Al día siguiente, el 29 de mayo, el consejero electoral Benito Nacif explicó que la doble nacionalidad de Nestora Salgado la volvería inelegible si gana un lugar en el Senado, pues explicó que el INE no revisó este tema cuando se le otorgó la candidatura por la vía plurinominal y solo verificó que cumpliera con la documentación.
Para asentar su denuncia por las vías legales, los representantes del PRI pidieron al INE que expida una copia certificada del expediente de candidatura de Salgado a fin de corroborar su denuncia con la finalidad de poder entablar las acciones legales correspondientes e impugnar la postulación de Nestora Salgado. El expediente oficial confirmó que, en efecto, Nestora Salgado no aportó información alguna acerca de su doble nacionalidad.
La Constitución parece ser bastante clara al respecto, ya que el Artículo 32 de la Carta Magna señala textualmente: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
La denuncia adquiere una dimensión de gravedad extraordinaria por el hecho de que el cargo para el cual está compitiendo Nestora Salgado en su calidad de ciudadana norteamericana le daría el privilegio del fuero, un privilegio que automáticamente la pondría por encima de la ley impidiendo su arresto hasta en tanto no fuese desaforada por el mismo Congreso federal.
Para el PRI a nivel nacional, la violación a la Constitución mexicana en que está incurriendo Nestora Salgado, puesta al descubierto faltando apenas cuatro semanas para que se lleven a cabo las elecciones federales el 1 de julio de 2018, constituye un delito grave que no puede de ninguna manera quedar impune. Al menos esto es lo que dice el PRI a nivel nacional, apoyándose en una cantidad creciente de juristas notables.
Sin embargo... para el PRI local en el estado de Chihuahua, exactamente lo mismo que lo que está denunciando con suma indignación el PRI nacional y para lo cual está pidiendo la aplicación rigurosa de la ley no constituye delito alguno para el PRI en el estado de Chihuahua. Y esto está fuera de toda discusión, porque nunca ha sido secreto alguno que el hombre que hoy es gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es un ciudadano norteamericano de nacimiento que nació en el estado de Texas, y todavía hasta el día de hoy conserva su ciudadanía norteamericana:
Si lo que el PRI hoy denuncia furiosamente ante el INE en el caso de Nestora Salgado es realmente un delito, entonces Javier Corral estuvo violando por muchos años la Constitución incurriendo exactamente en el mismo delito del cual el PRI acusa hoy a Nestora Salgado, y lo estuvo haciendo en repetidas ocasiones al estar saltando repetidamente (siempre como candidato plurinominal) a puestos federales de diputado y senador. Y en ningún momento el PRI de Chihuahua movió jamás un solo dedo para poner ninguna acusación ante organismo electoral alguno de México en contra de Javier Corral por lo mismo de lo que hoy acusa a Nestora Salgado a nivel nacional. Entonces, ¿es un delito, o no lo es?
En la página Wikipedia de Javier Corral se pueden confirmar las numerosas ocasiones en las que Javier Corral estuvo haciendo exactamente lo mismo que hoy pretende hacer Nestora Salgado, y aquí no estamos usando la palabra “presuntamente” porque se trata ya de hechos confirmados que son del dominio público. Las leyes constitucionales que impedían en todos esos años a Javier Corral poder aspirar a cargo alguno en el Congreso federal siguen siendo las mismas que las que hoy impedirían a Nestora Salgado a pretender hacer lo mismo, y no han cambiado en nada. Pero el PRI de Chihuahua nunca le dió importancia alguna a lo que obviamente para el PRI de Chihuahua no tenía ninguna importancia. El tema de la ciudadanía norteamericana de Javier Corral y su ocupación de cargos en el Congreso federal para los cuales era inelegible ni siquiera saló a relucir durante la campaña por la gubernatura de Chihuahua en 2016 en la cual el candidato Enrique Serrano resultó derrotado. Ni siquiera la aparición de publicaciones en Internet como el documento titulado “Denuncia a la Nación” movieron al PRI en Chihuahua para tratar de usar tales materiales en la justa electoral.
Se tiene conocimiento de que el hecho de que el PRI en Chihuahua no haya usado en su momento materiales que pudo haber usado en contra del panista Javier Corral como la condición de su ciudadanía norteamericana trajo consigo fuertes disgustos al interior del PRI que tras el ascenso de Javier Corral a la gubernatura de Chihuahua contribuyó a deserciones importantes que pudieran considerarse catastróficas en las filas del PRI en Chihuahua, empezando con la renuncia al PRI del Licenciado Javier Gonzalez Mocken después de haber militado 30 años en dicho partido, la renuncia de Victor Valencia de los Santos tras 42 años de militancia activa, la renuncia de Teokali Hidalgo al cargo de presidenta del Comité Municipal del PRI, la renuncia de Miguel Angel Gonzalez, y más aparatoso aún, la renuncia de quien fuera el líder de la CNOP en Ciudad Juárez, Lorenzo Muñoz quien acudió a las oficinas del PRI local acompañado por un grupo numeroso de comerciantes y colonos que también optaron por salirse del PRI (la CNOP es o mejor dicho era uno de los tres pilares que integran el Partido Revolucionario Institucional, formado por profesionistas, comerciantes ambulantes, boleros y otras personas que no están encuadradas dentro de los sectores obrero y campesino).
A Javier Corral lo ayudó mucho en su campaña electoral por la gubernatura de Chihuahua en 2016 la intensa “guerra sucia” que emprendió a través de la radio y la televisión, una campaña negra que no recibió absolutamente ninguna respuesta enérgica (ni siquiera tibia) de parte del PRI en Chihuahua. En la opinión de varios observadores políticos, comentaristas y críticos (incluyendo los reclamos de muchos que terminaron desertando), para la debacle del PRI en 2016 en Chihuahua ocurrió una de las siguientes cuatro cosas: (1) ó al PRI le ganó la soberbia inflándose sus líderes como pavo real con un exceso injustificado de confianza que reprodujo la situación de la que nos habla la famosa fábula de la liebre y la tortuga, ó (2) los dirigentes del PRI en Chihuahua le han tenido miedo (y presuntamente le siguen teniendo miedo) a Javier Corral, ó (3) el PRI en Chihuahua ha estado en manos de “juniors” buenos para nada carentes de liderazgo y capacidad de convocatoria así como de “recomendados” en su gran mayoría gente francamente estúpida cuya ineptitud y falta de combatividad y sagacidad política solo podían conducir a una derrota colosal, ó (4) hubo una complicidad con “arreglos bajo la mesa” con el PAN y en especial con el candidato Javier Corral para no causarle “problemas” al PAN y en especial a su candidato Javier Corral con asuntos espinosos como el de su ciudadanía norteamericana dejándole apoderarse tranquilamente de la gubernatura de Chihuahua a cambio de obtener de Javier Corral ya como gobernador otros beneficios ya fuesen económicos o políticos o inclusive garantías de impunidad de lo cual hay sospechas crecientes (pese al duro lenguaje usado por Javier Corral en contra del anterior gobernador César Duarte, sigue sin cumplirse la principal promesa de campaña de Javier Corral que era la de meter a la cárcel a César Duarte en cuanto tomara posesión de la gubernatura de Chihuahua). Suponiendo que cualquiera de estas cuatro cosas haya sido cierta, cualquiera de las cuatro posibilidades deja muy mal parado al PRI a nivel local en el estado de Chihuahua porque lo exhibe como un partido en manos de líderes que o son soberbios, o son cobardes, o son estúpidos, o son cómplices e inclusive de plano traidores al PRI siempre viendo por sus propios intereses y no los intereses del partido. La creencia popular en Chihuahua es que en cualquiera de los cuatro casos si se supone cierta cualquiera de las cuatro posibilidades citadas arriba entonces el PRI de Chihuahua no merecía ganar, merecía perder, merecía “tronar” y hundirse pasando por las penuras por las que hoy está pasando.
La esquizofrenia de la que adolece el PRI en Chihuahua en manos de dirigentes que son acusados variadamente de ser soberbios, cobardes, estúpidos o de plano traidores al partido del cual se beneficiaron, también la adolece el PRI en el estado de Baja California. Ernesto Ruffo Appel fue postulado por el PAN para Senador de la República pese a que era del conocimiento público que este hombre era un extranjero que había nacido en San Diego, California, el 25 de junio de 1952, y el cual jamás en ningún momento ha renunciado a su ciudadanía norteamericana. Y pese a ello, el PRI en Baja California hizo mutis y se quedó completamente cruzado de brazos sin hacer absolutamente nada cuando el ciudadano norteamericano Ruffo Appel se convirtió en Senador de México a partir del 1 de septiembre de 2012. Precisamente dentro de poco terminará su gestión de seis años como Senador:
Destaca el hecho de que en la gran mayoría de los casos estos ciudadanos norteamericanos que ante la vista gorda no solo del PRI sino de los demás partidos políticos lograron llegar a la Cámara de Diputados o al Senado pese a ser extranjeros nacidos en el extranjero, sus nombres jamás aparecieron en las boletas electorales al haber sido postulados en la categoría de plurinominales. Al pueblo el sistema político mexicano no le dá la oportunidad de poder votar directamente en contra de estos ciudadanos norteamericanos, es un derecho que se le niega. Ni siquiera el entreguista Antonio López de Santa Anna habría hecho peor papel.
En Estados Unidos no ocurre lo mismo, en primer lugar porque allá no existen los plurinominales, el nombre de cualquiera que aspire a un cargo de elección popular necesariamente tiene que aparecer en la boleta electoral y está obligado a someterse al juicio de los votantes. Por otro lado, hay la convicción en Estados Unidos de que tales puestos públicos privilegiados deben ser ejercidos e incluso disfrutados en sus grandes beneficios por ciudadanos norteamericanos y no por ciudadanos extranjeros. Y en USA no parecen estar en disposición alguna de permitirle ni hoy ni nunca a ciudadanos mexicanos nacidos en México el poder aspirar a un alto cargo en el Senado norteamericano o inclusive en la presidencia de Estados Unidos, no hay reciprocidad.
Una terrible desventaja para los mexicanos nacidos en México es que aquellos funcionarios públicos que nacieron en un país extranjero y no en México tendrán mayores simpatías por colegas suyos que también nacieron en el extranjero. La muestra la da el mismo Javier Corral, el cual nombró como su secretaria de economía dentro de su gabinete en el Palacio de Gobierno de Chihuahua a Alejandra de la Vega en vez de darle tal puesto a un mexicano nacido en México. Varios sitios de Internet han publicado pruebas contundentes de que Alejandra de la Vega es una ciudadana norteamericana que se está beneficiando con un puesto y un sueldo que mejor pudiera aprovechar un mexicano nacido en México. Las pruebas están a la vista, pero esto no parece preocuparle ni importarle mucho al PRI de Chihuahua. ¿Y con estas cosas el PRI de Chihuahua quiere que los chihuahuenses nacidos en México sigan votando por el PRI? Además de Alejandra de la Vega, hay otros personajes del PAN allegados a Javier Corral que también se sospecha que poseen la ciudadanía norteamericana o están en vías de obtenerla, como el representante del gobernador Javier Corral en Ciudad Juárez, Ramón Galindo, al cual se le ve con frecuencia manejar un carro o una troca con placas de Texas a sabiendas de que no les está permitido a los mexicanos nacidos en México que carecen de residencia o ciudadanía norteamericana el poder circular por las calles de México en un vehículo con placas norteamericanas. Se tiene también el caso del exalcalde juarense Gustavo Elizondo Aguilar, el cual fue nombrado por Javier Corral como director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, y el cual se fue a refugiar a Estados Unidos cuando tuvo problemas legales serios en México a causa de varios fraudes que cometió con los cuales estafó a mucha gente con sumas millonarias de dinero. Se sabe que Gustavo Elizondo tiene antecedentes penales en Estados Unidos, ya que está fichado en dicho país (la fotografía mostrada fue bajada de Internet y siempre ha estado en amplia circulación):
Sin embargo, y pese a que Estados Unidos ha estado deportando a todos aquellos que tengan antecedentes penales, a Gustavo Elizondo no lo han deportado nunca ni lo han podido deportar. La única explicación posible es que Gustavo Elizondo también debe tener ciudadanía norteamericana, y a los que son ciudadanos norteamericanos el gobierno estadounidense no los puede deportar aunque tengan antecedentes penales en dicho país.
Pero lo importante, sin desviarnos del tema, es que los extranjeros que ocupen cargos públicos importantes en México tenderán a ayudar y favorecer no a los mexicanos nacidos en México sino a aquellos con quienes comparten su extranjería. ¿Y quiénes salen perdiendo entonces? Pues los mexicanos nacidos en México que no tienen un pasaporte de residencia estadounidense (la mica conocida como green card) o que no nacieron en los Estados Unidos, o sea la gran mayoría de los mexicanos que se quedan con la lengua de fuera viendo cómo extranjeros como Javier Corral y Ernesto Ruffo Appel se llevan lo mejor que pueden sacarle a México y reparten entre sus amigos y familiares también extranjero los puestos y los favores que deberían de ser en primer lugar para los mexicanos nacidos en México. Pero se recalca que, por lo menos para el PRI de Chihuahua y para el PRI de Baja California, estas cosas no tienen ninguna importancia, excepto si quien incurre en tales acciones es un allegado a MORENA en cuyo caso lo que es inocuo se convierte en un delito gravísimo que casi casi merece la pena de muerte.
Se habla mucho hoy en Chihuahua de las aspiraciones de Javier Corral a la presidencia de México, para lo cual está utilizando la gubernatura de Chihuahua como mero trampolín. Pero suponiendo que tales rumores sean ciertos, ¿cómo reaccionaría el esquizofrénico PRI ante tal posibilidad una vez registrado Javier Corral como contendiente presidencial por parte del PAN en el 2024 (en este 2018 ya no se pudo, y no fue por falta de ganas)? ¿Hará lo mismo que lo que hoy está haciendo el PRI nacional en contra de Nestora Salgado? ¿O hará lo mismo que lo que hizo el PRI de Chihuahua hoy en vías de extinción, durmiéndose en sus laureles?
La ciudadanía norteamericana no es el único flanco por el cual el PRI de Chihuahua pudo haber golpeado duro a Javier Corral en caso de haber querido hacer realmente tal cosa. Hay otro flanco que es el de su título profesional, un título universitario obtenido en una universidad (Los Mochis, Sonora) a la que nunca asistió a clases ni a presentar tareas ni exámenes mensuales y semestrales como tiene que hacerlo el resto de los estudiantes regulares a los que sí se obliga a hacer tales cosas. El duro problema legal que se presentaría es éste: si el gobernador Javier Corral se ostenta con el título de Licenciado en Derecho habiendo obtenido dicho título sin haber cumplido con los mismos requisitos académicos que se le piden a todos los demás estudiantes de la universidad de la que dice haber graduado (empezando por el requisito de la asistencia diaria a clases lo cual requiere una residencia permanente), y si registró tal título universitario obtenido de manera fraudulenta ante la Dirección General de Profesiones obteniendo su Cédula Profesional como Licenciado en Derecho de manera igualmente fraudulenta incurriendo con ello en un delito tipificado y penado por las leyes federales, entonces todo lo que haya firmado ostentándose como Licenciado en Derecho carecería por completo de validez legal incluyendo todos los decretos que haya firmado como gobernador de Chihuahua si los firmó oficialmente ostentándose como Licenciado en Derecho, lo cual tiene el potencial de nulificar por completo todas aquellas leyes y decretos en donde aparezca su firma ostentándose como el Licenciado Javier Corral Gobernador de Chihuahua. De hecho, a partir del primer día en el que Javier Corral firmó su primer decreto o ley como gobernador de Chihuahua ostentándose como Licenciado en Derecho dentro del documento, el PRI en Chihuahua podría haber interpuesto una denuncia ya sea ante la Procuraduría General de la República, otra denuncia ante la Secretaría de Gobernación, y otra denuncia ante la Dirección General de Profesiones, armando un escándalo a nivel nacional muy parecido a los escándalos mediáticos a los que es tan afecto de armar Javier Corral en contra del PRI. Pero hasta la fecha el PRI en Chihuahua jamás ha interpuesto ninguna denuncia en contra de Javier Corral por haber incurrido presuntamente en un delito que vendría configurado en actos de soborno, cohecho, y usurpación de profesiones. Tal vez eso lo haría el PRI a nivel nacional (si es que el PRI aún existe cuando el ciudadano norteamericano Javier Corral se postule para la presidencia de México), pero ciertamente no el esquizofrénico PRI de Chihuahua el cual pese a todas las apariencias de persecusión en realidad respeta a Javier Corral y no se ha atrevido jamás a interponer una denuncia penal en su contra ni a tocarlo siquiera con el pétalo de una rosa, lo cual es tomado por cada vez más chihuahuenses como la prueba más contundente que pueda haber de que por lo menos a nivel local la alianza conocida como PRIAN (PRI-PAN, con entendimientos y acuerdos verbales forjados en lo obscurito a espaldas de los militantes de ambos partidos manteniéndolos ignorantes de tales acuerdos secretos) existe y es real. Por estas mismas cosas los desilusionados militantes del PRI están desertando de sus filas en cantidades crecientes y hoy se encuentra en vías de poder terminar convertido en un auténtico PRInosaurio, extinto y desaparecido de la faz del planeta.