Una aberración llamada fuero

La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que tuvo lugar en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero a raíz de los hechos violentos sucedidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 es sin duda alguna uno de los más escandalosos casos de criminalidad y corrupción que han flagelado recientemente a la sociedad Mexicana.

El conocimiento público de la historia comienza el 27 de septiembre cuando se supo por vez primera del ataque y el secuestro llevado a cabo por policías del municipio de Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Inicialmente, la cifra de desaparecidos era mayor, un total de 57, pero algunos de ellos reaparecieron más no así otros que seguían sin haber tenido contacto alguno con sus familiares. Para el 29 de septiembre, se habían detenido ya 22 elementos de la Policía Preventiva de Iguala implicadas en el asunto de los estudiantes normalistas desaparecidos, por su presunta responsabilidad en la muerte de seis personas y causar heridas a otras 17. Pero lo peor estaba aún por conocerse. Al 30 de septiembre, se tenían ya las primeras evidencias del secuestro y las desapariciones de 43 normalistas que se habían llevado a cabo en el municipio de Iguala. Al finalizar el mes de septiembre de 2014, era un hecho la desaparición de los estudiantes normalistas desde la noche del viernes 26 y madrugada del sábado 27 en Iguala, luego de que fueron perseguidos y baleados por policías municipales, con un saldo de siete muertos y al menos 25 lesionados. Los desaparecidos no eran vistos con vida en ningún lado pese a la búsqueda intensa que se estaba llevando a cabo para localizarlos. Y justo al empezar octubre de 2014, tanto el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez como su secretario de seguridad Felipe Flores Velázquez se encontraban “prófugos” al decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. De acuerdo a los datos que se comenzaban a filtrar a la prensa, fueron policías de Iguala quienes entregaron con vida a los normalistas a policías de Cocula, para ser entregados posteriormente al cártel Guerreros Unidos para disponer de ellos de una manera apropiada a los deseos e intereses de quien necesariamente tuvo que haber aprobado y ordenado la entrega de los estudiantes al cártel Guerreros Unidos.

¿Cómo puede ser posible que un alcalde y su secretario de seguridad se atrevieran a actuar con tanta desfachatez ordenando lo que hasta ahora se presume fue un genocidio, trabajando en complicidad para el cártel Guerreros Unidos, sin temer castigos ni repercusiones a largo plazo por la increíble barbaridad que se estaba cometiendo? La única explicación posible: la gigantesca impunidad con la que ambos ya habían estado incurriendo en tropelías sin que nadie, incluído el gobernador de Guerrero, les marcara el alto. Desde hace tiempo varias fuentes ya habían señalado la colusión del alcalde de Iguala y su secretario de seguridad, pero nadie atendió jamás tales denuncias, lo que hizo que la confianza de ambos para hacer barbaridades y actos fuera de la ley continuara creciendo hasta llegar a niveles intolerables en cualquier país civilizado. Y además, el alcalde de Iguala era intocable por ley, al gozar de esa aberración del sistema llamada fuero.

Aunque ya para la primera semana de octubre de 2014 la PGR se refería al alcalde de Iguala como un prófugo, sin embargo y esto tiene que ser aclarado, aunque ciertamente el alcalde Abarca Velázquez se había esfumado, legalmente no se le podía considerar un prófugo por gozar de fuero, y por lo tanto no podía ser arrestado. Para ser considerado un prófugo era necesario removerle primero el fuero, lo cual no había ocurrido. De este modo, justo cuando en el país se cumplía el aniversario de la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968, las evidencias de que algo extremadamente grave había ocurrido en Iguala eran irrefutables. Cabe recordar que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz se jactó públicamente hasta el final de sus días de haber hecho “lo correcto” asumiendo toda la responsabilidad por lo que hizo el gobierno a su cargo en torno a los incidentes que culminaron con la matanza de Tlatelolco. Al tomar tal actitud “asumiendo toda su responsabilidad”, lo hizo a sabiendas de que gozaba de fuero, y que nadie podría juzgarlo jamás ante ningún tribunal por el delito de genocidio. ¿Habría tomado la misma actitud y habría hecho las mismas declaraciones Gustavo Díaz Ordaz si no hubiera gozado de fuero e impunidad?

Ya para el 5 de octubre se tenían confirmaciones sólidas de que “un funcionario público de Iguala” había ordenado detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos había dispuesto el asesinato de los jóvenes, quedando esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre, y que se sabía también que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes. Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala quienes luego fueron trasladados en patrullas, hay videos grabados de cámaras de seguridad que confirman este hecho.

A la fecha casi no hay nadie en México dispuesto a concederle al alcalde de Iguala el beneficio de la duda, se le presume culpable de antemano sin necesidad de que el caso llegue a un juez. Pero suponiendo, para fines de discusión académica, que el alcalde de Iguala era un perfecto idiota que no tenía ni siquiera la más remota idea de lo que estaba sucediendo en el municipio que gobernaba, ¿de cuando acá un grupo clasificado como delincuencia organizada se coordina e inclusive le dá órdenes a toda las policías de una ciudad sin que el alcalde de la ciudad sepa lo que está sucediendo bajo su mando? Los policías no actúan por cuenta propia, no son autónomos, y menos para llevar a cabo un genocidio como del que estamos hablando.

Para el mismo 5 de octubre en que se tuvieron confirmaciones sólidas de que “un funcionario público de Iguala” había ordenado detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos había dispuesto el asesinato de los jóvenes, también se había confirmado el descubrimiento de fosas clandestinas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala. Aunque varios de los cuerpos habían sido incinerados para volverlos irreconocibles, los olores fétidos de algunas de las fosas confirmaban que se trataba de muertes recientes. algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados.  Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego, para volverlos irreconocibles. Sin embargo, estas fosas clandestinas, a las cuales se fue sumando el descubrimiento de otras fosas clandestinas con 28 cadáveres, no contenían los cadáveres de los estudiantes desaparecidos de acuerdo a las pruebas forenses que fueron practicadas posteriormente. ¿Entonces quiénes eran los que fueron presuntamente asesinados y enterrados en esas fosas clandestinas? 28 cadáveres sumados a los 43 normalistas desaparecidos y que se presume muertos dan un total de 71 víctimas, y se presume que si se sigue buscando se irán encontrando más fosas clandestinas. A la luz de estos hechos, se puede presumir que el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas no fue más que la gota que derramó un vaso que ya estaba bien colmado.

Ya para entonces se habían detenido 26 probables responsables y se había consignado a 29 integrantes del cártel Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías eran del municipio de Iguala, a quienes se les dictó formal prisión por homicido calificado, siendo enviados al penal de Las Cruces. Está confirmado que estos 22 elementos dispararon sus armas contra los estudiantes de Ayotzinapa y los futbolistas, en hechos que dejaron seis personas muertas el pasado 26 de septiembre. Por los ataques de esa noche en Iguala se encuentraban ya detenidas cuatro personas a las que se liga con Guerreros Unidos, de nombrees Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber. Según sus testimonios 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.

Sin embargo, y complicando las cosas, el jefe delictivo del cártel Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón Pereda “el Benjamón”, precisamente el mismo que necesariamente tenía que saber en dónde estaban los 43 normalistas desaparecidos, ya fuese vivos o muertos, al verse cercado y acorralado sin posibilidad de escapatoria optó por terminar con su propia vida pegándose un tiro en la cabeza no sin antes de hacerle una gesticulación a los oficiales que lo tenían cercado, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. Sabía lo que le esperaba en caso de ser capturado con vida, sabía que sería exhibido y humillado no sólo ante todo el pueblo de México sino ante el mundo entero, encerrado de por vida como uno de los peores monstruos de Latinoamérica, con su cártel Guerreros Unidos en vías de extinción y sus miembros cazados por doquier hasta terminar con todos ellos ya sea vivos o muertos. En rigor de verdad, no le quedaba otra opción más que el suicidio. Sabía que había llegado demasiado lejos, y era la hora de ir a pagarle las facturas al Diablo. Él, a diferencia del alcalde-con-licencia de Iguala, no gozaba de fuero; su destino era la cárcel inmediata en condiciones sumamente desfavorables y con un sector considerable de la población de Guerrero dispuesta a sacarlo de la cárcel para lincharlo.

Al matarse el Benjamón con su propia mano, ¡José Luis Abarca Velázquez seguía gozando de fuero!

La remoción del fuero a un funcionario corrupto es un asunto tan complicado y tan tardado que sin importar la gravedad de los crímenes que se le achaquen, así se trate de genocidios como el que se cometió en Iguala, es casi imposible que la remoción de su fuero se pueda dar en forma inmediata y con la urgencia que el caso requiere. Pero un delincuente muy agradecido con el sistema no necesita más que un par de horas para desaparecer, yéndose inclusive al extranjero para ocultarse en algún lugar en donde no se podrá arrestar al prófugo al desconocerse su paradero (el diputado Manuel Muñoz Rocha hasta la fecha no ha sido localizado), e inclusive ni siquiera cuando está tomando el avión en el que está emprendiendo su huída por gozar de su “fuero” que impide que pueda ser arrestado al iniciar su huída. En el caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien como alcalde presuntamente giró las órdenes a sus policías para que se pudiera llevar a cabo el genocidio, fue hasta el martes 7 de octubre que en una sesión del Congreso de Guerrero se inició el juicio de procedencia en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, o sea casi dos semanas despuéa de la desaparición de los estudiantes normalistas, y al haber transcurrido varios días después aún no se le había removido el fuero a José Luis Abarca Velázquez porque “las cosas en palacio se mueven despacio”, y esto pese a las presiones ejercidas tanto dentro como fuera de México para que el asunto fuera expeditado.

¡Fue hasta el 10 de octubre (misma fecha en la que el fiscal Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal declaró -¡oh sorpresa!- que el alcalde de Iguala no se encontraba ya en el estado de Guerrero) a eso de las dos de la madrugada se le removió el fuero al ya para entonces prófugo alcalde-con-licencia José Luis Abarca Velázquez en una sesión especial que consumió el tiempo de los congresistas que tuvieron que dejar pendientes otros asuntos extremadamente urgentes e importantes para dedicárselo al alcalde de Iguala!

El fuero le sirvió al alcalde de Iguala para desaparecer con la mayor facilidad del mundo sin que pudiera ser detenido para responder por tan negro crimen que solo puede ser clasificado como un crimen de lesa humanidad. El fuero le facilitó su huída. Al fin y al cabo, precisamente para tales cosas son para las que sirve el fuero. En los hechos, el fuero ha servido de mil maravillas para que quienes lo gozan puedan evadir la acción de la justicia mofándose de las autoridades policiacas que se ven impedidas para detenerlos aunque encuentren en plena flagrancia a los funcionarios que estén actuando ya sea por cuenta propia o coludidos con el hampa, porque el fuero los vuelve intocables poniéndolos por encima de la ley, y con ello por encima de la misma Constitución en lo que tal vez sea la mayor ironía de todas.

¿Y cuál es la postura de los partidos políticos en lo que toca al fuero a la luz del genocidio de Iguala?

El estado de Guerrero es gobernado por un hombre emanado de la izquierda de México, el cual fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, el alcalde de Iguala, cuyo paradero se desconoce, también fue postulado por el PRD. El 8 de octubre, el PRD en boca de su presidente Carlos Navarrete pidió perdón por el caso Iguala diciendo “Reconocemos que no fuimos lo suficientemente cuidadosos, porque aceptamos que un candidato externo, que no era miembro del PRD, fuese candidato en Iguala y que permitiera o incluso dirigiera la cooptación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada. Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”. Sin embargo, en ningún momento aprovechó la ocasión Carlos Navarrete para promover la eliminación de esa aberración conocida como el fuero que cobijó al alcalde de Iguala en la más absoluta impunidad; es más, ni siquiera tocó el tema. La Mesa Directiva del Senado está presidida en estos momentos por un izquierdista prominente, Miguel Barbosa Huerta, y en ningún momento ha sacado a relucir la necesidad imperiosa de acabar con el fuero para que no se vuelvan a dar situaciones como lo sucedido con el alcalde perredista de Iguala.

Y en lo que toca al Partido Verde Ecologista de México, en vez de usar la ocasión y el pésimo ejemplo del mal uso dado al fuero por el alcalde de Iguala para promover la desaparición del fuero, su prioridad máxima era la eliminación de las corridas de toros y el enviar a los toreros a las filas del desempleo, en alianza con el Partido Acción Nacional para lograr este objetivo. El fuero, desde luego, quedaba intacto, tal como es. Así pues, tanto las prioridades de la izquierda como la derecha de México, en las posturas tomadas por sus diputados y senadores, es que hay otras cosas mucho más importantes que resolver tales como los espectáculos de las corridas de toros. Y si bien la izquierda de México no pudo llegar a la silla presidencial ni en el 2006 ni en el 2012, la derecha sí logró tal cosa primero en el 2000 y después por un estrechísimo margen en el 2006, y esto merece ser considerado en mayor detalle.

¿Qué acaso los políticos de México están tratando de retrasar hasta donde sea posible la eliminación del fuero por si acaso cualquiera de ellos incurre en actos delictivos? ¿Pues entonces qué clase de políticos tiene México? ¿Acaso el Congreso, diputados y senadores, están en la misma condición que los habitantes de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, en las cuales Lot no pudo encontrar ni siquiera un puñado de justos por cuya presencia ambas ciudades fuesen perdonadas del final que la Providencia les tenía preparado?

En el 2000, cuando hubo una alternancia después de cerca de 70 años ininterrumpidos de gobiernos federales emanados de un mismo partido politico, en un exceso de ingenuidad se llegó a creer que los nuevos ocupantes de Los Pinos realmente usarían su poder recién adquirido para dar por terminada de una vez por todas esa aberración mayúscula llamada fuero que solo ha servido para que muchos funcionarios privilegiados se burlen de la ley proclamándose intocables. Doce años después, al darse por terminado ese experimento politico de la alternancia, no se había hecho absolutamente nada para terminar con el fuero poniéndole punto final. Unos cuantos en el partido que estuvo prometiendo por décadas corregir el rumbo del país y que no cumplió cuando tuvo la oportunidad para ello, ahora nuevamente esgrimen la bandera del cambio argumentando que, entre otras cosas, hay que acabar de tajo de una vez por todas y para siempre con el fuero. ¿Y por qué habríamos de creerles ahora si son los mismos que ya le fallaron a México?  Tan no van a cumplir las promesas que ahora hacen de Nuevo, que Juan Ignacio Zavala, el cuñado del presidente Felipe Calderón, renunció a su larga militancia en dicho partido ante el cinismo y la hipocresía que se han apoderado del PAN, habiendo llegado a la conclusión de que el PAN ya no dá para más, al igual que la izquierda.

En síntesis, el fuero no será proscrito en su totalidad ni noy ni mañana, quienes legislan y quienes gobiernan hoy a México en su gran mayoría no están dispuestos a decirle adiós a ese escudo de impunidad que los proteje colocándolos por encima de las leyes del país. Modificarlo, sí, pero desaparecerlo por completo, ¡ni pensarlo!

La situación es completamente diferente fuera de México. Más al Norte, en el estado de Texas, al ser acusado el gobernador Rick Perry el 15 de agosto de 2014 por un gran jurado federal del delito de abuso de poder, y aunque no se le detuvo de inmediato se procedió a sacarle su ficha signalética. Esto fue posible porque en los Estados Unidos (y en muchos otros países) los funcionarios de alto rango no gozan de ningún fuero, no hay ciudadanos de primera clase situados por encima de la Ley y ciudadanos de segunda clase obligados a cumplir con las leyes en vigor.

El caso del alcalde de Iguala es el ejemplo clásico de cómo un político que tiene nexos directos con el crimen organizado y que está apoyado y subvencionado con dinero del crimen organizado puede sobornar y corromper a la estructura corporativa de un partido para lograr que se le postule como candidato a un puesto público, ya sea de elección popular, o mejor aún, por la más segura vía plurinominal, y una vez postulado no le faltará dinero (dinero sucio, esto es) para promover su imagen comprando las conciencias de los reporteros y comentaristas sociales y andar repartiendo regalos para ganarse muchas simpatías. Esto fue precisamente lo que ocurrió con el Partido de la Revolución Democrática (por más que insistan en negarlo) y con José Luis Abarca Velázquez, pese a que tanto él como su esposa (también prófuga) ya tenían sendas denuncias en su contra que jamás fueron atendidas.

De no haber existido el fuero, el alcalde de Iguala y muchos otros como él la pensarían dos veces antes de emprender acciones tan estúpidas como los genocidios de Iguala y Tlatelolco. Se dirían a sí mismos: “No es en provecho mío el ordenar tal o cual cosa que de acuerdo a la ley constituye en un delito, porque carezco de impunidad legal para protegerme y hasta para permitirme huir en caso de que me descubran. No, no haré tales cosas ni ordenaré que se hagan tales cosas”. Lo cual, a fin de cuentas, devendría en un sistema de gobierno menos injusto que el que actualmente se tiene.

El fuero constitucional y el abuso descarado del mismo no es la única ofensa cometida por el sistema político mexicano en contra de la ciudadanía. Hay otras, tales como las “elecciones” por la vía plurinominal (de lo cual ya se habló en ésta bitácora en el trabajo titulado “Intereses creados” publicado el 22 de agosto de 2014); y de hecho la plurinominalidad y el desafuero van de la mano, lo primero le puede ayudar a un individuo adinerado que tenga antecedentes dudosos y cuestionables a ocupar una diputación o una senaduría sin necesidad de tener que contender (y exponerse) por el voto directo del pueblo, todo posible comprando y corrompiendo a algún partido político con generosas contribuciones económicas a sus dirigentes a cambio de ser lanzado como candidato plurinominal, y lo otro le otorga carta abierta de impunidad ya con su fuero constitucional en el bolsillo.

Por aberraciones como el fuero, México ha sido conocido como el país del surrealismo. Y lo seguirá siendo mientras la ciudadanía no despierte y empiece a presionar a la clase política con un cambio de timón o la expulsión definitiva del sistema por la vía del voto de aquellos políticos que son un estorbo para llevar al país al concierto de las naciones civilizadas.