Un ejemplo sobresaliente de los enormes grados de impunidad alcanzados por el gobierno de México, a la sazón un sistema unipartidista perpetuado durante siete décadas mediante una democracia simulada en la que los partidos de oposición se tenían que conformar con “premios de consolación” (algunas diputaciones estatales y federales de cuando en cuando, en casos excepcionales una que otra senaduría, y alguna que otra alcaldía de vez en cuando pero excluyendo eso sí todas las gubernaturas de cualquier estado por estar reservadas únicamente para miembros del partido oficial) lo fue la matanza llevada a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. Aunque el principal encargado de la autorización de las operaciones militares de esta masacre tuvo que haberlo sido necesariamente el Secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán, él no fue el que giró las órdenes directas para que se efectuara esta matanza de cientos de civiles desarmados. El culpable directo de haber ordenado la terrible masacre lo fue sin duda alguna el Presidente Gustavo Díaz Ordaz, un hombre autoritario acostumbrado a hacer todo lo que le viniera en gana en un país en el que el Presidente era considerado como un rey que gozaba de una posición reservada a un semi-dios, a un Tlatoani con los poderes de un emperador romano. Si el General Marcelino García Barragán hubiera ordenado por cuenta propia la matanza de Tlatelolco sin consultar primero con el Comandante en Jefe del Ejército, el rey-Presidente Gustavo Díaz Ordaz podría haber efectuado la destitución inmediata del General Marcelino García Barragán de su cargo como Secretario de Defensa, y podría haber ordenado la instauración de una corte marcial para juzgar a Marcelino García Barragán por crímenes de lesa humanidad equiparables a crímenes de genocidio. Pero no lo hizo, y no lo hizo porque el carnicero Marcelino García Barragán podría haber argumentado en su defensa la añeja justificación castrense de que él como soldado solo obedecía órdenes, y el único en todo México que le podía dar una orden así en la cadena militar de mando era el mismo Gustavo Díaz Ordaz. En efecto, el desalmado carnicero Marcelino García Barragán solo fue el cómplice del genocida Gustavo Díaz Ordaz, y en este sentido ambos comparten la culpa directa de la matanza.
El Congreso de aquellos tiempos, un Congreso servil y pusilánime cuya única razón de ser era aprobar todas las iniciativas de ley enviadas por el rey-Presidente sin modificarlas o discutirlas siquiera, en vez de crear de inmediato una Comisión de la Verdad Histórica para fincarle cargos al Presidente genocida y a su mandadero el General carnicero, se limitó a aplaudir la masacre como si tal acto de violencia masiva y brutal hubiera sido algo de lo cual el Ejército mexicano pudiera estar orgulloso de haberlo llevado a cabo.
Gustavo Díaz Ordaz nunca recibió castigo alguno. No solo no fue removido de su cargo, sino que se le concedió el privilegio de seguir recibiendo su generosa pensión presidencial vitalicia hasta el final de sus días, así como la protección vitalicia proporcionada por las guardias pretorianas presidenciales, el Estado Mayor Presidencial, todo ello como premio a sus “servicios rendidos a la Patria”. Inclusive hasta el día de hoy todavía hay calles, avenidas y edificios públicos que llevan su nombre, cuando en otros países algún ex mandatario que hubiese hecho lo mismo que lo que Gustavo Díaz Ordaz hizo en México habría sido considerado como un traidor con su nombre y su memoria vilificados por siempre en los libros de historia. Pero no en México, el país de la impunidad. Igual sucedió con el General carnicero Marcelino García Barragán, al cual en otros países se le habrían retirado aunque sea post-mortem todos sus grados militares y se le habría condenado y sentenciado por complicidad absoluta en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Pero no en México.
En el siglo pasado, con unas cuantas excepciones como los sexenios del General Lázaro Cárdenas, Don Adolfo Ruiz Cortines y Don Adolfo López Mateos, cada sexenio fue empañado por un historial negro que es demasiado amplio para tratar de documentar en un espacio tan reducido, aunque los hechos de un pasado vil permanecen y permanecerán por siempre tal y como los recuerdan los bisabuelos de hoy que los vivieron en carne propia por más que en los libros de texto oficiales se pretenda maquillar o exculpar a quienes abusaron hasta el cansancio de los enormes poderes que obtuvieron gracias a la inmensa corrupción que reinaba en el México de aquél entonces. Si muchos mexicanos consideran que hoy abunda la corrupción en varias dependencias oficiales, deben encontrar consuelo en que tal corrupción era mil veces peor en los tiempos en los que México no gozaba de una democracia más que la democracia simulada que el sistema le presentaba al pueblo, todo lo cual empezó a caer paulatinamente en 1994 cuando con el levantamiento armado que llevó a cabo el Ejército Zapatista en Chiapas el sistema se vió prácticamente obligado a empezar a abrirle espacios a la oposición permitiendo la alternancia, no como una concesión generosa de un sistema que estaba putrefacto hasta la médula sino como una mera necesidad de supervivencia antes de que el descontento popular explotara precipitando una segunda revolución inspirada en la Revolución de 1910.
Un ejemplo de los grados casi inconcebibles de la corrupción que permeaba las esferas oficiales se tiene en un artículo publicado en el extranjero. En aquellos tiempos, bajo una censura oficial férrea controlada de principio a fin por la Secretaría de Gobernación, la cual podía quitarle en cuestión de minutos la licencia para operar a cualquier estación de radio o televisión, e igualmente podía suspenderle a cualquier medio impreso el suministro de papel usado para publicar periódicos y revistas (en esos tiempos, el gobierno tenía en sus manos el monopolio y el control absoluto de todo el papel usado como materia prima para la publicación de periódicos, libros y revistas), nadie en México podía atreverse a ejercer crítica alguna en contra del rey-Presidente. El rey-Presidente era intocable, estaba por encima de las leyes (bueno, de hecho lo sigue estando, pero al menos hoy se le puede criticar y se le pueden señalar públicamente sus yerros, lo que antes no se podía). Sin embargo, el poder presidencial omnímodo estaba limitado a las fronteras de México. Si bien en México la figura del rey-Presidente tenía que ser respetada so pena de exponerse a las terribles represalias que se podían esperar de un sistema de gobierno cuasi-dictatorial disfrazado como una democracia, en el extranjero tal control no existía. Esto fue precisamente lo que permitió que a principios del siglo XX hombres como Mariano Azuela pudieran tomar residencia temporal en ciudades norteamericanas fronterizas como El Paso (Texas), en donde elaboraban libros “prohibidos” que después eran importados de contrabando hacia México. Consumada la Revolución de 1910, esto continuó siendo cierto.
El artículo publicado en el extranjero en el cual se cometió el “sacrilegio” de atacar a la figura presidencial de México fue un trabajo publicado en 1984 en el periódico The Washington Post (se trata del mismo periódico cuyas revelaciones sobre el escándalo Watergate llevaron directamente a la caída en desgracia del Presidente Richard Nixon), elaborado por un articulista de nombre Jack Anderson.
Muchos mexicanos no se enteraron en su momento de la publicación de tal artículo no solo porque el artículo estaba elaborado y publicado en un medio de comunicación que usa el Inglés como vehículo, sino por el hecho de que prácticamente todas las copias del periódico The Washington Post en esa edición para ese día fueron compradas o inclusive incautadas y destruídas por agentes de la Secretaría de Gobernación repartidos en todo México para tales propósitos. Las miles de copias de ese periódico desaparecieron en cuestión de unas cuantas horas durante la madrugada de todos los puestos de revistas de la Ciudad de México así como de todos los puestos de revistas del interior del país. Lo mismo sucedió con todas las copias del periódico que se podían encontrar en lugares tales como Sanborns y VIPS. Es muy posible que de cada mil copias de ese periódico únicamente cuatro o cinco copias hayan llegado a manos de lectores acostumbrados a levantarse temprano y a comprar ediciones de ciertas publicaciones extranjeras (algunos de ellos norteamericanos, otros de ellos académicos, y otros de ellos reporteros nacionales tratando de estar al día con lo que se publica en el extranjero).
De inmediato se ordenó a los medios audiovisuales nacionales tanto públicos como privados, ya fuese el Canal 11 (en ese entonces una paraestatal propiedad del gobierno federal) o TELEVISA (que en ese entonces mantenía el monopolio sobre las transmisiones de televisión a cadena nacional) la transmisión de entrevistas a figuras relevantes como el presidente del Senado y el líder parlamentario de la Cámara de Diputados así como miembros del gabinete presidencial e inclusive algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, en donde se defendió al Presidente de México de “las difamaciones y calumnias publicadas en los Estados Unidos en contra de uno de los Presidentes más honestos y honorables del continente americano”.
Y he aquí una situación sumamente curiosa que sólo podía ocurrir en el México de aquél entonces. A partir del martes 15 de mayo de 1984, se estuvo defendiendo a capa y espada en todos los medios al Presidente de México de “las calumniosas fantasías inventadas en el extranjero en contra del honorable Señor Presidente de la República”. Pero tómese en cuenta que ni siquiera el 0.1% de la población en México había leído el artículo de Jack Anderson publicado por The Washington Post, en virtud de la aplastante censura oficial que llevó a cabo la compra o incautación de casi todas las copias del periódico The Washington Post para ese día. Por lo que muchos mexicanos se estuvieron rascando la cabeza preguntándose desconcertados: “¿pues de qué estarán defendiendo al Presidente?, ¿a qué se estarán refiriendo?”. Tendrían que pasar meses, o más bien años, para que una cantidad creciente de ciudadanos mexicanos se pudieran enterar qué era aquello de lo cual se estaba defendiendo al Presidente. Es una situación similar a la que ocurrió recientemente con la película de comedia-ficción The Interview que trata sobre un complot de asesinato en contra del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un. Los medios audiovisuales de Corea del Norte, controlados en su totalidad por el Estado, se fueron duro en contra de la película y los productores del la película. Pero la película en sí no sólo estaba censurada sino inclusive prohibida dentro de Corea del Norte, y casi nadie dentro de Corea del Norte la pudo ver, por lo que muchos norcoreanos se quedaron perplejos rascándose la cabeza y preguntándose a sí mismos: “¿pues de qué cosa estarán defendiendo tan insistentemente en los medios a nuestro bienamado líder?”.
Es posible que a estas alturas al lector se le haya despertado su curiosidad, y se esté preguntando a sí mismo: “¿pues qué demonios contenía ese artículo de Jack Anderson que fue censurado y prohibido en México?”.
Para satisfacer la curiosidad del lector, aquí se reproducirá ya traducido al Español y en su totalidad el mismo artículo titulado “Mexico Makes Its Presidents Millionaires” que el gobierno de México de 1984 no quiso que la gran mayoría de los mexicanos leyeran. El lector podrá decidir por cuenta propia si el gobierno autoritario de aquél entonces tuvo o no razón en bloquear casi por completo esta información.
México Hace Millonarios A Sus PresidentesInteresante, ¿no es así?
The Washington Post
Martes 15 de Mayo de 1984
El Presidente Mexicano Miguel de la Madrid quien tiene programada una entrevista con el Presidente Reagan en la Casa Blanca el día de hoy, ha amasado una fortuna de muchos millones de dólares desde que tomó posesión, de acuerdo con documentos clasificados (confidenciales) de fuentes de inteligencia en los Estados Unidos.
El auto-enriquecimiento es una tradición entre los presidentes Mexicanos; también podría ser perfectamente legal bajo las leyes en México.
El salario presidencial es un secreto, y la única regla del partido dominante en México, según uno de sus miembros, es “No tocar a la cúspide”.
Quizás en deferencia a la precaria situación financiera de su país y a la pobreza extrema de su gente, se cree que De La Madrid ha recolectado un “salario” secreto mucho más modesto que el de sus predecesores. De todos modos, es enorme.
Una fuente de alto nivel en la administración con acceso a reportes secretos de inteligencia le dijo a mi asociado Dale Van Atta que en una serie de transacciones en los cuatro meses después de que tomó posesión en Diciembre, 1982, De La Madrid metió de 13 millones a 14 millones (de dólares) en un banco Suizo.
Otra fuente con acceso a datos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y de la Agencia Nacional de Seguridad citó un reporte el Otoño pasado, basado en intercepciones por cable de transacciones bancarias internacionales, que ponen el monto total de “las ganancias” de De La Madrid durante su presidencia en un mínimo de 162 millones (de dólares).
En la CIA, el período presidencial de seis años es referido sarcásticamente como el “paracaídas dorado” que lleva a cada presidente en forma segura a una fortuna considerable.
Esfuerzos para conseguir a De La Madrid para obtener sus comentarios no tuvieron éxito, pero un vocero de la Embajada Mexicana dijo que la información de inteligencia de los Estados Unidos estaba equivocada, “fuera de toda consideración”.
Indicó que De La Madrid ha estado montando una campaña agresiva en contra de la corrupción.
Eso, también, es una venerada tradición presidencial en México. El predecesor de De La Madrid, José López Portillo, llevó a cabo el mismo ritual, llamando a la corrupción “el cáncer de México”.
Sin embargo, López Portillo, quien ejerció su mandato durante los días turbulentos de la corta prosperidad petrolera de México, amasó una fortuna personal. De acuerdo con estimaciones de la CIA, sacó una cantidad increíble de unos mil millones a unos tres mil millones de dólares.
El símbolo de la fortuna de López Portillo es una lujosa propiedad de 130 kilómetros cuadrados (32 acres) que construyó dominando desde lo lejos a la Ciudad de México. Es conocida como “La Colina del Perro”, en referencia al enunciado de López Portillo de que “pelearía como un perro” para defender la caída del peso.
Mientras que muchos de sus compatriotas viven en casas de adobe o en chozas de lámina corrugada, López Portillo y su familia tienen baños de mármol y de oro, de acuerdo con reportes de la prensa en México.
Algunos pisos están hechos de jade; uno de ellos es transparente, con un modelo detallado del Acrópolis a través del mismo.
El gobierno de México instaló una planta de energía para lo que una revista en México llamó la “fortaleza medieval amurallada mirando sobre la Capital”. La agencia de obras públicas gastó 33 millones (de dólares) en la carretera de acceso, drenaje, y líneas de agua para la propiedad de López Portillo.
La generosidad del ex-presidente se extendió, según reportes, inclusive a una funcionaria de alto nivel en el gobierno, la cual se decía era su amante.
La casa de ella se dice que es tan grande que uno de los closets mide 8 metros por 30 metros y tiene un mezzanine.
Pese a lo descarado del enriquecimiento de López Portillo en su cargo, fuentes Americanas y Mexicanas dudan que alguna vez será el objeto de la campaña de limpia de su sucesor.
En cambio, De La Madrid se ha movido en contra de algunos funcionarios del régimen presidencial anterior, incluyendo al jefe previo del monopolio petrolero nacional y el jefe anterior de la policía de la Ciudad de México.
El artículo de Jack Anderson vaticinó que el ex-Presidente José López Portillo jamás sería objeto de la campaña anti-corrupción de su sucesor Miguel De La Madrid. Se quedó corto, porque José López Portillo jamás fue tocado por ningún Presidente posterior a su época, y ni siquiera fue investigado por presuntos (y demostrables) actos de corrupción ni por la PGR ni por el Congreso de México. Para colmo, continuó disfrutando de su abultada pensión presidencial vitalicia hasta el final de sus días, y el único consuelo que le queda al pueblo de México es que el corruptísimo José López Portillo no se llevó consigo al más allá un solo centavo de sus dineros mal habidos, además de que terminó prácticamente loco no tanto a causa de la demencia senil sino más bien a causa de su vida degenerada y corrupta amén de sus incontrolados excesos más propios de un emperador romano en los tiempos de la decadencia del Imperio.
Para quienes se digan a sí mismos que este artículo publicado en The Washington Post, que da una visión que del gobierno de México se tenía en el extranjero, podría haber sido utilizado por los partidos de oposición en contra del régimen unipartidista, y se pregunten a continuación el por qué no fue utilizado, se les responderá que en aquél entonces encima del hecho de que la oposición en México más que una oposición real era una oposición de carácter simbólico sin fuerza alguna, la diseminación abierta y pública de este tipo de materiales anti-gubernamentales le podía haber costado la vida a los dirigentes de los partidos que se hubieran atrevido a hacer tal cosa. Después de todo, ¿no había ordenado el Presidente Gustavo Díaz Ordaz un verdadero genocidio dentro de una de las ciudades más grandes del orbe, saliéndose con la suya y quedando su crimen en una impunidad absoluta? ¿Qué problema le hubiera representado entonces a un gobierno actuando como una verdadera mafia el mandar matar a uno que otro líder de uno que otro partido de oposición? Eran tiempos en los que si el Presidente le hubiera ordenado al Ejército matar a la quinta parte del pueblo de México, el Ejército obediente y disciplinado, en vez de hacer uso de razón y desobedecer las órdenes (como en otros países en donde los soldados entienden como su misión prioritaria el defender y proteger al pueblo y no masacrarlo), habría obedecido sin chistar por la simple y sencilla razón de que en ese México las órdenes del Señor Presidente eran órdenes que nunca podían ser cuestionadas y tenían que ser obedecidas. Solo en fechas recientes esta malentendida lealtad en donde los dictados del rey-Presidente eran puestos por encima de los intereses de la Patria ha caído de su nicho sacrosanto, a grado tal de que cuando el primer Presidente surgido de la alternancia, Vicente Fox, tuvo su racha de problemas para los cuales la tentación era recurrir al Ejército para “meter el orden”, el Secretario de la Defensa le pidió a Vicente Fox que le diera la orden por escrito, con lo cual Vicente Fox desistió de caer en tan horrenda tentación.
No es posible que el ex Presidente Miguel De La Madrid pague con cárcel o al menos con una sanción económica por los delitos que haya cometido al ejercer el poder porque falleció tranquilamente en 2012 sin que ninguno de los dos gobiernos inútiles de la “alternancia” emanados del PAN (Presidente Vicente Fox, Presidente Felipe Calderón) movieron un solo dedo para que al menos se abriera una carpeta de investigación para corroborar la verdad histórica sobre los señalamientos en su contra, e inclusive hasta el final de su vida Miguel de la Madrid continuó disfrutando de su opípara pensión presidencial vitalicia pagada hasta el último centavo por el mismo pueblo al que hundió. Hasta la fecha, ningún gobierno posterior al suyo ha hecho el menor esfuerzo para aclarar denuncias como las que aparecieron en el artículo publicado desde hace ya tres décadas en el periódico The Washington Post, aunque a estas alturas y en nombre de la impunidad ya poco importa. Tampoco ninguno de los Congresos conformados a través de una pluralidad brotada de elecciones libres (a diferencia de los Congresos del pasado conformados por una mayoría aplastante de siervos dóciles del anterior sistema unipartidista) ha hecho el menor esfuerzo por crear Comisiones de la Verdad que investiguen este tipo de cosas. Ni siquiera han movido un dedo para acabar de tajo con el fuero constitucional, la carta suprema de impunidad que otorga protección total a funcionarios y políticos corruptos poniéndolos fuera del alcance de la ley. Quizá porque el haber padecido tanta impunidad por tanto tiempo ha hecho que muchos mexicanos se acostumbren a ella y la vean como algo natural, convirtiéndola en un hábito, o más que un hábito, en un vicio. Y los vicios nunca han sido fáciles de abandonar.
