miércoles, 11 de diciembre de 2013

El desafío de Uruguay a la DEA

A partir de la noche del 10 de diciembre de 2013, en Uruguay se ha puso en marcha un experimento social sin precedentes. Se decretó la legalización de la mariguana, desde la producción de la misma hasta su consumo, para ser implementada en un plazo no mayor de 120 días. Es el primer país en el continente americano en el cual se da este paso que no tiene precedente histórico en la historia moderna del continente.

La legalización de la mariguana en Uruguay ha causado la furia en los Estados Unidos principalmente en la Drug Enforcement Agency (mejor conocida como la DEA), la más poderosa y mejor financiada agencia antidrogas en la historia de la humanidad, y también de la Federal Bureau of Investigations (FBI), que han amenazado veladamente con promover duras represalias en contra de Uruguay por lo que ha hecho.

Quizá en otros tiempos las bravatas y las amenazas veladas del gobierno norteamericano en contra de Uruguay no habrían pasado desapercibidas, y Uruguay no se habría atrevido ni siquiera a considerar la posibilidad de tal legalización. El hecho de que Uruguay se haya atrevido a desafiar de este modo al gobierno federal norteamericano es un claro indicio de que la autoridad que Estados Unidos antes ejería sobre el resto del mundo desde una posición de liderazgo y predominancia absoluta se está desvaneciendo. Estados Unidos ya no es lo que era antes, y su poder ya no es lo que era antes. Se ha documentado aquí recientemente este mes en esta misma bitácora (en el trabajo titulado “Del ‘sueño americano’ al sueño chino”) cómo China se está convirtiendo en una super-potencia mundial que le está arrebatando a Estados Unidos la preeminencia que antes tenía. Se ha documentado también, en el trabajo titulado “Signos del declive del imperio norteamericano”, publicado el 19 de julio de 2013, cómo la agresiva postura que el gobierno norteamericano ha tomado en contra de sus vecinos del sur (principalmente México) le ha traído al mismo Estados Unidos el equivalente de una debacle económica en sus propias comunidades fronterizas con México, sin que a los insensibles políticos norteamericanos con corazón de piedra (la mayoría, no todos) parezca importarles la contribución que una postura hostil de mala vecindad tenga que ver con el continuado declive de su país.

En su desafío a la poderosa agencia antidrogas DEA y con ello al gobierno norteamericano, el gobierno de Uruguay está adoptando la postura de que no le debe nada a los Estados Unidos. Y en realidad, los uruguayos no le deben nada a los Estados Unidos. Ni sus ciudadanos reciben trato preferencial migratorio alguno de parte de las autoridades norteamericanas, ni la ayuda externa que Uruguay recibe de los Estados Unidos es tanta como para que Estados Unidos pueda presionar con probabilidades de éxito al gobierno de Uruguay. Y si amenaza a Uruguay con bloqueos comerciales, allí están China, Brasil y el bloque de la Unión Europea así como otros países del mundo para tender puentes hacia Uruguay, esto a la vez que Estados Unidos está muy ocupado construyendo muros en su frontera sur (como los que está construyendo en Arizona) para continuar con su aislamiento del mundo exterior.

Lo que más teme el gobierno norteamericano, sobre todo los funcionarios y agentes que laboran dentro de la DEA, es que el precedente sentado por el gobierno de Uruguay pueda dar pie a que otros países, como México, sigan su ejemplo. México desde luego es un caso muy especial, porque a diferencia de Uruguay es el vecino inmediato al sur de los Estados Unidos, y el Presidente Enrique Peña Nieto atenido a las represalias que el gobierno norteamericano pueda tomar en contra de México se ha proclamado estar en contra de la legalización de la mariguana en México. Pero con varios estados dentro de la Unión Americana que en desafío al gobierno federal ya están dando los primeros pasos para la legalización de la mariguana, mantener una postura de obediencia y lealtad hacia el gobierno federal norteamericano se antoja como algo que no podrá ser sostenido indefinidamente.

Hay varias preguntas importantes que están a la espera de ser contestadas con en el gran experimento social que se está llevando a cabo en Uruguay. Al igual que el comunismo, que en teoría sonaba muy bonito pero que en la práctica ha terminado siendo un fracaso en dondequiera que se ha implementado, las presuntas bondades que se puedan obtener en contraposición con los perjuicios que pueda ocasionar la legalización de la mariguana están aún por verse, y no será sino hasta el cabo de unos cinco años que se pueda ver con mayor claridad si realmente se logró lo que se pretendía lograr.

Uno de los objetivos en la legalización de la mariguana es impactar a los cárteles en donde más les puede doler: en los bolsillos. El narcotráfico es, después de todo, un comercio, un negocio. Los que están metidos en ese negocio lo hacen porque se trata de un negocio muy lucrativo, y las ganancias económicas obtenidas suelen ser sumamente elevadas en contraposición con las inversiones requeridas para echar a andar un negocio de esta naturaleza. El principal argumento en pro de la legalización de la mariguana es que tiene el potencial para quitarle lo atractivo al negocio, visto el hecho de que ha sido precisamente la prohibición lo que ha elevado en forma considerable el costo del producto que solo se podía obtener en el mercado negro. Pero si la producción y la comercialización de la mariguana se vuelven legales, ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a pagar cino mil pesos por un kilo de algo que puede comprar legalmente por menos de cien pesos? Esta es una cuestión de pesos y centavos, y se argumenta que si el gran negocio deja de ser un gran negocio entonces quienes se dedican a tal actividad no les quedará más opción que buscarse otra fuente de ingresos. De hecho, por mucho tiempo se argumentó que puesto que eran los cárteles de las drogas quienes más tenían que perder con la legalización de la mariguana, estuvieron adjudicando mucho dinero para corromper a un número suficiente de políticos para poder impedir la legalización. Si es así, entonces en Uruguay o ya no les alcanzó el dinero a los jefes de los cárteles o ya no hubo suficientes parlamentarios que se prestaron a ser corrompidos.

Otro argumento en pro de la legalización de la mariguana es que tal medida puede conducir a una reducción de los índices de criminalidad. Descriminalizando la producción, la venta y el consumo de la mariguana, no sólo las actividades delictivas relacionadas con su producción y venta dejan de tener razón de ser, sino que aquellos que se vuelvan adictos a la mariguana ya no tienen necesidad de incurrir en robos y asaltos con tal de obtener el dinero que necesitan para poder seguir sosteniendo un vicio caro. Si el vicio se vuelve barato (como el vicio del alcohol y el vicio del tabaco), el consumo legal queda al alcance de casi cualquier bolsillo sin necesidad de tener que incurrir de delitos para obtener grandes cantidades de dinero (como ocurre en el caso de las adicciones a la cocaína y la heroína).

Un argumento en contra de la legalización de la mariguana es que la producción y la adquisición legal de la misma elevará los niveles de drogadicción entre la población. Esto ya se verá con el paso del tiempo. Sin embargo, al quitarle a la mariguana su calidad de “producto prohibido”, se le está quitando su glamour, su principal atractivo, porque buena parte del atractivo radica en ser un producto ilegal, un producto prohibido. Y si deja de ser un producto prohibido, si puede ser obtenido a la par con el tabaco ordinario, el atractivo de lo prohibido deja de serlo.

La razón principal esgrimida por el gobierno de Uruguay para justificar la legalización de la mariguana es que la guerra contra las drogas comenzada por los Estados Unidos ha sido un fracaso, lo cual a varias décadas de que en los tiempos del Presidente Richard Nixon se emitiera dicha “declaración de guerra” ha resultado cierto. Si se han acumulado cuatro décadas de fracasos sin haberse logrado erradicar ni la distribución ni el consumo, resulta cuestionable que se quiera continuar con lo mismo otras cuatro décadas sabiendo de antemano cuáles serán los resultados. En estos momentos, cualquier estudiante de “High School” en los Estados Unidos puede obtener toda la droga que quiera, su única limitante es la cantidad de dinero de que pueda disponer para comprar las drogas de su preferencia, y si realmente se decidiera actuar con energía metiendo a la cárcel a todos los estudiantes norteamericanos que alguna vez en su vida han consumido algún tipo de droga, es posible que más de la mitad de los jóvenes norteamericanos estarían en la cárcel en vez de estar asistiendo a la escuela. De hecho, el haber experimentado con algún tipo de droga no parece ser obstáculo alguno para que un joven cualquiera en los Estados Unidos pueda aspirar a los más altos cargos de elección popular; tanto Bill Clinton como Barack Obama han admitido haber fumado mariguana en sus años mozos, y ello no les impidió llegar a la presidencia. De este modo, el oponerse enérgicamente a que en otros países se legalice lo que dentro de los Estados Unidos se tolera y ante lo cual las autoridades educativas se hacen de la vista gorda revela una actitud hipócrita y cínica que les resta autoridad moral a los norteamericanos para andar diciéndole a los demás países lo que puedan hacer y lo que no deban hacer. Con estas incongruencias, cada vez hay menos gente en el exterior que les hace caso.

Otro argumento esgrimido en contra de la legalización de la mariguana es que el libre consumo de la misma allanará el ingreso hacia otras drogas tales como la heroína y la cocaína, agravando en vez de paliar el problema de la drogadicción. Esto también está por verse, aunque la experiencia en países europeos tales como Portugal y Holanda sugiere que esto no ocurrirá. En un panorama mucho más amplio, hay cada vez una mayor convicción de que el problema de las drogas en vez de tratarlo como un problema de criminalidad debe ser tratado como un problema de salud pública, invirtiendo los dineros públicos en centros de atención médica y centros de rehabilitación en vez de despilfarrar ese mismo dinero en construír más cárceles y centros penitenciarios y en contratar más policías y más fiscales y más jueces para castigar algo cuyo castigo no sirve para remediar el problema.

Más que una actitud de complacencia y aprobación al libre consumo de drogas ahora prohibidas, en varios países latinoamericanos se está enraizando una cultura de “me vale”. En esta postura, se considera que, si bien es una tragedia que algún individuo se haya vuelto adicto, por ejemplo, a las metanfetaminas, al final de cuentas el desarrollar tan pernicioso hábito fue una decisión tomada libremente por el hoy drogadicto, el cual usó su libre albedrío para convertirse en lo que hoy es. Aunque haya decidido mal, esa fue su decisión, que debe ser respetada. No es muy diferente al caso de un individuo con tendencias suicidas. Habiéndolo identificado con tales tendencias, se le puede ofrecer ayuda médica, se le pueden ofrecer terapias de ayuda para que pueda superar las razones que lo están empujando a suicidarse, se le puede ofrecer incluso ayuda religiosa, pero si realmente está empecinado en querer suicidarse, tarde o temprano lo logrará, y si lo logra nadie más que él mismo tendrá la culpa por haberse privado de su propia existencia. El dilema entonces es: ¿deben morir otras personas en los esfuerzos por impedir que el individuo perturbado se suicide? Dejándolo que haga lo que quiera hacer con su vida, sólo hay un muerto, él mismo. Pero si se trata de impedir por la buena o por la mala que lleve a cabo sus planes, entonces en vez de un muerto puede haber dos o tres, y tal vez más. Si alguien se quiere envenenar poco a poco o inclusive si se quiere matar metiéndose en su organismo una droga tan peligrosa como krokodil (la droga “come carne”), rehusando todo tipo de ayuda, parece injusto que para impedirle que se salga con la suya tengan que morir policías que se enfrentan a los distribuidores del krokodil, la sociedad tenga que aceptar la corrupción del sistema judicial y el de buena parte de su clase política para que los distribuidores de Krokodil puedan seguir produciendo y suministrando el veneno con el que se quiere matar, y que habiendo tantas carencias en otros rubros sociales se tengan que despilfarrar enormes cantidades de dinero en una lucha que ya está perdida de antemano.

En Uruguay están convencidos de que la despenalización de la mariguana permitirá enfocar los limitados recursos del Estado en contra de las llamadas “drogas duras”, tales como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Esto también está por verse. Son muchas las incógnitas sobre lo que pueda o no suceder como para aventurarse a pronosticar un triunfo o un fracaso en el experimento social en el que se está embarcado Uruguay, y pudiera ser que dentro de unos cinco años terminen arrepentidos y den marcha atrás. Pero lo importante es que a la postre las incógnitas se irán despejando. Y conforme se vayan obteniendo estadísticas sobre el experimento social uruguayo, los demás países podrán ir asimilando las lecciones para tratar de llevar a cabo también o repudiar la emulación de lo que está ocurriendo en Uruguay.

En México, todavía hay una mayoría de gente que se opone a la despenalización de la mariguana, pero en ello tiene algo que ver el hecho de que México es actualmente el principal punto de tránsito de cocaína y heroína hacia los Estados Unidos, y los problemas de criminalidad que resultan de tan desventajosa cercanía geográfica hacen temblar a muchos mexicanos ante la posibilidad de que una despenalización de la mariguana que eventualmente podría ser el preludio hacia una despenalización de todo tipo de drogas eventualmente puede llevar al país a la ruina en vez de ayudarlo. De nueva cuenta, lo que suceda en Uruguay servirá de barómetro. Todo es cuestión de darle tiempo al tiempo.

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