43 fantasmas

Este día se cumplen 5 años de la desaparición forzada de Iguala de 2014 cuando la policía municipal de Iguala y estatal de Guerrero (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala) a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. En dicho ataque habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue dando mucho de qué hablar, y no porque haya habido nuevos avances en la explicación de qué fue exactamente lo que sucedió con todos ellos.

Resuenan todavía las palabras de Hilda Hernández, madre de uno de los 43 desaparecidos en Iguala, quien señaló en la Cámara de Diputados: "Los llevamos en el corazón y no descansaremos hasta encontrarlos". Pero... ¿realmente espera esta mujer que, cinco años después, alguien le va a regresar a su hijo con vida, sano y salvo? Si tal cosa ocurriera, ella sería la primera sorprendida, además del mundo entero. El dolor de todos estos padres de familia no debe hacernos cerrar los ojos a la manipulación que unos activistas, como Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, han llevado a cabo. La intención de estos patanes que no han contribuído un ápice a la investigación de los hechos no es aclarar la desaparición de los normalistas, sino impulsar una causa política. La propia Hilda Hernández reflejó estar bajo el influjo de esta manipulación cuando cuestionó ayer a quienes "declararon que tenían la versión histórica". El rechazo a esta versión se ha convertido en un dogma de fe de este movimiento. El propio Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, se ha unido al dogma al referirse a la "mentira histórica".   

Aunque AMLO reafirmó su compromiso de resolver el caso Ayotzinapa, la cruda realidad es que carece de elementos a partir de los cuales pueda cumplir con su promesa. Hasta la fecha, ninguna otra versión de los hechos se aproxima siquiera en indicios o verosimilitud a lo que ha sido llamado "la verdad histórica" forjada con cientos de testimonios de policías y miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, declaraciones de otros testigos, mensajes de texto de los dirigentes de Guerreros Unidos y peritajes. La única otra versión, que los jóvenes fueron secuestrados por militares y encerrados en mazmorras clandestinas, no tiene ningún sustento. Aun así, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió las instalaciones del 27º batallón de infantería para que los representantes del movimiento de Ayotzinapa la revisaran, sin encontrar a ningún normalista oculto. 

Hoy todo gira en torno a un dogma (los dogmas, como bien se sabe, se espera que sean tomados como "verdades incuestionables" que no pueden ser sometidas a ningún escrutinio o análisis lógico porque hacer tal cosa sería no solo una ofensa a los padres de familia de esos 43 desaparecidos sino al pingüe negocio que esos desaparecidos han representado para Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz), el dogma de que esos 43 siguen vivos y se encuentran "sanos y salvos" en algún lado, bien cuidados y bien alimentados.

El dogma se ha centrado en la opinión de José Torero, un ingeniero peruano del University College de Londres, miembro del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), quien afirmó que era imposible que los cuerpos de los normalistas pudieran haber sido quemados en el basurero de Cocula. Muchos otros especialistas, sin embargo, han señalado que la quema no sólo era posible sino que hay indicios de que efectivamente tuvo lugar. No hay certeza de si fueron algunos cuerpos o todos, pero todo parece indicar que el padre Alejandro Solalinde tenía razón cuando reportó originalmente esta quema. Pero aun si la disposición de los cadáveres no se hubiera realizado de esta forma y en ese lugar preciso, la versión de que los estudiantes fueron secuestrados por policías de Iguala (hay videos), entregados a criminales y ejecutados tiene un cúmulo de pruebas y testimonios de respaldo. Este dogma se nutre de raíces políticas, para los líderes de Ayotzinapa era importante declarar que el Estado había secuestrado a los estudiantes porque su propósito último era derrocarlo y establecer un nuevo régimen. El problema es que para sostener el dogma ha sido necesario mentir de manera sistemática. Hoy, que tenemos un nuevo régimen que llegó al poder por la vía democrática, los líderes están más empeñados en procesar a Tomás Zerón, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, y al exprocurador Jesús Murillo Karam, por haber propuesto la verdad histórica, que a los criminales que secuestraron y mataron a los normalistas. El propio Encinas declaró ayer: "La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna". Y claro, si se trata de tener una verdad que se adapte a los requerimientos políticos de los líderes de Ayotzinapa, nunca tendremos la verdad. Poco importa cuántos cuarteles militares se revisen.

En realidad, el asunto se embrolló cuando el gobierno federal aceptó (indebidamente) tomar en sus manos un caso del fuero comúnn cuya competencia era atribución y responsabilidad exclusiva de las autoridades del estado. En México este tipo de injerencias se pueden llevar a cabo por la poca confianza que se tiene en muchas autoridades estatales (como actualmente la de Chihuahua gobernado por un yanqui nacido en Texas) y a las cuales se suponen que tienen nexos o pactos con la delincuencia organizada. ¿Cómo confiar en las investigaciones emprendidas por autoridades sobre las que penden sospechas de complicidad con la delincuencia organizada y rampante corrupción? Para el gobierno federal tomar el caso en sus manos era una manera de generar confianza de que en tan horrendo crimen prevalecería la justicia, y a fin de cuentas el mismo gobierno federal terminó siendo acusado de varias cosas.

El gobierno federal presidido por Enrique Peña Nieto terminó siendo acusado de elaborar un montaje que empezó a caer con la liberación de Gildardo López Astudillo “El Gil”, uno de los involucrados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. De acuerdo a medios nacionales, "El Gil" uno de los líderes de la organización los Guerreros Unidos, fue exonerado por un juez de la última acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía en su contra. Fuentes allegadas al caso informaron que Astudillo logró su exoneración del delito de secuestro, luego de un proceso en el que poco a poco desvirtuó las acusaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico, que pesaban en su contra. "El Gil" estuvo cuatro años en la cárcel, tal como lo ordenó el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

Lo peor que puede pasar es que, por la insistencia de los padres de familia de esos 43 desaparecidos, todos los que habían sido detenidos y enjuiciados terminen siendo liberados bajo la presión social, y si realmente estuvieron detrás de la matanza de los 43 normalistas entonces (y esta es la cruel ironía) los padres de familia podrían haber estado contribuyendo a la liberación y exoneración de las muertes de sus propios hijos.

Las exigencias de los padres de esos 43 de que se les regrese a sus hijos con vida son sueños de opio. En realidad, nadie espera que ninguno de ellos, ni uno solo, vuelva a aparecer con vida después de tanto tiempo, ni es verosímil el alegato de que se les mantiene secuestrados "por allí en algún lugar, bien escondidos de la vista del público", presumiblemente bienalimentados y bien comidos y hasta habiendo formado sus propias familias.

Además, expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificaron los restos del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz; tratándose del segundo perfil genético confirmado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en los hechos del 26 de septiembre de 2014, un veredicto científico imposible de someter a discusión o duda alegando que los científicos de la Universidad de Innsbruck se prestaron voluntariamente a un complejo y vasto operativo de encubrimiento. Además de este dictamen, se tiene también que en diciembre del año 2013 fue confirmada la identidad de Alexander Mora Venancio entre los restos entregados para su análisis de perfil genético. Resumen: por lo menos dos de los 43 desaparecidos,  Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, son cadáveres (o mejor dicho, cenizas), y es científicamente imposible que nadie se los regrese a sus padres con vida. Esta actitud de negar las pruebas de la ciencia moderna demuestra que aún si por algún medio cuasi mágico se lograra demostrar que los 43 desaparecidos están muertos y más que muertos, los manifestantes no se conformarían con nada y están preparados para rechazar cualquier veredicto científico.

¿Por qué tanta insistencia en que sean devueltos con vida? ¿Por qué repetir infructuosamente "Vivos se los llevaron, vivos los queremos"?:

El presidente AMLO no tiene el poder de la resurrección, y los criminales oportunistas como Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz se atienen a ello para garantizarse a sí mismos de que podrán seguir lucrando por el resto de sus vidas con la muerte de esos 43, y los intereses de buitres como estos van a tal grado de que, si por algún milagro del destino, volvieran a aparecer con vida, ellos mismos se encargarían de rematarlos porque un suceso así les quitaría su principal motivación de lucha y lucro político. A los buitres y oportunistas no les conviene que los 43 desaparecidos sean encontrados con vida por remotas que sean las posibilidades de que ocurra tal cosa.

Lo único que falta es que cualquier día de estos los que se la pasan yendo de una protesta a otra exigiendo "justicia" terminen pidiiendo al Vaticano a través de la Nunciatura Apostólica de México la beatificación y canonización de esos 43 desaparecidos, para que así reciban el decoroso apelativo los mártires de Ayotzinapa en vez de ser recordados como lo que realmente eran: unos vándalos, o sea logrando la reivindicación de los mismos elevándolos a la calidad de "santos". Los alumnos de la normal de Ayotzinapa ya tenían un amplio historial de secuestro de autobuses para sus traslados, lo que ocasionaba enfrentamientos con la policía. Tres años antes de que la situación derivara en una crisis, el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, hubo un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal, conocido como el conflicto de Ayotzinapa, que dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Un trabajador falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio.

Hasta la fecha, nadie se acuerda de ese trabajador que murió como un héroe al haber ofrendado su vida para impedir una tragedia con una explosión catastrófica que podría haber terminado con la vida de los residentes alrededor de esa gasolinera. ¿Por qué no se le recuerda? Pues porque no es tan fácil lucrar con su muerte para buitres como los oportunistas Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz.

Igualmente, la CNDH que tantas veces se ha puesto del lado de los 43 vándalos de Ayotzinapa jamás en ningún momento ha hecho ningún pronunciamiento o protesta por los secuestros de autobuses que esos normalistas estaban llevando a cabo el día que comenzaron los hechos aludidos. Esos autobuses eran PROPIEDAD PRIVADA, tenían dueños que habían invertido en tales vehículos los ahorros de todas sus vidas para poder tener un negocio que les permitiera subsistir. Hasta la fecha, nadie se acuerda de esos empresarios afectados por los vándalos de Ayotzinapa. ¿Acaso los propietarios de esos autobuses no tenían derechos humanos al igual que los que se les alega a los 43 normalistas? Pues para la CNDH, típica defensora de todo tipo de derechos de hampones y delincuentes, no. ¡Hasta la misma CNDH ha intentado obtener lucro político con tragedias como ésta!

Lo más probable es que la lucha inútil de los padres de esos 43 normalistas desaparecidos no es tanto para que se los regresen con vida, y a estas alturas ya lo saben, sino por guardar un cierto "respeto" a la memoria de sus hijos desaparecidos dándoles a sus muertes una explicación mucho más digna y honorable para ellos aunque no haya evidencias para sustentar tales reclamos. Para los padres de familia es más digerible recordarlos como víctimas de un crimen de estado que como víctimas colaterales de meras pugnas entre pandillas de narcotraficantes. O bien, les debe resultar más digerible crearse a sí mismos una realidad alterna en la cual sus hijos siguen con vida y solo están desaparecidos que aceptar de una vez por todas de que todos ellos son cadáveres (o más bien, cenizas.) Y sobre esta premisa es posible que seguirán habiendo muchas otras marchas de protesta en los años venideros exigiendo reparaciones y compensaciones monetarias, convocadas y organizadas por buitres y chacales como Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz para beneficio propio, que insisten en seguir lucrando en vez de simplemente convencer a los padres de familia de aceptar la cruda realidad y darles una sepultura así sea simbólica a esos 43 que aún no descansan en paz. En última instancia, está también el temor de que si hay padres de familia que decidan abstenerse de participar en futuras marchas de protesta y bloqueos carreteros, entonces serán acusados de ser "padres indignos de ser llamados padres al haberse dado por vencidos sin luchar hasta el final por sus hijos normalistas". Y a nadie le gusta ser recordado como alguien que se dió por vencido, así que esto va para largo. ¿Qué tal cien años más?