Ayotzinapa: Caso cerrado

El gobierno federal por fin tomó la histórica e importantísima decisión de darle la vuelta de hoja al asunto de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados por la delincuencia organizada, abandonando oficialmente la hipótesis sostenida hasta ahora de que estaban desaparecidos, para darlos por muertos, en lo que el Procurador General de la República Murillo Karam afirmó que era “la verdad histórica”, apoyándose en un alud de materiales testimoniales comprometedores para los culpables del genocidio.

Seguramente el giro de timón dado por el gobierno federal le habrá caído como un cubetazo de agua fría a los padres de los 43 estudiantes normalistas, los cuales después de cuatro meses (¡un tercio de año!) seguían en una etapa de negación -negando aceptar la cruda realidad de que no volverán a ver con vida a sus hijos- en vez de pasar a la etapa de aceptación, esto es, aceptar y resignarse a la realidad de que sus hijos están muertos y ni siquiera hay cuerpos para velar

¿Qué fue lo que motivó al gobierno federal a terminar dándole la espalda a los padres de los 43 normalistas sepultando toda y cualquier esperanza de que algunos de los estudiantes pudieran estar vivos? Están en primer lugar los testimonios recabados de casi un centenar de detenidos, además de la confirmación del laboratorio forense austriaco de que entre las cenizas que se lograron rescatar se encontraba el ADN de uno de los estudiantes desaparecidos. Pero en realidad el caso ya estaba resuelto desde hace más de dos meses, ya se sabía que los 43 estudiantes estaban muertos, incinerados y cremados hasta no quedar rastro de ellos.

El columnista Raymundo Riva Palacio asentó desde mediados de noviembre de 2014 esto en su extenso editorial titulado “Iguala: la verdad impronunciable”: “La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso jurídicamente cerrado, pero penalmente abierto. El procurador general Jesús Murillo Karam aclaró el móvil, tiene a los autores intelectuales, a los materiales, espera pronto las pruebas científicas que demuestren que entre las cenizas que se encontraron en un basurero, están algunos de sus restos, y concluir el expediente para juzgar a todos los involucrados. Se cerrará un capítulo doloroso y costoso para todos, y el gobierno se tragará que 17 de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, pertenecían a una célula del grupo criminal de Los Rojos, que tenían como misión calentar la plaza en poder de sus rivales criminales Guerreros Unidos. El misterio de Iguala, está resuelto. Las claves las aportó Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, capturado en la autopista México-Toluca el 16 de octubre, y que se convirtió en el principal testigo de la PGR para entender la vinculación de esa banda con las autoridades en Iguala y Cocula, y lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Lograr que Casarrubias hablara no fue fácil, según investigadores federales. Murillo Karam, dijeron, fue quien logró su colaboración. Un diálogo que sostuvo el procurador en la cárcel del Altiplano (antes Almoloya), narrado por los funcionarios, revelan el momento del quiebre. Casarrubias empezó por proporcionar al procurador general nombres de funcionarios involucrados con las bandas criminales. Cinco días después de su detención, por ejemplo, como resultado de sus declaraciones, fueron capturados el alcalde de Ixtapan de la Sal, estado de México, Ignacio Ávila, y del secretario de Seguridad Pública, Efraín Mendoza, por presuntos nexos con el crimen organizado. Involucró también al gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre, al vincularlo con Guerreros Unidos. Aguirre, a quien previamente señaló el Cártel del Pacífico de recibir dinero del crimen para su campaña política, ha rechazado todas las imputaciones en ese sentido. Pero el caso sobre el cual Murillo Karam presionaba más, era sobre la suerte de los normalistas de Ayotzinapa. Casarrubias es quien aportó el modus operandi y reveló la estructura criminal dentro de las instituciones en Iguala y Cocula, así como la razón por la cual dio la orden de matar a los jóvenes. En una parte de su declaración publicada ya por la prensa, dijo que dentro del grupo había una célula de 17 jóvenes que pertenecían a Los Rojos, la banda criminal enfrentada con Guerreros Unidos, que recibían órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac. Los Rojos, que controlan Chilpancingo, llevan como una de sus misiones asesinar a Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, quien era el jefe de plaza de Guerreros Unidos, según Casarrubias. El propósito era calentar la plaza, y dejar en el municipio dos cadáveres que llevaban escondidos los normalistas en los autobuses que habían secuestrado para dirigirse a ese municipio, dijo. Según los investigadores, dentro de los más de 50 normalistas que llegaron a Iguala, había un halcón de Guerreros Unidos, quien delató las intenciones de la célula del bando enemigo. Cuando se dio la orden de frenar sus intenciones, el objetivo eran sólo 17 normalistas, encabezados por el jefe de la célula, contra quien se ensañaron sus asesinos y lo desollaron. No se sabe la suerte del halcón, aunque durante semanas los teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaban durante algunos momentos y se volvían a apagar. En algunos casos en la PGR interceptaron mensajes de texto donde daban la apariencia de estar perdidos en la sierra. Nunca se utilizaron los sistemas georerefenciales para ubicar los celulares, ni se sabe si aún siguen ocasionalmente activos. Lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala dejó de ser un misterio, pero la verdad es impronunciable para el gobierno. Desde un principio, cuando se sugirió que había vinculaciones con el crimen organizado en el caso de las desapariciones, llovieron las denuncias de diversos frentes para acusar la criminalización de los jóvenes. El gobierno se paralizó, y se aceptó implícitamente que la verdad histórica y jurídica en toda su extensión, no será conocida a través de la versión oficial. Es demasiado fuerte y colocaría a la Normal de Ayotzinapa en una nueva tesitura de actividades extralegales, tras ser considerada hace tiempo una cuna guerrillera. Al gobierno no le interesa revelar todos los detalles del porqué se dio la matanza, sino resolver este caso por el que sangra inconteniblemente la nación.”

Simple y sencillamente, en lo que ahora se considera que fue un craso error, por demasiado tiempo el gobierno federal estuvo mimando, apapachando, consintiendo y dándoles por su lado a los padres de los 43 normalistas que no han cesado de enarbolar la bandera de slogan “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, un reclamo que a estas alturas se antoja como un capricho irracional para desquitarse contra quien sea por lo ocurrido, habido el hecho de que entre las atribuciones del gobierno federal no está el poder de la resurrección. Le estaban exigiendo al gobierno federal algo imposible de cumplir. Y a esto los padres de los normalistas permitieron que se les unieran otros grupos reclamando otras cosas que nada tienen que ver con la desaparición de los 43 normalistas.

Y por tratar de darles por su lado, ¿qué obtuvo el gobierno federal de los padres de los 43 normalistas? Pues una cauda de problemas que han puesto a la Nación entera al borde de una crisis institucional. Los padres de los normalistas le dieron sus bendiciones y sus parabienes a grupos anárquicos y vandálicos que enarbolando la bandera “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” han ocasionado infinidad de destrozos costosos a bienes públicos por los cuales, por respeto a los padres de los 43 normalistas, ninguna autoridad en México ha metido a nadie a la cárcel pese a que tales tropelías se cometen a la luz del día en presencia de los medios, dejando tales actos vandálicos en la más completa y absoluta impunidad.

Pero no solo eso. Se les permitió también que con bloqueos de carreteras y aeropuertos estrangularan la economía de pueblos enteros, como el caso de Acapulco cuya economía depende del turismo, lastimando a poblaciones que no tuvieron culpa alguna de que la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos haya secuestrado y matado a esos  43 estudiantes. Y de nueva cuenta, todo ello con plena garantía de impunidad, como no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Envalentonados por la impunidad con la que se les ha permitido actuar, los padres de los normalistas han llegado a extremos tan absurdos y peligrosos como, en lo que se antoja como una escalada peligrosa, llegar al extremo de atacar un cuartel militar, enfrentándose ya directamente en contra del Ejército mexicano, insultando e humillando a los soldados que estaban bajo órdenes estrictas de no repeler la agresión, llegando al extremo de exigir que se les abran todos los cuarteles militares de México so pretexto de buscar allí a los 43 normalistas a los que se niegan a dar por muertos. Pero ni siquiera esta escalada peligrosa en contra del Ejército movió al Presidente Peña Nieto a hacer lo que ha sido su obligación desde que tomó el poder: garantizar la seguridad en el territorio nacional.

La gota que derramó un vaso que estaba bien colmado hasta el borde y que terminó con la inexplicable paciencia del gobierno federal fue sin duda la amenaza de que no van a permitir que haya elecciones en Guerrero, en el marco de las elecciones federales programadas para el domingo 7 de junio de 2015. El reto ya tenía pocas semanas de estar siendo lanzado, y la amenaza es que no habrá comicios en Guerero hasta que aparezcan vivos los estudiantes normalistas, y como ya están muertos y el gobierno federal no tiene el poder de la resurrección, esto equivale a lanzar una sentencia de que no se le permitirá votar al pueblo de Guerrero en junio de 2015, ni se permitirá que se constituya un nuevo Congreso estatal ni se permitirá que Guerrero tenga un Gobernador.

Ahora bien, si no se celebran elecciones en Guerrero el 7 de junio de 2015, el estado de Guerrero no puede tener Gobernador. Pero en virtud de que el Congreso estatal de Guerrero por ley se tiene que disolver para dar entrada a los nuevos diputados que tienen que ser elegidos previamente en junio de 2015, no habría posibilidad de que se pudiese nombrar a un gobernador sustituto, al no haber Congreso estatal para nombrarlo. Y esta es una situación que no se ha dado desde los tiempos de la Revolución de 1910, y de hecho no se ha dado nunca en México, porque ningun confín del territorio nacional ha estado jamás sin una autoridad que lo gobierne. Pero la cosa no para ahí. Resulta que en junio de 2015 también se celebran elecciones federales en las cuales se tiene que renovar el Congreso de la Unión. En los tiempos en los que México era gobernado por un sistema de partido único, la ausencia de diputados y senadores de algún estado como Guerrero no habría ocasionado dificultades en las labores legislativas en virtud de que la mayoría aplastante de votos ejercida por el partido dominante en el Congreso habría hecho incluso superflua la presencia o la ausencia de los diputados o los senadores que deberían de enviar dos o tres estados. Pero en el contexto histórico actual en el que no hay un sistema de partido único sino una democracia en la cual ningún partido tiene el control absoluto del Congreso y se ha vuelto necesario recurrir a alianzas para poder obtener la aprobación de leyes importantes, se puede argumentar que la ausencia de diputados y senadores que deba enviar incluso un solo estado al Congreso de la Unión puede marcar la diferencia en que una ley que debería de ser aprobada no sea aprobada o bien una ley que no debería ser aprobada sea aprobada, esto por un escasísimo margen de votos en el que hasta un solo voto puede marcar la diferencia. De este modo, la ausencia de un solo diputado o senador que no pueda estar presente en el Congreso porque el pueblo de algún estado no pudo votar por él para enviarlo al Congreso porque un grupo minoritario anárquico impidió que se celebraran elecciones convertiría al nuevo Congreso en un órgano ilegítimo, sin autoridad ni facultades legales para representar al pueblo. Una situación así podría poner a México en camino de un golpe de Estado, en vías de la implantación de una dictadura o una nueva revolución que tendría como prioridad la remoción de un Presidente que no pudo, no quiso, o no supo ejercer su autoridad para garantizar la celebración de comicios federales libres en todo el territorio nacional. Y esta posibilidad le ha de haber calado duro al Presidente Enrique Peña Nieto, hasta la médula de los huesos.

En rigor de verdad, si el Presidente Peña Nieto no puede garantizar que haya comicios libres de carácter federal en todo el territorio nacional, ¿para qué quiere seguir siendo Presidente? ¿Para qué quiere ser el hombre que está a cargo de la Policía Judicial Federal, para que creó entonces la Gendarmería si no la piensa utilizar para una emergencia nacional como ésta, para qué quiere ser Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina, si no está dispuesto a ejercer su autoridad? ¿Acaso al tomar posesión de su cargo como Presidente no juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que si así no lo hiciere que la Nación se lo demande? Pues llegó la hora de las definiciones. Si no puede haber elecciones en el estado de Guerrero para garantizar que el pueblo de Guerrero pueda tener un gobernador por los próximos seis años y un Congreso estatal por los próximos tres años, y encima de esto si por no haber elecciones en Guerrero tampoco se puede contar con un Congreso de la Unión que se pueda proclamar legítimo, lo mejor que puede hacer Enrique Peña Nieto es preparar sus maletas y abandonar su cargo para dejárselo a alguien que sí esté dispuesto a ejercer su autoridad. Pero salir de esta manera sería la peor manera de pasar a la Historia, quedar marcado como un Presidente blandengue, cobarde, pusilánime, que no tuvo la fortaleza de tomar las decisiones duras que se tuvieran que tomar para garantizar la integridad de la Nación. Y seguramente, pensando en todas estas cosas y posibilidades, el Presidente Peña Nieto le debe haber ordenado al Procurador General el darle la vuelta de hoja al asunto de los 43 normalistas, dándolos ya por muertos y dejando de estar apapachando a los padres de los normalistas que muy mal le pagaron al gobierno federal todo lo que trató de hacer por ellos. El tapete de bienvenida a las instalaciones de la PGR les ha sido removido a los padres de los 43 normalistas, ya no son bienvenidos, al menos no para seguirles dando gusto en su insostenible reclamo de que sus hijos simplemente están desaparecidos y que sólo es cuestión de encontrarlos “por ahí” con vida. Se acabaron las simulaciones.

Hay quienes opinan que en el asunto de los 43 normalistas el Presidente Peña Nieto estuvo mal aconsejado, que desde un principio al tenerse suficientes pruebas y testimonios de que los estudiantes normalistas estaban muertos se les debería de haber dado por muertos, en vez de estar mimando a los padres de los normalistas aliados con grupos anárquicos en su insostenible reclamo “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Por no hacerse nada en contra de los vándalos y saqueadores, estos cada día se sintieron más envalentonados, hasta sentirse con suficiente fuerza para desafiar al gobierno federal hasta llegar a la amenaza abierta de que impedirán las elecciones en Guerrero cuando es el pueblo de Guerrero el que tiene el derecho de decidir por voto mayoritario si realmente quiere quedar sin gobierno alguno y que todo el estado quede en las manos de grupos anárquicos y criminales; y en esta actitud de complacencia que al decir de algunos casi raya en la criminalidad se culpa a los consejeros del Presidente Peña Nieto de haberlo malaconsejado convenciéndolo de mantenerse postrado de rodillas ante los vándalos, los anarquistas, y los padres de los 43 normalistas. Sin embargo, suponiendo que el Presidente Peña Nieto haya estado mal aconsejado, la responsabilidad del Presidente es rodearse de buenos consejeros, y si alguno de sus consejeros le dá malos consejos entonces ha llegado la hora de removerlo por inútil.

La actitud titubeante del Presidente Peña Nieto en negarse a tomar el toro por los cuernos y encarar el problema es injustificable por el hecho de que el asunto de los 43 estudiantes normalistas muertos (no desaparecidos) ocurrió en un estado que esta gobernado no por el PRI, el partido de Peña Nieto, sino por la izquierda, por el PRD, al cual le toca toda la culpa de haber permitido que los narcos de Guerrero hayan terminado como amos de dichos municipios, señores de horca y cuchillo. Si los padres de los 43 normalistas se quieren desquitar con alguien, lo deberían de haber hecho desquitándose contra el PRD y no contra el gobierno federal. Pero el Presidente Peña Nieto en su discurso público nunca quiso poner las culpas en donde corresponden señalando claramente al PRD como el principal culpable y responsable, perdiendo tiempo valioso mientras el caos se desbordaba desde Guerrero hasta la ciudad de México y de ahí al país entero.

De aquí en adelante, la cosa va en serio. A la par con el anuncio de que el gobierno federal ha decidido abandonar la insostenible hipótesis de que los 43 normalistas están desaparecidos y no muertos, el gobierno federal también ha anunciado que la Marina estará a cargo de custodiar la integridad de los paquetes electorales, en lo que parece ser el principio del fin del asunto.

Nadie quiere que haya en ninguna parte de México ninguna represión brutal como la que se dió en 1968 con la matanza de Tlatelolco. Pero tampoco se puede permitir que un estado como Guerrero se quede sin Gobernador y sin Congreso estatal, y mucho menos que el Congreso de la Unión termine constituído en un Congreso ilegítimo por culpa de un puñado de encapuchados que nunca dan la cara pero que están acostumbrados a romper todas las leyes habidas y por haber aprovechando un vacío absoluto de poder.

En este mes de junio de 2015, habrá elecciones en Guerrero, y el estado de Guerrero tendrá un Gobernador nuevo y un Congreso estatal nuevo. Y en el Congreso federal habrá diputados y senadores por el estado de Guerrero electos democráticamente por la mayoría del pueblo de Guerrero, cueste lo que cueste. Porque en caso contrario, seguramente irán en aumento las voces pidiendo la renuncia del Presidente Peña Nieto exigiéndole su salida con carácter irrevocable para que le deje el cargo a otro que como jefe supremo de la Policía Judicial Federal, Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina sí esté dispuesto a ejercer su autoridad y sí esté dispuesto a cumplir su promesa de cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de la Constitución. El poder es para ejercerlo, no para presumirlo.

Si el pueblo de Guerrero va a vivir en la ingobernabilidad, sin un Congreso con representantes elegidos mediante el voto popular, sin un Gobernador, sin autoridad alguna que ponga el orden, al menos los guerrerenses deben tener la opción de expresarse en las urnas manfiestando lo que piensan sobre esto, tienen derecho a decidir si aceptan o rechazan el despeñadero al cual los quiere llevar un puñado de vándalos embozados cubiertos con máscaras de hampón que ha hecho de las suyas sin recibir merecido alguno por sus tropelías. Y ciertamente, los guerrerenses también tienen el derecho de propinarle al PRD en Guerrero un duro voto de castigo enviándolo de manera pacífica por la vía de las urnas electorales a su virtual extinción en dicho estado. Porque si no se aprovecha el día en que se celebran elecciones federales para castigarlo, ¿entonces cuándo?