gubernatura en Veracruz, lo cual fue el principio del fin de Javier Duarte de Ochoa. El hombre más corrupto y más hipórica de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, representa el máximo nivel de corrupción de los gobernadores por los escándalos que protagonizó. Junto con la derrota del PRI, quedó al descubierto la falta de recursos para pagar salarios, prestaciones, pensiones, jubilaciones e incluso compromisos de proveedores y los más básicos insumos de sectores como salud, seguridad pública y educación. A la par se descubrió una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios del gobierno estatal. Ante la avalancha de acusaciones, el 12 de octubre de 2016 Duarte solicitó permiso para separarse del cargo y supuestamente enfrentar las acusaciones de corrupción; pero dos días después desapareció con la ayuda de un helicóptero de uso oficial. Ahora la Procuraduría General de la República ofrece 15 millones de pesos de recompensa a quien dé informes sobre su paradero. Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias contra Duarte, sus socios y prestanombres; 32 fueron iniciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contratos  con empresas fachadas o inexistentes; además, 43 están derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como  parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades a prestanombres y socios. El PRI, en tanto, lo expulsó de sus filas demasiado tarde. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos que muchos suponen se encuentran depositados en cuentas bancarias en el extranjero a nombre de familiares y amigos cercanos de Javier Duarte.

Javier Duarte ejemplifica la corrupción en grado supremo que se dá entre los gobernadores de México, consecuencia lógica de la impunidad y la falta de la aplicación de la ley cuando se trata de hombres poderosos gobernando en sus estados respectivos. Además de Javier Duarte hay otros, desde luego, que todavía a principios de 2016 eran los hombres más poderosos en sus estados: disponían de presupuestos millonarios, asesores, Congresos locales, partidos políticos y en algunos casos, hasta del Poder Judicial. Pero el 5 de  junio de 2016 la suerte de varios de ellos cambió como consecuencia de los avances democráticos que se han ido logrando en México y la alternancia que se dá cuando se castiga en las urnas a los partidos de los cuales surgieron estos hampones, cuyos partidos perdieron las elecciones y, con ello, la protección que se presume con la continuidad. Para finales de 2016, esta basura humana consistía de prófugos de la justicia, ex gobernadores escondidos, amparados o en manos de sus sucesores, quienes evalúan las cuentas pendientes que dejaron con la intención de dejarles caer la guillotina. La caída de estos rateros se cocinó a fuego lento. A principio de 2016 iniciaron las acusaciones en contra de uno, luego de otro y así crecía la lista de presuntos actos de corrupción en los 12 estados donde había campañas electorales. Los candidatos de oposición hicieron una promesa principal: Encarcelar a los mandatarios para combatir la impunidad y la corrupción. En las batallas electorales hubo ataques directos, filtración de documentos y denuncias. Eso,  más el humor social y el clero, ayudó, y como consecuencia lógica la alternancia en el poder se concretó. De las 12 gubernaturas, el PRI perdió su hegemonía en seis. Incluso, en cuatro estados clave, por ser bastiones históricos: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de Aguascalientes y Chihuahua (donde ya había gobernado el PAN). Cuando los entrantes les quitaron la silla a los salientes comenzó la cascada de denuncias penales, administrativas y públicas que hoy tiene a los ex gobernadores en jaque.

En estos momentos, cuatro son investigados por actos de corrupción. Ya se mencionó a Javier Duarte de Veracruz, a los cuales se suman César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Miguel Alonso de Zacatecas. Además hay cuatro ex mandatarios que este año vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés de Sonora), Rodrigo Medina de Nuevo León) y Mario Anguiano de Colima), quienes dejaron de ser gobernadores en 2015, así como  Tomás Yarrington de Tamaulipas) cuya gubernatura concluyó en 2005. Un caso peculiar es el de Jorge Herrera de Durango), quien dejó el cargo este año y sin   un procedimiento legal o penal en su contra, optó por buscar el amparo para evitar ser detenido, mismo que le fue negado por un juez. A estos nueve ex gobernadores, señalados por desvíos, enriquecimiento ilícito,  lavado de dinero y hasta nexos con el narcotráfico, podrían sumarse tres más:  Gabino Cué de Oaxaca, Carlos Lozano de la Torre de Aguascalientes y Egidio Torre de Tamaulipas, pues los gobiernos entrantes, de oposición, ya iniciaron la revisión de sus cuentas públicas.

Además de los ya mencionados hay otros, tales como Guillermo  Padrés del PAN, quien dejó de gobernar Sonora en 2015, y el cual no tuvo tiempo suficiente para poder fugarse. El panista, a quien su partido le suspendió demasiado tarde sus derechos políticos por las acusaciones de corrupción,  estuvo prófugo y hasta la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Durante su administración fue cuestionado por el manejo de las finanzas públicas y al final del sexenio, los proveedores reclamaban millonarios adeudos; además, el desplome en infraestructura y la calidad de los servicios de salud y educación, aunado al incremento de impuestos, aumentó el descontento social. Sus posesiones y las de su familia se vieron incrementadas y sometidas al escrutinio público, ya que sus presuntas adquisiciones revelaban grandes inversiones, entre ellas: la construcción de la presa El Titanic en Bacanuchi; un rancho en San Pedro: El Saucito, en la zona rural de Hermosillo, con un área de reproducción equina  donde los caballos incluso contaban con  aire acondicionado. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha cateado e investigado 21 ranchos vinculados a Guillermo Padrés, familiares y ex colaboradores. Al término de su periodo, el ex gobernador  fue señalado de provocar un quebranto   superior a   30 mil millones de pesos. La PGR logró su detención en la Ciudad de México, el pasado 10 de noviembre, al salir de una entrevista radiofónica; el ex mandatario está acusado   de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita,  por un monto de 8.8 millones de dólares.

Y está también Tomás Yarrington, quien parece haber profetizado su destino. El 29 de noviembre de 2004, pronunció una frase que 12 años después se volvió en su contra: “La política es una vitrina donde todo se ve,   se sabe, se juzga y se cuestiona”. Era la sesión solemne del Congreso local, en Ciudad Victoria, en la cual Yarrington entregó su sexto informe de gobierno. Ahora, la PGR ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por él , mientras que  el PRI, que lo cobijó por décadas,  lo expulsó también demasiado tarde. El gobernador comenzó a ser investigado por la PGR desde 2004 por presuntos nexos de narcotráfico y lavado de dinero, antes de concluir su gestión; también es buscado en Estados Unidos. Hasta 2012 oficialmente se convirtió en prófugo de la justicia y este año se revivió el caso, tras la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas.

Otro gobernador panista que enfrenta denuncias penales es Rodrigo Medina, acusado por su sucesor en el gobierno de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderon por ejercicio indebido de funciones y peculado. El Bronco, quien se convirtió en gobernador en 2015, anunció una serie de acciones contra Medina de la Cruz, investigado en Estados Unidos, pero hasta el momento sólo está vinculado a proceso por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos.

Y está también el priista Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, el  “vendedor”, a quien el PRI le suspendió sus derechos políticos, también demasiado tarde. Hasta el momento han presentado nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía estatal que involucran al menos a 20 personas, incluidos la madre del mandatario y presuntos prestanombres,  por rematar 9 mil 500 héctareas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos. El ex priísta y ahora panista Carlos Joaquín González, actual mandatario de Quintana Roo, prevé que en total sumarán 20 querellas en su contra. Entre otras, destaca la venta de terrenos propiedad del estado a la madre del ex gobernador a un costo de 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial es de 200 dólares, en Cozumel.

Por otra parte, con el Congreso en contra, en junio pasado el Congreso de Colima denunció penalmente a Mario Anguiano Moreno y a cinco de sus ex colaboradores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la contratación de un  crédito por  638 millones de pesos; los acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales. El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dice que no terminará como Javier Duarte o Roberto Borge, pues asegura que el déficit financiero de mil 800 millones de pesos que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 es una herencia de administraciones anteriores. El Osafig ha solicitado a los legisladores imponer a Anguiano Moreno una sanción de 14 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y una multa de 707 millones 66 mil pesos, equivalentes al daño al erario del que se le responsabiliza directamente.

Y qué decir del priísta Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas. En sus últimos días como gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes quería salir por la puerta grande, ser recordado y llamar la atención a nivel nacional para catapultarse en cargos públicos en el gobierno federal; dijo públicamente que había entregado buenas cuentas a su partido por mantener la gubernatura para el PRI. El ex mandatario llamaba la atención con eventos e inauguraciones de obras públicas, algunas sin concluir; quería que las placas se colocaran con su nombre antes del 12 de septiembre. En cada suceso la Banda Sinfónica tocaba Las Golondrinas. Un dato que llamaba la atención era que Alejandro Tello se desmarcó de Alonso durante su campaña, sin embargo, acudía a sus eventos públicos. En mayo de 2016, un grupo de legisladores de oposición ya había presentado una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, pero ésta se congeló por presentarse durante plena campaña electoral.  El 3 octubre la administración de Alejandro Tello reveló que la administración alonsista había heredado una deuda pública superior a los siete mil 700 millones de pesos, además de las observaciones de diferentes órganos fiscalizadores, que encontraron anomalías por cinco mil 994 millones de pesos. Desde septiembre de 2016,  Alonso Reyes no se dejó ver en Zacatecas ni en sus redes sociales, hasta finales de noviembre, cuando fue nombrado director general de Fonatur. El 6 de diciembre se interpuso otra denuncia penal contra el ex gobernador  en la PGR por los probables delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  El 19 de diciembre de 2016 se sumó una tercera denuncia, también ante PGR. Soledad Luévano, ex candidata de Morena al ayuntamiento de Zacatecas, presentó la querella por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Asegura que hubo un desvío superior a los mil millones de pesos del erario para promoción personal, a través de dos contratos a dos empresas, por 13 millones 800 mil pesos, para la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales y para el envío de mensajes de texto.

¡Y aún hay más!

El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, no tiene, por lo pronto, ninguna aureola legal que lo proteja, luego que un juzgado federal le negó el amparo que promovió contra una orden de aprehensión. El argumento del juez fue sencillo: negó el amparo porque no existe ninguna orden de captura y no puede amparar cuando todavía no se presenta una presunta violación. Lo mismo para los más de 20 ex funcionarios que buscaron ampararse ante una posible aprehensión. Antes de terminar su gestión declaró que su administración cerraría con una deuda de 5 mil millones de pesos, un “pasivo controlado”. Sin embargo, la administración entrante informó que la deuda superaba los 15 mil millones de pesos. El recurso de protección federal se dio también días después de que el actual gobierno de Durango detuvo a la ex subsecretaria de Egresos, Leonor Gutiérrez Flores, por presuntamente ocultar información y ejercicio indebido de la función. Además, la administración entrante se encontró con que la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes por más de cuatro mil millones de pesos, observaciones que no solventó el gobierno de Jorge Herrera en 8 meses de este año.

Son demasiados casos de corrupción y actos de corrupción para un solo país. La corrupción de los gobernadores ha alcanzado proporciones desmesuradas, en una época donde este tipo de comportamiento es más visible y menos tolerado por la opinión pública, por lo que debe ser prioritaria no sólo la investigación, sino que los resultados tengan consecuencias penales y administrativas. La conjunción de dos procesos hicieron que el año 2016 fuera negro para ex mandatarios estatales. Por un lado, en lo que va de este primer siglo del primer milenio, los gobernadores se han empoderado luego de que se perdió el control autoritario que ejercía el Presidente en turno. Anteriormente, desde la Presidencia se ejercía el control político, de estabilidad; servía como un freno a los despropósitos, abusos o las desmesuras de algunos gobernadores. El segundo proceso, tiene que ver con la presión ciudadana y la construcción institucional de sistemas anticorrupción y de transparencia.

Con el fin del presidencialismo en México, se cortó el control centralista y autoritario, pero nunca se completó el proceso de generar un control democrático, aunado a que las legislaturas estatales son quienes les quedan a deber a la ciudadanía, porque cualquier presupuesto que pasó un gobernador, cualquier endeudamiento, cualquier cuenta pública o cualquier ley, pasó por las legislaturas y no han funcionado ni para amarrarles las manos ni para llamarlos a cuentas. El desafío verdadero para combatir la corrupción es estructural, porque detrás de los gobernadores hubo secretarios, funcionarios, empresarios, es decir no sólo fueron una manzana podrida, sino redes de corrupción que operaron para desviar recursos y sustraer del dinero de todos para su propio beneficio.

Como se asentó arriba, lo abominable es que en la mayoría de los casos, cuando un gobernador está llevando a cabo un saqueo desenfrenado de los recursos públicos, en muchas ocasiones ello se sabe desde los primeros meses en los cuales el corrupto gobernador empieza según él a gobernar y a saquear las arcas públicas, y no se hace absolutamente nada. ¿Y por qué no se hace o no se puede hacer absolutamente nada, y es necesario esperar a que haya una alternancia para que los otrora denunciantes y opositores puedan ejercer acción penal en contra de los príncipes de la corrupción? Por una razón muy sencilla. Los delitos cometidos son delitos del fuero común que tienen que ser denunciados ante la procuraduría general de justicia de cada estado. ¡Y al procurador general de justicia lo designa el mismo gobernador! Obviamente, en ningún caso ningún procurador de justicia va a investigar ni va a procesar penalmente ante un juez al mismo gobernador que lo puso en tal cargo y que en cualquier momento lo puede remover del mismo. Aunque se interpongan por escrito ante la procuraduría denuncias penales por delitos tales como tráfico de influencias, desvío de recursos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, soborno y cohecho, y aunque se presenten pruebas documentales de tales delitos, esas denuncias serán simplemente archivadas y no irán a ninguna parte, y no solo no se investigará absolutamente nada ni se recabarán pruebas y evidencias, ni siquiera se verificará si las pruebas presentadas con cada denuncia son legítimas o carecen de sustento legal. A cada denuncia en contra del gobernador simplemente se le mantendrá en la “congeladora” para finalmente darle“carpetazo” sin tocar al gobernador ni siquiera con el pétalo de una rosa. Esta es la razón por la cual todos los gobernadores de cada estado en México, y no hay ninguna excepción a la regla, pueden empezar a saquear las arcas públicas a partir del primer día en el que empiezan a gobernar.

La razón por la cual los gobernadores, príncipes de la corrupción en México, pueden saquear con toda impunidad y no se les puede denunciar por nada, es porque ellos mismos designan y remueven a los procuradores y de este modo controlan directamente todo el aparato de procuración de justicia de cada estado. Y esto dá la clave para poner un correctivo final y decisivo al problema y así acabar de una vez por todas y para siempre con la corrupción de los gobernadores en México. El remedio consiste simplemente en quitarles de sus manos a los gobernadores el control para que los procuradores nombrados por ellos y las procuradurías tomen control y conocimiento de cualquier tipo de denuncia por ciertos delitos (no todos) tales como tráfico de influencias, desvío de recursos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, soborno y cohecho, entregándose el control y las investigaciones de tales delitos a una super-procuraduría de carácter no estatal sino federal habilitada para darle cauce a este tipo de denuncias (la Procuraduría General de la República podría hacerlo si se llevan a cabo las reformas constitucionales dándole el marco legal y jurídico para que pueda tener tales atribuciones), con un poder superior al poder del gobernador en cada estado a grado tal de dejarlo maniatado y sin ganas para empezar a saquear a lo grande los recursos del estado para su propio beneficio. Quitarles el control de ciertos delitos del fuero común convirtiendo tales delitos en delitos federales por tratarse de delitos en los cuales hay un conflicto de interés que solo puede ser removido de esta manera. Simple y sencillamente, un gobernador denunciado por un acto de corrupción no puede ni debe tener en sus manos jamás el control de la carpeta de investigación de las cosas por las cuales es denunciado. Los partidos políticos de México ya demostraron con creces que son completamente inútiles para postular a cargos de elección popular a lo más honesto y probo que se pueda encontrar en cada estado, por el contrario parece que solo buscan a lo peor que pueda haber. A menos de que se lleve a cabo ésto, a menos de que se les quite de sus manos el control de las denuncias en contra suya por desfalco a las arcas públicas, los saqueos desaforados de los recursos del pueblo en cada estado continuarán, con otros nuevos príncipes de la corrupción siguiendo ejemplos tales como el ejemplo de Javier Duarte de Veracruz, a sabiendas de que a menos de que haya una alternancia política ordenada por los electores en las urnas, no pasará nada y el saqueo quedará impune.

Trump on immigration: his first broken promise

Exactly two weeks from today, Donald Trump will be sworn in as president of the United States of America.

It has been more than a year since Donald Trump during his presidential campaign promised to deport ALL illegal immigrants, not just some of them, but all, every single one of them. No amnesty for anybody, no special considerations, nothing, zilch. It was one of his most solid and persistent promises, based on the premise that if the 11 million or so undocumented immigrants now in the USA are thrown out just as promised, there will be millions of jobs available to US citizens, those jobs currently in the hands of those unwanted illegal aliens. That was his promise.

But after being elected, Trump lowered the target number considerably. He no longer talks of deporting 11 millions or so undocumented aliens. He now talks about deporting two, possibly up to three, million undocumented aliens. This has been taken by many as a very significant softening in his harsh rhetoric and as a slap in the face to many of those who voted for him believing in his most radical promise.

If we take him at his word (something extremely hard to do in the case of a man who is wholly unpredictable), there is a major flaw in the target number he is now giving. It lies in the fact that president Obama has deported 2.5 million undocumented aliens between 2009 and 2015, which is precisely the average amount of those that president elect Trump now promises to deport. Indeed, Barack Obama has deported more aliens than any other president in the history of the USA. Indeed, president Barack Obama has often been referred to by immigration groups as the “Deporter in Chief”. So, considering the numbers, what exactly is the difference between what Trump is promising now and what president Obama has already done?

Donald Trump stated during his campaign that he would deport every single undocumented alien now living in the USA regardless of his contributions to the USA, which may include people such as Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron and Mario Molina if they are not in the USA legally. But now, for the time being, he is restricting his view of those who will be deported to only those who have previously committed a crime. But the cold truth is that this criteria is not new, it is no different from the current criteria being applied by president Obama himself. Last year, in 2015, 95 per cent of all deportees were previously convicted of a crime. So what exactly is the difference between what Trump has stated he will do and what is already being done by the now fading administration? The new Trump deportation plan appears to be nothing more than a “Copy and Paste” version of the Obama policies now in motion, a “me too” course of action. Indeed, judging from the numbers and the criteria to be used, the Trump plan to be implemented regarding illegal immigration and the criteria to be used for those who will be deported now seems to be no different from the current policies and criteria used by Barack Obama. So why vote for Donald Trump, if the things offered by him are no different from what the Democrats are already doing?

It all comes down to this: did Trump say all those things he said as candidate just to get elected?

Regardless of what he does, one thing Trump has already achieved even before he takes office is to polarize the US society in such a manner that the damage will be long lasting, spilling hatred all over and emboldening far right groups who are more than encouraged by his pick of Chief of Staff. By his own example, Trump has shown that anyone who as candidate gets the support of xenophobes and racists by using a xenophobic and racist language can aspire to become president of the USA, and this message will keep on being used by those who promote deep racial bigotry and hatred, a message completely different from the legacy of Abraham Lincoln, the founder of the Republican party. And if he now limits himself by lowering down considerably the number of those he plans to deport, from 11 million to 2 million, deporting only those with criminal records and retaining all others inside the USA under a virtual quasi-amnesty (which, by the way, is the current status quo), it is likely he will attract the anger of hundreds of thousands of those who voted for him and who will feel betrayed by the same tycoon who told people what they wanted to hear just to get elected. But, hey! We are talking about Donald Trump! Did those who voted for Trump really expect more from him?

And, by the way, not all of the 11 million or so undocumented aliens are Mexicans. It has been estimated that, out of those 11 million or so, Mexicans only made up about 52 per cent of all unauthorized immigrants in 2014, and even that number has been steadily dwindling. The rest are from other parts of the world, and the Mexican government is in no disposition as it used to be in the past of simply letting the US Border Patrol and US Immigration dump those aliens into Mexico as the US federal government used to do in the past, from now on they will all have to be flown to whatever countries they came from, and in the case of Irish, Pakistani, Hindu and Colombians, just to name a few, that deportation of millions of illegal aliens in commercial flights may end up costing the US taxpayers more than the current unpayable US National Debt. Perhaps this is the reason why Trump has switched gears and is reneging on making good on one of his most important promises. Perhaps Barack Obama had it right all along.

Bellezas morenas, diosas de ébano

El racismo es una de las mayores razones para no irse a vivir a los Estados Unidos en una época en la que el odio hacia personas de diferente color ha sido revivido y sacado a la luz por el magnate Republicano Donald Trump, racista y xenófobo hasta la médula, heredero de las tradiciones de supremacía blanca que se asentaron en Estados Unidos en cuanto se comenzó a practicar el esclavismo, y aún después del fin de la Guerra Civil y la emancipación de los esclavos negros siguió vivo ya sea a través de sociedades supremacistas clandestinas como el Ku Klux Klan y en forma abierta a través incluso de leyes públicas en los estados sureños que tardaron décadas en ser derogadas.

Se pueden presentar varios argumentos en contra del racismo, pero aquí presentaré el mejor argumento de todos, a favor de las morenas, varias de las cuales se necesitaría estar loco o idiota como Donald Trump y sus miles de seguidores para despreciarlas y no sentirse atraído por ellas. Las afroamericanas pueden ser muy bellas, a la par con las anglosajonas, y si alguien no lo cree deberá de dar un repaso a las chicas hermosas de piel morena que engalanan esta entrada.

Halle Berry, modelo y actriz norteamericana

Christina Milian, cantante

Meagan Tandy, modelo y actriz

Marki Bey, actriz

Rihanna, cantante y actriz

Jasmine Tookes, modelo

Kerry Washington, modelo

Uganawi Omana, modelo

Vanessa Williams, actriz, modelo y cantante

Eugena Washington, modelo Playmate de Playboy

Beyonce, cantante

Duheemi Nairo, modelo

Ida Ljungqvist, modelo Playmate de Playboy

Naomi Campbell, modelo

Kya Drayton, modelo Playmate de Playboy

Dainah Undesa, modelo

Khoudia Diop

Stephanie Adams, modelo Playmate de Playboy

Leila Lopes, Miss Universo 2011

Azizi Johari, modelo Playmate de Playboy

Tomiko Fraser Hines, modelo

Reneé Tenison, modelo Playmate de Playboy y actriz

Grace Sarfo, modelo

Gabrielle Union, cantante y modelo

Kenia Martinez, Srita. Honduras 2010

Melanie Uhra

Alicia Keys, cantante, actriz y compositora

Oluchi Onweagba, modelo

Aleesha, modelo juvenil

Selita Ebanks, modelo y actriz

Jayne Kennedy, conductora, modelo, actriz, productora y escritora

Tessa Thompson, actriz estadounidense

Makaika Firth, modelo

Creo que después de haber presentado esta colección de bellezas morenas, habrá racistas que se arrepentirán de haber sido racistas, y habrá racistas que tal vez dejarán de serlo. Excepto quizá tipos como Donald Trump, porque esa clase de tipos no tienen remedio.

Boicot mexicano contra la empresa Ford

En lo que es considerado como una bofetada en la cara a los habitantes del estado de San Luis Potosí, con una gran sonrisa en su boca el Jefe Ejecutivo de la empresa fabricante de automóviles Ford, Mark Fields:

anunció de golpe y porrazo en la mañana del 4 de enero de 2017 que la empresa Ford cancelaba para siempre la construcción de una planta de mil 600 millones de dólares que tenía planeada construír y abrir en México en el estado de San Luis Potosí, con la obvia intención de agradar al hombre que en pocos días más será el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque para disimular un poco la empresa Ford en vez de reconocer que la intención de la empresa Ford era agradar a Donald Trump prefirió decir que se trataba de un simple cambio de planes.

El mismo Donald Trump se atribuyó el logro de haber convencido a los ejecutivos de Ford sobre la cancelación de la construcción de la planta ensambladora que estaba planificada para San Luis Potosí, y escribió en un “tuit” el 4 de enero de 2017: “Gracias Ford por el desmantelamiento de una nueva planta en México y por la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos. Esto es solo el principio de lo mucho que está por venir”:

Visiblemente consternado, humillado incluso, el gobernador Juan Manuel Carreras López en lo que parece haber sido una tímida y tibia respuesta a la bofetada propinada a los potosinos que se habían hecho ilusiones y esperanzas de contar con esa nueva fuente de empleos, se limito a decir simplemente que la empresa Ford tendría que pagarle gastos a San Luis Potosí por el proyecto cancelado. En realidad, este reclamo que más bien parece un lamento no tiene peso alguno, considerando que al menos en el terreno en donde se construiría la planta hoy inexistente no había infraestructura alguna de consideración, y lo que Ford tendría que reembolsarle al estado de San Luis Potosí serían cacahuates para una empresa como la Ford.

La respuesta del gobierno federal también fué tímida, y de hecho parecía ser una exculpante de la empresa Ford. La Secretaría de Economía emitió por la tarde del martes 2 de enero un comunicado de prensa donde precisó su postura ante la decisión de Ford diciendo: “El gobierno de México lamenta la decisión de Ford Motor Company de la cancelación del proyecto de inversión en San Luis Potosí y ha asegurado la reposición por parte de la compañía de cualquier erogación realizada por el gobierno estatal para la facilitación de esta inversión. El crecimiento de Ford Motor Company en América del Norte, y particularmente en México, ha respondido a una estrategia de competitividad basada en cadenas globales de valor, en donde Norteamérica compite con otras regiones del mundo. Los empleos generados en México han contribuido a mantener empleos manufactureros en Estados Unidos, que de otra forma hubieran desaparecido ante la competencia asiática”.

Esto es todo lo que queda hoy de la burla todavía sin castigo hecha por Ford para entusiasmar primero y dejar colgados después a los potosinos, un terreno completamente vacío de 280 hectáreas ideal para pasar de vez en cuando un día de campo aunque no haya ni siquiera una laguna o un árbol en el terreno vacío, mientras Donald Trump y los altos ejecutivos de la Ford festejan alegres brindando con bromas y carcajadas el desplante hecho a todo el estado de San Luis Potosí:

La noticia de la cancelación de la construcción de la planta de Ford en México cimbró al peso y produjo una nueva devaluación del mismo, mientras que las acciones de Ford subieron 2.5 por ciento, a 12.44 dólares tras el anuncio de la cancelación de la planta Ford en México.

Con el dinero “ahorrado” por la Ford con la cancelación de la fábrica que iba a ser construída en San Luis Potosí, Ford hará una inversión en Michigan que dará empleo a 700 trabajadores, dando “un voto de confianza al entorno pro negocios promovido por Trump”, agregando Mark Fields: “Nos alientan las políticas procrecimiento que han indicado que impulsarán el presidente electo Trump y el nuevo congreso. También creemos que las reformas tributarias y reguladoras son sumamente importantes para fomentar la competitividad estadounidense y, por supuesto, impulsar un resurgimiento de la manufactura e innovación de alta tecnología estadounidense”. La fábrica Ford en México le iba a dar empleo a 2,800 trabajadores, lo que significa que por lo mismo que le cuesta a la Ford contratar a un trabajador norteamericano, puede contratar cuatro mexicanos, y esta disparidad solo puede significar una cosa: un trabajador mexicano para la empresa Ford gana mucho menos que un trabajador norteamericano de la misma empresa, o lo que es lo mismo, Ford ha venido a México para usar la mano de obra mexicana casi como mano de obra esclava, algo que siempre se ha sabido. Estas empresas norteamericanas como Ford no abren fábricas en México solo porque los mexicanos les caen bien.

La burla no solo fue para los potosinos. También fue una burla a un cada vez más minimizado y erosionado Presidente Enrique Peña Nieto. La siguiente fotografía tomada el 17 de abril de 2015 muestra al presidente de Ford Motor Company para América, Joseph Hinrichs (izquierda) escuchando al Presidente mexicano durante una conferencia de prensa en Los Pinos, en la Ciudad de México cuando se le extendió la alfombra roja al ejecutivo de Ford alabando a la empresa por su confianza en México:

En esa conferencia de prensa el Presidente Peña Nieto aprovechó para presumir que el anuncio de esta inversión era una prueba más de la enorme confianza de los inversionistas extranjeros en México gracias a las reformas impulsadas por su gobierno, algo de lo cual en estos días Peña Nieto ya no tiene absolutamente nada de qué presumir al desinflarse una por una las promesas de los beneficios que traerían sus reformas a los mexicanos.

La humillación hecha por Ford y en especial por el sonriente Mark Fields a los mexicanos pasó por alto el hecho de que la empresa Ford no solo vende sus vehículos en Estados Unidos y Canadá, también vende muchos de sus vehículos en México. De hecho, una buena parte de los vehículos Ford que iban a ser fabricados en San Luis Potosí iban a ser vendidos por Ford en México bajo los auspicios de un Tratado de Libre Comercio que una cantidad creciente de mexicanos no cree que le haya traído beneficio alguno a México.

Envalentonado por su triunfo con la Ford, Trump no tardó en repetir la misma amenza contra México haciendo alusión a General Motors. Su intención obvia es que todas las plantas de manufactura norteamericanas de automóviles regresen a Estados Unidos, pero que de cualquier manera los mexicanos sigan comprando a precios inflados carros y trocas fabricados al cien por ciento en los Estados Unidos. Todo para Estados Unidos, nada para México.

Como respuesta a la humillación y golpe de Ford a México, se está gestando un movimiento en las redes sociales que, si genera suficientes apoyos y simpatías, podría enviar a la ruina a la franquicia de Ford en México, obligando quizá a largo plazo a Ford México a declararse en quiebra y terminar cerrando todas sus operaciones. Entre los anuncios que están circulando en forma explosiva en las redes sociales están unos que dicen: “La compañía FORD decidió darle la espalda a México, es momento de que los mexicanos le den la espalda a su ompañía. NO COMPRES PRODUCTOS FORD”.

Las ventas de Ford en México no son una cosa pequeña. Si por el desaire y la burla y la humillación hecha a los consumidores mexicanos, las ventas de Ford en México se van a pique, la empresa está en riesgo de terminar perdiendo mucho más de lo que México perdió con la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí. Ford está por cumplir 91 años en México, y si se pone en marcha el boicot para llevar a la Ford a la quiebra, esto puede ser más que suficiente para quitarle al ejecutivo CEO Mark Fields la sonrisa de su cara y causarle profunda preocupación a todos los accionistas de la Ford. En cuestión de semanas si no de días, dependiendo de cómo se desarrolle el boicot, las acciones de Ford en la Bolsa de Valores pueden empezar a registrar pérdidas que seguramente le llegarán a los oídos de Donald Trump.

Alarmados por el boicot que se está gestando en las redes sociales de México en contra de todos los automóviles y vehículos fabricados por Ford, parece que algunos ejecutivos de Ford están respondiendo anónimamente en las mismas redes sociales afirmando que si se materializa el boicot y la franquicia de Ford en México se va a la quiebra (el objetivo final del boicot), ésto afectaría a miles de trabajadores en México cuyas familias dependen del sueldo que ganan en esa compañía. Pero lo que no mencionan esos ejecutivos anónimos de la Ford es que, por lo pronto, la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí ya les costó sus trabajos a los 2 mil 800 trabajadores que iban a laborar en dicha planta. Como tampoco quieren recordar que Donald Trump ya advirtió que “Esto es solo el principio de lo mucho que está por venir”. Si el plan a largo plazo de Donald Trump es que Ford cierre todas sus plantas de manufactura en México, echando a la calle a miles de trabajadores en México cuyas familias dependen del sueldo que ganan en las fábricas de Ford, llevándose dichas fábricas a los Estados Unidos con la intención de que todos los vehículos Ford que sean comprados por los mexicanos sean fabricados en Estados Unidos, de cualquier modo esos empleos en México que proporciona la Ford se pueden considerar perdidos. Dando por hecho de que la intención final es esa, construír todos los vehículos Ford a ser vendidos en México en plantas de manufactura norteamericanas que le den empleo no a miles de trabajadores mexicanos (a los cuales Trump detesta) sino a miles de trabajadores norteamericanos, entonces la alternativa del boicot en contra de todos los automóviles Ford que la empresa trate de vender en México resulta una alternativa mucho más digna en virtud de que, al ir la franquicia de Ford en México a la quiebra, no habrá motivación alguna para fabricar en Estados Unidos vehículos para ser exportados a México que de cualquier manera los mexicanos ya no quieren comprar. En pocas palabras, se perderán empleos en México de cualquier manera, pero con el boicot tampoco se generarán en los Estados Unidos empleos nuevos a costa de los empleos que se perdieron en México, lo cual a su vez puede impedir que Trump cumpla su promesa de crear empleos en Estados Unidos a expensas de los empleos que pierdan los mexicanos.

El boicot mexicano en contra de Ford puede funcionar y puede tener éxito en virtud de que el consumidor mexicano es quien tiene la última palabra al momento de decidir qué marca de vehículo quiere comprar. Ni el gobierno de México ni el gobierno de Estados Unidos (Donald Trump) pueden obligar a ningún mexicano a comprar un vehículo de una empresa a la que miran con recelo e incluso con odio.

Muchos potosinos hubieran preferido que su gobernador Juan Manuel Carreras, en vez de perder el tiempo exigiendo a la empresa Ford el reembolso de unas cuantas bicocas por la cancelación de una planta que aún no había sido construída, se hubiera fajado los pantalones convocando a todos los potosinos y a todos los mexicanos a boicotear a Ford comprando en lugar de vehículos Ford los automóviles fabricados en México por empresas niponas como la Nissan. Pero pese a que dice representar los intereses de los potosinos, Juan Manuel Carreras no hizo tal cosa ni la va a hacer nunca. Y el demeritado Presidente Peña Nieto menos se atreverá a hacer cualquier cosa que pueda ofender a Donald Trump, lo cual es obvio al haber nombrado como Secretario de Relaciones Exteriores a un hombre tan desprestigiado como Luis Videgaray sólo para agradar y complacer a Donald Trump. Una respuesta dura que sea escuchada tanto por la Ford como por el gobierno norteamericano, especialmente por Donald Trump, no vendrá ni de un gobernador pusilánime y tímido como Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, ni del Presidente Enrique Peña Nieto, ni del Congreso de la Unión. Solo puede venir del consumidor mexicano y del apoyo que reciba en México la propuesta del boicot total en contra de todos los productos fabricados por Ford. Cuando el General Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera enfrentándose también a poderosos intereses de las transnacionales, para pagar los costos de la expropiación sumó las contribuciones de todos los mexicanos que dieron todo tipo de aportaciones para saldar la deuda ocasionada por la expropiación petrolera. Enrique Peña Nieto no es ningún Lázaro Cárdenas y nunca lo será ni siquiera en sueños, ese saco le queda demasiado grande. Pero el pueblo de México se puede volver a unir codo con codo para empezar a dar una respuesta a una agresión comercial que ya ha sido declarada de antemano por el hombre que va a ser el próximo presidente de la Unión Americano. Si el pueblo de México no se une para mostrar su voluntad soberana en este asunto vital, nadie más lo hará, y será apabullado por el hombre que promete ser el peor presidente en toda la historia del país vecino. Lo que se requiere hacer ahora es bien sencillo y no implica ningún sacrificio de índole económica: consiste simplemente en dejar de comprar todos los productos fabricados por Ford sin importar el país de origen de los mismos, y comprar en su lugar vehículos de otras empresas como los de la alemana Volkswagen o la japonesa Nissan, que resultan ser de mejor calidad que los productos fabricados y vendidos por la Ford. Y llevar a Ford México a la quiebra

Ante una amenza directa de Donald Trump en contra de Toyota si no mueve toda su producción de automóviles fuera de México llevándosela a Estados Unidos, diciendo en su cuenta personal de la plataforma Twitter “Toyota Motor dice que construirá una nueva planta en Baja, México, para fabricar autos modelo Corolla que se venden en Estados Unidos. De ninguna manera, construyan la planta en Estados Unidos o pagarán más aranceles” (se equivocó aquí Donald Trump demostrando su inmensa ignorancia y su estupidez, la planta de Toyota va a ser construída en Guanajuato en Apaseo El Grande), la empresa Toyota respondió que no piensa cancelar sus inversiones en México, recordándole al ignorante de Trump que “Toyota ha sido parte de la cultura de manufactura de la región de Norteamérica por los últimos 60 años. Los volúmenes de producción y de empleo de la región no se verán afectados como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, anunciada en abril de 2015”, y que por lo tanto no se perderá ningún empleo en Estados Unidos por la construcción de la planta de Toyota en Guanajuato. Faltó mencionar que una buena parte de los automóviles a ser fabricados por Toyota en Guanajuato van a ser carros fabricados para ser vendidos en México, por lo que debe inferirse que Trump quiere obligar no solo a todas las compañías nortamericanas instaladas en México sino también a todas las demás compañías fabricantes de carros de otras partes del mundo hoy instaladas en México a que trasladen sus operaciones a Estados Unidos para que el comprador mexicano de carros Toyota compre a precios inflados dichos carros por haber sido fabricados no en México sino en Estados Unidos. Esa es la manera en la que el presidente más hostil hacia México que ha tenido la  Unión Americana quiere que se lleven a cabo las transacciones comerciales entre Estados Unidos y México, ese es el tipo de tratados de comercio que quiere firmar con Enrique Peña Nieto. Lo importante en todo caso es que la empresa Toyota está demostrando con hechos que no piensa llevar a cabo el mismo enorme desaire e insulto que la empresa Ford cometió en contra de México y los mexicanos pese a que desde el martes 23 de junio de 1925 (hace más de 90 años). Ford ha contado con la lealtad y el apoyo de su clientela mexicana que le ayudó a entrar en el mercado latinoamericano. Si Toyota está dispuesta a jugársela con México y los mexicanos, ¿qué mexicano que verdaderamente ame a México quiere continuar patrocinando a Ford comprándole un vehículo automotriz cuando puede comprarle un vehículo equivalente a Toyota a menor precio y con mucha mejor calidad de diseño y funcionamiento?

Para emprender un boicot generalizado en contra de la empresa Ford en donde más le puede doler, en sus libros de contabilidad, en su reporte de ventas, en su estado anual de pérdidas y ganancias, no es necesario pedirle ningún permiso al Presidente Enrique Peña Nieto, ya que Peña Nieto no tiene el poder para obligar a los consumidores mexicanos a comprar algo que no quieren comprar, y en estos momentos ni siquiera tiene ya calidad moral para pedirle nada a los mexicanos que le confiaron su voto en las elecciones de 2012. Tampoco es necesario pedirle permiso a Luis Videgaray, como tampoco es necesario pedirle permiso ni al PRI ni al PAN ni a ningún partido político, y mucho menos a Donald Trump, porque en un boicot generalizado de esta índole el comprador mexicano es el que tiene la última palabra y no los miembros de la muy desprestigiada clase política de México. Ya en 1956 el líder social César Chávez demostró con el boicot a la compra de uvas en California que se puede doblegar y poner de rodillas hasta a los más soberbios sensibilizándolos y pegándoles en donde más les duele, en sus ganancias, convirtiéndoles sus ganancias en pérdidas. Un boicot bien llevado a cabo puede quebrar a quien no entiende ninguna otra razón y se rehusa a escuchar fingiéndose el sordo.

A Ford no le importa haber ofendido a los potosinos, no le importa haber ofendido a los mexicanos. Tampoco está dispuesta la empresa a ofrecer disculpa alguna a ningún mexicano. Nada de eso le duele, nada de eso le importa. Lo que sí le puede importar, lo que sí le puede doler hasta la médula del  hueso y hasta el alma es que sus ventas en México se puedan desplomar a cero y que su red de concesionarios se vayan declarando en quiebra uno tras otro. Y más les puede preocupar a los ejecutivos de la Ford que otros países en América Latina sigan el ejemplo de México hasta que la empresa termine tronando en grande. Antes de que tal cosa ocurra Ford es capaz de gastar millonadas en televisión en una propaganda de relaciones públicas y en los demás medios de difusión masiva para tratar de convencer al mexicano ordinario que si Ford México se va a la quiebra, miles de mexicanos que hoy trabajan para la Ford perderán sus trabajos. Pero aún sin boicot la empresa ya despidió de antemano sin ningún remordimiento ni pena a los 2,800 trabajadores que iban a trabajar para la planta en San Luis Potosí, y esto es tan solo un avance de lo que va a seguir sucediendo al tratar de agradar la empresa Ford en todo lo que sea posible al Presidente Donald Trump. Ford puede tratar de reclutar los servicios del Presidente Enrique Peña Nieto para hablar en contra del boicot, aprovechando el hecho de que Enrique Peña Nieto también parece dispuesto a agradar en todo lo que sea posible a Donald Trump al haber nombrado como Secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray, pero tras el estrepitoso fracaso de su muy autoalabada Reforma Energética y el megagasolinazo con el cual se hundió la economía de México a partir del primero de enero de 2017, Peña Nieto está ya muy demeritado con una pérdida total de credibilidad.

A mí en lo particular me da pena por la empresa concesionaria Ford Alden Juarez, que fue precedida en Ciudad Juárez por la empresa Bush Ford Juárez fundada por el notable Don Pablo Bush Romero, concesionarias juarenses de larga trayectoria y tradición. Pero desafortunadamente, esta concesionaria es hoy representante de una empresa cuyo sonriente ejecutivo máximo se ha hecho cómplice de una embestida que va no solo en contra de los habitantes de San Luis Potosí sino en contra de todos los mexicanos en todo México, propinando a los potosinos y a todos los mexicanos una ofensa que aún permanece sin castigo. No es posible continuar dándole apoyo económico con dinero mexicano del pueblo mexicano a la nueva Ford que acaba de dar a conocer a México su más horrible y despiadado rostro.

El consumidor mexicano aún no sabe ni se ha dado cuenta de que, con su poder de compra y su poder de decisión, tiene en sus manos el poder para cimbrar a una empresa como Ford, y con ello cimbrar incluso al hombre que será el próximo presidente de Estados Unidos. Solo es cosa de que los mexicanos se unan y decidan usar dicho poder, y para esto no tienen que andarle pidiendo permiso ni al gobierno de México ni a nadie.

Ultimadamente, en el boicot mexicano en contra de la empresa Ford al que está siendo convocada toda la ciudadanía mexicana y todos aquellos que están verdaderamente orgullosos de ser mexicanos, el verdadero destinatario del boicot en contra de la empresa Ford es Donald Trump para quien el mexicano ordinario es un despreciable parásito social que no merece nada y con el cual es mejor romper relaciones y construírle un muro para que el apestado no pueda ni siquiera asomarse a territorio norteamericano. Con el boicot al que se está convocando en contra de la Ford a través de todas las redes sociales, los mexicanos como ciudadanos tienen una oportunidad única, quizá por primera vez en su historia, de poder actuar y hacer a un lado a los malos gobernantes y políticos que se dicen representar a México, y de propinarle directamente hasta la Casa Blanca un mensaje doloroso a su nuevo ocupante que hará que por lo menos la empresa Ford y sus directivos como Mark Fields pierdan la sonrisa y se arrepientan de haber humillado a México como lo acaban de hacer. En efecto, podemos estar ante un enfrentamiento directo no entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto que ya sabemos de antemano que no ocurrirá jamás, sino entre el pueblo de México y Donald Trump. Le corresponde a cada mexicano darle la victoria a México en esta lucha que sin duda alguna será una lucha sin cuartel y que apenas empieza.

Post Data: El jueves 26 de enero de 2017 la empresa Ford Motor Company, segunda mayor automotriz de Estados Unidos, reportó una pérdida de 783 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2016 tras su decisión de abandonar el proyecto de una planta en México. Esto incluye un cargo de 200 millones de dólares por gastos relacionados con la cancelación de la construcción de la planta en San Luis Potosí por mil 600 millones de dólares. Sumado a esto está el hecho de que la misma empresa ratificó previsiones de una baja de sus ganancias en 2017. ¡Y éstas previsiones no toman en cuenta los posibles efectos que el boicot nacional en contra de la Ford en México, que está empezando a recibir apoyo inclusive dentro de la misma Unión Americana, puedan tener en las ganancias esperadas de Ford para 2017! Pero lo más relevante de la noticia sobre las multimillonarias pérdidas financieras de Ford es el hecho de que Donald Trump no le repondrá a la Ford Motor Company ni siquiera un solo centavo de sus pérdidas. ya sea con dinero salido de las arcas públicas del tesoro estadounidense o con dinero salido del propio bolsillo del magnate Trump. Esto refrenda el viejo dicho "Mal paga el Diablo a quien bien le sirve". Y ciertamente si Ford se va a la ruina quienes terminarán perdiendo y mucho serán los trabajadores norteamericanos que laboran para la Ford sobre todo en su área de productos de exportación, porque se quedarán sin empleos que no se podrán reponer a menos de que Trump como Presidente promueva un gigantesco y costoso rescate financiero como ocurrió con la empresa Chrysler en 1979. Falta ver el efecto cumulativo que pueda tener el boicot mexicano a largo plazo en contra de la empresa Ford, y si hay una verdadera unión entre todos los mexicanos para rechazarle a Ford la oferta de cualquiera de sus productos entonces el balance contable de Ford para 2017 podría ser aún peor que el balance contable que registró para el 2016. Se dá por descontado que si Ford se va a la quiebra acumulando pérdida tras pérdida, Donald Trump no aportará ni un solo centavo de su propio bolsillo para ayudar a rescatar a dicha empresa que tan bien se prestó a sus planes mediáticos de proteccionismo y antagonismo en contra del pueblo de México.

En los primeros dos meses de 2017 ya se empezaban a vislumbrar los efectos del llamado nacional a un boicot total en contra de la empresa Ford en México. De acuerdo a un reporte publicado por la Agencia Reforma el viernes 3 de marzo de 2017, citando datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), al dar a conocer que en febrero de 2017 se vendieron en el país un total de 117 mil 976 autos nuevos representando con ello un incremento de 6.5 por ciento con relación al mismo mes de 2016, las ventas de Ford Motor tuvieron una caída de 3.8 por ciento, el peor desempeño de todas las armadoras en México para ese período de tiempo, mientras que otras marcas como FCA con 17 mil 671 unidades comercializadas en el primer bimestre representando un incremento de 11.9 por ciento anual; Hyundai con 6 mil 564 vendidas representando una variación positiva del 37.6 por ciento; y Toyota con 16 mil 186 unidades vendidas representando un crecimiento de 10.2 por ciento, mostraban una mejoría apreciable seguramente lograda a expensas de los vehículos que muchos mexicanos empezaron a dejar de comprarle a la increíblemente soberbia Ford. La mayor novedad en las estadísticas lo fue la coreana Kia, que hasta febrero había vendido 12 mil 198 vehículos ligeros representando un incremento del 95 por ciento con relación a las ventas registradas en el primer bimestre de 2016. Esta noticia representa un duro descalabro para Ford cuando apenas habían corrido los dos primeros meses de 2017, reflejando el repudio de muchos mexicanos hacia la actitud hostil de Ford y su director ejecutivo Mark Fields al ningunear y menospreciar a México.

Alarmados por lo que está sucediendo, funcionarios de Ford Motor Company en Estados Unidos gestionaron y obtuvieron dentro de una apretada agenda de la más alta prioridad una reunión en persona llevada a cabo el viernes 3 de marzo de 2017 en Detroit, la sede de la industria automotriz norteamericana, entre el presidente de Ford para las Américas, Joe Hinrichs, y el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo, el máximo negociador mexicano para las renegociaciones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se ignora lo que ambos hayan discutido en privado, pero lo más seguro es que Idelfonso Guajardo le haya reiterado al que es uno de los más altos ejecutivos de Ford Motor Company que el boicot que empezó en México en enero de 2017 y que ahora se está internacionalizando es un asunto que no está bajo ningún control del gobierno de México, ya que depende directamente del pueblo de México, y en todo caso es al pueblo de México al que Ford le tiene que ofrecer disculpas además de una reparación del daño por la ofensa causada al pueblo de San Luis Potosí y por ende a todo México. Ese mismo día Wilbur Ross, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, estuvo hablando en un tono tan conciliador sobre México que hasta el peso mostró una recuperación en el tipo de cambio de la paridad peso-dólar. En ese encuentro entre Idelfonso Guajardo y Joe Hinrichs, el gran ausente fue Mark Fields en su calidad de Director Ejecutivo en Jefe (CEO) de Ford, al que no se le vió en público con Idelfonso Guajardo por ningún lado, al menos no en público. De cualquier modo y a fin de cuentas, el encuentro con Idelfonso Guajardo no le sirvió para nada a la empresa Ford, al menos no para convencer a ningún mexicano de empezar a comprarle nuevamente en el futuro sus productos a Ford, manteniéndose por lo tanto en pie el boicot mexicano contra Ford hasta sus últimas consecuencias.

Complicando aún más las cosas para Ford a causa del boicot mexicano en su contra propagándose dentro y fuera de México, de acuerdo a un reporte elaborado por la agencia noticiosa Associated Press y dado a conocer al empezar el 2 de mayo de 2017, Ford, Nissan, General Motors y Toyota reportaron menos ventas en Estados Unidos durante abril de 2017, un indicio preliminar de que la demanda de autos y camionetas estaba comenzando a declinar después de haber tenido siete años seguidos de crecimiento sostenido. Las ventas de Ford cayeron 7.2 por ciento, mayormente debido a las ventas de autos, que bajaron en más de 21 por ciento, esto a la vez que Kelley Blue Book vaticinaba que las ventas de 2017 en Estados Unidos serían menores que el récord del año 2016, 17.5 millones, lo que sería la primera caída anual de ventas desde 2009. ¿Es ésto un indicio de que la lenta pero sostenida recuperación económica de Estados Unidos lograda en los ocho años en que Barack Obama gobernó a su país (un rescate económico del que Donald Trump inmerecidamente se adjudicó algo del mérito al cumplir sus primeros 100 días de gobierno pese a que en un lapso de tiempo tan corto es demasiado prematuro para poder aquilatar adecuadamente los efectos negativos de las agresivas políticas de todo tipo de Trump en contra de otros países como México y Canada) estaba llegando a su fin? No se puede afirmar nada concreto respecto a la posibilidad de que tras la recuperación económica de la era de Obama venga una nueva y dura caída que parece que ya está mostrando sus primeros efectos en la industria turística norteamericana a causa de las políticas de Donald Trump, no sin acumular más estadísticas nuevas conforme Donald Trump vaya acumulando más tiempo en el poder, pero de cualquier modo es indudable que una contracción generalizada del mercado automotriz que afecta a todas las empresas por igual tiene que agravar aún más el daño hacia una de las empresas en contra de la cual hay un boicot mexicano en marcha que está recibiendo apoyo en otros países e inclusive dentro del mismo Estados Unidos.

El lunes 22 de mayo de 2017 la empresa Ford Motor Company anunció el despido de su presidente ejecutivo Mark Fields a poco menos de cuatro meses después de que Mark Fields en conversaciones y tratos amistosos con Donald Trump al cual quería complacer en todo accedió a una petición de Trump de ordenar la cancelación en su totalidad del proyecto de inversión en la planta que Ford planeaba construír en San Luis Potosí, cancelación que fue tomada por la gran mayoría de los mexicanos como una gravísima ofensa que dió inició al boicot mexicano en contra de la empresa Ford que poco tiempo después empezó a internacionalizarse amenazando seriamente la posición de la empresa a nivel global. En lugar de Mark Fields, la empresa nombró a Jim Hackett como su reemplazo. Al momento de llevarse a cabo la substitución, aún se ignoraba si Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos tenía alguna intención de resarcir con fondos del gobierno federal al menos una parte de las pérdidas económicas que se supone tuvo la empresa a consecuencia del boicot mexicano en su contra, independientemente de la pérdida de prestigio a nivel mundial. Se ignora también si al momento del despido de Mark Fields la empresa tenía alguna intención de ofrecerle una disculpa oficial al pueblo de México, en especial a los habitantes del estado de San Luis Potosí en donde difícilmente le darán la bienvenida a la empresa Ford por mucho tiempo.