Esto era algo que ya se veía venir, y poco le pusieron atención por el burocratismo y lentitud con que se desenvuelven los procesos judiciales en las Cortes de Estados Unidos, pero el miércoles 11 de septiembre terminó por estallar la bomba que muy seguramente pondrá fin a las caravanas masivas de migrantes indocumentados procedentes de Centroamérica que pasaban por México para llegar a los Estados Unidos con la intención de pedir asilo.
Todo empezó con una primera caravana que se organizó en San Pedro Sula en Honduras el 12 de octubre de 2018, formada por campesinos y desempleados en extrema pobreza a los cuales gente sin escrúpulos convenció de juntarse en grandes números para avanzar a través de Centroamérica con la intención de llegar a los Estados Unidos y aprovechar (1) un vacío legal en las laxas leyes de Estados Unidos que facilitan el ingreso de indocumentados a territorio norteamericano sin que la "Migra" norteamericana pueda hacer algo por impedirlo y por el contrario está obligada a ayudarlos a ingresar y proporcionarles hospedaje y alimentación por el solo hecho de pronunciar la palabra mágica ¡ASILO! y (2) la incapacidad absoluta de un Congreso basofia de caricatura para aprobar cualquier tipo de reforma legislativa en materia migratoria.
Empezaron a avanzar con paso firme violentando por principio de cuentas la soberanía territorial de Guatemala, destruyendo las mallas ciclónicas a su paso e ingresando en cantidades enormes de gente escudándose detrás de niños y niñas chiquitos en lo que puede llamarse la maniobra Stillson. Al ver que, con la fuerza de los números podían violentar impunemente las leyes migratorias de otros países, recorrieron Guatemala hasta llegar a la frontera con México en donde, nuevamente, empezaron a ingresar a territorio mexicano a la brava sin portar ningún documento ni permiso de entrada expedido previamente por algún consulado o embajada mexicana, simplemente saltándose la barda:
Paulatinamente, se fueron acostumbrando a que podían violar las leyes de otros países sin ninguna consecuencia. El atrevimiento llegó a tal grado que no tuvieron ningún empacho en ingresar a la fuerza ondeando las banderas de sus países de origen en abierto desafío a la bandera de los países invadidos:
Técnicamente, cuando un grupo numeroso de gente ingresa a otro país que no es el suyo, y cuando lo hace no solo de manera indocumentada sin haber pedido previamente ningún permiso sino ondeando la bandera de un país extranjero (como puede verse en las dos fotografías de arriba), tal ingreso no autorizado es considerado como una invasión (así lo reconoce y lo define la ONU.) Tras meterse en México sin llevar consigo ni un solo centavo para garantizar sus gastos en alimentación y hospedaje, los migrantes indocumentados continuaron avanzando hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, y al tratar de hacer lo mismo se llevaron un chasco cuando el gobierno norteamericano recurrió a la fuerza para impedir un ingreso masivo ilegal a territorio norteamericano. Recurriendo al uso de gases lacrimógenos y balas de goma, a fines de noviembre de 2018 se reprimió usando la fuerza y la violencia el intento del grupo de migrantes invasores de meterse a la fuerza a territorio norteamericano. Pero... ¿qué acaso no basta el solo hecho de pedir asilo a las autoridades norteamericanas para atarlas de manos obligándolas a atender a los solicitantes de asilo? Bueno, aquí hay un asunto importante: para pedir asilo al gobierno norteamericano, se tiene que estar dentro de territorio norteamericano. Entonces todo lo que tenía que hacer el gobierno norteamericano para impedir el ingreso masivo de miles de indocumentados pidiendo asilo sin negarles directamente el asilo es impedir el ingreso de los indocumentados a territorio norteamericano.
Al recurrirse al uso de la fuerza y hacer Estados Unidos lo que otros países como Guatemala y México no se habían atrevido a hacer, las caravanas migrantes acumularon su primera gran derrota al darse cuenta de que no se les permitiría ingresar a territorio norteamericano por la fuerza de los números como se habían acostumbrado a hacerlo.
No tardó en agregarse un factor adicional de tensión en el tema migratorio. Además de la primera caravana que partió de Honduras en 2018, poco después se formó una segunda caravana a la cual siguió la formación de una tercera caravana, una cuarta caravana, y muchas más, causando la impresión genuina de que todo Honduras se estaba preparando para trasladarse a Estados Unidos para tomar residencia permanente usando como pretexto la petición de asilo político, a lo cual se sumarían todas las poblaciones de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros países.
Resultó obvio que familias migrantes y menores no acompañados, alentados por las primeras caravanas de indocumentados, empezaron a presentarse en cifras récord ante los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para pedir asilo, algo que legalmente les permitía quedarse en Estados Unidos durante años mientras sus casos eran procesados en las cortes de inmigración, que operan con retraso. Solo un 20 por ciento de ellos logran asilo, según el gobierno, y muchos de los solicitantes que son rechazados se quedan de manera ilegal en Estados Unidos.
La inmigración de toda Centroamérica en un corto período de tiempo tiene el potencial de colapsar por completo la economía y la estabilidad social interior de Estados Unidos. Ningún país en el planeta tiene la capacidad para darle entrada a tanta gente que llega sin un solo centavo en los bolsillos. Y cuando algunos alegan que fueron miles los irlandeses e italianos que estuvieron arribando a Nueva York a principios del siglo XX en calidad de "indocumentados", también es cierto que la larga travesía en el mar imponía un tope a la cantidad de gente que podía trasladarse desde Irlanda o Italia hasta Estados Unidos para tomar residencia permanente a diferencia de lo que ocurre con las caravanas de migrantes que hoy se trasladan a pie.
De cualquier modo, el aumento explosivo en el número de personas que llegarían pidiendo residencia permanente sin ningún tipo de control detonó una histeria anti-migrante en Estados Unidos exigiendo soluciones cuando un Congreso inútil no tenía disposición alguna para tomar cartas en el asunto. Llegó así el momento de hacer un cambio de táctica para limitar severamente el ingreso de "gente indeseable" negándole de alguna manera el asilo
Una medida draconiana para terminar con el asilo político de centroamericanos en Estados Unidos
Ante la ausencia total del Congreso en el tema migratorio, el 15 de julio de 2019 el gobierno estadounidense anunció la implementación de una política de acuerdo a la cual solo los migrantes a quienes oficialmente se les hubiera denegado asilo en otro país por el que hubieran pasado previamente en su camino hacia los EE.UU. o que hubieran sido víctimas de tráfico humano “severo”, podían solicitar asilo en Estados Unidos. De este modo, los hondureños y salvadoreños tendrían que solicitar asilo en Guatemala y México, siendo necesario que les haya sido denegada su solicitud de asilo antes de que puedan solicitarlo en Estados Unidos. En el caso de los guatemaltecos, tendrían que solicitar la protección en México y ser rechazados. Esta política significó un retroceso a las antiguas leyes de asilo que se aseguraban de que todas las personas pudieran buscar un refugio seguro en Estados Unidos sin importar su procedencia.
Al día siguiente, el 16 de julio, día en que entró en vigor la nueva regla —inicialmente en el valle del río Grande de Texas— la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) desafió la política de Donald Trump en una corte en San Francisco. El caso fue revisado el miércoles en Washington y se presentó de manera separada por dos organizaciones de defensa, la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital y Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES).
El veredicto Tigar
Un juez históricamente favorable a los migrantes indocumentados, el juez federal de distrito en San Francisco Jon S. Tigar, le ordenó el miércoles 24 de julio de 2019 al gobierno estadounidense que continuara aceptando solicitudes de asilo de todos los migrantes que llegan a los Estados Unidos y que cumplen con los requisitos para solicitar esa medida de protección, frenando temporalmente el mayor intento del presidente Donald Trump para detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur.
El juez Tigar emitió un recurso judicial preliminar contra una nueva regla que buscaba prohibir las solicitudes de asilo en los Estados Unidos para la mayoría de los migrantes centroamericanos que en 2018 habían estado llegando en cifras récord. También habría afectado a muchos migrantes de África, Asia y otras regiones. La decisión se produjo el mismo día en que un juez federal en Washington, al analizar la medida en otro proceso judicial, mantuvo la nueva regla, lo que fue visto como una victoria del gobierno. Pero la orden del juez Tigar impide que la medida se cumpla hasta que las cuestiones legales puedan debatirse más a fondo. La medida, ejercida de manera limitada en Texas, exigía que las personas migrantes busquen asilo en el primer lugar seguro al que llegan que, en la mayoría de los casos actuales, sería México. Como los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala conforman la gran mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur, esa política afecta de manera grave sus posibilidades de obtener esa protección en los Estados Unidos. “Es muy probable que esta nueva regla no sea válida porque es inconsistente con las leyes de asilo existentes”, escribió el Juez Tigar en su resolución, y agregó que la decisión del gobierno de implementarla fue “arbitraria y caprichosa”.
“El tribunal reconoció, al igual que lo hizo con la primera prohibición de asilo, que el gobierno de Trump intenta acabar las protecciones de asilo promulgadas por el congreso”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU que participó en el caso de San Francisco. Los grupos que cuestionan la medida argumentaron que las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso estadounidense establecen que una persona no puede optar por el asilo solo si el solicitante está “firmemente asentado” en otro país antes de llegar a los Estados Unidos. Las leyes también requieren que un solicitante de asilo solicite protección en otro lugar, solo si los Estados Unidos han firmado un acuerdo con ese país y al solicitante se le garantiza un “procedimiento completo y justo” allí, dijeron los representantes de las organizaciones.
El juez Tigar estuvo de acuerdo. “La regla no proporciona ninguna de estas protecciones”, dijo en su fallo en contra de la nueva política anti-asilo de Donald Trump. Durante una audiencia relativa al caso, un abogado del Departamento de Justicia, Scott Stewart, dijo que la gran afluencia de familias migrantes había generado una “crisis” que se había vuelto “particularmente grave” y había generado “tensión” en el sistema de asilo.
El golpe más duro contra las invasiones centroamericanas
El 9 de noviembre de 2018, usando sus vastos poderes presidenciales, el presidente Donald Trump emitió un decreto de acuerdo al cual se estableció una política distinta que prohíbe que los migrantes soliciten asilo si no lo hicieron primero en un puesto de control legal. Solo quienes hubieran ingresado a Estados Unidos por un puerto autorizado de entrada serían candidatos a solicitar la protección, no así quienes hubieran cruzado de manera ilegal, incluso si se entregaban a las autoridades. Bajo la nueva política,
cualquier persona que hubiera cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales a Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, una semana después, el 20 de noviembre de 2018, el juez federal de distrito Jon S. Tigar nuevamente se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la publicación del nuevo decreto del presidente Trump.
El fin de los procedimientos laxos de asilaje en EE.UU.
El asunto continuó rebotando en las cortes y en los tribunales de apelaciones involucrando en varias situaciones casos parecidos manejados por separado en tribunales distintos situados en todo el territorio norteamericano, embrollando aún más el asunto, pero dándole un respiro y una esperanza a los migrantes indocumentados que habían cruzado a pie varios países caminando desde Honduras o Guatemala y que se encontraban en el limbo. Eventualmente esto tenía que escalar al tribunal superior de justicia en Estados Unidos que tendría que tomar alguna decisión para imponer un orden sobre este asunto.
Fue así como se llegó a la histórica sentencia que efectivamente equivale a darle "muerte legal" a todos los intentos de los caravaneros centroamericanos por obtener asilo en Estados Unidos:
Avala Suprema Corte restringir asilo en EU
Deberán migrantes pedirlo en países por donde pasan, como México
Robert Barnes
The Washington Post
Jueves 12 de Septiembre, 2019
La administración Trump puede comenzar a denegar las solicitudes de asilo de los migrantes en la frontera sur que han viajado a través de México u otro país sin buscar protección allí, después de que la Corte Suprema levantó el bloqueo de un tribunal inferior a la nueva restricción.
Los jueces suspendieron la decisión de un tribunal de primera instancia de que el cambio de reglas de la administración no podía hacerse cumplir en espera de una acción legal adicional porque probablemente violaba los requisitos de la ley administrativa.
Solo los jueces Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg mostraron su desaprobación a la acción.
“Una vez más el Poder Ejecutivo emitió una regla que busca anular las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan refugio de la persecución”, escribió Sotomayor.
Un número récord de familias centroamericanas ha solicitado asilo en el último año, y la mayoría ha sido liberada para esperar audiencias judiciales, frustrando los esfuerzos de Trump para frenar una nueva ola de migrantes.
"Aunque esta nación ha mantenido sus puertas abiertas durante mucho tiempo a los refugiados, y aunque lo que está en juego para los solicitantes de asilo no podría ser mayor, el Gobierno implementó su regla sin primero dar aviso público e invitar a la opinión pública generalmente requerida por la ley", agregó Sotomayor.
La política de Trump es uno de los esfuerzos más importantes de la administración para disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera sur, y es una de las múltiples herramientas que los funcionarios federales de inmigración han desplegado para evitar que las familias y otros solicitantes de asilo ingresen a los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dice que más de 436 mil casos pendientes incluyen una solicitud de asilo.
Demanda rápida
La administración Trump anunció el cambio en julio, y cuatro grupos de derechos de los inmigrantes lo cuestionaron rápidamente. Un juez federal de distrito en California dictaminó que la ley probablemente no era válida porque es incompatible con la ley federal. También dijo que violaba la Ley de Procedimientos Administrativos (APA), y emitió una orden judicial a nivel nacional.
Un panel del Noveno Circuito dijo que el juez fue demasiado lejos. La política probablemente violó la APA, dijo, pero la orden judicial debería limitarse a los estados dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito. Eso significaba que el cambio de reglas no podía implementarse a lo largo de las fronteras de California y Arizona. Los otros estados fronterizos del sur, Nuevo México y Texas, están en diferentes circuitos, y un funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hablando en segundo plano, dijo que la nueva regla se está aplicando en esas áreas fronterizas.
Pero el juez de Distrito de los Estados Unidos Jon Tigar restableció el mandato nacional, diciendo que era la única forma de proporcionar a las organizaciones el alivio que dijo que merecían, y mantener uniforme la ley de asilo de la nación.
Incluso antes del último fallo de Tigar, el procurador general Noel Francisco había pedido a la Corte Suprema que permitiera que las nuevas reglas se implementaran en todas partes mientras continúa la batalla legal.
El Congreso otorga a los departamento de Justicia y Seguridad Nacional (DHS) autoridad para imponer restricciones adicionales a los solicitantes de asilo más allá de los establecidos en la ley federal, argumentó Francisco. Dijo que el nuevo requisito “alivia una carga aplastante en el sistema de asilo de Estados Unidos al priorizar a los solicitantes de asilo que más lo necesitan en los Estados Unidos”.
“A su vez, la regla disuade a los extranjeros sin una necesidad genuina de asilo de hacer el arduo y potencialmente peligroso viaje desde América Central a los Estados Unidos”, agregó.
Desde 1980 la política de Estados Unidos considera que quienes dicen que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen tienen derecho al menos a solicitar asilo. El caso actual fue el segundo intento de la administración Trump de cambiar esa garantía.
En diciembre el tribunal en una votación de 5 a 4 se negó a levantar una suspensión en el primer intento de Trump. Hubiera denegado las solicitudes de asilo de cualquier persona que ingresó al país en cualquier lugar que no sea un “puerto de entrada” autorizado.
Un panel diferente del Noveno Circuito dijo que el cambio estaba claramente en desacuerdo con la ley federal. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió a los cuatro liberales de la corte para mantener la suspensión mientras continuaba la batalla legal.
La administración aún no ha presentado una petición ante la Corte Suprema para pedirle que revise los méritos de ese caso.
El nuevo caso es Barr v. East Bay Sanctuary Covenant.
De acuerdo a la nueva política, pedir asilo en Estados Unidos será imposible para aquellos que llegan a pie a territorio norteamericano, porque la primera pregunta que les harán los funcionarios migratorios a los cuales se entreguen solicitando asilo será: ¿Cruzaste otro país al llegar aquí? En el caso del cien por ciento de los centroamericanos, la respuesta será obligadamente: "Sí, por México". Tras esto, la segunda pregunta será: ¿Pediste asilo en ese país? Y si la respuesta es negativa, entonces el aspirante a asilo en EE.UU. se le negará la entrada y cualquier posibilidad de pedir asilo en EE.UU. porque para poder hacerlo tendrán que pedir primero asilo en cualquiera de los países de tránsito. Y puesto que el objetivo de los indocumentados es llegar a los Estados Unidos para ganar DOLARES y no lempiras hondureñas o quetzales guatemaltecos en trabajos muy mal pagados, no habrá indocumentados centroamericanos dispuestos a solicitar asilo en ningún otro país que no sea EE.UU., lo cual al no poder hacerlo desvirtúa por completo el propósito primario de todas las caravanas de migrantes indocumentados.
Un Viernes 13 para recordar por siempre en Centroamérica
Al día siguiente de haber dado la Suprema Corte de Justicia su veredicto inapelable sobre las restricciones que el gobierno norteamericano quería imponer a los solicitantes de asilo, poniendo las solicitudes de asilo fuera del alcance de cualquiera especialmente gente procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador, esta noticia publicada en un Viernes 13 confirmó el primero de muchos negros días de mala suerte vaticinados para todos los indocumentados centroamericanos aspirantes a residir en EE.UU. con la esperanza de estar ganando DOLARES:
Comienzan a negar solicitudes de asilo político en El Paso
Tras fallo de Suprema Corte
Sabrina Zuniga
El Diario de El Paso
Viernes 13 de septiembre, 2019
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó una solicitud del presidente Donald Trump para hacer cumplir una nueva norma que restringe las solicitudes de asilo de migrantes en la frontera con México.
En El Paso, frontera con Ciudad Juárez, la orden a pocas horas de entrar en vigor comenzó a implementarse, impactando diversas peticiones de asilo político.
“Por lo menos contamos con una persona que ya se nos informó que se verá afectado su caso de petición de asilo”, dijo Melissa López, abogada de inmigración local.
``Nuestra Corte Suprema está sentenciando a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay instituciones que paren esta crueldad", dijo la organización Al Otro Lado de ayuda a los migrantes en un comunicado. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)
La Corte dictaminó que la regla –que requiere que la mayoría de los inmigrantes que desean asilo primero busquen refugio en un tercer país a través del cual viajaron a Estados Unidos– puede aplicarse mientras continúa el litigio que cuestiona su legalidad.
“Cualquier persona que llegue a los Estados Unidos pidiendo asilo, pero por un tercer país antes de llegar a territorio nacional, tiene que solicitar primeramente asilo en ese país, y en caso de ser negado ya puede aplicar para el asilo aquí en los Estados Unidos”, informó López.
En efecto, las restricciones niegan el asilo a los migrantes que pasan por otro país en su camino a los Estados Unidos sin buscar primero un estado protegido allí.
La Patrulla Fronteriza ha interceptado a aproximadamente 350 mil solicitantes de asilo de los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras en 2019. Las nuevas restricciones generalmente negarían el asilo a esos migrantes y obligándolos a pedir protección en México.
El fallo de la Corte fue descrito por el presidente como una victoria en un momento en que gran parte de su agenda de migración había sido bloqueada en cortes pequeñas.
“¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos por el asilo en la frontera!”, dijo Trump en Twitter.
López, quien fungió como directora de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados de la Diócesis Católica de El Paso, dijo que el jueves por la mañana se le notificó que por lo menos un caso de petición de asilo de su asesoría fue impactado por la nueva regulación.
“Esto va a causar una situación en la cual las personas que llegan huyendo de sus países ni siquiera se les va a tomar en cuenta o se les va a dar la oportunidad de solicitar asilo político aquí”, comentó la abogada.
Dijo desconocer cómo es que la regulación aplicará a los migrantes que se encuentran en territorio mexicano bajo el programa ‘MPP’, Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocido como “Permanecer en México”.
Se interpone México
El Gobierno de México no coincide con la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos con la que se permite restringir las solicitudes de asilo, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
"Es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos", declaró en la conferencia de prensa mañanera del jueves en Palacio Nacional.
Cuestionado por la prensa, el funcionario destacó que el País tiene una política migratoria distinta a la de Estados Unidos.
"Tenemos en México una política muy distinta, no vamos a variar esa política, es decir, nuestra política de refugio de asilo es una tradición en México. "En México no implementaríamos este tipo de restricciones", aseveró.
Reprueban decisión
Las organizaciones civiles se han manifestado en contra de la decisión de los tribunales. En julio, una coalición de grupos de migrantes y de derechos civiles desafió las nuevas reglas en la corte federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representa a los demandantes. El juez de distrito, Jon Tigar, presentó una orden judicial que prohíbe al gobierno hacer cumplir las reglas en todo el país en julio.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito redujo el mandato de Tigar, diciendo que podría entrar en vigor dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito, pero no más allá. Eso significaba que la barra de tránsito de un tercer país podría aplicarse a los migrantes interceptados en Nuevo México o Texas, pero no en Arizona y California.
El Instituto Fronterizo Esperanza, (HOPE) declaró el fallo y el poder de la Corte Suprema como ‘un patrón inquietante’. “El impacto humano de esta decisión será devastador para miles de refugiados que ven la posibilidad de seguridad y libertad en la frontera de nuestra nación y, en cambio, ahora serán recibidos con un frio odio”, expresó en un comunicado.
¿Les quedan otras alternativas a los indocumentados centroamericanos?
Con la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en septiembre de 2018, la vía legal para lograr su sueño americano en el caso de los indocumentados está completamente agotada, porque los veredictos de dicha corte son inapelables, no hay ninguna otra instancia de apelación posible excepto un cambio de leyes migratorias impulsado por el Congreso norteamericano. Pero se trata de un Congreso que no hace absolutamente nada en lo que se refiere a la cuestión migratoria, ni bueno ni malo.
Para poder burlar el nuevo estado de cosas, bastaría con llegar directamente a Estados Unidos sin pasar por ningún país intermedio. Esto se puede lograr viajando en avión en vuelo directo desde Centroamérica hasta algún aeropuerto internacional norteamericano (Miami, Houston, etc.) o yendo en una embarcación directamente desde el país de origen hasta llegar a la costa de Estados Unidos.
La posibilidad de tomar un vuelo directo hasta Estados Unidos siempre está allí. Pero las caravanas están conformadas por gente en extrema pobreza que en su gran mayoría vive casi al nivel de indigencia y que carece de recursos para comprar un boleto de avión que la lleve a Estados Unidos. Y en lo que se refiere a tomar una embarcación, es poco creíble que gente de condición tan humilde pueda conseguir un buque con suficiente alimentación y agua que transporte a sus tripulantes directamente desde Honduras (por ejemplo) hasta Estados Unidos.
Hay otra posibilidad que, increíblemente, no ha sido bien explorada y mucho menos utilizada por los indocumentados que ya no pueden recurrir al remedio de sumarse a caravanas humanas gigantescas para vencer todos los obstáculos habidos y por haber "por la fuerza de los números".
Esta posibilidad radica en el hecho de que, de acuerdo a la Convención de Viena (de la cual EE.UU. es país signatario), de acuerdo a la cual el principio de extraterritorialidad garantiza que un edificio o un terreno se considera en país extranjero, como una prolongación del país propietario, como en el caso de las embajadas, consulados, bases militares y, en ciertos aspectos, los buques. Específicamente, por ejemplo, el Artículo 22 establece que: "Las premisas de una misión diplomática, tales como una embajada, son inviolables y no deben ser penetradas por el país huésped excepto mediante permiso del encargado de la misión. Más aún, el país huésped debe proteger a la misión de intrusión o daños. El país huésped jamás debe indagar las premisas, ni tomar posesión de sus documentos o propiedades." Esto significa que el suelo que ocupa la Embajada de Estados Unidos en Honduras se debe considerar legalmente como territorio norteamericano (y no como territorio hondureño.) Esto a su vez significa que si un hondureño logra meterse de alguna manera a un consulado o embajada de Estados Unidos en Honduras, y una vez adentro solicita asilo, la misión consular o embajada está obligada a proporcionarle asistencia al solicitante de asilo del mismo modo que lo hacen los agentes migratorios de la US Border Patrol apostados en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Las leyes que aplican son las mismas. Entonces... ¿por qué demonios trasladarse a pie cruzando por varios países y recorriendo miles de kilómetros para llegar hasta territorio norteamericano para solicitar asilo, si se puede lograr lo mismo con el solo hecho de entrar a un consulado o embajada de Estados Unidos en el país de origen del aspirante a indocumentado? Bueno, como ya se dijo, esta posibilidad no se les ha ocurrido todavía. Pero por otro lado, obra el hecho de que tras los atentados terroristas (musulmanes) del 11 de septiembre de 2001, ya no es tan fácil meterse sin autorización previa a ningún consulado o embajada de Estados Unidos, las medidas de seguridad han sido reforzadas de modo extraordinario, esto además de que ciertamente no le permitirán el ingreso a ninguno que tenga intenciones de meterse para pedir asilo creándole a la misión consular o a la embajada un problema de los mil demonios (esto fue lo que hizo Julian Assange, el creador de Wikileaks que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Reino Unido hasta que seis años y 11 meses después Ecuador ya no lo aguantó más y le quitó el asilo.)
La opción de meterse a la brava a un consulado o embajada de Estados Unidos, aún si se cuenta con el ingenio y los medios para lograrlo, no se presta a la formación de nuevas caravanas de miles de aspirantes a emigrar pidiendo todos juntos atención inmediata porque la extensión territorial de los consulados y embajadas no permite darle cabida, hospedaje y sustento a tanta gente, y ante un intento de invasión de tal naturaleza lo más probable es que invocando a la Convención de Viena se pediría ayuda a las fuerzas del orden del país huésped que seguramente entrarían con órdenes de remover a los invasores usando la fuerza e inclusive tirando a matar a los que quieran meterse a la brava si tal cosa se requiere para amedrentarlos (algo que no puede hacer la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en la frontera con México). Lo importante en todo caso para los aspirantes a pedir asilo es esto: entrar dentro de un consulado o embajada directamente no requiere transitar por otro país como México y pedir asilo en tal país como lo requiere la regla aprobada en septiembre de 2019 por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ya que el veredicto de la Suprema Corte no contempla tal posibilidad.
De cualquier modo, esta posibilidad se mantiene en pie aunque nadie la haya utilizado hasta la fecha en Latinoaméricxa, y así como en 2018 hubo unos cuantos que tuvieron la osadía de organizar las primeras caravanas para parar de cabeza al sistema migratorio de Estados Unidos exponiendo los vacíos legales de su desvencijado sistema migratorio, siempre hay la posibilidad de que a unos cuantos se les ocurra poner en práctica esto último que, de llevarse a cabo, le propinaría al gobierno de Donald Trump un dolor de cabeza colosal.
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