Un enfrentamiento de pronóstico reservado

En Chihuahua se está gestando un enfrentamiento que puede terminar siendo de proporciones históricas, porque se trata de un asunto en el que está siendo puesto a prueba el viejo concepto de la separación de poderes promovido por Montesquieu y John Locke como un antídoto para limitar los excesos del poder cometidos por gobernantes autoritarios y arbitrarios que concentran todo el poder del gobierno en una sola persona.

En un sistema de pesos y contrapesos, la separación de poderes consiste básicamente su repartir el poder en tres ramas del gobierno independientes la una de la otra: el poder legislativo que es en donde se elaboran las leyes por individuos que de una manera u otra representan al pueblo o a los intereses del pueblo, el poder ejecutivo que reside en el gobernante que es responsabilizado con la obligación de aplicar las leyes tal y como son elaboradas por el poder legislativo, y el poder judicial que actúa como árbitro imparcial encargado de aplicar la justicia en los tribunales de acuerdo a las leyes en vigor que han sido redactadas por el poder legislativo.

En el estado de Chihuahua se ha estado acusando cada vez con mayor intensidad al gobernador Javier Corral:

de querer concentrar todos los tres poderes del gobierno en sus propias manos recurriendo a diversas maniobras para lograrlo. En el Congreso estatal en cierta forma ya ejerce dicho control porque su partido, el Partido Acción Nacional, tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto mayoría de votos, así que pueden ser ciertas las acusaciones de que el poder ejecutivo ya está controlando al poder legislativo haciéndole que pase o no pase leyes según lo que el gobernador crea que le conviene a él o no. ¿Pero cómo hacerle para que el poder ejecutivo pueda controlar al poder judicial sometiéndolo a los deseos personales del gobernador? En Chihuahua, el gobernador Javier Corral parece haber encontrado la fórmula para logarlo.

El procedimiento consiste de varios pasos:

1. Identificar primero a los jueces y magistrados que se rehusen a convertirse en aliados incondicionales del gobernante, emitiendo sentencias judiciales en casos importantes que no sean del gusto del gobernante, o sea aquellos que queriendo mantener vigente el principio de la independencia de poderes y tratando de adoptar una postura de imparcialidad y neutralidad se niegan a someterse a los deseos y caprichos del poder ejecutivo.


2. Una vez identificados los jueces y magistrados “rebeldes”, el siguiente paso para el ejecutivo es utilizar a las fiscalías y los agentes ministeriales que dependen directamente del poder ejecutivo, para tratar de encontrarle algo en su pasado a todos aquellos jueces y magistrados “independentistas” a los cuales se les tratará de intimidar o incluso remover de sus puestos, sobre la máxima de que todos tienen algo sobre lo cual se les puede cuestionar su integridad y honorabilidad.


3. Si no se les puede encontrar nada ilegal en su pasado o en el desempeño de sus funciones, entonces se recurre a la figura de los “testigos protegidos” (la cual se ha prestado a muchos abusos y arbitrariedades en el pasado), aunque esta es una “protección” al estilo de las mafias de Chicago que cobraban “protección” a los negocios para que no les sucediera algo muy malo. Al “testigo protegido” se le amenaza directamente diciéndole que tiene que estar dispuesto a declarar en contra de tal o cual miembro del poder judicial repitiendo todo lo que la fiscalía le diga, y si no lo hace entonces le podrán abrir en la fiscalía al “testigo protegido” su propia “carpeta de investigación” con el espantajo de echarlo varios años a prisión si se sigue rehusando a declarar en contra del funcionario del poder judicial, acusándolo de “complicidad” en algún delito que bien puede ser inventado al igual que el supuesto delito cometido por el miembro del poder judicial.


4. Con el testimonio de uno o preferiblemente varios “testigos protegidos” asegurado, la fiscalía acude entonces al Consejo de la Judicatura (el órgano interno encargado dentro del poder judicial de vigilar el buen comportamiento de todos los que laboran como jueces y magistrados) presentando la “carpeta de investigación” armada con un guión usando los testimonios de los “testigos protegidos”.

Esto fue precisamente lo que se hizo en Chihuahua para remover a dos magistrados que no conformes con el “fallo interno” de un Consejo de la Judicatura que se presume actúa bajo las órdenes del poder ejecutivo acudieron al poder judicial federal para pedir la protección de la justicia federal argumentando que en Chihuahua la procuración e impartición de justicia estaban contaminadas y viciadas por la intervención directa del poder ejecutivo (el gobernador Javier Corral) en asuntos fuera de su jurisdicción. Esta fue la “receta mágica” concebida y creada en Chihuahua para lograr someter por completo al poder judicial por debajo del poder ejecutivo, y ayudarle al gobernador Javier Corral a convertirse en el moderno equivalente de un César del Imperio Romano.

Estos son los dos Magistrados que fueron removidos de sus Salas por órdenes que se supone emanaron directamente y en forma verbal desde el escritorio del gobernador de Chihuahua sentado en el Palacio de Gobierno,  Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Sepúlveda Reyes, respectivamente, de izquierda a derecha:

A nivel federal, el órgano que podría ser usado para intimidar y chantajear a todos jueces federales, a los Magistrados, y a los mismos Ministros de la Suprema Corte de Justicia sería la Procuraduría General de la República, la cual empezaría abriendo una “carpeta de investigación” en contra de tal o cual miembro del poder judicial, investigándole hasta sus tarabuelitos hasta encontrarle algo cuestionable en su pasado, y si no se les encuentra nada pues entonces se recurre a la persuasión de varias personas cercanas para que testifiquen en contra de tal o cual miembro del poder judicial, ya sea por las buenas o por las malas, convirtiéndolos en “testigos protegidos” a sabiendas de que si no declaran “bajo protesta de decir verdad” diciendo todo lo que la fiscalía que depende del poder ejecutivo les ordena que digan entonces se les acusará de cualquier cosa “por haberse negado a cooperar con las autoridades”. No importa si después de un largo proceso que puede durar años se encuentra que el miembro del poder judicial que fue incriminado de tal manera era realmente culpable o inocente de lo que la fiscalía actuando bajo órdenes del poder ejecutivo le acusaba desde un principio, el daño ya está hecho.

Sin embargo, la cosa empezó a desintegrarse en mil pedazos para el gobernador Corral en virtud de que el lunes 12 de febrero del año en curso el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes tuvo que ser restituído por orden directa emitida por el poder judicial federal, reincorporándose dos días después a las 09:30 horas a la Sala Cuarta Familiar, de lo Contencioso, Civil y Administrativo después de haber obtenido dos días antes la suspensión provisional del juez Octavo de Distrito que lo reinstaló en la referida sala.

El Magistrado Sepúlveda Reyes hoy argumenta que “la batalla es contra instituciones del Estado” afirmando: “Nunca he perdido la fe en el Derecho. La batalla que estoy librando es en contra de las instituciones del Estado, específicamente de los integrantes del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado (FGE)”. Y mantiene su inocencia agregando que: “Aún falta que el Tribunal Federal nos conceda la suspensión definitiva, pero tengo todos los documentos públicos que desvirtúan las acusaciones que se me hacen y se dice de mí. Yo no tuve facultades para poner precios ni adquirir esos bienes, no intervine en nada”.

La orden de restituír al Magistrado Sepúlveda Reyes no fue más que el primer golpe duro al gobernador Javier Corral propinado por el poder judicial federal, ya que tres días después el poder judicial federal ordenó la restitución del Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez a la Primera Sala Penal.

Por lo pronto, el problema que tiene Javier Corral es que los dos Magistrados que en contra de su voluntad personal y sus órdenes directas tuvieron que ser restituídos por orden emanada del poder judicial federal es que se puede esperar que ninguno de ellos estará en la mejor disposición de darle gusto al gobernador Javier Corral en casos importantes que aún están en trámite de apelación. Si hay casos en los cuales Javier Corral haya cometido el imperdonable desliz de llegar a un “acuerdo amistoso” con alguien recibiendo en sus manos algún maletín repleto de billetes de alta denominación deslizado a escondidas por debajo de la mesa con la garantía absoluta de una resolución favorable del caso en virtud de tener el control del aparato judicial “desde abajo hasta arriba”, lo más probable es que los dos Magistrados le van a “dar palo” en tales casos haciendo quedar mal al gobernador Corral con quienes previamente haya hecho “arreglos amistosos por debajo de la mesa”. Y puesto que una sentencia decidida previamente por un Juez de primera instancia es apelada directamente ante un Magistrado, el Magistrado es quien tiene la última palabra al no haber otras instancias de apelación dentro del estado de Chihuahua, de modo que los golpes judiciales que le pueden propinar los dos Magistrados restituídos a Javier Corral pueden terminar siendo golpes muy dolorosos, sobre todo en casos importantes.

Hay un editorial que ha estado circulando mucho entre los medios dedicados a la jurisprucenia en Chihuahua elaborado por Luis Javier Valero Flores y publicado en el principal periódico de la frontera El Diario el jueves 15 de febrero bajo el título “Inexistente la división de poderes” (en Chihuahua) en el que podemos leer lo siguiente: “Empeñados en desarticular, a como diera lugar, las redes del poder construidas por el ex gobernador César Duarte, los integrantes del nuevo grupo gobernante no repararon esfuerzos, estrategias y recursos para ello. Dos vertientes no contemplaron: Respetar irrestrictamente el marco jurídico -pues serían acotados y vigilados estrechamente por el viejo régimen- y el de no repetir los actos criticados por ellos en su etapa de opositores y que fueron el motivo principal para concitar el elevado grado de rechazo al ex gobernador César Duarte. Ambos aspectos se les han empezado a revertir. La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en la que le ordena al juez Octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, admitir “la demanda de amparo interpuesta por el magistrado destituido Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, quien es investigado por corrupción”. (Nota del Staff, Diario de Chihuahua, 14/II/18), es un duro golpe a aquellos intentos, orientados a desarticular los nombramientos efectuados en el Tribunal Superior de Justicia para ubicar como magistrados a un grupo de los más cercanos al ex gobernador Duarte y a dos destacados panistas, que aún ocupan un lugar en el tribunal de Chihuahua, Rafael Quintana y Luis Villegas. Pero las baterías principales estaban dirigidas a Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, el primero de ellos sustituto de José Miguel Salcido en la presidencia del TSJ. El problema era armar sólidamente la estrategia para lograr su destitución. Estaban obligados a respetar la ley pues era sabido que sus determinaciones darían pie a la participación del Poder Judicial de la Federación, y no porque este órgano obedezca a pie juntillas las determinaciones del presidente Peña Nieto, sino precisamente por lo contrario, porque cada vez toma más distancia de la eterna subordinación frente al Poder Ejecutivo. Bueno, el grupo gobernante en Chihuahua en por lo menos en tres temas rebasaron esos límites: El del nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura; en el mecanismo de la separación de los magistrados Sepúlveda y Ramírez y en de las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura. En el último tema el desaseo fue tal que, por unanimidad, el Pleno del TSJ impugnó la constitucionalidad de la norma creada por el Congreso de Chihuahua a instancias del gobernador Corral. Luego, en el de la integración de la Judicatura, es un asunto que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, finalmente, el caso del magistrado Sepúlveda. ¿Cuál es el hilo conductor de todo lo anterior? El de la inexistencia de la división de poderes. Es tan visible, tan aparente y de tal dimensión, que hasta el ex presidente de Coparmex Chihuahua, (el sindicato patronal estrechamente ligado al PAN) Ignacio Manjarrez, y en estos momentos, presidente de la Comisión de Seguridad del organismo a nivel nacional, ha expresado lo anterior, que tal “hecho sólo existe en el papel”. Así, en un solo tema, el de la integración del TSJ, el grupo gobernante en Chihuahua cometió los dos errores: Violó los procedimientos legales existentes y efectuó actos semejantes a los realizados por el gobierno de Duarte. Y aún faltan las resoluciones del Poder Judicial de la Federación sobre las facultades del Consejo de la Judicatura, sobre el nombramiento de Luz Estela Castro, de la inconstitucionalidad del nombramiento de Javier Ávila en la Comisión de Atención a Víctimas y la de la remoción, como presidente del Ichitaip, de Rodolfo Leyva. Es probable que les esperen más tardes tristes con esas resoluciones.”

Hubiera sido mucho más fácil para el gobernador Corral asestar el golpe con su receta si no hubiera esa cosa que se llama fuero. Sobre esto, hay otro editorial publicado en el mismo periódico en su sección dominical del domingo 18 de febrero bajo el rubro “Sigue show judicial aunque Chihuahua pierda” asiente esto: “Semana de nuevos estremecimientos en área vital para la sociedad chihuahuense. Sufre una de sus instituciones esa enfermedad crónica llamada control político, de consecuencias catastróficas para el desarrollo de la justicia en la entidad. El Poder Judicial se debate en una severa crisis. Si antes, con César Duarte se transgredió la legalidad en el nombramiento al vapor de jueces y la famosa oxigenación de magistrados, en el régimen corralista actual persiste el mismo derrotero con intenciones de absoluto y férreo dominio, a costa de lo que sea. Nada ha cambiado. Los tapetes sobre los que el gobernador en turno pisaba hace dos décadas son los mismos usados en temporada del nuevo amanecer. Este intento de control no es otra cosa que una demostración de inseguridad, en busca de afianzar hegemonía en un poder fundamental, como lo es precisamente el Judicial. No fue suficiente para el gobernador, Javier Corral Jurado, con forzar el nombramiento de un incondicional en la presidencia del Tribunal Superior, sino que se promovió una reforma para colocar a un Consejo de la Judicatura con facultades anticonstitucionales, por encima del pleno, y una integración espuria, por carecer, cuando menos una consejera, Luz Estela Castro, del requisito mínimo de la edad. Está cristalizado el viejo sueño de hacer lo mismo que hicieron los priistas. El afán de mando absoluto deviene en errores y autogolpes, como el bochornoso que presenciamos esta semana con la orden de reintegrar al magistrado Gabriel Sepúlveda, y en los próximos días, a Jorge Ramírez. El error cometido es tan infantil, que no hay explicación en los foros de abogados. Siendo magistrados, ambos gozan de fuero. Y esta protección de carácter constitucional sólo la puede superar el voto de los diputados en el Congreso del Estado, y no una intentona despótica desde la Judicatura, cuyas facultades se encuentran subjudice; es decir, en revisión jurisdiccional. Hay una dislexia política: no se leen las formas ni los contenidos. Se olvida el Gobierno estatal que hay contrapesos de poder político que debe atender. El jefe del Ejecutivo de una entidad federativa se encuentra inevitablemente limitado por un sistema de competencias de carácter jurídico. Si no se entiende ello, que es el fondo, al menos debiera entenderse la forma política. Si un gobernador puede mover voluntades en el Poder Judicial, lo mismo puede hacer la Federación, con la fortaleza de que el juicio de amparo y las resoluciones en controversias o juicios de inconstitucionalidad resultan inatacables, al recaer en ellas resolución final, y deben ser cumplidas en sus términos. Perder de vista la realidad es error que se paga. No puede esperar a cambio flores quien actúa con sofocones, golpes en la nuca y actitudes pandilleriles. En estos niveles no se puede ser ingenuo. “El Hereford”, aquel famoso filósofo priista de Rubio, es recordado siempre para estos efectos. A puñaladas iguales, llorar es cobardía, decía en una de sus enciclopédicas frases. No se puede ufanar Javier Corral con adjetivos mil en contra de sus opositores. No es posible a estas alturas hacerla desde el Ejecutivo al columnista político, especulando. Sin ningún asidero habla sobre información fidedigna y privilegiada, de personajes ligados al mas alto nivel, que dan cuenta de la teoría del complot PGR-defensa de “La Coneja”, en un mensaje de fin de semana que es una joya para un estudio de esta naturaleza. Se olvida que la alta responsabilidad de un gobernante es otra. Fue la misma reacción en el caso de los magistrados. Metaconstitucionalmente le corresponde velar por el buen funcionamiento de la entidad pero no lo hace. Tiende al descuido y a la improvisación. Y arrastra con ello al Poder Judicial de una distracción tras otra, cuando tiene muchos pendientes durmiendo el sueño de los justos. Tenemos como ejemplo la desaparición por decreto de una decena de juzgados tradicionales para convertirlos en orales. Tiene colapsado el sistema tradicional de justicia civil y familiar. Los juzgados a cargo de estos asuntos están más que rebasados. Los litigantes deben esperar hasta tres meses para un simple acuerdo de trámite, mientras que los ahora juzgados orales gozan de un año sabático por la ostensible inactividad en que se encuentran. Es más, a dos meses de la decisión, no se ha terminado de radicar el cúmulo de asuntos que permanecen debajo y sobre escritorios, y en estantes que son insuficientes. Una justicia retardada es una justicia denegada. No ha sido tampoco resuelto el grave problema que significa la estancia de más de 100 jueces provisionales, sin que se tome una decisión al respecto. Ni se ha concluido el litigio por la integración y facultades del Consejo de la Judicatura. Están pendientes también las responsabilidades legales por la deficiente construcción del ostentoso elefante blanco que ocupa el Tribunal de Justicia en la ciudad de Chihuahua. Varias centenas de millones de pesos siguen en juego. Todo ello, mientras esta semana llegó el golpe demoledor de los tribunales federales que ordenaron la restitución en el puesto de los magistrados Sepúlveda y Ramírez, con el ingrediente de los múltiples asuntos que se encuentran pendientes de resolución en sus escritorios, y que preocupan a más de tres integrantes del nuevo amanecer. ¿Que hace gobierno? Amenaza con acudir, vía Fiscalía, al juicio de procedencia para efectos penales. Un desafuero que sería fácil de obtener en las condiciones actuales: el PAN sólo necesita en el Congreso del Estado unos cuantos votos de sus aliados coyunturales para sacarlo porque se acusa de un delito en funciones a Sepúlveda y Ramírez. ¿Por que no lo han intentado? La instrucción era enfrentar administrativamente los resabios del duartismo por medio del Consejo de la Judicatura, tratando de aislar el control de daños. Sin embargo no fue suficiente. Ahora deberá entrar formalmente el otro poder, el Legislativo, a jugar desde las instrucciones de Palacio una nueva estrategia, asumiendo un rol largamente criticado...si desean continuar el show. Al cabo que el fin justifica los medios, no importa que colapse el Poder Judicial, o se tenga que echar mano de otro poder  emproblemado en su propia ineficacia, para completar la tarea. Es un juego de vencidas donde de un lado están las estridencias y el descuido al gobernar, en los tres poderes -véase la integración del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción u olvidar que en las letras chiquitas dice que los recursos federales nunca pierden su origen- y del otro una Federación que, callada (con su propia losa, pesada, muy pesada, sobre la espalda), tiende la mano, chamaquea y opera políticamente sin aspaviento, como quien le da un dulce a un pequeño. En medio, la ciudadanía atónita por tanta ineficacia.”

La remoción del fuero parecería algo indispensable para el éxito de la maniobra Corralista para lograr el dominio total del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Sin embargo, hay un pero. No es posible quitarle el fuero selectivamente solo a los miembros del poder judicial sin removérselo también a todos los demás miembros de la clase gobernante en Chihuahua, y ello incluye al mismo gobernador Javier Corral. Si le quitan el fuero a los jueces y magistrados de Chihuahua, también se lo tienen que quitar al gobernador Corral e inclusive se lo tienen que quitar ellos mismos. Y como están las cosas, el fuero es lo único que impide en estos momentos que el mismo gobernador Javier Corral pueda ser torpedeado desde todos los flancos por varias cosas de las cuales hoy se le acusa.

Por otro lado, lo que está en juego es algo que va mucho más allá de la simple restitución de dos magistrados a sus puestos en el estado de Chihuahua. El gobernador Javier Corral ya demostró que es posible que el poder judicial quede sometido por completo al poder ejecutivo, y lo demostró precisamente con la remoción de los dos magistrados. Al hacer tal cosa, proporcionó la receta para que no solo en Chihuahua sino en cualquier otro estado del país se pueda hacer lo mismo sometiendo también al poder judicial a las órdenes del poder ejecutivo. Habiendo sentado tal precedente a nivel estatal, ¿qué impide que a nivel federal el poder ejecutivo que reside en la presidencia de México, copiando la “receta de Javier Corral”, trate de hacer lo mismo, sometiendo a los jueces federales, a los magistrados e inclusive a los mismos Ministros de la Suprema Corte de Justicia a la autoridad del presidente de México? Esto puede alcanzar selectivamente o inclusive a todos los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de México:

Lo que está en juego va mucho más allá de lo que los mismos actores del drama se imaginan. Los dos Magistrados removidos de sus puestos por lo que muchos suponen que fueron órdenes emanadas del Palacio de Gobierno de Chihuahua desde la oficina del poder ejecutivo muy bien pueden ser unos santos, o muy bien pueden ser unos pillos. A estas alturas tal cosa es irrelevante. Lo que se les hizo a los dos magistrados se le puede hacer muy bien a todos los jueces y magistrados del estado de Chihuahua, bajo una máxima que podría leer: “Para mis aliados, justicia y gracia, y para quienes se rehusan a plegarse a mi voluntad, la ley a secas, mi ley”. Y ello abre la puerta para acabar de una vez por todas con la división de poderes no solo en Chihuahua sino en todo México. Finalmente, los únicos que pueden impedir que el genio se salga de la botella son los mismos Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los cuales a estas alturas ya deben estar plenamente conscientes de que si en estos momentos no hacen valer su poder desbaratándole al gobernador de Chihuahua sus planes, al rato ellos mismos podrían estar pagando duramente las consecuencias.

Precisamente por las razones anteriores era demasiado ingenuo esperar que los jueces federales les negaran el amparo a los dos Magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez. Haber hecho tal cosa habría sido tanto como ponerse ellos mismos a corto o mediano plazo una horca en el pescuezo, porque simplemente repitiendo la “receta de Javier Corral” igualmente los jueces y magistrados federales así como los mismos Ministros de la Suprema Corte de Justicia quedarían expuestos a quedar sometidos ellos mismos a las órdenes de la presidencia de México. Y ésto es precisamente lo que está en juego, y ambas partes lo saben perfectamente bien. Y los miembros del poder judicial federal no tienen otra instancia de apelación ante la cual recurrir

Visto así, el poder judicial federal no dejará desamparados a los miembros del poder judicial en el estado de Chihuahua; al proteger a los jueces y magistrados de Chihuahua de la “receta de Javier Corral”, en realidad no solo se están protegiendo ellos mismos sino que están luchando por mantener vigente la independencia entre poderes sin la cual es imposible impedir que cualquier gobernante pueda terminar convirtiéndose en un dictador, porque es una lección de los libros de historia que el que tiene poder siempre quiere más poder, nunca está satisfecho con el que ya tiene.

Mucho se ha comentado que fue el abogado Maclovio Murillo Chávez, al cual muchos creían un abogado brillante, el que le recomendó a Javier Corral recurir a tales tácticas y procedimientos no solo para lograr la remoción de los dos magisrados Sepúlveda Reyes y Ramírez Alvídrez sino para lograr borrar la independencia entre poderes permitiendo la sujección total del poder judicial al poder ejecutivo en Chihuahua. Pero si ésto es cierto, entonces Maclovio Murillo en realidad no es tan brillante como se le creía, porque ha metido a su patrón en camisa de once varas. Porque al final de cuentas, el poder judicial federal cuenta en sus manos con la Constitución, y ya está ejerciendo una facultad que antes no ejercía: ordenar la remoción de funcionarios que hayan incurrido en desacato de alguna de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto les permite a los Ministros de la SCJN poder remover no solo a funcionarios públicos de poca monta, sino que inclusive se podría llegar a la remoción de gobernadores, y ello incluye a gobernadores como Javier Corral al cual posiblemente el poder judicial ya ve como un enemigo al que no se le puede permitir salirse con la suya. Antes no lo hacía porque en los tiempos del gobierno de partido único la Suprema Corte de Justicia trataba de agradar al presidente de México con decisiones judiciales que fueran de su gusto. Pero tras las alternancias que ha habido en la presidencia de México, la Suprema Corte de Justicia ya aprendió a ser independiente y está ejerciendo su poder a través de sus decisiones judiciales. Lo que se tiene entonces ahora de un enfrentamiento epopéyico entre el poder ejecutivo de Chihuahua y el poder judicial federal. Y en un enfrentamiento de ésta índole, el gobernador Javier Corral se encuentra en franca desventaja, al igual que aquellos jueces y magistrados de Chihuahua que insisten en seguirse poniendo de su lado.

Pese a la supuesta brillantez y sapiencia que antes se le atribuía al abogado Maclovio Murillo, habiéndole prometido a Javier Corral una serie total de éxitos y triunfos judiciales en los tribunales sin una sola derrota, ahora resulta que Maclovio Murillo no solo lo arrastró hacia un callejón sin salida en el que la misma supervivencia política de Javier Corral y sus aspiraciones a ocupar la presidencia de México están tambaleándose, sino que desesperado por las derrotas que ha estado acumulando quedándole muy mal a quien lo contrató ahora resulta que le está echando toda la culpa de sus fracasos a la prensa llegando al extremo de amenazar abiertamente a los medios de comunicación. Con estas actitudes pendencieras y bravuconas propias de un estado totalitario, Maclovio Murillo no solo no le sirve ya para nada a Javier Corral en eso de garantizarle triunfos rotundos en todas sus maniobras para copar al poder judicial, ni siquiera le sirve para dar una buena imagen de su gobierno manteniendo buenas relaciones públicas con los medios de comunicación o al menos mantener la boca cerrada cuando ni siquiera ésto puede hacer. Cualquier otro gobernante en México posiblemente ya habría despedido a Maclovio Murillo echándolo a la calle y buscando a otro que no lo meta en tantos problemas.

Hay otro factor que el gobernador Javier Corral (el cual tiene aspiraciones presidenciales, de allí su “Caravana por la Dignidad” que intencionalmente y con planificación previa de por medio hizo coincidir con las pre-campañas presidenciales para las elecciones que se celebrarán en México en 2018, y la cual concluyó cuando las pre-campañas presidenciales se cerraron, aunque Javier Corral niega intencionalidad política alguna en estas curiosas coincidencias) no ha tomado en cuenta. Si con lo que vendría siendo un voto de castigo su partido pierde las elecciones cuando llegue el turno de renovar la gubernatura de Chihuahua, todos aquellos que estuvieron de lado de Javier Corral posiblemente van a terminar pagando las consecuencias de tal alianza o simpatías de un modo u otro. Y las consecuencias muy bien podrían incluír al mismo Javier Corral, sepultando sus planes de convertirse en presidente de México.

En esencia, se trata del enfrentamiento directo y hasta la muerte (usando una expresión coloquial) entre el poder ejecutivo de un estado de la República mexicana y el poder judicial federal en donde el poder ejecutivo de Chihuahua intenta someter al poder judicial estatal a su voluntad convirtiendo a un estado de México en un estado totalitario en donde se ejerce una dictadura absoluta, con el poder judicial federal interviniendo en defensa de sus “hermanos menores” antes de que la receta sea copiada a nivel federal con la posibilidad de que México entero pueda terminar convertido en un estado autocrático y absolutista tal y como ocurre en Venezuela bajo Nicolás Maduro en donde un solo tirano concentra en sus manos todas las facultades de los tres poderes. Y un factor apremiante en éste enfrentamiento entre el poder ejecutivo de uno de los 31 estados de México y el poder judicial federal de todo México es el hecho de que Javier Corral ha manifestado de mil maneras que tiene todas las intenciones del mundo de ir en pos de la presidencia de México “en su momento oportuno”, y con todo el poder en sus manos que dá tal institución podría muy bien salirse con la suya; porque se trataría de un enfrentamiento para someter al poder judicial federal al poder de la presidencia de México en el camino de la instauración de un estado totalitario. Resulta obvio que ha caído sobre el poder judicial federal una pesada carga de proporciones históricas que puede incidir de modo profundo en la historia de México dependiendo del resultado final.