Un error que cometieron los detenidos después de haber sido cometido el asesinato fue el tratar de huír del lugar de los hechos estando aún esposados. No se les ocurrió tratar de alcanzar la llave para liberarse de las esposas tomándola del policía que ya estaba muerto, de forma tal que no pudieron llegar muy lejos cuando otras patrullas acudieron al lugar de los hechos.
Tras llevase a cabo un juicio prolongado en donde Édgar Tamayo contó con defensa legal, un jurado estuvo deliberando los argumentos y las pruebas, encontrando a Tamayo culpable de haber cometido asesinato en primer grado en contra del policía Guy P. Gaddis, aplicándosele la sentencia que se imparte en Texas a un delito de esta naturaleza: la pena de muerte. A partir de este momento, y por 20 largos años, funcionarios mexicanos y los abogados de Tamayo estuvieron repitiendo como pericos que el sentenciado estaba protegido por una cláusula de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, argumentando que la asistencia jurídica que garantiza ese tratado podría tal vez haber descubierto pruebas para posiblemente impugnar la pena capital por asesinato y evitar que Tamayo fuese condenado a muerte. En realidad, toda la defensa y las apelaciones se redujeron a la insistencia de que a Tamayo se le habían violado sus “derechos consulares” y que por ése solo hecho, por un tecnicismo legal, tenía que ser puesto en libertad. De que había asesinado a sangre fría al policía, de eso no había duda alguna en las mentes de los miembros del jurado que lo encontró culpable y lo condenó a la pena de muerte. De lo que se trataba ahora era de recurrir a una “chicana” de carácter semi-legaloide para obtener la exoneración del asesino.
Al irse acercando la fecha de la ejecución, con el caso retrasado por dos largas décadas al irse agotando apelación tras apelación tras apelación, como si hubiese habido una consigna dada a todos los medios mexicanos, muy en especial a las cadenas nacionales de televisión Televisa y TV Azteca, prácticamente no se hizo mención alguna de la verdadera víctima, el policía asesinado:
ni se entrevistó a ninguno de los familiares del policía asesinado para que diesen su opinión sobre el veredicto de culpabilidad emitido en contra de Édgar Tamayo así como su opinión sobre la pena de muerte ordenada como castigo en contra de Édgar Tamayo. En los medios de comunicación de México, los grandes ausentes en la cobertura de noticias fueron los familiares del policía asesinado, los cuales carecieron de existencia a la vez que se elevaba al asesino Tamayo a la categoría de una pobre e inocente víctima cuyo martirio injusto estaba fuera de toda proporción. Tampoco se le dió difusión en México a una carta escrita por Stephanie Gaddis, hija del policía asesinado, la hija que el policía nunca conoció porque fue asesinado hace 20 años cuando su hija aún no nacía, una misiva dada a conocer el 22 de marzo del 2013 cuando concluyó sus estudios de preparatoria, de la cual se extrae lo siguiente: “Hola papá, nunca había encontrado éste sitio de internet en el que tanta gente dice tantas cosas tan bonitas sobre ti, me hubiera gustado mucho conocerte. No he tenido ni siquiera la oportunidad de extrañarte pero puedo decir que te quiero mucho y que te debo todo lo que soy. Aun sin tu presencia aquí, te has asegurado de que mi madre y yo seamos cuidas, has aportado para todas nosotras ésta magnífica oportunidad de hacer algo de mí misma”. La joven destacó en la misiva que le encanta escuchar historias sobre su padre. “Todo mundo dice que tengo tus ojos, sueño constantemente contigo, son esos mis sueños favoritos”. Entre otros temas le señala que ha conocido a un chico del cual está enamorada, además le indica que le hubiera gustado que él lo conociera, pero sabe que la acompaña desde donde quiera que esté. Asimismo en el texto Stephanie destaca que Houston le hizo un homenaje, por lo que se siente orgullosa de que su padre hubiera sido un hombre tan honorable. Además resalta que cada vez que ve fotografías o imágenes suyas, siempre lo encuentra sonriente y cuando tiene un mal día le gustaría hablar con su padre porque sabe que siempre la hubiera escuchado con paciencia. “Ahora yo sé que puedo superar todo porque tú estás a mi lado protegiéndome. Te amo papá y gracias por todo”.
El policía asesinado siempre fue el gran ausente en los medios de comunicación nacionales de México, muy rara vez se mencionó o se trató de entrevistar a los familiares del patrullero (los cuales obviamente no tenían muchos elogios para el asesino Édgar), y las pocas veces que se les llegó a mencionar ello fue como un simple y estorboso colofón.
El principal argumento usado desde un principio para tratar de salvarle la vida a Édgar Tamayo fue que no se le había informado de su derecho a recibir ayuda legal de la representación consular de México en los Estados Unidos ni se le había informado oficialmente a la representación consular de México en los Estados Unidos sobre la detención de Tamayo y su acusación del delito de homicidio. Sin embargo, este argumento omitió algo muy importante: el juicio de Tamayo no fue algo que tuviera lugar en algún punto distante del planeta en donde las autoridades consulares de México estuviesen ignorantes de lo que ocurría. Fue un juicio bastante público y bastante publicitado en los medios norteamericanos como para que ningún funcionario consular mexicano se hubiese enterado del asunto a menos de que nunca leyera las noticias ni en los periódicos ni en la radio ni en la televisión al grado de estar viviendo un caso extremo de sordera y ceguera. Al enterarse del juicio, y desde el primer día, la representación consular de México en el Estado de Texas se pudo haber puesto en contacto de inmediato con Tamayo o con los abogados defensores de Tamayo para ofrecerle asistencia legal consular. Pero deliberadamente no lo hicieron, fingieron demencia, precisamente para poder argumentar posteriormente ante la Corte Internacional de Justicia que a Tamayo se le habían negado sus “derechos consulares”.
Es importante aclarar que el Estado de Texas no es signatario de acuerdo alguno que lo obligue a acatar sin chistar todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, ni tiene intención alguna de entregar la soberanía de su sistema judicial a un organismo extranjero que no responda a los deseos y mandatos de la ciudadanía texana. La creación de un organismo mundial no implica de manera automática que todas sus órdenes deban ser acatadas por todos los países del mundo; cada país individualmente tiene la libre opción de rechazar o acatar las órdenes y decisiones de un organismo tal, no estando obligado a postrarse de rodillas y postrar su soberanía de rodillas sin antes haberse comprometido por escrito a hacer tal cosa. Cuando un país firma un acuerdo para acatar las disposiciones de un organismo de carácter mundial volviéndose signatario oficial de dicho acuerdo, entonces su negativa a plegarse ante cualquier decisión de tal organismo lo pondría en la ilegalidad. Pero si no se ha firmado dicho acuerdo, no hay ilegalidad alguna. Cabe agregar que Estados Unidos no es el único país que no reconoce incondicionalmente la potestad absoluta de la Corte Internacional de Justicia, hay otros países que tampoco han firmado acuerdo alguno para entregarle su soberanía a dicho organismo.
Por lo tanto, y digan lo que digan los medios nacionales en México, el sistema judicial texano no incurrió en violación legal alguna ni desacato al no aceptar la decisión de la Corte Internacional de Justicia relativa a los “derechos consulares” de Édgar Tamayo. Es importante aclarar también que la Corte Internacional de Justicia no hizo jamás pronunciamiento alguno en relación a lo más importante: la inocencia o culpabilidad de Édgar Tamayo, eso ni siquiera fue analizado o puesto a discusión. El único pronunciamiento fue relacionado con los “derechos consulares” del acusado, lo cual no es una exoneración de la acusación del crimen del policía. Pero de lo que se trataba esta burda manipulación de los procesos judiciales era de mandar abajo el juicio y el veredicto en contra de Édgar Tamayo recurriendo a un argumento de tipo “legaloide”, a una “chicana”. Y es precisamente por este tipo de cosas por las cuales el Estado de Texas se ha rehusado a convertirse en un signatario de los acuerdos reconociendo la autoridad absoluta de la Corte Internacional de Justicia.
Mañosamente, los medios nacionales en México estuvieron ocultando el hecho de que a Édgar Tamayo, aunque no se le leyeron sus “derechos consulares”, sí se le leyeron tras su detención una vez cometido el homicidio sus derechos Miranda, o sea que fue informado que: (1) tenía el derecho de permanecer callado y que cualquier cosa que dijese podía ser usada en contra suya, (2) tenía derecho a ver a un abogado, y si no tenía dinero para pagar un abogado entonces tenía el derecho de que se le proporcionara en forma gratuita un abogado defensor de oficio. Ciertamente, la Convención de Viena de 1963, ratificada por 175 países -entre ellos Estados Unidos- señala que las autoridades penitenciarias deben velar por que el extranjero sea notificado de “los derechos que son suyos” y principalmente de “su derecho a informar a sus representantes consulares”. De su lado, el Consulado debe ofrecer ayuda y asistencia, visitarlo en prisión y representarlo ante los tribunales. Pero en la lectura de los derechos Miranda, implícitamente se da a todo detenido el privilegio de procurar cualquier ayuda legal incluída la ayuda de una defensa proporcionada por los funcionarios consulares de su país de origen. Y a menos de que el consulado se encuentre situado en el Polo Norte, nada impide que los funcionaros consulares al enterarse de la detención y la apertura del juicio, visiten al detenido para ofrecerle su ayuda. Fingir ignorancia para usarlo posteriormente como argumento legaloide denota mala fé de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y todas sus representaciones consulares alrededor del mundo.
El hecho de que a Édgar Tamayo sí se le leyeron sus derechos Miranda en dos ocasiones distintas al ser detenido la noche del 31 de enero de 1994 (la primera ocasión leídos por el mismo oficial de policía Guy P. Gaddis al momento de ser arrestado Édgar Tamayo, y la segunda ocasión cuando fue arrestado por otros policías por el homicidio cuando intentaba escapar) fue ocultado mañosamente por la prensa mexicana.
El Consulado mexicano en Houston, aún sin haber recibido notificación oficial alguna de parte de las autoridades policiacas de Texas, pudo haber ofrecido y brindado ayuda en forma espontánea a Édgar Tamayo durante el juicio, al enterarse a través de los medios de lo que fue un juicio bastante público. Pero en caso de haber hecho tal cosa, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no podría haber argumentado ante la Corte Internacional de Justicia que no había estado enterada del caso de Tamayo. Abstenerse deliberadamente (e inclusive, actuando de mala fé) de intervenir activamente en la defensa de Tamayo ya sea en forma directa o a través de los abogados defensores de Édgar Tamayo proporcionó el pretexto “legal” (más bien, legaloide, con mera apariencia de formalismo legal pero sin contribuír en nada a la impartición de justicia) para tratar de anular posteriormente el juicio y la sentencia de algo que de cualquier manera ya estaba perdido.
Contrariamente a lo que se estuvo difundiendo en los medios de comunicación en México, las autoridades texanas lejos de oponerse a la intervención de las autoridades consulares mexicanas en la defensa legal de Édgar Tamayo se habrían mostrado en la mejor disposición de permitir tal cosa, porque ello le habría ahorrado una buena cantidad de dinero al sistema de justicia norteamericano al tener que absorber el gobierno de México por completo los costos de la defensa legal de Tamayo. En el Estado de Texas (y de hecho en todos los estados de la Unión Americana) si el acusado de un delito grave carece de recursos económicos para contratar un buen equipo de abogados defensores, entonces el Estado está obligado (lo quiera o no) a proporcionarle en forma gratuita una buena defensa legal al acusado (en México esta función está a cargo de los defensores de oficio). Y en casos de este tipo, la defensa legal puede ascender fácilmente a sumas millonarias e inclusive multimillonarias, con cargo al contribuyente norteamericano. El permitir que un Consulado, y por lo tanto un gobierno extranjero, absorba en su totalidad los costos de la defensa legal del acusado pagando hasta el último centavo, es algo que siempre es bienvenido por las autoridades texanas. Y por ley cualquier acusado puede decidir a quién escoge para que lo defienda (inclusive tiene la opción de tomar a cargo su propia defensa, lo cual con un desconocimiento de las leyes puede ser garantía de una derrota judicial contundente en contra del mismo acusado). Obviamente, el Consulado mexicano en Houston (y ultimadamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México) no estaba dispuesto a desembolsar una cantidad extraordinaria de dólares para tratar de salvar a un homicida de su casi segura condena de culpabilidad. Era mucho más fácil (y mucho más económico) mantenerse alejado lo más posible del acusado dejándole a los medios de comunicación en México la tarea de estarlo glorificando como una víctima inocente mientras se restregaba una y otra vez hasta el cansancio de que a Tamayo se le habían violado sus “derechos consulares”, un argumento enclenque que no le devolvería la vida al policía asesinado por Edgar Tamayo.
Los apologistas de Édgar Tamayo también trataron de alegar infructuosamente que Édgar Tamayo no era mentalmente capaz, y por lo tanto no era elegible para la pena de muerte, pero todas las instancias de apelaciones rechazaron el argumento pueril de que un “tontito” no es responsable de los crímenes que cometa por el solo hecho de ser un “tontito”, y ciertamente Tamayo por la habilidad que demostró en estar manipulando desde su celda carcelaria todos los recursos mediáticos que pudo para escapar de su condena comprobó que no tenía nada de “tontito”, y por el contrario se trata de un tipo que se quiso pasar de listo. Fingirse “tontito” o “loquito” para escapar una condena de muerte no es algo que pueda ayudar mucho al condenado, sobre todo en un lugar como el Estado de Texas.
El asesino glorificado por los medios nacionales en México y por las mismas autoridades mexicanas así como por centenares de organizaciones que se proclaman como derecho-humanistas era un delincuente hecho y derecho, de eso no hay duda alguna. El asesinato cometido la noche del 31 de enero de 1994 era su segundo delito llevado a cabo esa noche. El primer delito consistió en el robo que cometió con violencia en contra de otra persona, el mismo robo por el que fue detenido Édgar Tamayo por el oficial Guy P. Gaddis. Aparentemente no hubo ningún medio de comunicación en México que mencionara siquiera el nombre de esa persona asaltada que había solicitado el auxilio de la policía tras el robo cometido por Tamayo, y mucho menos que publicara la fotografía de esa primera víctima. ¿Y los derechos humanos de esta persona asaltada en dónde quedan? Hay quienes señalan que es muy posible que Édgar haya cometido muchos delitos más en la Unión Americana antes de que se le acabaran su suerte y su carrera delincuencial en el primer mes de 1994. Como también es muy posible que haya emigrado de su estado natal Morelia hacia los Estados Unidos tras haber cometido uno o varios asesinatos en México, creyendo que por no haber recibido en México su justo castigo también en Estados Unidos se podía salir con la suya y continuar viviendo en la impunidad cometiendo delitos de todo tipo.
Aunque en México se estuvo publicitando en todos los medios nacionales que la aplicación de la pena de muerte a Édgar Tamayo era un acto de barbarie, una aplicación del salvajismo brutal de la fuerza del Estado, de acuerdo a la Ley del Talión que dice “ojo por ojo, diente por diente” (el castigo aplicado debe ser proporcional en severidad a la magnitud del delito cometido, o sea que tan injusto es aplicarle una pena de veinte años de prisión a un individuo por haberse robado una pieza de pan para mitigar su hambre como en el caso de la novela Los Miserables de Víctor Hugo como imponerle una multa de cinco dólares a un culpable de los delitos de secuestro y violación) a Édgar Tamayo no se le aplicó más que un castigo equiparable a la magnitud de su crimen. Los defensores de la pena de muerte argumentan que Tamayo arrebató una vida, y por lo tanto se le había condenado a dar por terminada la suya propia pagando con su vida el haber arrebatado una vida.
En México, el asesinato de un policía no acarrea la pena de muerte. De hecho, si la misma persona mata a cien o mil policías, ello no le acarrea la pena de muerte, lo cual simplifica mucho las cosas a quienes delinquen, e inclusive abarata el costo de una ejecución a grado tal que en algunas partes de México una vida no se cotiza en más de unos mil pesos (unos cien dólares) bajando la tarifa por el servicio hasta unos trescientos pesos si el sicario contratado anda de buen humor. Eso es lo que vale una vida en México, en donde no existe la pena de muerte.
Los detractores de la pena de muerte argumentan que dicho castigo no sirve como medida disuasiva en contra de la comisión de homicidios. Pero si esto es cierto, ¿cómo explican el hecho de que, al mismo tiempo de que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, Ciudad Juárez (en donde no existe la pena de muerte) se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo entero (de acuerdo a las estadísticas), su vecina inmediata, la ciudad de El Paso en Texas (en donde sí existe la pena de muerte) era clasificada como la ciudad más segura de toda la Unión Americana? Y la ciudad de El Paso no está situada a varios kilómetros de Ciudad Juárez, ambas ciudades son vecinas inmediatas, comparten una frontera común, pero sistemas judiciales distintos. (A principios de 2014, y por cuarto año consecutivo, la ciudad de El Paso fue nombrada como la ciudad más segura de los Estados Unidos, según un estudio realizado por la firma de análisis demográfico CQ Press.)
En México, una mayoría de mexicanos han estado consistentemente a favor de la pena de muerte. Pero pese a que México se jacta de ser una democracia representativa, ello no se refleja en las leyes que se elaboran en el Congreso porque en el poder legislativo en México mandan las minorías, no las mayorías, son unos cuantos los que mandan y dan las órdenes y son las mayorías las que obedecen.
No se enfatizó en los medios nacionales mexicanos el hecho de que cuando Édgar Tamayo asesinó al policía él se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos en calidad de indocumentado, de que se le hizo fácil violar las leyes migratorias norteamericanas. Pero su verdadero error, además de haber cometido el crimen, fue el haber creído que al igual que como ocurre en México, se podía matar a un policía sin tener que terminar pagando el crimen con la propia vida.
Algunos policías del Estado de Morelos que rehusan ser identificados por temor a las represalias ante las olas de apoyo promovidas en México a favor de Édgar Tamayo han manifestado sus fuertes sospechas de que la verdadera razón por la cual Édgar Tamayo emigró como indocumentado hacia los Estados Unidos fue porque en su estado natal Tamayo estuvo involucrado en otros asesinatos y temía que las investigaciones policiacas que se estaban emprendiendo pudieran llevar hacia su captura. Si estas sospechas son ciertas, y bien podrían serlo, entonces Tamayo cuando arribó en los Estados Unidos distaba mucho de ser una blanca paloma, ya estaba bastante maleado. Lo que sí es un hecho es que su madre, quien siempre defendió a su hijo a capa y espada, no le inculcó a su hijo los valores necesarios para convertirlo en una persona de bien alejada de problemas con la ley, como tampoco tuvo la fortaleza espiritual para comunicarse por vía telefónica con la madre y los familiares del policía asesinado para ofrecerles sus disculpas por lo que hizo su hijo Édgar Tamayo. Si en vez de estarlo mimando y consintiendo en todo tapándole todas sus fechorías le hubiera dado sus buenas nalgadas desde un principio, tal vez Édgar Tamayo estaría aún con vida trabajando en un empleo honesto.
Las leyes del Estado de Texas no estipulan en ninguna parte que a un detenido de origen mexicano se le lean sus “derechos consulares” ni que a un detenido originario de Paquistán se le lean sus “derechos religiosos” y así por el estilo (los policías en el Estado de Texas y no sólo ellos sino también los policías en muchos otros países del mundo como México no están obligados a ser expertos en la materia de Derecho Internacional ni a tener conocimiento de los “derechos consulares” o los “derechos religiosos” o los derechos de lo que sea de cualquier individuo originario de cualquier parte del mundo, ellos sólo están obligados a llevar a cabo su labor en base a las leyes en vigor en el Estado de Texas, y punto).
De cualquier modo, para remover pretextos de carácter legaloide que sólo buscan que los asesinos de otros países sean puestos en libertad alegándose violación a los “derechos consulares”, en el Congreso de los Estados Unidos se ha estado discutiendo la aprobación de lo que se conoce como el Acta de Cumplimiento de Notificación Consular, aunque esto no significa que la pena de muerte vaya a ser derogada en estados como Texas, y aún si este recurso estuviera aprobado es dudoso que le habría sido de alguna ayuda a Édgar Tamayo, culpable al fin y al cabo de haber asesinado a un policía norteamericano. Y Estados Unidos no es el único país en el que se aplica la pena de muerte; hay otros países como China y Arabia Saudita en donde las autoridades no se tientan el corazón para aplicar la pena máxima a quienes se hayan hecho acreedores a ella por delitos considerados como graves.
Glorificado en los medios nacionales mexicanos como un pobre chivo expiatorio sin culpa alguna (como ocurre cada vez que un mexicano se encuentra a unos cuantos días del patíbulo en la Unión Americana), Édgar Tamayo no fue condenado a la pena de muerte por un gobernador texano caprichoso y malintencionado actuando de mala fé y actuando al mismo tiempo como juez, jurado y verdugo, predispuesto por un racismo xenofóbico en contra de los inmigrantes indocumentados mexicanos. Tamayo tuvo su juicio en los tribunales, en donde sus abogados defensores tuvieron la oportunidad para presentar todo tipo de pruebas en defensa de Tamayo, y el caso fue juzgado por un jurado compuesto por doce ciudadanos escogidos cuidadosamente de entre la población.
Contrario a lo que muchos suponen, en la Unión Americana no es tan fácil obtener en un juicio un veredicto de culpabilidad que conlleve la pena de muerte. Los miembros del jurado saben que tienen una vida en sus manos, y son los principales escépticos de las pruebas presentadas. Si los argumentos de la fiscalía no son convincentes, no vacilarán en echar por la borda las acusaciones. Si la fiscalía de Texas obtuvo un triunfo, fue porque presentó argumentos convincentes, empezando por las declaraciones del otro detenido, Jesús Mendoza, quien testificó en contra de Tamayo acusándolo del homicidio, mientras que un titubeante Édgar Tamayo simplemente se limitaba a decir que por estar “pasado de copas” no recordaba nada de lo sucedido.
El juicio en el que un jurado ciudadano encontró a Édgar Tamayo culpable de haber asesinado al policía a sangre fría no fue la única oportunidad que tuvo Tamayo para demostrar su inocencia y salvarse del patíbulo. De inmediato y en forma automática (como ocurre en todos los casos en donde hay una sentencia de muerte) el veredicto fue enviado a un tribunal de apelaciones, en donde después de una revisión cuidadosa y exhaustiva del expediente para encontrar posibles irregularidades así como de las pruebas y alegatos presentados, el veredicto de culpabilidad quedó en pie. Y tras esto se recurrió a una nueva apelación. De hecho, desde 1994 hasta 2014 (veinte años, dos décadas) hubo varias apelaciones, se le dieron todas las oportunidades que ciertamente Tamayo no le dió al policía. Y la conclusión fue siempre la misma: culpable. Horas antes de la ejecución, la Junta de Perdones de Texas le negó clemencia a Tamayo, y del gobernador texano Rick Perry jamás se esperó que hiciera a última hora un indulto que le habría volteado a la población texana en contra suya.
La insistencia de los medios de comunicación en México en tratar de impedir mediáticamente desde México que se llevara a cabo la ejecución de Édgar Tamayo, así como la insistencia del gobierno de México en impedir por todos los medios a su alcance (excluyendo el pagarle una defensa legal contratando uno de los mejores y más caros bufetes de abogados que pudiera haber en la Unión Americana) la aplicación de la pena de muerte, y la insistencia de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la intervención (en algunos casos no pedida) de una plétora de organismos no-gubernamentales defensores de los derechos humanos interviniendo a favor de Édgar Tamayo, contribuyeron en conjunto a convertir su caso en un conflicto diplomático serio dándole una importancia a Tamayo que él mismo antes del crimen jamás hubiera creído que se le hubiera dado en vida convirtiéndolo en una cause celebre. En efecto, de ser uno entre el montón, pasó a ser un personaje famoso con una celebridad digna de las grandes estrellas de Hollywood, situado a la par con los grandes próceres de México, elevado casi a la categoría de héroe nacional merecedor de elogios y alabanzas oficiales de todo tipo.
Lo único que faltó en la defensa del felón Édgar Tamayo (en Texas el asesinato de un policía está legalmente clasificado como una felonía) fue tratar de echarle la culpa a la víctima, al patrullero inmolado (en casos perdidos como un famoso caso, el de los hermanos Menéndez, los abogados defensores suelen recurrir a estas tácticas de honorabilidad dudosa con tal de lograr salvar a sus defendidos del patíbulo), porque si el policía no hubiera arrestado a Tamayo entonces Tamayo no se habría visto en la penosa necesidad de tener que matar al patrullero para intentar salvarse a sí mismo. O intentar echarle la culpa a la primera víctima, a la persona a la cual robó sus pertenencias, porque si esa persona se hubiera quedado callada sin denunciar el robo ante la policía entonces el patrullero Gaddis no habría acudido a atender la denuncia y Tamayo no se habría visto en la penosa necesidad de tener que matar al patrullero. O sea, todos los demás culpables, menos el verdadero culpable. En rigor de verdad, todas estas argumentaciones de defensa son tan peregrinas y tan idiotas como el argumento de la “violación de los derechos consulares” que en vez de enaltecer la profesión de la jurisprudencia terminan desacreditándola haciendo que muchos terminen perdiendo la fé en la justicia humana cuando tales trapacerías triunfan en lograr que el culpable escape su merecido castigo.
Dándole una importancia que no le concede a sus propios gobernados en el Estado de Morelos, el gobernador Graco Ramírez intervino personalmente en el asunto de Édgar Tamayo enviándole un oficio a su homólogo el gobernador texano Rick Perry pidiéndole el indulto y la liberación inmediata de Tamayo, a lo cual obtuvo una respuesta enviada por la portavoz del gobernador texano, Lucy Nashed, dada a conocer el 7 de enero de 2014, en donde le dijo: “Hemos recibido su carta. No importa de dónde sea la persona, si alguien comete un crimen despreciable como éste en Texas, queda sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo con jurado y la pena máxima”.
Con mucha publicidad informativa, se estuvo gritando en los medios nacionales de México a los cuatro vientos que la ejecución de Édgar Tamayo sería una violación flagrante y brutal a sus derechos humanos, y con tal argumento la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México metió su cuchara en el asunto exigiendo al gobernador Rick Perry la anulación de la pena de muerte en contra de Tamayo. Sin embargo, el policía asesinado también tenía sus propios derechos humanos, los cuales fueron violados por Édgar Tamayo.
Como si la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México metiendo su cuchara en un asunto fuera de su jurisdicción no hubiera sido suficiente, y bajo la presión de los medios de comunicación en México así como del mismo gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió el 17 de enero de 2014 a Estados Unidos suspender la ejecución y soltar al homicida poniéndolo en libertad, llegando incluso al extremo inaudito de solicitar una “reparación efectiva del daño” derivado de la violación de los derechos humanos que supuestamente padeció Édgar Tamayo en su proceso judicial (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción legal alguna dentro de los Estados Unidos).
En los días inmediatos previos a su ejecución, Édgar Tamayo estuvo despotricando en contra de las autoridades consulares de México en Houston manifestando estar disgustado por el hecho de no haber recibido ayuda de los funcionarios consulares durante su juicio, pero nunca quiso aceptar la idea (o nadie quiso informarle) que la gran ausencia de las autoridades consulares de México durante el juicio de Tamayo fue algo planificado precisamente para forzar su liberación recurriendo a argumentos legaloides, ya que la presencia de las autoridades consulares de México en el juicio de Tamayo hubiera echado a perder el argumento infantil de que se le había negado obtener ayuda consular mexicana durante su proceso legal. Siendo verdaderamente culpable del crimen, la única esperanza que tenía el asesino era de que el juicio en su contra se mandara abajo recurriendo a tecnicismos legales, a “chicanas”.
Tanto la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas como la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazaron el pedido de clemencia e indulto de los abogados defensores así como la oposición diplomática de México así como la presión mediática de los medios de comunicación de México que a las autoridades texanas ni siquiera les hacen cosquillas.
Ya no hubo tiempo, por lo apretado de sus agendas, para tratar de convencer al Papa Francisco y al Secretario General de las Naciones Unidas para trasladarse en persona hasta Texas para presionar al gobernador Rick Perry pidiéndole conceder el indulto y la libertad a Édgar Tamayo, pero seguramente esto fue algo considerado seriamente por la gente que labora dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Aunque el argumento infantil, casi estúpido, de la “violación de los derechos consulares” de Édgar Tamayo para obtener su exoneración y liberación, estaba condenado al fracaso, ello no quiere decir que de vez en cuando se cometan trastadas en el sistema judicial norteamericano en las cuales los culpables queden en libertad usando en su defensa argumentos que rayan en lo increíble. Uno de tales casos es el de la “defensa Twinkie”, en el cual el acusado de un homicidio obtuvo su libertad echándole la culpa a una barrita de dulces “Twinkie” alegando que el haber comido esa barrita de dulce lo había predispuesto al crimen y por lo tanto era inocente. Otro caso parecido y más reciente es el de un junior norteamericano de clase acomodada de nombre Ethan Couch, de Keller, Texas, acusado de manejar borracho un carro deportivo matando a varias personas en su loca carrera y que obtuvo su libertad argumentando que era inocente porque era “demasiado rico” y por lo tanto no estaba plenamente consciente de la diferencia entre el bien y el mal a causa de la gran fortuna de sus multimillonarios papás. Pero tratándose del asesinato de un joven policía, la situación se vuelve tan repugnante que la sentencia de culpabilidad y la condena a la pena de muerte están prácticamente garantizadas sin importar la cantidad de chicanas y maniobras legaloides que los abogados defensores intenten meter durante el juicio así como posteriormente en el curso de las apelaciones.
La ejecución de Édgar Tamayo estaba programada para ser llevada a cabo el 22 de enero de 2014 a las 5:00 P.M. en la prisión de Huntsville en Texas. Pero todavía a última hora, faltando pocos minutos para su ejecución, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos intervino deteniendo la ejecución para revisar el expediente por última vez desde la más alta autoridad judicial que pueda haber en dicho país, dando lectura cuidadosa a todos los alegatos presentados por los abogados defensores. La respuesta que dieron los ministros de la Suprema Corte (en la cual hay una ministra de origen hispano) fue contundente: “La presunta violación de los derechos consulares de Tamayo, al cual se le leyeron sus derechos Miranda en dos ocasiones distintas, no lo exonera del asesinato del policía como tampoco le devuelve la vida al policía inmolado. Si la madre de Édgar Tamayo se enfermó del corazón, si lo tuvieron a pan y agua en la prisión, si fue insultado por los guardias y otros reos, tales cosas no lo exoneran del crimen ni le van a devolver la vida al policía que murió en el cumplimiento de su deber”.
Antes de ser ejecutado a las 9:32 P.M. tras el rechazo contundente de la Suprema Corte de Justicia negándole en forma categórica y terminante la suspensión de la ejecución, Édgar Tamayo pidió que se le diera de comer arroz con chuletas de puerco, vegetales verdes y café, deseo que le fue concedido (previamente ya había comido dos bolsas de papitas fritas).
Al final de su vida, Édgar Tamayo se comportó como un cobarde. En vez de confesar abiertamente su crimen y decir: “pido y ruego el perdón de los familiares del policía que maté, y acepto el castigo que se me ha impuesto para pagar el daño irreparable que le ocasioné a la sociedad”, desde su celda de prisión pataleó hasta el último momento permitiendo que los medios de comunicación en México lo estuviesen glorificando e hizo cuanto pudo para impedir que se le aplicara la pena de muerte, porque si bien él no tuvo ningún reparo en causarle la muerte al policía porque la vida del oficial no le valía absolutamente nada, en cambio consideró que causarle la muerte a él mismo era un crimen de lesa humanidad, algo que no se debía llevar a cabo por ningún motivo porque su propia vida sí era muy preciosa (para él mismo). Lo realmente lamentable es que la ejecución del asesino no le devolvió la vida al policía que mató, simplemente emparejó el homicidio del policía con un castigo equiparable en la balanza de la justicia. Y eso es precisamente lo que representa la balanza de la justicia: la ley del Talión.
Entre las personas cuya existencia fue ocultada deliberadamente por los medios audiovisuales de comunicación en México está Gayle Gaddis, la madre del policía asesinado, a la cual Édgar Tamayo no tuvo el valor de voltear a verla al llevarse a cabo la ejecución pese a que la tenía a unos cuantos metros de distancia, y la cual dijo: “Me da gusto que se haya terminado esto y mi corazón destrozado se siente mejor”. Nada de esto fue radiado ni por Televisa, ni por TV Azteca, ni por Milenio Televisión ni por ninguna otra cadena nacional, en línea con el “script” de no transmitir por televisión nada que pudiera ocasionar alguna animadversión hacia el homicida volteando las miradas de compasión hacia las verdaderas víctimas. Mientras moría, Tamayo nunca miró hacia la madre del policía asesinado.
Había decenas de policías y simpatizantes del patrullero muerto que aceleraban sus motores fuera de la prisión antes de que dejaran ingresar a los testigos dentro de la cámara de muerte.
Tras la ejecución, el cuerpo del asesino fue recogido por empleados de la casa funeraria Carnes para ser velado, con todos los gastos pagados (en dólares) por el gobierno de México. Pocas horas después, el presidente Enrique Peña Nieto hablando desde Suiza en donde se encontraba atendiendo el Foro Económico Mundial de Davos manifestó su más enérgica protesta por la ejecución del asesino, diciendo que la ejecución generaba “un mal precedente en la aplicación de la justicia”. Lo mismo fue repetido por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien dijo “lamentamos profundamente la decisión de Texas de ejecutar a Édgar Tamayo”. Hasta la Unión Europea fue conminada a hacer escucharse, mediante un comunicado emitido por la jefa de diplomacia del bloque europeo, Catherine Ashton, también lamentando “profundamente” la ejecución de Édgar Tamayo afirmando que “la pena de muerte es cruel, inhumana e irreversible, y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana”. Lo mismo se puede decir del asesinato del patrullero de Houston, el cual fue cruel, inhumano e irreversible. Días después de la ejecución el cadáver estaba listo para ser repatriado en avión a México (gastos de traslado también pagados por el gobierno de México) para darle un cortejo fúnebre en grande encabezado personalmente por el gobernador Graco Ramírez y otros funcionarios de primer nivel con el féretro cubierto con la bandera nacional y bandas de guerra dando solemnidad musical al entierro en medio de llantos, ofrendas florales y declamación magistral de poemas propios para la ocasión. Se empezó a hablar incluso sobre la posibilidad de eregirle estatuas y monumentos honrándolo como si hubiese sido un verdadero héroe nacional en vida, poniéndole su nombre a varias calles, avenidas y parques públicos de México y hasta bibliotecas, escuelas públicas y hospitales, honrándolo… ¿Como un ejemplo a seguir?
Ya no hubo tiempo, por lo apretado de sus agendas, para tratar de convencer a jefes de Estado de otros países así como al Papa Francisco y al Secretario General de las Naciones Unidas de que se trasladasen hasta Morelia para estar presentes en las honras fúnebres y el entierro de Édgar Tamayo encabezando un gran desfile popular de “desagravio”, pero seguramente esta idea por descabellada que parezca fue algo considerado seriamente por la gente que labora dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. De cualquier modo, se daba por hecho que en las exequias del homicida estarían presentes el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, representantes del gobierno federal de México incluyendo desde luego a representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores así como representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos otros organismos gubernamentales así como organismos no-gubernamentales (ONGs) que acudieran a las honras fúnebres para estar denunciando el castigo aplicado a Édgar Tamayo como “un asesinato injusto, cruel, inhumano, atroz, inaudito, fuera de toda proporción, un acto de barbarie propio de trogloditas salvajes”. ¿Y el policía asesinado? A ése ni mencionarlo siquiera para no echar a perder la “fiesta”.
No todos los mexicanos son defensores o simpatizantes de homicidas, y por el contrario, muchos mexicanos, demasiados quizá, han sido víctimas de la enorme ola de inseguridad que azotó a México durante el período en que gobernó al país el presidente Felipe Calderón. Tampoco todos en México estuvieron de acuerdo con el denigrante espectáculo circense en el cual se pretendió obtener mediáticamente y oficialmente la exoneración y liberación del homicida Édgar Tamayo argumentando la presunta violación de sus “derechos consulares”. Entre quienes no estuvieron de acuerdo con el manejo sesgado de noticias que se dió en México al caso del policía sacrificado en Houston, cabe citar a Javier Cuéllar, un destacado columnista del periódico El Diario, del cual se publicó el 22 de enero de 2014 un editorial titulado “Tal vez el débil y el valentón” en donde expresó lo siguiente: “Tal parece que lo único que podemos hacer por el señor Edgar Tamayo, quien fuera encontrado culpable de asesinato de un policía en Texas y sentenciado a la pena capital, es rezar por el eterno descanso de su alma y que encuentre el perdón de Dios ya que de los órganos de la justicia no es posible. Para cuando esta nota se publique es viable que Edgar Tamayo ya esté en presencia de Su Juez en el más allá. Aunque el destino de su alma sea incierto, se habrá hecho justicia aquí en la tierra, el orden jurídico que ese hombre quebrantara habrá sido restaurado y los familiares del policía asesinado habrán recibido el consuelo de lo justo aunque eso no resucite a su familiar victimado, sin dejar de advertir que el perdón o la conmutación de la pena por cadena perpetua, tampoco lo haría. Sin embargo, considero ingrata la acusación de éste hombre contra el gobierno mexicano de haberle brindado poca ayuda y ser blandengue en sus reclamaciones o imploraciones de perdón por su persona. Las autoridades hicieron todo lo que humanamente podían tomando en cuenta que se trata de un país soberano que tiene todo el derecho de aplicar sus leyes contra reos de crímenes que ahí sancionan con la pena capital. Muchos individuos que están acostumbrados al extenso clima de impunidad que impera en México, donde el 98 % de los homicidios cometidos ni tan siquiera se investigan, van al vecino país del norte y pretenden seguir alegremente con sus conductas impropias y cuando son castigados por sus fechorías, se duelen amargamente de la dureza del sistema del país al que voluntariamente eligieron emigrar y omiten tomar conciencia de sus acciones. En muchos modos el sistema penal de los Estados Unidos es blandengue porque muchas condenas de prisión por quince o veinte años son purgadas en tan sólo unos cuatro inviernos debido a un esquema de rebajas y preliberaciones muy holgado que se aplica en sus prisiones dejando en la sociedad un amargo sabor de boca, muy parecido al de la impunidad que aquí impera. En contraste, en México, una sentencia de veinte años de prisión es de veinte años con todas sus letras, con todos sus meses y sus días, pero no existe la pena de muerte para torvos asesinos y delincuentes por más atroces que hayan sido los crímenes cometidos. Al final de cuentas aquí también la sociedad se queda con el amargo sabor de boca de la impunidad por no aplicarse el castigo, que en justicia debiera, a asesinos que denotan una brutal ferocidad. Si México contara en su arsenal de castigos con la pena de muerte para aplicarse a criminales reos de delitos de alto impacto como los descuartizadores, los plagiarios, los incendiarios, los secuestradores, los extorsionadores y todos esos que nos mantienen postrados como sociedad y como país, tal vez las cosas seguirían igual como hasta ahora porque la efectividad de investigación de las autoridades policíacas encargadas de perseguir el delito serían las mismas plagadas de contubernios y pactos con los criminales. Tal vez la impunidad sería la misma, tal vez la existencia de la pena capital no desalentara la comisión de delitos en delincuentes redomados, pero seguramente si sería disuasiva en el caso de delincuentes muy jóvenes que se suman a las mafias, sabedores que jamás serán castigados. La impunidad los alienta pero la existencia del cadalso pudiera disuadirlos porque “no es lo mismo ver morir que cuando a uno le toca.” Es difícil juzgar la conducta final de un condenado a muerte, realmente puede hacer y decir lo que quiera que todo eso, menos su delito toral, le será perdonado, pero si hemos de hablar de un hombre macizo debiera adoptar una conducta de reconciliación con Dios y Su Justicia y no pedirle a “Pablo” que costee el traslado de sus restos mortales a Miacalatán en el estado de Morelos, para nada pedirle al gobierno mexicano en un dejo de orgullo poco edificante. ¿Para que pedir perdón por llegar a su rancho en un cajón? ¿Cómo quería regresar? ¿En un trono a la intemperie como la carreta alegórica de paja a la que se refería Ramón López Velarde? ¿O en una Avalanche del año? Tal vez pudiéramos concluir estas insulsas reflexiones con el pensamiento de Benjamín Franklin que nos dice: “El hombre débil teme la muerte; el desgraciado la llama; el valentón la provoca y el hombre sensato la espera”. ¿Cuál de estos personajes es Edgar Tamayo? Tal vez el débil y el valentón”.
En vez de regresar Édgar Tamayo a México del “sueño americano” manejando una camioneta pick up último modelo con la cartera repleta de dólares, lo que se deportó fue un muerto que acostumbrado a ver la violación de las leyes en México gozando de una impunidad total se le hizo fácil hacer lo mismo fuera de México.
Hay algo de irreal, por no decir surrealista, en el hecho de que a un homicida que con alevosía y ventaja priva de la vida a sangre fría a un funcionario público honesto y trabajador, en vez de ignorarlo y dejarle que pague por su crimen, se le convierta en toda una celebridad en México y que se movilicen tantas figuras públicas, tantos medios de comunicación, tantos recursos mediáticos, tantas dependencias gubernamentales y organismos derecho-humanistas de todo tipo exigiendo el indulto y la liberación inmediata del homicida como si lo que hizo hubiera sido algo intrascendente sin ninguna importancia, pisoteando los derechos humanos de la verdadera víctima a la cual se le restó importancia o incluso se le nulificó por completo. Hay algo de irreal en el hecho de que, habiendo tantos problemas graves en México (empezando por el de la inseguridad que hizo crisis en Michoacán), se desvíen tantos recursos, tantas energías, tanto tiempo, para salvar del patíbulo al homicida de un policía. Algo parece completamente fuera de lugar.
Hubiera sido algo muy bueno y muy generoso que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hubiera enviado una misiva oficial a los familiares del policía asesinado ofreciéndoles disculpas por el crimen cometido en los Estados Unidos por un ciudadano mexicano que se encontraba ilegalmente en dicho país, y ofreciendo pagar la reparación económica del daño dando una pensión vitalicia a los familiares sobrevivientes del policía con un texto como el siguiente: “El gobierno de México lamenta profundamente que uno de sus ciudadanos que se encontraba viviendo y trabajando ilegalmente en territorio norteamericano haya arrebatado la vida en forma violenta y salvaje a un oficial en el cumplimiento de su deber, y ofrece por éste conducto a los familiares sobrevivientes una compensación económica por el daño causado, consistente en una pensión vitalicia, pagada en dólares, absorbiendo el sostenimiento económico de todos aquellos que dependían económicamente del oficial Guy P. Gaddis”. Pero esto hubiera sido tanto como proclamar como víctima a la verdadera víctima, y estaba fuera del “libreto oficial”.
No es Estados Unidos el único país en donde se aplica la pena de muerte a quienes violan las leyes incluídos los extranjeros a los que no se les concede ningún privilegio especial ni se les acepta el peregrino argumento de que sus “derechos consulares” les merecen un trato diferente en la aplicación de la justicia. En los días por venir, se puede anticipar un nuevo espectáculo medíatico-circense conforme se acerque la fecha de la ejecución de tres mexicanos (hermanos) que fueron detenidos en Malasia, acusados de actividades relacionadas con narcotráfico, los cuales ya agotaron todos los recursos legales de apelación que hay en el sistema de justicia de dicho país y están en camino de ser ahorcados. Desde ahora se puede anticipar que serán glorificados al igual que como lo fue Édgar Tamayo, adquiriendo una celebridad que jamás pudieran haber anticipado a lo largo de sus vidas.
Bien haría el gobierno de México, y bien harían los medios de comunicación de México, en vez de estarle dando al pueblo mexicano este mismo “show” mediático y tragicómico cada vez que un mexicano va a ser ejecutado en el extranjero por algún crimen grave que haya cometido ensalzándolo como un inocente chivo expiatorio que debe ser proclamado inocente por el solo hecho de habérsele violado sus “derechos consulares”, en mejor pregonar sin parar y en forma repetitiva la siguiente advertencia a todos los aspirantes a emigrar, muy en especial los indocumentados que se irán violando las leyes migratorias del país en el cual planean residir: “Mexicano: si vas a otro país, cuídate y no te portes mal. Respeta las leyes del país al que vayas y no te metas en problemas. Allá afuera no es como en México, allá afuera sí ejecutan a los homicidas, y si te metes en problemas no habrá absolutamente nada que ni siquiera el mismo presidente de México pueda hacer para salvarte del patíbulo. Si estás empecinado en portarte mal, mejor quédate en México, porque una vez que salgas del país ¡ay de tí si te metes en problema incurriendo en actos ilegales! Lo que hagas fuera de México, será bajo tu cuenta y riesgo”.
Así, una vez advertidos de antemano con sendos anuncios puestos del lado mexicano en los puntos fronterizos de cruce hacia los Estados Unidos, quienes insistan en portarse mal allá igual que en México deberán asumir valerosamente las consecuencias de sus actos en vez de estar pataleando en sus intentos desesperados por salvarse del patíbulo pidiendo la intervención del presidente de México, del Congreso de la Unión, del gobernador estatal a quien corresponda el caso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de los medios de comunicación audiovisual en México, y de cientos y cientos de organizaciones de todo tipo que en vez de perder su tiempo abogando por los victimarios deberían dedicarse mejor a procurar auxilio para las víctimas que quedaron desprotegidas y que también tienen sus propios derechos humanos.
ADENDOS: No había sido enviado aún el cuerpo de Édgar Tamayo a México cuando el lunes 27 de enero de 2014 en la Ciudad de México durante un asalto a la Joyería Expressiones de Plaza Galerías Coapa fue asesinado a sangre fría de un balazo en la cabeza el valiente policía Ismael Antonio Ramírez:
Este hecho imprevisto e “inoportuno“” (inoportuno para los defensores a ultranza del asesino del policía de Houston) que conmovió e indignó a los capitalinos y a todo el país fue al final de cuentas lo que impidió hacerle a Édgar Tamayo una despedida apoteósica durante su entierro como se tenía originalmente planeada, pletórica de fanfarrias y honras de carácter oficial con la presencia de altos funcionarios pronunciando arengas populacheras de fervor patriótico y personajes importantes del mundo de la política deshaciéndose en elogios de “desagravio”, por no ser algo políticamente correcto. Al final de cuentas, se le enterró y ya. El muerto al pozo, y el vivo al gozo. Si el cobarde asesino que sacrificó arteramente al policía capitalino Ismael Antonio Ramírez termina huyendo a los Estados Unidos, entonces podrá tener un problema si llega con la creencia de que allá en los Estados Unidos puede hacer lo mismo que lo que hizo en México sin que le apliquen la pena capital, porque si repite allá su fechoría de seguro lo regresarán a México en un ataúd al igual que a Édgar Tamayo en donde, eso sí, será glorificado al igual que como lo fue en vida Édgar Tamayo, con todos los gastos pagados en pesos y en dólares hasta el último centavo por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México especializada en luchar con denuedo en el extranjero por la liberación de asesinos de origen mexicano alegando la violación de sus “derechos consulares” y especializada también en abrir generosamente las arcas del presupuesto para traslado en avión desde Estados Unidos hasta México de los cadáveres de asesinos de policías norteamericanos.
