Historia de una infamia (conclusión)

En la entrada anterior, se presentaron algunas de las evidencias que comprueban la manera en la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando fue presidida por el Doctor Jorge Carpizo McGregor no sólo no hizo absolutamente nada que pudiera llevar a la resolución del caso del asesinato del editorialista político Doctor Víctor Manuel Oropeza, sino que “gracias” a la nefasta intervención de la CNDH y sus próceres en el caso Oropeza, el crimen quedó en la más completa y absoluta impunidad. Y de paso, la oficialista CNDH, al servicio del gobierno del cual recibe generosos sueldos y amplias prestaciones, demostró que los defensores oficiales de los derechos humanos en México pueden ser los peores violadores de los derechos humanos de los ciudadanos, violaciones descaradas llevadas a cabo por burócratas impíos e inmisericordes en contra de cuyas recomendaciones “no procederá ningún recurso”. Así fue creada desde un principio la CNDH por uno de los peores presidentes de los que tenga memoria la Nación, para estar al servicio incondicional de los intereses del sistema.

En vida, el Doctor Oropeza denunció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una dependencia gubernamental creada por el Presidente Carlos Salinas de Gortari no para defender los derechos humanos de las verdaderas víctimas sino para ayudarle a tapar al sistema político mexicano de aquél entonces sus pecados y tropelías, diciendo textualmente: “han nacido para escuchar la voz del amo y no para hacer valer los Derechos Humanos garantizados por la Constitución. Son ‘Comisiones’ de mentirijillas. Nomás para taparle el ojo al macho” (Columna “A mi Manera”, titulada “Sin Derechos Políticos no hay Derechos Humanos”, DIARIO DE JUAREZ, martes 4 de diciembre de 1990). Con su propia muerte y con las acciones de encubrimiento que posteriormente fueron llevadas a cabo para impedir la resolución del caso así como la implementación de un plan para destruír la credibilidad y reputación de su esposa, el Doctor Oropeza confirmó por anticipado las acusaciones que hizo, y de hecho se quedó corto en sus señalamientos porque el engendro resultó ser mucho peor a lo que hubiese imaginado.

Posiblemente la poderosa maquinaria oficial de aquél entonces descargada principalmente en contra de la viuda del Doctor Oropeza y el hermano de la viuda habría tomado acciones represivas mucho más drásticas no sólo en contra de ellos sino en contra de todos aquellos que no estaban satisfechos con el manejo oficial dado desde el poder ejecutivo federal a través de la CNDH al caso Oropeza, de no haber sido por otro acontecimiento de gran calado que el sistema no había anticipado: un levantamiento armado en Chiapas que en su momento amenazó con extenderse hacia otras regiones del país en respuesta a la enorme descomposición social y política que estaba carcomiendo las entrañas del país. A partir de este levantamiento armado, se podia percibir que las cosas no podrían seguir siendo iguales en México por mucho tiempo, no se podia seguir viviendo a perpetuidad bajo una democracia simulada ni se podia permitir por muchas décadas más el mandato omnipotente de monarcas sexenales investidos con atribuciones omnímodas y facultades cuasi-imperiales.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el presidente bajo cuyo sexenio se cometió el homicidio del formidable adversario del sistema Doctor Víctor Manuel Oropeza Contreras, no solo fue un sexenio sangriento caracterizado por magnicidios tales como el de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y el mismo cuñado del presidente, José Francisco Ruiz Massieu. Fue también un sexenio en el cual se vivió una economía de ficción. Al poco tiempo de que Salinas de Gortari abandonó el poder y su sucesor Ernesto Zedillo empezó a ejercer sus funciones como presidente de México, la ficción resultó insostenible, y el peso terminó devaluándose en cuestión de unos cuantos días de los tres pesos por dólar a los nueve pesos por dólar; y el pueblo de México descubrió en su propio bolsillo que había sido engañado haciéndosele creer que estaba a punto de pasar a formar parte del primer mundo. Todavía hasta el día de hoy, no se ha recuperado ni siquiera la mitad del poder adquisitivo del peso que se perdió con la brutal devaluación que fue el peor legado que Carlos Salinas de Gortari le pudo haber dejado a todos los mexicanos abarcando varias generaciones.

En los Estados Unidos, tras cumplir una condena de 10 años de prisión por un asesinato brutal cometido en los Estados Unidos, Samuel Reyes de la Rosa, el hombre que junto con los dos “exonerados” por la CNDH (Marco Arturo Salas Sánchez y Sergio Aguirre Torres) apuñaló repetidamente al Doctor Víctor Manuel Oropeza cuando el Doctor Oropeza estaba a punto de cerrar su consultorio para irse a cenar, fue puesto en libertad en noviembre de 2002. Sin embargo, un juez de distrito consideró que Samuel Reyes era un reo peligroso e inestable emocionalmente, ordenando su reclusión a un penal para enfermos siquiátricos de Texas. Debbie Burleson, auxiliar administrativa de la prisión federal del condado de Huntsville, dio a conocer en tal fecha que Samuel Reyes fue liberado de la Unidad Vista al Cielo y por instrucciones de un juez se le trasladó a una prisión estatal para enfermos mentales. El inspector general de Asuntos Internos, del Departamento de Justicia Criminal de Texas, John Riggle, informó que Samuel Reyes fue canalizado a una prisión para enfermos mentales en una prisión estatal porque fue considerado un enfermo mental.

Se había mencionado en la entrada anterior a un sospechoso primario dentro de los familiares del Doctor Oropeza, un sobrino suyo de nombre José Manuel Oropeza Navarro, quien jamás apareció mencionado en la Recomendación 13/92 de la CNDH, pero del cual había negros antecedentes. La viuda no pudo dar pormenores a la CNDH acerca de José Manuel Oropeza Navarro simple y sencillamente porque en forma por demás sospechosa la viuda jamás fue buscada ni entrevistada por ningún funcionario ni entrevistador de la CNDH. Seguramente es al primero que les habría mencionado.

Para darse cuenta de la proclividad al crimen y la naturaleza delictiva de José Manuel Oropeza Navarro, un sujeto de lo peor que gustosamente se hubiera prestado a convertirse en cómplice del asesinato de su tío a cambio de asegurar su permanencia en la casa que el Doctor Oropeza le tenía prestada a su madre y de la cual había advertido el Doctor Oropeza que los sacaría por no haber recibido de ellos un solo centavo de la renta convenida, habría bastado, por ejemplo, con tomar nota de la sección policiaca del periódico EL FRONTERIZO publicada el domingo 6 de noviembre de 1994, en donde aparece la fotografía de José Manuel Oropeza Navarro, con el siguiente texto al pie de la fotografía: “En Precos fue detenido Manuel Navarro Oropeza en posesión de un vehículo reportado como robado”. En una nota similar elaborada por el periódico Norte de Ciudad Juárez y publicada también el domingo 6 de noviembre de 1994, en la página 11 de la sección B, el texto de la nota dice lo siguiente: “Por otra parte se informó que en el Punto de Revisión (Precos), elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron a Manuel Navarro Oropeza, quien intentó burlar el retén con un Jeep Cherokee, modelo 1995, con placas sobrepuestas DTL9319. Al solicitar informes, agentes destacamentados en el lugar confirmaron que efectivamente existía una denuncia de robo reciente, interpuesta en El Paso, Texas”. El nombre proporcionado por el detenido, Manuel Navarro Oropeza, era un “alias” obtenido de la alteración de su nombre verdadero, José Manuel Oropeza Navarro, omitiéndose José e invirtiendo los apellidos paterno y materno.

Se sabe que antes del asesinato del Doctor Oropeza había en los archivos de la Procuraduría General de la República un amplio expediente relacionado con su sobrino José Manuel Oropeza Navarro, un hampón proclive al mal y todo lo contrario de su tío, pero tales expedientes parecen haber desaparecido, y a estas alturas no es posible determinar si simplemente están traspapelados o si fueron removidos y destruídos intencionalmente bajo órdenes directas de Jorge Carpizo McGregor cuando era Procurador General de la República o por órdenes directas de su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar, el caso es que parece que en la PGR ya no tienen nada de lo que debería de haber sido un amplio expediente acusatorio en contra de José Manuel Oropeza Navarro.

De cualquier modo, el paradero del expediente sobre los delitos del orden federal en los que se vió involucrado José Manuel Oropeza Navarro por cuestiones ligadas al narcotráfico toma una naturaleza meramente metafórica en virtud de que José Manuel Oropeza Navarro terminó súbitamente muerto bajo circunstancias extrañas que apuntan hacia una ejecución planificada. Una nota periodística dice esto al respecto:

Perece un motociclista al ser arrollado; su pareja, lesionada
El responsable, que huyó, provocó que un matrimonio resultara herido

Dos motociclistas, con sus respetivas parejas, fueron arrollados por una camioneta en el Paseo Triunfo de la República; uno de los lesionados murió en el percance, informó la Oficina de Averiguaciones Previas.

José Manuel Oropeza, de 29 años, falleció en el lugar del accidente, luego de que presentó hundimiento del hueso frontal, así como golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Junto con Oropeza viajaba Carmen Adriana Rico Guatirrojo, de 19 años, quien resultó con fractura del antebrazo derecho, probable fractura del maxilar inferior, traumatismo craneoencefálico y policontundida.

La pareja tripulaba una motocicleta Suzuki RF 600, modelo 1995, de color rojo con placas de Nuevo México A726S7.

En la otra moto, una Suzuki de color blanco con una franja negra, viajaban Ariel Aldana Benítez, de 23 años, y su esposa Corina Valdez de Aldana, de 21.

Aldana Benítez, quien es agente aduanal y tiene su domicilio en Campestre, presentó una fractura en la pierna izquierda, así como politraumatismo.

El lesionado dijo a las autoridades policiacas que a las 00:30 horas del domingo viajaba con su esposa en una motocicleta.

Agregó que circulaban por el carril en medio del Paseo Triunfo de la República en un sentido de oriente a ponient, cuando una camioneta Ram, de color gris, con cabina y vidrios polarizados, salió por la calle Lago de Pátzcuaro y dio vuelta en U.

La camioneta arrolló a la moticicleta donde viajaban José Manuel Oropeza y Carmen Adriana Rico, para que éstos a su vez se impactaran con la moto de Aldana y su esposa.

Expresó que la camioneta no detuvo su marcha y emprendió la huída sin prestarles auxilio.

Los agentes de la Policía Judicial del Estado se encargaron de las investigaciones para tratar de identificar a la persona que conducía la camioneta que provocó la muerte del joven.

Está perfectamente documentado el hecho de que, antes de que la CNDH hiciera pública su vil e infame Recomendación 13/92 sobre el caso Oropeza, el individuo señalado por sus dos cómplices como el que apuñaló repetidamente al Doctor Víctor Manuel Oropeza, Samuel Reyes, ya había incurrido en otro asesinato cometido en Fabens, Texas. Definitivamente, el psicópata Samuel Reyes nunca fue una blanca paloma.

Del mismo modo, uno de los “liberados” y “exonerados” del crimen del Doctor Oropeza, Marco Arturo Salas Sánchez, continuó incurriendo en numerosos delitos después de haber recibido su “exoneración” de la CNDH que lo proclamó como un pobrecito chivo expiatorio digno de lástima y misericordia. Se pueden citar muchas referencias al respecto. A modo de ejemplo, podemos leer la siguiente nota aparecida en la página 6 de la sección B del periódico Norte de Ciudad Juárez el miércoles 12 de mayo de 1993, en donde se lee:

DETIENEN EN UN VEHICULO ROBADO A PRESUNTO ASESINO DE OROPEZA

Marco Arturo Salas Sánchez, involucrado y absuelto por el Juez en el asesinato del doctor Oropeza, fué detenido a bordo de un vehículo robado en las calles Dos de Abril y Brasil.

Salas fue arrestado cuando se encontraba en compañía de dos menores de edad en el interior de una camioneta Ram Charger modelo 85.

Lo que hace que este nuevo delito en que incurrió Salas Sánchez sea algo fuera de lo común es el hecho de que fue cometido a tan sólo cuatro días después de que el Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz comentara el viernes 7 de mayo de 1993 que la mayor parte de las evidencias hacían caer la responsabilidad material del crimen del Doctor Oropeza en Sergio Aguirre Torres y Marco Arturo Salas Sánchez. Lo siguiente aparece en la primera plana de la sección B del periódico DIARIO DE JUAREZ publicado el sábado 8 de mayo de 1993:

CASO OROPEZA, NUEVA INVESTIGACION

En la nueva investigación para esclarecer el crimen del doctor Víctor Manuel Oropeza, la mayor parte de las evidencias hacen recaer la responsabilidad en Sergio Aguirre Torres y Marco Arturo Salas Sánchez, a quienes liberó la anterior administración al acatar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo ayer el procurador general de Justicia del Estado, Francisco Molina Ruiz.

En pocas palabras, no le importó en lo absoluto a Marco Arturo Salas Sánchez para incurrir en nuevos delitos como éste el que tan solo cuatro días antes el mismo Procurador de Justicia Francisco Molina Ruiz hubiese comentado que había razones fundamentadas para suponer la participación de Marco Arturo Salas Sánchez en el homicidio del Doctor Oropeza.

Y es que Marco Arturo Salas Sánchez se sentía completamente protegido y respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así de seguro estaba de su carta de impunidad extendida desde las más altas esferas del gobierno de México por una agencia oficialista supuestamente defensora de los derechos humanos; sí, de los derechos humanos de los victimarios de la sociedad, pero no de los derechos humanos de las verdaderas víctimas como el Doctor Oropeza y su propia viuda.

Los delitos como el que se acaba de mencionar se suman al del asesinato del tendero Pablo Vargas Ramírez, atribuído por testigos presenciales del crimen directamente a Marco Arturo Salas Sánchez y por el cual también fué exonerado y proclamado como una blanca paloma por la rúbrica personal estampada en la Recomendación 13/92 por el mismo presidente de la CNDH Jorge Carpizo McGregor. De que Marco Arturo Salas Sánchez fue culpable del crimen del tendero Pablo Vargas Ramírez no hay absolutamente duda alguna, ya que él mismo lo reconoció y lo aceptó en declaraciones hechas ante la prensa sin que fuese sometido a tortura alguna para reconocer tal cosa. En efecto, podemos leer lo siguiente en la primera página de la sección principal del periódico DIARIO DE JUAREZ publicado el lunes 14 de julio de 1991:

Horas después de que ingresaron al Centro de Readaptación Social para adultos como presuntos responsables cel homicidio de Víctor Manuel Oropeza, Marco Arturo Salas Sánchez y Sergio Aguirre Torres aseguraron que son inocentes del asesinato del homeópata y comentarista político; afirmaron que no quieren convertirse en chivos expiatorios y manifestaron que formularon sus declaraciones bajo presiones físicas y morales. No obstante, el primero de ellos reconoció que participó en el asalto en el que murió a balazos el comerciante Pablo Vargas Ramírez, de 54 años de edad, cuando se encontraba en una tienda de su propiedad denominada La Estrella, sito calle Francisco R. Almada número 876 de la colonia Francisco I. Madero, el pasado 3 de abril a las 23:40 horas.

La libre admisión de Marco Arturo Salas Sánchez reconociendo y aceptando ante los medios de comunicación su participación en el asesinato del tendero Pablo Vargas Ramírez fue del conocimiento público gracias a la presencia no sólo de varios medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión) de México sino también varios medios de comunicación audiovisuales de la vecina ciudad de El Paso, Texas, tales como la estación de televisión canal 4 KROD-TV (hoy KDBC-TV) y la estación de televisión canal 9 KTSM-TV. De la culpabilidad de Marco Arturo Salas Sánchez en el crimen no hay absolutamente ninguna duda.

De lo anterior no aparece absolutamente nada en la Recomendación 13/92 de la CNDH, porque la protección que la CNDH le tendió a Marco Arturo Salas Sánchez desde un principio fue total, “exonerándolo” y ordenando su liberación por las presuntas violaciones a los derechos humanos del asesino.

Es importante resaltar que también los familiares del tendero Pablo Vargas Ramírez trataron de obtener una entrevista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando tomaron conocimiento de que la CNDH había “exonerado” a Marco Arturo Salas Sánchez proclamándolo como inocente chivo expiatorio y blanca paloma. Y al igual que como ocurrió con la viuda del Doctor Oropeza, también a los familiares del tendero asesinado les estrellaron la puerta en la cara. La CNDH se sostuvo tercamente (y sospechosamente) en la protección casi ilimitada que le tendió a Marco Arturo Salas Sánchez. ¿Qué tenían los presuntos autores materiales del crimen para que se les hubiera concedido tanta protección desde un principio? ¿Qué terrible secreto ocultaban? El caso es que, ante la oficialista Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los familiares de las víctimas carecían de derechos humanos; los únicos cuyos “derechos humanos” era prioritario defender eran los victimarios, los asesinos, los enemigos de la sociedad, y los hechos que se han documentado lo comprobaron hasta la saciedad.

Hasta la fecha, la clásula de prescripción de delito que impide que los autores materiales e intelectuales del crimen del Doctor Oropeza puedan ser procesados y enjuiciados legalmente aunque confiesen de motu propio el haber planificado y cometido el crimen sigue en pie. Desde hace décadas que esto se podría haber corregido con una simple clásula en el Código Penal que diga: “Los delitos de homicidio nunca prescriben, y cuando haya evidencias o pruebas que demuestren la participación y autoría intelectual de alguien en la planificación o ejecución material de un homicidio, tal persona podrá ser enjuiciada y procesada sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometió el homicidio”. Extrañamente, y pese a todo el tiempo que ha transcurrido desde que el Doctor Oropeza fue asesinado, no se ha llevado a cabo esta modificación en el Código Penal del Estado de Chihuahua, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido jamás recomendación alguna para que se haga tal cosa, fiel a su política de proteger a los victimarios pasando por encima de los derechos humanos de las víctimas, lo cual no ha cambiado en lo absoluto con el paso del tiempo.

Como ya quedó asentado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás proporcionó a nadie por escrito los nombres de los falsos testimoniantes usados por la CNDH para abrir sus señalamientos en contra de la viuda del Doctor Oropeza, precisamente la persona que siempre estuvo exigiendo en vano con mil voces a los cuatro vientos el esclarecimiento del crimen.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás indemnizó con un solo centavo ni pidió jamás disculpas a la viuda del Doctor Oropeza por las terribles angustias y el enorme daño económico que le causó con la difusión masiva de su Boletín de Prensa y su funesta Recomendación 13/92 en febrero de 1991 en donde recurriendo a una pirámide de verdades a medias y mentiras directas se le desprestigió y enfangó al grado de perder su empleo, señalada por la misma CNDH como una persona que tenía que ser investigada como sospechosa del asesinato de su esposo el Doctor Oropeza.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás indemnizó con un solo centavo ni pidió jamás disculpas al hermano de la viuda por el enorme daño económico que le ocasionaron al profesionista con la difusión masiva de su Boletín de Prensa y su funesta Recomendación 13/92 en la que recurriendo a una pirámide de verdades a medias y patrañas se le enfangó al grado de que el profesionista perdió casi de inmediato su empleo, señalados por la misma CNDH como una persona a ser investigada como sospechosa del asesinato del Doctor Oropeza “dados sus nexos con la Policía Judicial del Estado y la Policía Judicial Federal”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás ofreció ninguna disculpa a los humildes familiares del tendero Pablo Vargas Ramírez por ocasionar que el asesinato del tendero quedase impune al ordenar la liberación del matón Marco Arturo Salas Sánchez proclamándolo inocente de todo cargo, negándoles justicia y pisoteando de la manera más vil imaginable los derechos humanos de los familiares del tendero.

En la actualidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos goza de un presupuesto multimillonario para sostener una enorme plantilla de burócratas dedicados todos ellos a la supuesta “defensa de los derechos humanos”, un presupuesto que excede con creces más de lo que gasta cualquier otro gobierno en cualquier otra parte del mundo para sostener una pesada cuan inútil planta burocrática entregada a la vida fácil y cómoda. Tal es el legado de Carlos Salinas de Gortari, uno de los peores presidentes que haya tenido el país. Ese presupuesto multimillonario proviene directamente de los bolsillos del pueblo de México, el mismo pueblo al cual se le espeta socarronamente que en contra de las Recomendaciones de la CNDH “no procederá ningún recurso”, como si la palabra de los Césares de la CNDH fuese palabra divina incapaz de cometer error ni equivocación alguna, el epítome de la prepotencia oficial y de la soberbia.

Si hoy mismo desapareciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pueblo de México no perdería nada, absolutamente nada, si la tónica de su proceder sigue siendo la misma que la que usó en su dudoso proceder en torno al caso Oropeza. Por el contrario, lo que hoy se gasta en el sostenimiento de la CNDH podría utilizarse para la construcción de escuelas y hospitales que tanta falta le hacen a México.

En recompensa por sus servicios al sistema, y para garantizar que desde el ámbito federal se pudiese seguir teniendo libre acceso por medios oficiales a los expedientes confidenciales del caso Oropeza, Jorge Madrazo Cuéllar fue recompensado por sus servicios siendo nombrado Procurador General de la República el 2 de diciembre de 1996, substituyendo en dicho cargo, el más alto cargo que se le podia conferir en material de procuración de justicia en México, al mismo Jorge Carpizo McGregor, duplicando de este modo lo mismo que sucedió cuando Jorge Madrazo Cuéllar substituyó a Carpizo McGregor como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya como Procurador General de la República, a Madrazo Cuéllar le tocó encabezar las “investigaciones” relacionadas con la matanza de Acteal en donde un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas tzotziles mientras oraban en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en Chiapas. 79 indígenas fueron sentenciados a 28 y 36 años de prisión por dicha matanza. En tres casos distintos, la Suprema Corte ha ordenado la liberación de 51 personas acusadas y sentenciadas, (20 en agosto 2009, 9 en noviembre 2009, 15 en 2010 y 7 más en 2012) luego de haber cumplido de diez a quince años de la condena que se les impuso. Los ministros consideraron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR), justo cuando Jorge Madrazo Cuéllar era Procurador General de la República por obra y gracia de quienes detentaban las redes del poder en ese entonces. En rigor de verdad, con los negros antecedents de Jorge Madrazo Cuéllar en todo lo relacionado con el caso Oropeza, ¿puede causar algún asombro la posterior cuestionable actuación de éste “defensor oficial” de los derechos humanos cuando le tocó “heredar” dicho cargo de Jorge Carpizo? ¿Puede causar asombro que haya actuado como actuó en el caso de la matanza de Acteal? Y hay muchas otras tropelías y arbitrariedades que se cometieron cuando tanto Jorge Carpizo McGregor como Jorge Madrazo Cuéllar estuvieron al mando de la Procuraduría General de la República, pero dar una relación detallada de todas esas tropelías e irregularidades requeriría de un espacio mucho mayor que el que se ha dado aquí al proceder y actuar de esos dos individuos.

¿Cómo es posible que la conducción de los destinos de un país haya podido caer en manos de esta clase de gente? Esto refuerza la importancia de la lucha emprendida por el Doctor Víctor Manuel Oropeza a lo largo de su vida, el cual creía firmemente que toda la ciudadanía estaba prácticamente obligada a vigilar de cerca a sus gobernantes y ejercer su voluntad a través del voto.

La sola idea de que sea una agencia que está bajo la nómina del mismo gobierno y cuyo presidente es nominado directamente por el Presidente de México la que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio gobierno del cual depende, un gobierno que en aquella época tenía un negro historial acumulado de violaciones flagrantes a los derechos humanos que no habían sido atendidas (entre las cuales se puede citar la matanza de cientos de estudiantes indefensos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 a manos de la soldadesca bajo órdenes emanadas directamente del Presidente Gustavo Díaz Ordaz así como la matanza del Jueves de Corpus ordenada directamente por el Presidente Luis Echeverría usando para ello al terrible grupo paramilitar asesino conocido como Los Halcones equipado y subsidiado económicamente por el mismo gobierno de aquél entonces), es tan absurda que cuando el Presidente Carlos Salinas ordenó mediante un ukase que no podía ser desobedecido por un Congreso dócil e inclusive palero, el Doctor Víctor Manuel Oropeza denunció tal cosa como una aberración. En su editorial titulado “Sin Derechos Políticos no hay Derechos Humanos” publicado en el periódico EL DIARIO el martes 4 de diciembre de 1990 (medio año antes de su asesinato), el Doctor Víctor Manuel Oropeza consignó entre otras cosas lo siguiente:

I.- En el foro “Educación y Derechos Humanos” convocado por la UNAM, el Director del Programa de Educación y Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos --Gonzlo Elizondo Breedy-- dijo el viernes 30 de noviembre en su ponencia, que “sin Derechos Políticos -y derechos de elegir libremente, son esos derechos políticos-- no pueden existir sin los Derechos Humanos”. Y la tesis ni es nueva ni es original, es la idea fundamental que condiciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no sólo ha sido signada por el gobierno mexicano, sino que además es el sustento de la Constitución Política de México. Por ello es que no hubo ninguna reticencia del gobierno mexicano para otorgarle su aval.

Naturalmente que hubo países signatarios que hubieron de adecuar sus leyes a esta Declaración de la Organización de las Naciones Unidas y por ello, la OEA, no sólo la incluyó, sino que la integró como espina dorsal de la Organización que por ello obliga a su observancia a todos los Estados miembros.

II.- El rector de la UNAM --Doctor José Sakuran-- inauguró el foro, sin imaginar siquiera que allí mismo fuese exhibido su antecesor, el doctorado en Derecho Jorge Carpizo, que desde este año fue designado por el presidente de la República como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que actuase con la misma figura del “Ombudsman” que en Suecia tiene el encargo de velar y hacer valer los Derechos Humanos de los suecos, cuando alguna de las instancias del gobierno los atropella.

A MI MANERA entendí muy claramente que el ejecutivo federal tenía el claro propósito de invalidar la concurrencia de los ciudadanos mexicanos ante los organismos internacionales --como ocurrió con quienes fueron defraudados en los comicios chihuahuenses del 86--, que cuando sus Derechos Humanos fueron violentados y después de haber acudido en queja ante los órganos electorales y de gobierno sin haber sido escuchados, concurrieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en queja, por haber sido vulnerados sus derechos políticos. Eso fue en el 86 y aún cuando tardíamente en el 89, la Comisión dictaminó: que en el caso de las elecciones locales del estado de Chihuahua, habían sido vulnerados los derechos de los quejosos, por ello recomendaban al gobierno mexicano, la adecuación de sus leyes electorales y se ofrecía la propia CIDH, para auxiliar al gobierno mexicano con técnicos imparciales.

IV.- El Comité Estatal del Partido Acción Nacional del Estado de México recurrió en queja ante la CNDH, por los atropellos sufridos por los mexiquenses durante el proceso electoral que culminó el fraude del día 11 de noviembre y ha sido entonces cuando el Dr. Jorge Carpizo ha puesto en evidencia la comisión que preside, pues el pasado viernes 23 declaró que: “La Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tenía capacidad para conocer sobre procesos electorales porque sería tanto como entrar en conflicto con las instituciones correspondientes”. Los ciudadanos mexicanos ya nos esperábamos algo así como consecuencia de que la CNDH fue creada por Decreto del Ejecutivo Federal y no como resultado de alguna legislación al respecto, lo que le permitiría una personalidad independiente del poder ejecutivo, que las más de las veces por medio de sus agentes, es el violador de los Derechos Humanos y principalmente de los Derechos Políticos en este país.

Las observaciones vertidas por el Doctor Víctor Manuel Oropeza en contra de la CNDH y en contra de su presidente Jorge Carpizo McGregor así como los otros señalamientos que se han documentado aquí no son apreciaciones meramente subjetivas. La CNDH terminó siendo denunciada por Amnistía Internacional, ganadora del Premio Nóbel de la Paz, como puede constatarse en los fragmentos que se han extraído de una nota periodística publicada en el periódico Norte de Ciudad Juárez el lunes 28 de febrero de 1994 en la página 3A, dos años y medio después de la inmolación del editorialista político Víctor Manuel Oropeza, cuando Jorge Madrazo Cuéllar ya había tomado en sus manos el control absoluto de la CNDH al heredar dicho cargo directamente de Jorge Carpizo McGregor:

CNDH, defensora de los intereses del gobierno, dice Amnistía Internacional
Carlos Puig/Proceso

WASHINGTON, D.C., 27 de febrero.- Para Amnistía Internacional (AI) ya no hay duda sobre la falta de independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “En el caso de México ya no es una cuestión de discusión, sino que ya es totalmente claro. Para nosotros, esta discusión está terminada. Es decir (la CNDH) es claramente un organismo gubernamental que sigue directivas del gobierno central en materia de derechos humanos y que, obviamente, está ahí para defender esa política...”

Más aún, la CNDH se ha convertido en una especie de “cortina de humo sobre la responsabilidad incumplida del gobierno mexicano” de castigar a los violadores de los derechos humanos. Y, en este sentido, la comisión cumple un papel de “coadyuvante de la impunidad”.

El doctor Morris Tidball-Binz, responsable de Amnistía Internacional para México, Venezuela y Chile, habla con el corresponsal vía telefónica desde Londres, sede de la organización defensora de los derechos humanos ganadora del Premio Nóbel de la Paz.

De acuerdo con Tidball, una reciente preocupación de Amnistía Internacional es que la existencia de la CNDH ha provocado que se crea que ésta es la instancia ideal para denunciar violaciones cometidas contra ciudadanos mexicanos, sustituyendo en cierto modo a los órganos judiciales que deben investigarlas y sancionarlas.

Lo que tampoco aparece en ninguna de las páginas de la Recomendación 13/92 de la CNDH es que el Doctor Víctor Manuel Oropeza se estaba preparando física y espiritualmente para someterse a sí mismo en 1992 a una huelga de hambre como aquella a la que se sometió en 1986 en protesta por un presunto fraude electoral masivo cometido en el estado de Chihuahua en contra del candidato del Partido Acción Nacional, decisión que fué corroborada por su viuda al día siguiente de haberse cometido el crimen del Doctor Oropeza.

Esta es la fotografía de Jorge Carpizo McGregor, el “defensor oficial” de los derechos humanos en México, a quien tanto la viuda del Doctor Oropeza como otras personas relacionadas con el editorialista inmolado estuvieron acusando y siguieron acusando reiteradamente como el principal responsable de haber metido su mano para interferir con todo lo que tenía que ver con el caso desviando el curso de las investigaciones con acciones y “recomendaciones” que tenían que ser acatadas sin chistar como si fueran órdenes emandas desde la más alta autoridad que pueda haber en el planeta, acciones que no pueden ser consideradas de otra manera más que constituyentes en el delito de encubrimiento flagrante en un caso de homicidio:

Y esta es la fotografía de Jorge Madrazo Cuéllar, en contra de quien pesan las mismas denuncias y acusaciones formuladas en contra de su gran “padrino y protector” Jorge Carpizo McGregor en todo lo que tiene que ver con el caso Oropeza:

Once años después del asesinato de su esposo, la viuda del Doctor Oropeza, esa víctima inocente sobre la cual la CNDH excediéndose con creces en sus facultades y atribuciones y actuando con la peor de las intenciones y la peor de las prepotencias, seguía insistiendo y luchando en vano por el esclarecimiento del crimen del Doctor Oropeza. Esto ya se sabía desde el mismo día en que encontró a su esposo asesinado brutalmente en el consultorio, que ella nunca dejaría su lucha por que se llevase a los autores intelectuales y materiales del crimen ante los tribunales; se presume que esta fue la razón principal por la cual una poderosa y desbocada maquinaria oficial trató de nulificarla desde los primeros momentos señalándola como sospechosa del crimen, usándose para ello una agencia gubernamental supuestamente creada para proteger los derechos humanos de las víctimas y que terminó siendo un ariete en contra de los demandantes de justicia. En la página 2A del periódico Norte de Ciudad Juárez publicado el 6 de noviembre de 2002, está consignado lo siguiente:

Exigen reabrir el caso Oropeza
Luego del asesinato del periodista, su esposa clama justicia y que extraditen a uno de los supuestos responsables

Las imágenes vivas del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza, como si hubieran ocurrido ayer, regresaron a la memoria de la exesposa Patricia Martínez, al conocer de la libertad de Samuel Reyes de una cárcel de Texas, considerado uno de los probables responsables de la muerte de su esposo aquél miércoles 3 de julio del año de 1991.

A causa del homicidio de Oropeza, Patricia Martínez estudió la carrera de leyes con una maestría y está por terminar el doctorado; actualmente se desempeña como secretaria proyectista de un juzgado civil, y desde esta trinchera está exigiendo a la Procuraduría de Justicia del Estado que reabran el caso y traigan a Samuel Reyes para ser investigado sobre el asesinato de su esposo.

Estudia leyes para poder entender expediente

“Muchos quisieran que este caso estuviera cerrado y mandado al archivo muerto... pero es un capítulo que no se ha cerrado”, expresó, Patricia Martínez.

“Me puse a estudiar leyes a raíz del asesinato de mi esposo, para entender verdaderamente qué fue lo que pasó y me doy cuenta que se cometieron infinidad de errores y omisiones por quienes participaron en las investigaciones”, dijo.

“Yo desearía que no le dieran carpetazo al expediente, porque si en mis manos estuviera, me gustaría presentarles a los responsables”, dijo.

La viuda del Doctor Oropeza, viéndose prácticamente obligada a estudiar la carrera de leyes para poder tomar en sus manos su propia defensa al no haber abogados en la ciudad que se atrevieran a defenderla en contra de la terrible maquinaria oficial que se había puesto en marcha en contra de la viuda, eventualmente terminó la carrera de Derecho y hoy cuenta con dos Maestrías. Nadie, absolutamente nadie en la sociedad chihuahuense, le dá hoy crédito alguno a las calumnias que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urdió en contra de ella para difamarla y hundirla, descalificándola en sus demandas por el esclarecimiento del homicidio de su esposo.

La lucha que emprendió en vida el activista social y editorialista político Doctor Víctor Manuel Oropeza apoyado por su esposa no fue en vano. Dicha lucha, aunada al levantamiento armado en Chiapas, no le dejó otra alternativa al sistema más que abrirle las puertas a la alternancia; las concesiones hechas en aquél entonces a los partidos de oposición no fueron dávidas graciosas otorgadas de buena gana por un sistema monolítico que por siete décadas había estado cerrado a cualquier tipo de cambio, se trata de logros sociales que requirieron movilizaciones populares en gran escala, alentadas en buena medida por líderes y formadores de opinión como el Doctor Víctor Manuel Oropeza. Fue un cambio obligado que de no haberse dado posiblemente habría terminado en un alzamiento armado en muchas otras partes del país que habría sido de consecuencias fatales e impredecibles. La larga lucha no fue estéril, y el México democrático de hoy le debe su razón de ser a quienes expusieron sus vidas para lograr tales cambios, perdiendo la vida en no pocas ocasiones al enfrentarse a un descomunal dragón opuesto a cualquier tipo de apertura que pudiera traducirse en una pérdida del poder.

La remoción del control gubernamental de los procesos electorales arrebatándolo de las manos del gobierno federal y de gobiernos estatales emanados de un partido oficial que se había perpetuado en el poder, la creación del Instituto Federal Electoral, las urnas transparentes, la credencialización de todos los electores, la ciudadanización de las casillas electorales y el recuento ciudadanizado de los votos y la creación de los tribunales electorales son logros por los que se luchó a brazo partido, y el pueblo difícilmente permitirá una regresión a las prácticas del pasado. Aunque persisten vicios y fallas como la partidocracia, la ausencia de candidaturas independientes y la antidemocrática plurinominalidad que ha dado lugar a la continuada perpetuación en las mieles del poder de vivales tales como el tristemente célebre Javier Corral Jurado sin haber contado jamás con un solo voto directo de nadie, la mitad del camino ya está recorrido, lo más difícil ha sido superado, y México se está integrando como una sociedad moderna a los retos del nuevo milenio.

Quizá la lección más importante en todo lo relacionado con el caso Oropeza es que no hay substituto para las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos (conocidas como ONGs), esas organizaciones derecho-humanistas que no están bajo la nómina del gobierno y que por lo tanto no tienen motivos para salir a la defensa de los intereses del gobierno y de las personas que están enquistadas en las altas esferas del poder, y mucho menos tienen razones para prestarse al encubrimiento de un crimen aunque tal petición se las formule el mismo Secretario General de las Naciones Unidas o el Papa. Hay una marcada diferencia entre las ONGs y los organismos oficialistas al servicio del gobierno, y el caso Oropeza así lo ha comprobado.