Una reforma que no lo es tanto

Como si se tratara de una reforma profunda y trascendental de esas que marcan un antes y un después en la historia de una nación, el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reformas con la intención anunciada de terminar con la criminalización del consumo de la mariguana y con ello liberar a sentenciados por posesión simple. El mandatario dijo que su propuesta buscaba también autorizar el uso e importación de medicamentos elaborados a base de la droga o sus ingredientes activos. Específicamente, planteó que se incremente de 5 a 28 gramos la cantidad considerada para uso personal, lo que para algunos expertos significa tener entre 25 y 30 cigarrillos. Poseer más de eso continuará penalizado. La medida de aumentar el consumo personal a 28 gramos tal y como fue anunciada podría dejar en libertad de 60 mil a 140 mil personas que se encuentran presas por consumo de mariguana en todo el país, según cálculos de diputados federales. Al presentar su iniciativa, derivada del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana promovido por el mismo gobierno federal, el jefe del Ejecutivo advirtió que los mexicanos conocen bien los alcances y limitaciones del esquema esencialmente prohibicionista y punitivo y de la llamada “guerra contra las drogas”, que ha predominado por más de 40 años en el mundo, subrayando: “Como pocos, y así lo expresé en Naciones Unidas, nuestro país ha sufrido los nocivos efectos del crimen organizado, vinculado al narcotráfico. Afortunadamente, está surgiendo gradualmente un nuevo consenso mundial, en favor de una reforma al régimen internacional sobre las drogas”.

La propuesta aún tiene que ser analizada y eventualmente aprobada por el Congreso, y contempla reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y reformar el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal. Apenas el martes, Peña Nieto había sugerido desde la sede de las Naciones Unidas avanzar hacia la legalización del uso de la droga con fines médicos y científicos. Al encabezar ayer el evento en el que se presentaron las conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, el mandatario informó que proponía que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de mariguana, conforme a estándares internacionales, diciendo: “Esto quiere decir que se dejará de criminalizar el consumo. El aumento de la cantidad permitida también dará oportunidad de que queden en libertad los consumidores que actualmente están presos por portar cantidades de mariguana inferiores a 28 gramos”. Añadió que con esta iniciativa se buscaba evitar dos clases de injusticias: por un lado la que padecen niñas, niños y pacientes que necesitan de medicamentos eficaces hechos con base en mariguana, y por otro, la que padecen miles de personas, especialmente mujeres, a quienes se les ha criminalizado por consumir la droga. El presidente detalló que con las modificaciones que propone, de ser aprobadas en sus términos, permitiría autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de la hierba.

¿Pero realmente se trata de una reforma profunda y trascendental? En realidad, no, si ponemos atención cuidadosa en lo que se propone.

En primer lugar, y tal vez sea lo más importante, se sigue criminalizando la venta y la compra de la mariguana así como su producción, y no hay nada en la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto que cambie esto. Aunque se levanten todas las restricciones al consumo de la mariguana permitiéndole al consumidor poseer no solo 28 gramos sino la cantidad que quiera, ¿de dónde demonios se espera que obtenga legalmente el consumidor sus 28 gramos de mariguana si, por principio de cuentas, no la puede crecer en el patio de su propia casa porque la producción de la mariguana bajo cualquier esquema se sigue criminalizando? Y si trata de salir a la calle a comprarla, le sale igual el asunto porque la compra-venta de la mariguana está criminalizada. O sea, de acuerdo a la reforma de Peña Nieto, no hay ningún problema en aumentar el monto de la posesión legal de mariguana que puede poseer un ciudadano, que al fin y al cabo como no se le permite ni crecerla dentro de su propia casa ni comprarla en la calle de todos modos se le puede meter a la cárcel por una buena cantidad de años.

En segundo lugar, el límite de 28 gramos para la posesión personal de mariguana es algo francamente ridículo, fuera de la realidad. Si anteriormente la posesión de cualquier cantidad de mariguana hubiera sido un delito, la reforma de Peña Nieto habría introducido un cambio no significativo, pero un cambio al fin y al cabo. Pero la posesión de cantidades pequeñas de mariguana antes de Enrique Peña Nieto ya era legal, hasta los cinco gramos. El intríngulis está en la cantidad. El no castigar penalmente la posesión de hasta cinco gramos de mariguana era un “beneficio” posible de ser concedido por el sistema mexicano de justicia porque se trata de una cantidad tan pequeña que para poder pesarla adecuadamente se requiere de balanzas de precisión que solo se encuentran en los laboratorios de análisis farmacéuticos o en laboratorios de química de la industria. Esa cantidad no sirve ni siquiera para elaborar unos dos o tres “carrujos” de mariguana. Por esto mismo, en las décadas que lleva la guerra contra las drogas, nadie ha visto jamás ni siquiera en Europa o en los Estados Unidos que los agentes policiacos lleven consigo una balanza de precisión para estar midiendo cantidades tan pequeñas que se contabilizan en unos cuantos gramos. Si el lector quiere darse una idea de qué tan baja es una cantidad medida en gramos, todo lo que tiene que hacer es dirigirse a cualquier tortillería para comprar un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas tiene mil gramos de masa. La décima parte de ese kilo de tortillas es igual a cien gramos de masa, de modo tal que si separamos la décima parte de las tortillas que vienen en el paquete tendremos (más o menos) los cien gramos. Hecho lo anterior, separamos la décima parte de la décima parte de esa masa, y tendremos con ello la cantidad de diez gramos. Y la mitad de la décima parte de la décima parte del kilo de tortillas original es lo que viene siendo los cinco gramos, que en realidad es bastante poco.

Como ya se dijo, los agentes policiacos no cargan en sus patrullas balanzas analíticas de precisión. ¿Entonces cómo saben que la cantidad de mariguana que posea alguien excede los cinco gramos? La respuesta clara y llana: es algo que nunca han sabido con exactitud, sus detenciones las llevan a cabo estimando “a ojo de buen cubero” el peso de la yerba que le encuentran a alguien en sus bolsillos. Que al fin y al cabo cinco gramos es una cantidad tan ridículamente baja que ningún consumidor querrá guardar en sus bolsillos como si se tratara de un gran tesoro.

En todo caso, cualquier mexicano que quiera fumar legalmente toda la mariguana que se le antoje fumar sin ningún límite a la cantidad de la yerba lo puede hacer con el simple hecho de trasladarse al país vecino a un estado como Colorado en donde el consumo de la mariguana con fines recreativos ya es legal desde hace casi dos años, y dicho sea de paso la legalizaciónn de la mariguana en dicho estado está haciendo florecer al turismo como nunca antes. Cualquiera puede tomar un boleto de avión para trasladarse hasta Colorado para adquirir y fumar toda la mariguana que se le antoje fumar, hasta ponerse en órbita con los ojos vidriosos, esto mientras que en México se pierde tiempo debatiendo el subir el consumo autorizado para uso personal de cinco gramos a 28 gramos lo cual los consumidores norteamericanos lo han tomado como motivo de chiste y hasta de burla.

Quizá lo más interesante del experimento social en la legalización de la mariguana que se ha estado llevando a cabo a lo largo de dos años en el estado de Colorado es que está resultando ser una soberana falsedad el viejo mito de que el consumo de la mariguana mataba a los consumidores. No hay un solo caso documentado de nadie que haya muerto en Colorado como consecuencia de la legalización de la mariguana. Ha habido muertos por accidentes vehiculares al manejar después de haber consumido mariguana, pero estas muertes también se dan en el caso de los conductores que manejan estando borrachos.

Aún suponiendo que en el Congreso de México decidan dar con mucha timidez lo que creen que será un paso fenomenal y trascendental que marcará historia el hecho de subir la posesión autorizada de la mariguana hasta 28 gramos, ¿significa esto que los agentes policiacos van a ser al final de cuentas los que determinen si un sospechoso porta 27 gramos de mariguana y lo dejarán en libertad, o que porta 29 gramos de mariguana en cuyo caso lo van a remitir a la cárcel? ¿Significa esto que los agentes policiacos van a portar en cada patrulla una balanza de precisión? Desde luego que no. La cosa va a seguir igual que antes.

Tal vez algunos lectores se pregunten el por qué Enrique Peña Nieto metió como “cifra mágica” la cantidad de 28 gramos y no una cifra redonda como 30 que al menos para fines prácticos suena más lógico y fácil de manejar. Posiblemente lo hizo con el fin de darle gusto a quienes quieren basar sus mediciones en los estándares que se usan en los Estados Unidos, ya que una onza equivale a 28 gramos (para mayor precisión, equivale a 28.3495 gramos, aunque medir con tantas cifras significativas requiere ya de una balanza analitica), y la onza es la medida usual para la venta al menudeo de mariguana en los Estados Unidos.

La iniciativa de Enrique Peña Nieto “propone que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de mariguana, conforme a estándares internacionales”, aunque se trata de una ilusión ya que no parece haber un estándard internacional para esto. En Austria se utiliza un monto de 5 gramos, en los Países Bajos el monto es de 6 gramos, en Bélgica es de 3 gramos y en Colombia es de 22 gramos; mientras que en California y otras entidades norteamericanas la posesión de hasta una onza se considera como una simple falta administrativa que se arregla con una simple multa sin pisar la cárcel, algo así como una infracción de tránsito, mientras que en Colorado, donde la posesión y el consumo son legales se permite incluso el transporte de hasta una onza de mariguana.

Y ya ni caso tiene tratar de hablar siquiera acerca de la propuesta de dar una autorización legal de la mariguana con fines medicinales. Resulta un verdadero desafío a la lógica y al sentido común que existiendo algo como el Cannabidiol con propiedades curativas casi milagrosas en ciertos casos como el de la niña Grace en México con la capacidad de poder tratar un amplio espectro de enfermedades para las cuales no hay alternativas disponibles de tratamiento médico, se prohiba la producción y la venta con fines médicos tan solo por ser un derivado de la yerba conocida como la mariguana. En realidad, la apertura de un debate nacional sobre la legalización de la mariguana fue una cosa extremadamente forzada que el gobierno mexicano no quería hacer pero a lo cual se vió obligado cuando un juez valeroso como hay pocos, el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, concedió el 17 de agosto de 2015 un amparo que ordenó a las autoridades permitir que los padres de la niña Graciela Elizalde Benavides pudiesen importar el Cannabidiol, una sustancia prohibida por la Ley General de Salud de México (obsérvese la burda ironía, una Ley General de Salud que atenta directamente en contra de los enfermos a quienes supuestamente debería beneficiar, una de muchas otras tantas dentro del surrealismo burocrático de México). El caso eventualmente llegó hasta la Suprema Corte que presionada por las circunstancias tuvo que apoyar a la niña Grace.

Hubiera sido algo muy bueno que para la legalización de la mariguana con fines medicinales la Iglesia Católica que tanto peso tiene en las convicciones morales de la población hubiese estado luchando para lograrlo. Que yo sepa, la Iglesia Católica jamás movió un dedo para que se lograra esto, y por el contrario sigue mostrando oposición a cualquier apertura que tenga que ver con el uso de la mariguana con fines recreativos y medicinales. Hubiera sido algo muy bueno que la prohibición draconiana de la mariguana en su uso para fines medicinales jamás hubiese entrado en los códigos gracias a intervenciones de la clase política mexicana, pero en lo que toca a este tema muchos políticos mexicanos han resultado ser más moralistas y más puritanos y más conservadores que las monjas del Convento de Santa Clara. Si un derivado de la mariguana está siendo importado con fines medicinales, ello se le debe única y exclusivamente a uno de los jueces más valerosos y más cuerdos que haya dado en su historia la jurisprudencia de México; fue un solo hombre el que puso al sistema en jaque y lo obligó a abrir una discusión haciéndole ver de paso a la clase política mexicana la inutilidad de la “guerra contra las drogas” en lo que toca a la prohibición total del consumo de la mariguana incluso para fines médicos.

Es importante resaltar que la mariguana no es tan solo una yerba que contiene unos cuantos ingredientes, se trata de un milagro de la Naturaleza que contiene más de 400 compuestos químicos. Se desconocen los alcances que puedan tener para fines terapéuticos muchos de los compuestos que contiene la mariguana, ellos gracias a que por culpa de las políticas prohibicionistas los alcances de las investigaciones médicas sobre las propiedades curativas de sus compuestos estuvieron sumamente acotadas y limitadas.

El presidente Peña Nieto lo único que hizo fue reaccionar con una reforma blanda y tímida que deja mucho que desear ante lo que se le vino encima como una verdadera e inesperada avalancha que lo colocó entre la espada y la pared. Por un lado, una mayoría de mexicanos mal informados sigue estando en contra de cualquier liberalización o despenalización, y les importa muy poco que la prohibición no haya reducido el consumo y en cambio sí haya generado violencia además de ganancias económicas extraordinarias para los cárteles que a fin de cuentas son los únicos que se han beneficiado del prohibicionismo. Por otra parte, la iniciativa tímida y blanda del presidente Peña Nieto no satisface el criterio de la Suprema Corte que negó que el gobierno tenga el derecho de castigar la producción o posesión de marihuana para consumo personal. Fue este fallo junto con el fallo judicial a favor de la niña Grace lo que generó el actual debate sobre la posible legalización de la mariguana, siendo importante resaltar que en ningún punto de su dictamen la Suprema Corte señaló la Corte que la producción o posesión de mariguana para consumo personal debe ser legal sólo hasta 28 gramos. En realidad, el tema de fondo es si el Estado tiene el derecho de castigar a un individuo por conductas que no dañan a un tercero, y la respuesta lógica basada en el sentido común es no. Si alguien quiere usar dosificaciones de heroína o cocaína para aliviar un poco los dolores que le está causando un cáncer que lo está matando, ese debe ser única y exclusivamente una decisión suya y de nadie más, ciertamente no del Estado. Un gobierno está justificado en usar la fuerza para salvaguardar a sus gobernados, pero no para obligarlos a comportarse de la manera en que el gobernante desea que se porten aplicando arcaicos criterios puritanos y moralistas que pueden resultar contraproducentes ya que ésto último es simple y sencillamente un acto de tiranía.

Así pues, a la iniciativa de reforma enviada al Congreso por el presidente Peña Nieto difícilmente se le puede llamar una reforma de fondo, y de hecho ni siquiera se le puede llamar una reforma. Las cosas van a seguir igual que como estaban, excepto que con muchas restricciones y candados se va a permitir el uso de derivados de la mariguana para fines medicinales, lo cual es algo nuevo y ello no gracias a una iniciativa del Congreso sino a la acción de un juez valeroso al que hay que darle su justo reconocimiento. La iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto se trata simplemente de un expediente para no terminar a largo plazo en el lado equivocado de la historia y correr el riesgo de ser recordado como un presidente prohibicionista que prolongó por demasiado tiempo una guerra contra las drogas que ni siquiera comenzó en México sino en los Estados Unidos durante el régimen del presidente Richard Nixon que no fue ciertamente un paradigma de comportamiento ejemplar al ser obligado a renunciar por sus escándalos de abuso de poder. Fue esta guerra de Nixon la razón por la cual durante el régimen del presidente Felipe Calderón en México se perdieron alrededor de 50 mil vidas y se sufrieron más de 20 mil desapariciones; fue una guerra en la cual México puso los muertos y Estados Unidos los consumidores. Se está acercando la hora de obligar a los norteamericanos a que ellos hagan su guerra contra las drogas realmente suya y que ellos pongan también su propia cuota de sangre y de muertos y desaparecidos; y un buen comienzo para ello sería promover en México una verdadera reforma que verdaderamente lo sea y no algo que solo sirve para tratar de maquillar un poco la realidad y salir del paso ante el inexorable juicio de la historia.