Guatemala le da una lección a México

Al empezar la primera semana de septiembre de 2015, en pleno Mes de la Patria en México, el pueblo de Guatemala le dió a México una importante lección de madurez cívica llevando a cabo algo que todavía hoy sería impensable en México: la aplicación de las leyes y la justicia al Presidente de Guatemala considerándolo no como un ser superior ubicado por encima del resto de los mortales sino como un ciudadano más obligado a cumplir sus obligaciones al igual que cualquier otro ciudadano.

El primero de septiembre, un juez guatemalteco que demostró con hechos y no con palabras una independencia absoluta entre el poder judicial y el poder ejecutivo ordenó el arraigo del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para impedir que saliera del país luego de que el Congreso le había retirado al Presidente la inmunidad, con lo cual se abrió el camino para procesarlo penalmente tras ser involucrado en un fraude fiscal. La fiscal general Thelma Aldana informó en rueda de prensa que tras el fallo legislativo del Congreso la fiscalía había solicitado el arraigo que fue concedido por el juez, demostrando con hechos y no con palabras que la fiscalía de Guatemala es capaz de poder actuar en forma independiente y autónoma del Presidente de Guatemala en vez de ponerse a las órdenes del Presidente para protegerlo y cubrirle los delitos que haya cometido. En México esto jamás ha ocurrido. Horas antes el Congreso le había retirado la inmunidad al Presidente demostrando con hechos y no con palabras que el poder legislativo de Guatemala también es capaz de actuar en forma completamente independiente y autónoma del poder ejecutivo, abriendo con ello la posibilidad de que se le procesara al Presidente por sus presuntos vínculos con un fraude que ya había llevado a la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti a la cárcel y que había sumido al país en una crisis política sin precedente en la historia reciente.

“Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución”, señaló la fiscal Thelma Aldana al ponerle el ejemplo a la PGR de México de algo que la PGR jamás en toda su historia se ha atrevido a hacer en contra de ningún Presidente de México aún en la comisión de delitos mucho más graves que los delitos de los cuales estaba acusado Otto Pérez Molina.

Un hecho trascendental que tampoco ha ocurrido jamás y que posiblemente nunca ocurrirá en la historia de México es que la histórica decisión de quitarle la inmunidad al Presidente Pérez Molina se llevó a cabo en el pleno del Congreso guatemalteco con una votación unánime a favor de los 132 legisladores presentes, sin que hubiera un solo congresista lamebotas rastrero en el pleno del Congreso que tratara de usar su voto para tratar de darle protección e impunidad a Otto Pérez Molina. El retiro de la inmunidad no removía a Pérez Molina de la presidencia, pero permitía que se le procesara como a cualquier otro ciudadano y permitía también que un juez eventualmente pudiera solicitar su detención. ¿Cuándo ha ocurrido algo parecido en México pese que a cada rato los políticos mexicanos no se cansan de andar presumiendo que en México se vive y se disfruta de “un estado de Derecho” que no sirve para nada?

“El partido nos dio línea para votar y retirarle la inmunidad al Presidente. El que nada debe, nada teme“”, dijo el diputado oficialista Luis Fernández Chenal. ¿Cuántas veces hemos visto que en México los representantes del partido político del cual emanó un simple alcalde, ya no se diga un gobernador y mucho menos un Presidente, le den la espalda al gobernante y le quiten su apoyo al mandatario en vez de estarlo justificando y de estar inventando todo tipo de pretextos alegándolo víctima de una persecusión política?

Adriana Beltrán, analista sobre Guatemala de la organización Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), calificó la determinación legislativa como un “extraordinario“” mensaje para quienes han reclamado por cambios políticos y judiciales, comentando que “Aquellos que en un determinado momento fueron considerados intocables pueden ser llevados a la justicia”. ¿Pueden presumir en México de una independencia similar entre los poderes legislativo y ejecutivo cualquiera de los Congresos que ha tenido desde la Revolución Mexicana de 1910? Los legisladores que han formado parte de algunos de los Congresos en México deberían de sentir envidia por la lección en madurez cívica dada por los legisladores guatemaltecos a sus contrapartes de México. Ese día, en las afueras del Congreso de Guatemala, cientos de personas celebraron la decisión y se escucharon fuegos pirotécnicos.

“¡Excelente, es un paso adelante para Guatemala!”, dijo Gerardo Corzo, un jubilado de 71 años que acudió al lugar acompañado de su mujer. “Se demuestra con esta decisión que el pueblo y su accionar colectivo obtiene resultados, pero esto es sólo el principio”, dijo Byron Garón, coordinador del Colectivo de Estudios Rurales Indígena Ixim. “Ahora queremos que se le juzgue a él y a su vicepresidenta, se le condene y le devuelvan a Guatemala todo lo que le robaron”. Familias tomándose selfies, estudiantes y grupos de amigos con banderas de Guatemala se agruparon luego del fallo frente al Palacio de Gobierno, entre gritos de “¡Sí se pudo!” y “¡Otto, te vas a ir al bote!”, en alusión a la cárcel. La noche del mismo martes 1 de septiembre un juez especializado prohibió al mandatario salir del país a solicitud de la Fiscalía ante el temor de que pueda intentar evadir la justicia.

El escándalo que ha salpicado a Pérez Molina se desató cuando fue identificada una red denominada “La Línea” por la que funcionarios y particulares presuntamente habrían recibido sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala habían solicitado el retiro de la inmunidad a Pérez Molina tras determinar que estaría involucrado en el caso. La vicepresidenta Baldetti ya había renunciado a su cargo el 8 de mayo y en la última semana de agosto había sido enviada a prisión preventiva.

La crisis política sin precedentes ocurrió faltando pocos días para que los guatemaltecos acudirían a las urnas para escoger el domingo 6 de septiembrere al próximo Presidente que debe asumir posesión de su cargo el 14 de enero de 2016.

Antes de la histórica sesión en el Congreso guatemalteco, algunas personas formaron una valla para ayudar a los diputados a ingresar al Congreso luego que manifestantes a favor del mandatario bloquearon la entrada al edificio y no permitían el ingreso de empleados y legisladores. Por la tarde, después de la votación, la gente no dejaba de agitar sus banderas afuera del Congreso y, contrario a los insultos que algunos diputados recibieron previo a la sesión, la gente lo abrazaba y saludaba mientras abandonaban el recinto. “Su insistencia de no renunciar (de Pérez Molina) me causó frustración, pensé que no le quitarían la inmunidad”, dijo Marcela Fernández, una maestra de primaria. “Esto es un paso que ojalá sigamos manifestando cuando haya otras injusticias”.

El 2 de septiembre, un día después de que el Congreso levantara en una votación histórica la inmunidad del Presidente, tal como lo habían solicitado el 21 de agosto la Fiscalía y una Comisión de la ONU contra la Impunidad en el país (CICIG) que acusaron al Otto Pérez Molina por el esquema de corrupción, actuando de manera unánime demostrando con hechos y no con meras palabras una independencia absoluta entre el poder judicial y el poder ejecutivo los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron rechazar los recursos de amparo promovidos a favor del mandatario, con lo que Otto Pérez Molina quedó expuesto a enfrentar a la justicia ordinaria por la acusación de encabezar una estructura de defraudación en las aduanas. Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad que está por encima de la Corte Suprema de Justicia, quedó despejado el camino para investigar penalmente al jefe de Estado, el primero al que le quitaron los fueros en la historia de este país centroamericano. Aunque el Presidente podía permanecer en su cargo, una eventual orden de prisión preventiva dictada por un juez podía provocar su cese inmediato.

De este modo, actuando como un país de leyes en el que nadie, ni siquiera el mismo Presidente, está por encima de la ley, en Guatemala tanto el poder legislativo (el Congreso) como el poder judicial (la Corte de Constitucionalidad) demostraron una independencia total y absoluta del poder ejecutivo (el Presidente), dándole a México un verdadero ejemplo de lo que debe ser una verdadera división de poderes en vez de andar presumiendo en actos oficiales pomposos “somos un estado de derecho”.

Después de los dos fallos en contra de Otto Pérez Molina, la fiscal general del país, Thelma Aldana, aseguró a la AFP que el proceso penal contra el gobernante concluiría con una sentencia condenatoria. “Hay una persecución penal (contra Pérez) e iremos a debate (juicio). Luego a una sentencia, que de acuerdo a mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria”, dijo la fiscal Aldana, quien fue nombrada por el propio Presidente Pérez en mayo de 2014. “En este momento tenemos libertad absoluta de investigar cualquier línea que estimemos pertinente en el caso del señor Presidente”, agregó.

¿Fue una ingrata la fiscal Thelma Aldana con el Presidente Pérez Molina que fue quien la instaló en su cargo? No, porque su sueldo no lo ha recibido jamás de Otto Pérez Molina, lo recibe del pueblo de Guatemala, y en última instancia es al pueblo de Guatemala a quien tiene que rendirle cuentas. Este es un concepto trascendental que hasta la fecha ningún procurador en México ya sea por servilismo o por falta de neuronas ha sido capaz de asimilar.

De su lado, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que al retirarle la inmunidad, el Congreso “cumplió con el papel que le correspondía”. “Este es un proceso que apenas comienza, hay que entender que estamos en una etapa inicial y que actuamos con toda prudencia y responsabilidad”, precisó Velásquez.

Los dramáticos sucesos en Guatemala tuvieron su clímax cuando el jueves 3 de septiembre el Presidente Otto Pérez renunció acorralado por las acusaciones de corrupción, siendo recluido en un cuartel militar donde deberá guardar prisión provisional y en cuyas afueras una multitud celebraba su arresto. Seguido de una caravana de vehículos de la policía, Pérez ingresó al cuartel de Matamoros, en el centro de la capital, poco después de que compareció en una maratónica audiencia judicial tras haber presentado su renuncia al Congreso en la medianoche del miércoles. El juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, dictó la medida por considerar que existía riesgo de fuga. Dos agentes policiales ingresaron a la sala judicial y tomaron al exmandatario de los brazos para llevarlo al cuartel.

Antes de salir de los tribunales, Pérez se detuvo ante los periodistas para refutar los argumentos del juez y la versión de la Fiscalía que lo acusa de encabezar una red de defraudación aduanera: “No tengo la más mínima intención de salir del país, voy a dar la cara”, afirmó. “Yo hubiera podido salir ayer, antier, hubiera podido salir por aire, por tierra, incluso hubiera podido pedir asilo político y estoy seguro que me lo hubieran dado”, agregó Pérez, al concluir la audiencia en la que escuchó grabaciones que supuestamente lo vinculan con casos de corrupción.

¿Asilo político? ¿Para un acusado de asociación delictuosa, defraudación aduanera y cohecho pasivo, acusado de usar su cargo para enriquecerse ilícitamente? ¿En qué país pensaba que le pudieran haber concedido asilo? ¿Acaso pensaba trasladarse a México para pedirle protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos proclamándose un perseguido político? Le quedaba una última opción, la de recurrir a sus poderes como Comandante en Jefe del ejército para emprender una represalia y cacería en contra de los diputados y magistrados que representan a los poderes legislativo y judicial de Guatemala muy a la manera en como lo hizo el dictador Victoriano Huerta en México o el dictador Augusto Pinochet en Chile, pero se abstuvo de hacerlo seguramente porque el ejército le habría desobedecido órdenes de tal calibre. En otras palabras, en Guatemala el ejército está incondicionalmente del lado del pueblo y no del lado del Presidente cuando este último está siendo acusado de delitos de corrupción. ¿Puede presumir la misma madurez cívica otro ejército como el ejército de México?

Con el voto a favor de 116 diputados presentes -de 158 en total-, los parlamentarios aceptaron el jueves 3 de septiembre la renuncia del Presidente Pérez Molina, y luego juramentó al exjuez de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado como Presidente interino hasta el 14 de enero próximo.

“Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales”, declaró la Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú. “Era lo que el pueblo quería”, dijo.

Lo más importante de todo es que la caída de Otto Pérez Molina, el cual se había manifestado renuente a dejar su cargo y enfrentar a la justicia, se dió en un verdadero marco de civilidad en donde el país logró llevar a cabo la transición sin que hubiese violencia alguna, sin que se tuviese que disparar una sola bala. El ex Presidente Otto Pérez Molina insiste en su inocencia, y aquí se le concederá el beneficio de la duda y no se hablará de él como un sentenciado. Tiene derecho a un juicio que le concederá la justicia guatemalteca y en el cual tendrá oportunidad de poder demostrar su inocencia si es que realmente es un santo. Sin embargo, si no fue culpable de actos de corrupción, sí fue culpable de haber confiado cosas importantes a gente allegada a él que hoy está en prisión por actos de corrupción como la vicepresidenta Roxana Baldetti. Y en una situación así, Otto Pérez Molina no merecía seguir portando la banda presidencial de Guatemala; por dignidad y por vergüenza debería de haber renunciado antes de que las cosas llegaran a lo que terminaron llegando.

Lo que ha ocurrido en Guatemala jamás ha ocurrido en México, país al que Guatemala siempre ha visto como un hermano mayor. Y aunque en México por décadas se ha estado repitiendo hasta el cansancio la trillada frase de que es “un estado de Derecho”, la realidad es que en su historial reciente México tuvo varias oportunidades para hacer lo que se acaba de hacer en Guatemala, y todas esas oportunidades fueron desperdiciadas, tiradas al canasto de la basura. Vale la pena hacer un resumen de tales oportunidades perdidas.

Hace aproximadamente medio siglo, en México gobernó un hombre que no solo era un autoritario, terminó siendo un genocida. Ese hombre llegó al poder no como resultado de una elección democrática celebrada en un sistema pluralista, sino por el simple hecho de haber sido escogido por su antecesor en el cargo para ser el continuador del sistema unipartidista que le garantizaba poder llegar a la silla presidencial mediante el mero trámite sexenal de una democracia simulada en donde las elecciones estaban controladas por el mismo partido-gobierno. La masacre de Tlatelolco, en la cual un Ejército mexicano armado con tanquetas y ametralladoras mató el 2 de octubre de 1968 a más de un centenar de estudiantes (hay testigos que afirman que fueron cientos) que no tenían ni siquiera una resortera con qué defenderse y que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, fue el evento trascendental que marcó el sangriento ocaso de este sexenio macabro. Llevar a cabo una masacre de esta naturaleza requería de una autorización especial. Ningún sargento del Ejército mexicano se habría atrevido a girar una orden de este calibre por cuenta propia, a sabiendas de que en caso de hacer tal cosa por cuenta propia lo más seguro es que terminaría juzgado por una corte marcial que terminaría enviándolo al paredón de fusilamiento. Para efectuar la matanza, el sargento necesariamente tenía que haber estado obedeciendo órdenes. Un teniente le podría haber dado la orden al sargento. Pero de nueva cuenta, ningún teniente del Ejército mexicano se habría atrevido a girar una orden de este calibre por cuenta propia, a sabiendas de que en caso de hacer tal cosa por cuenta propia lo más seguro es que terminaría juzgado por una corte marcial que terminaría enviándolo al paredón de fusilamiento. Para ordenar la matanza, el teniente necesariamente tenía que haber estado obedeciendo órdenes. Un coronel le podría haber dado la orden al teniente. Pero de nueva cuenta, ningún coronel del Ejército mexicano se habría atrevido a girar una orden de este calibre por cuenta propia, a sabiendas de que en caso de hacer tal cosa por cuenta propia lo más seguro es que terminaría juzgado por una corte marcial que terminaría enviándolo al paredón de fusilamiento. Así podemos escalar en la cadena de mando hasta llegar al mismo Secretario de la Defensa Nacional. Pero el Secretario de la Defensa Nacional no podría haber ordenado la matanza si a su vez no hubiera estado previamente de acuerdo al cien por ciento y apoyado al cien por ciento por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Y el Comandante en Jefe del Ejército era el Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. No hay otro escalafón superior hacia donde ascender. La culpabilidad por la masacre, en virtud de la cadena de mando, siempre estuvo en dos personas, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz y su Secretario de Defensa Marcelino García Barragán (hay un tercer implicado, el entonces Secretario de Gobernación Luis Echeverría, pero en México el Secretario de Gobernación no puede darle órdenes al Secretario de la Defensa, eso solo lo puede hacer el Presidente). En otro país verdaderamente democrático y con un verdadero estado de Derecho, el Congreso se habría reunido en una sesión de emergencia para destituír de su cargo a Gustavo Díaz Ordaz para fincarle cargos por el delito de genocidio, y de haberse hecho justicia el genocida Gustavo Díaz Ordaz habría ido a parar a la cárcel por el resto de sus días junto con su cómplice Marcelino García Barragán. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que Gustavo Díaz Ordaz, pese a ser el hombre más repudiado de México, terminó tranquilamente su período presidencial con la garantía plena de que jamás se le fincarían cargos por la masacre que él y solo él pudo haber ordenado desde su cómoda silla presidencial en su residencia oficial en Los Pinos. Encima de esto, el genocida Gustavo Díaz Ordaz siguió disfrutando de una generosa pensión presidencial vitalicia, pagada hasta el último centavo con los dineros extraídos de los bolsillos del pueblo de México, y por si ello fuese poco continuó gozando hasta el final de sus días de la protección de Estado Mayor Presidencial, las guardias pretorianas del Presidente pagadas también por el pueblo de México. ¿Y qué de su cómplice, el General matón Marcelino García Barragán? Pues tampoco se le mandó a llamar a cuentas jamás, se le permitió jubilarse con una generosa pensión vitalicia castrense como “pago a sus servicios rendidos a la Patria”, gozando de una impunidad total. Y para rematar, los restos de este genocida hoy descansan en un panteón oficial reservado para los “hijos predilectos” del estado de Jalisco.

Se requiere de un genocida para dejar en su lugar a otro genocida. Gustavo Díaz Ordaz, satisfecho y orgulloso por la sangre que fue derramada bajo sus órdenes, con su “dedo elector” designó como su sucesor a su cómplice Luis Echeverría Alvarez, su Secretario de Gobernación, cuyo único mérito para llegar a la silla presidencial fue el haber sido elegido personalmente por su antecesor Gustavo Díaz Ordaz, con el ascenso al poder de nueva cuenta “legitimado” mediante las elecciones controladas de una democracia simulada en donde los partidos de oposición eran utilizados como meros “paleros” para darle legitimidad a la investidura presidencial. Y ya en el poder, Luis Echeverría emuló a su antecesor, aunque tuvo el buen tino de no recurrir directamente al Ejército para llevar a cabo una masacre de civiles en la Ciudad de México como la que tuvo lugar en 1968, en su lugar recurrió a un grupo paramilitar conformado por matones con carta de impunidad conocidos como Los Halcones, con los cuales consumó la matanza del Jueves de Corpus.

Una vez concluída su negra administración propinándole a México una devaluación brutal del peso devaluándolo de un día a otro de 12.50 pesos por dólar a 25 pesos por dólar (lo cual representa una caída del peso a la mitad de su valor con respecto al dólar), esto después de que la propaganda oficial por varios años le estuvo mintiendo al pueblo de México repitiendo a todas horas que tal cosa era algo imposible por lo bien que estaba siendo gobernado el país por su “bienamado” líder, Luis Echeverría designó con su gran dedo elector a un virtual desconocido cuya propaganda convirtió en lemas oficiales burradas tales como “debemos aprender a administrar la abundancia” y “mi hijo (designado como representante de México ante la F.A.O.) es el orgullo de mi nepotismo”. Ya desde la silla presidencial, el Presidente José López Portillo protegió a capa y espada al corrupto Arturo Durazo Moreno apodado “el Negro”, un pseudo-general que se distinguió como uno de los hombres más corruptos del continente americano, con mucha de la basura moral del “general” Durazo resumida en el libro Lo Negro del Negro Durazo. Mientras José López Portillo reinó en México (y en realidad, fue un reinado, en donde un Congreso de membrete aprobaba dócilmente de antemano y sin chistar cualquier cosa que le enviara el Presidente), el “Negro” Durazo se construyó una lujosa mansión conocida como el Partenón, uno de los símbolos más ostentosos y aberrantes de la corrupción oficial en México. José López Portillo se acercó al final de su nefasto y corrupto sexenio devaluando al peso que “defendería como un perro” (frase pronunciada el 17 de agosto de 1981) desde los 25 pesos por dólar a un valor de 70 pesos por dólar (el 17 de febrero de 1982 López Portillo le ordenó al Banco de México retirarse del mercado de cambios declarando a la vez una moratoria de pagos que fue acompañada por la devaluación mencionada) al tiempo que dejaba al país hipotecado con la deuda externa más alta de nación alguna del planeta Tierra (más de 80 mil millones de dólares de aquellos tiempos que en términos actuales equivalen en poder adquisitivo a una cifra superior al billón de dólares), todo esto mientras se terminaba de construírse para sí la famosa mansión ubicada en la también famosa “la Colina del Perro”. Para echarle la culpa a alguien, López Portillo en su último informe presidencial le echó buena parte de la culpa a los banqueros de México “castigándolos” con la estatización de la Banca haciendo que su corrupto gobierno se apoderara de la Banca privada (la Banca privada estaba protegida por la Constitución y su estatización estaba explícitamente prohibida por la misma Constitución, y cuando después del hecho se le informó a López Portillo de su violación a la Constitución entonces en vez de darse marcha atrás el corrupto Congreso a petición de López Portillo modificó a toda prisa la Constitución para volver legal lo ilegal). Otra cosa que hizo también López Portillo fue expropiarle sus dólares a los mexicanos que tenían depositado su dinero en dólares en bancos mexicanos (en cuentas en dólares), conviertiéndoles sus dólares a pesos a un tipo de cambio arbitrariamente bajo (a esos dólares incautados reemplazados por pesos depreciados se les llamó “panchólares”) en lo que constituyó un robo masivo de 6 mil millones de dólares de cuentahabientes patriotas que aún confiando en su gobierno habían abierto cuentas en esa divisa en México pese a que tenían la opción de poder hacerlo depositando su dinero en cuentas bancarias en el extranjero, con lo cual quedó destruída a largo plazo la confiabilidad de los mexicanos en el sistema bancario de México, y todavía hasta la fecha son pocos los mexicanos que teniendo en sus manos dólares se les ocurre depositarlos en bancos mexicanos.

Nunca se le fincaron cargos a López Portillo después de que dejó la Presidencia, ya no se diga cuando todavía era Presidente, por la expropiación de los dólares depositados en los bancos mexicanos. Los únicos mexicanos de aquél entonces que lograron salvar los ahorros de toda su vida fueron aquellos que guardaron sus dólares bajo el colchón o que los depositaron en cuentas bancarias en los Estados Unidos y a los cuales López Portillo acusó de ser “sacadólares” y traidores a la Patria amenazándolos con represalias terribles aunque ya no tuvo tiempo para cumplir sus amenazas. El resultado de ese robo gigantesco a los cuenta habientes mexicanos lo podía predecir hasta un alumno de primaria: la fuga de capitales que ya era fuerte se tornó absolutamente incontrolable, y la medida, junto con el anuncio de moratoria de pagos de la deuda externa, hizo reventar a la economía de México en mil pedazos. La ruina económica en la que José López Portillo sumió a México en la desgracia acabando con la clase media de aquél entonces resultó una bonanza para los agricultores de Estados Unidos, ya que su consecuencia inmediata fue la expulsión de cientos de miles de mexicanos indocumentados a la Unión Americana para trabajar de sol a sol como mano de obra semi-esclava en los campos agrícolas de California.

A diferencia de lo que acaba de ocurrir hace poco en Guatemala con el ahora ex Presidente Otto Pérez Molina que se encuentra recluído bajo arresto, a José López Portillo el Congreso fantoche de aquél entonces conformado por un enjambre de parásitos lisonjeros y aduladores jamás le removió la inmunidad presidencial ni lo removió de su cargo, por el contrario, se le permitió concluír tranquilamente su sexenio -después de haber dejado hundido al país hipotecándolo por varias generaciones- y retirarse a gozar de su opípara pensión presidencial vitalicia, custodiado además por el Estado Mayor Presidencial como premio al despilfarro y la corrupción que enmarcaron el sexenio de este hombre cuyas locuras lo expusieron al mundo entero como un desequilibrado mental.

Usando su gran dedo elector, José López Portillo escogió a su sucesor en el entendimiento de que por tan graciosa concesión su elegido jamás abriría una investigación para documentar los desfalcos cometidos por su antecesor. Impunidad total. De este modo, y con unas elecciones rígidamente controladas por el Estado de principio a fin, y sin necesidad de tener que competir ni siquiera dentro del partido oficial por el puesto, el burócrata-tecnócrata Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión de la Presidencia con su lema oficialista “Renovación Moral”, pero tal renovación moral no lo alcanzó a él mismo cuando en el trabajo del articulista Jack Anderson publicado en el conocido periódico The Washington Post el martes 15 de mayo de 1984 bajo el título “México Makes Its Presidents Millionaires” (México Hace Millonarios a sus Presidentes, reproducido ya traducido al castellano en esta bitácora el 14 de marzo de 2012) se dió a conocer la existencia de documentos interceptados por los servicios norteamericanos de inteligencia detallando las transferencias a bancos de Suiza de sumas multimillonarias (¡en dólares, no en devaluados pesos!) a cuentas personales a nombre de Miguel de la Madrid. Si los señalamientos eran falsos, el Presidente Miguel de la Madrid tenía la opción de haber interpuesto a través de abogados suyos una demanda en contra del periódico que en caso de ganarla le habría redituado una buena ganancia económica al Presidente De La Madrid. Pero... ¿y si eran ciertas las acusaciones? En tal caso, en las cortes norteamericanas forzosamente habrían salido a relucir los detalles de las transferencias, poniendo al Presidente de México entre la espada y la pared y en el más espantoso ridículo mundial en una era en la que la credibilidad del gobierno mexicano era casi nula. No se interpuso demanda alguna, y el Presidente jamás respondió a las acusaciones optando por guardar silencio absoluto. Un Congreso sumiso y desvergonzado, en vez de abrir una investigación en torno al escándalo, optó por “cerrar filas” en torno al Presidente porque en México al Señor Presidente no se le toca ni con el pétalo de una rosa, dejándolo concluír tranquilamente su sexenio no sin antes haberse consumado un gigantesco fraude electoral (conocido como “la caída del sistema”) que le impidió al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas poder llegar a la Presidencia e investigar a sus antecesores como lo había estado prometiendo en sus actos de campaña. Y por sus “servicios a la Patria”, Miguel de la Madrid también se jubiló con una muy generosa pensión presidencial vitalicia además de la protección vitalicia otorgada también de por vida por el Estado Mayor Presidencial. Faltó mencionar que una de las primeras cosas que hizo Miguel de la Madrid al tomar posesión de la silla presidencial fue ordenar la devaluación del peso de los 70 pesos por dólar en los que andaba por culpa de José López Portillo, desplomándolo aún más a 150 pesos por dólar, después de lo cual el peso libre (a diferencia del peso controlado usado por el gobierno para sus fines recaudatorios) continuó desplomándose. La caída que de los 12.50 pesos por dólar en los que andaba al final del sexenio echeverrista a los 150 pesos por dólar representa un desplome el 8.3% de su valor original, o bien una pérdida del 92% en el poder adquisitivo de la moneda, lo cual de nueva cuenta volvió a ser una bonanza para los agricultores de Estados Unidos trayendo consigo una nueva expulsión de cientos de miles de mexicanos indocumentados adicionales a la Unión Americana para trabajar de sol a sol como mano de obra semi-esclava en los campos agrícolas de California, sumándose a los que ya había expulsado López Portillo, muchos de ellos mexicanos de la clase media que terminaron como peones.

Desde el final del negro sexenio de Luis Echeverría hasta el final del sexenio de Miguel de la Madrid, el tipo de cambio de la paridad peso-dólar pasó de $12.50 a $2,289.58 en el tipo de cambio libre (el gobierno continuó usando su propia paridad artificial para sus fines recaudatorios). Esto significa que tras un lapso de tan solo siete años el peso no valía ni siquiera el uno por ciento de lo que valía en los tiempos del Presidente Adolfo López Mateos. Significa también que, tan solo para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, los salarios se tendrían que haber aumentado por lo menos en 183 tantos(no al doble, ni al quíntuple, ni en diez tantos, sino en 183 tantos). Lo cual no ocurrió, porque si algo hizo bien Miguel de la Madrid, con la ayuda de sindicatos charros nacionales (de membrete) como la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.) encabezados por reyezuelos eternos de menor cuantía como Fidel Velázquez cuyas centrales obreras solo hacían lo que aprobara o lo que ordenara el Presidente en turno, fue usar su poder presidencial omnímodo para impedir que pudiera haber aumentos en el salario mínimo por encima de un rango risible que mantuvo al peso hundido. Todo esto confirma los relatos de los “viejitos” en México que recuerdan con nostalgia que en los tiempos del Presidente López Mateos se vivía mejor que en los tiempos actuales, se vivía mejor entonces que ahora. Se vivía, de hecho, 183 veces mejor que ahora, puesto que el salario rendía 183 veces más de los que rinde ahora.

En otros países se preguntaban asombrados: ¿cómo es posible que los mexicanos permitan que su gobierno corrupto les haga tantas cosas tan malas? ¿Qué esperan para levantarse en armas? Un levantamiento armado en contra de un régimen autoritario apuntalado por bayonetas no se veía como una opción, para ello fue la lección propinada a la población civil en la Ciudad de México en 1968. Un Ejército integrado por barbajanes obedientes y disciplinados sin ningún sentido patriótico dispuesto a masacrar a cientos de estudiantes mexicanos desarmados no habría tenido inconveniente alguno en matar a miles o inclusive cientos de miles de civiles mexicanos con tal de garantizar la continuidad del régimen corrupto que estaba carcomiendo al país desde sus entrañas. Por otro lado, y a diferencia de lo que hoy ocurre en Guatemala, un Congreso mexicano integrado mayoritariamente por paleros del régimen así como un sistema de justicia completamente inútil en contra del poder presidencial cerraban la opción de una rebelión pacífica para cambiar el estado de cosas en México. De cualquier modo, la situación dió un giro dramático con el levantamiento armado ocurrido en Chiapas cuando en esa región del país se les agotó la paciencia. Y en otras partes del país el hartazgo abrió la posibilidad de que otros se unieran a la rebelión zapatista, lo cual pudo haber ocasionado una intervención de las fuerzas militares norteamericanas en México para impedir una crisis a lo largo de su frontera. Con el tonel acumulado de pólvora a punto de explotar, al sistema unipartidista no le quedó otra opción más que empezar a respetar algunos triunfos importantes de la oposición, empezando con Baja California en donde Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador en el México contemporáneo no-emanado del partido oficial. La consolidación del Instituto Federal Electoral (I.F.E.) arrebatándole al gobierno el control de los procesos electorales hizo que el gobierno unipartidista de México terminara perdiendo su predominancia absoluta (en el sexenio de Ernesto Zedillo, el partido oficial perdió por vez primera en su historia la mayoría absoluta de la que siempre había gozado), abriendo el camino para la alternancia en la silla presidencial que se dió a partir del nuevo milenio en las elecciones de julio de 2000.

El daño ocasionado por tanta corrupción a lo largo de tantas décadas fue tal que todavía hasta el día de hoy, pese a los avances democráticos que se han logrado, persisten muchos vicios que impiden que en México pueda ocurrir lo que acaba de suceder en Guatemala. Los legisladores de los Congresos anteriores se han mostrado renuentes a eliminar de tajo de una vez por todas y para siempre el privilegio del fuero constitucional que ha sido y sigue siendo una veta inagotable de corrupción e impunidad. A la perpetuación del fuero se le suma esa aberración llamada plurinominalidad que le permite a unos por simples méritos partidistas ocupar cargos de diputados y senadores sin haber obtenido jamás en las urnas el voto directo de nadie, ni siquiera el de ellos mismos. Todavía al día de hoy es casi imposible que ocurra en México lo que está ocurriendo en Guatemala, aunque haya razón para ello, en virtud de tales aberraciones que obstaculizan el avance de la sociedad. Esto posiblemente empiece a cambiar cuando la “la rebelión de las masas” (estamos usando aquí el título de la obra clásica de Ortega y Gasset) permita ir conformando un Congreso con una cantidad cada vez mayor de diputados y senadores postulados como candidatos independientes y sin compromiso alguno con la partidocracia que ha reemplazado al sistema autoritario del ayer. Si la partidocracia insiste en sostener tanto la impunidad que garantiza el fuero como la repartición de cuotas de poder que garantiza la plurinominalidad, los candidatos independientes podrán usar esto como argumento para irle preparando su ocaso a los partidos que insistan en mantener tales mecanismos en pie.

En comparación con los delitos y crímenes de lesa humanidad de los que son indudablemente culpables algunos de los Presidentes que forman parte de varios capítulos negros de la historia contemporánea de México, los delitos de los que es acusado Otto Pérez Molina en Guatemala son pecadillos menores, minucias por las que en México no habría recibido crítica alguna en los medios, ya no se diga un castigo. Todavía es hora de que nadie en México ha mandado a llamar a cuentas a gobernadores corruptos como Humberto Moreira y Guillermo Padrés culpables de desfalcos gigantescos al erario que dejaron quebrantos en las finanzas públicas en orden de los miles de millones de pesos. En comparación con ellos, el ex Presidente Otto Pérez Molina de Guatemala es un santo sin necesidad de serlo. La mala suerte de Otto Pérez Molina en todo caso fue haber sido Presidente de Guatemala en vez de ser Presidente de México en donde todavía hasta el día de hoy el poder judicial y el poder legislativo apenas están empezando a dar muestras ligeras de una aspiración a lograr una separación de poderes como la que hay en Guatemala.

México haría bien en tomar la lección que acaba de recibir de Guatemala. Hace ya buen tiempo Guatemala fue parte de México, hasta que los guatemaltecos optaron por separarse de México y constituírse como una nación independiente. Esta separación entre hermanos, con todo lo dolorosa que haya sido, les permitió a los guatemaltecos despertar y convertirse en el ejemplo que hoy son de madurez cívica no solo para México sino también para el resto del mundo.