Justicia popular

Todo tiene un límite de tolerancia, y la paciencia del ser humano no es infinita.

Como consecuencia de la impunidad de la que gozan los criminales en México, mimados y sobreprotegidos en exceso en virtud de sus derechos humanos considerados sacrosantos que los colocan por encima de los derechos humanos de sus víctimas, recibiendo los amplios beneficios de una justicia chabacana, la ira del pueblo terminó estallando en Atlatongo, llevándose a cabo el linchamiento de dos secuestradores que fueron capturados en plena flagrancia de su delito, pero no capturados por la policía de Atlatongo que siempre ha manifestado una extraña y sospechosa indiferencia hacia los criminales sino por los mismos pobladores de Atlatongo que decidieron hacerse justicia por su propia mano completamente seguros de que en caso de entregar a los secuestradores a las autoridades seguramente habrían sido liberados en cuestión de unas cuantas horas por un juez de barandilla corrupto. Eventualmente, las mismas autoridades se vieron obligadas a reconocer que los linchados sí eran culpables.

A estas alturas no causa extrañeza que los pobladores de Atlatongo hayan decidido  tomar justicia por su propia mano. A los policías de Atlatongo nunca se les ve ni de lejos cuando se está cometiendo un delito grave, repitiendo lo mismo que ha ocurrido en muchos incidentes previos en donde cuando se comete un robo o un secuestro o un crimen nunca se ve a un policía cercano. Pero cuando la población por su propia cuenta atrapa un ratero, un violador o a un secuestrador, de la nada como por arte de magia se aparecen varias patrullas para rescatar oportunamente al tipo e impedir que sea linchado, todo lo cual hace pensar a los pobladores de Atlatongo así como a los pobladores de otras partes de México que los policías están coludidos con la delincuencia y reciben parte del botín, lo cual explica el por qué entran en acción de inmediato cuando ven que sus fuentes de ingresos están a punto de ser mermadas a causa de un linchamiento popular.

Aunque lo propio hubiera sido entregar a los secuestradores a las autoridades, los habitantes de Atlatanogo tenían muy presente no solo la liberación reciente “por tecnicismos legales” del secuestrador confeso Raúl Martínez Gutiérrez sino el hecho de que casi nunca los criminales que los pobladores han capturado por cuenta propia y que han entregado a las autoridades ha terminado en la cárcel con algún castigo ejemplar. Muchos de ellos son liberados, y no en cuestión de meses o semanas, sino en cuestión de unas cuantas horas. Esta es la razón del por qué en la gran mayoría de los casos en muchos poblados de México la gente ya no pierde tiempo en trasladarse al Ministerio Público para denunciar algún delito, porque tienen la certeza de que la denuncia terminará en el canasto de la basura y la autoridad no moverá un solo dedo para atrapar y castigar a los responsables.

La impunidad en México no son meras sospechas de los pobladores de Atlatongo, es algo que confirman las estadísticas, y en el caso de esos pobladores, lo confirma la experiencia en carne propia. Las estadísticas exhiben que del total de delitos consumados, solamente existe 4.46% de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento. Los delitos consumados en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojarían que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes de 99% en México. Es decir, menos de 1% de los delitos en el país son castigados. Esto significa que, en términos prácticos, la única posibilidad de que en México se castigue un delito es hacerse justicia por mano propia, lo cual conlleva varios riesgos como la posibilidad de que se le pueda estar aplicando un castigo inmerecido a un inocente. Sin embargo, hay situaciones en las cuales los presuntos culpables son realmente culpables porque son capturados en plena flagrancia por los afectados, como en el caso de alguna niña que está siendo violada o un carjacker que acaba de robarse un vehículo particular dentro del cual es pillado cuadras más adelante. En tales casos, la justicia popular aplicada por mano propia tiene los visos de ser lo que se llama justicia poética. El delincuente o criminal a lo que aspira es que, en caso de ser capturado y entregado por el pueblo a las autoridades, terminará beneficiado dentro del 95 por ciento de los casos que no son castigados, alegando la presunción de inocencia aunque tal cosa no aplique en su situación, alegando chicanas y tecnicismos legales de carácter legaloide para mandar abajo el expediente, o bien solicitando un amparo de la generosa justicia federal para enfrentar su proceso en libertad y poderse fugar para seguir haciendo de las suyas, y si todo ello no funciona pues apelar entonces al Protocolo de Estambul para obtener libertad inmediata alegando tratos crueles e inhumanos en prisión (como el no permitírsele recibir la visita de sus cómplices o no permitirle tener en su celda su televisor de pantalla plana de 52 pulgadas) así como pedir la intervención inmediata de las organizaciones de derechos humanos para que lo saquen cuanto antes para poder seguir cometiendo nuevos delitos.

Hablando en términos generales, las percepciones entre la ciudadanía, sobre todo entre los pobladores de aquellos lugares como Atlatongo en donde se están dando los linchamientos, son que:

1. Denunciar los robos, las violaciones, los secuestros y cualquier otro tipo de delitos ante las autoridades es por demás inútil ya que los delincuentes casi nunca son aprehendidos por las policías.


2. Los mismos policías a los cuales nunca se les ve por ningún lado cuando se está cometiendo algún delito aparecen rápidamente como por arte de magia cuando un delincuente es aprehendido por la misma gente del pueblo y están a punto de ser linchados, lo cual da credibilidad a las sospechas de una complicidad enraizada y profunda entre los delincuentes y las policías encargadas de detenerlos que en vez de detenerlos cuando están incurriendo en algún delito se presentan casi salidos de la nada para salvarlos “justo a tiempo”. Esta situación es tan burda que se han dado casos en los cuales ha habido policías que prefieren terminar muertos en sus esfuerzos por impedir que los habitantes enardecidos le apliquen a los malandros la justicia popular. Un caso reciente entre muchos que se pueden mencionar ocurrió en Puebla la noche del 28 de mayo de 2016 cuando en el municipio poblano de Yehualtepec familiares y amigos de la víctima de un robo acudieron a las instalaciones de la comandancia de policía para que les entregaran a Noel S.O., originario y vecino de Palmarito Tochapan, acusado de haberse robado una motocicleta. Los oficiales se negaron a entregar al ladrón, y cuando intentaban trasladarlo y ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público de Tehuacán (en donde se daba por hecho de que iba a ser puesto en libertad para seguir haciendo de las suyas) los inconformes arremetieron contra los policías que lucharon hasta el final para defender al contumaz ladrón salvándolo de un seguro linchamiento. Uno de los familiares de la víctima detonó un arma de fuego contra el delincuente lesionando al mismo tiempo al policía Anastasio Poblete Pérez que terminó perdiendo su vida.


3. Si los delincuentes que son detenidos en plena flagrancia por los mismos pobladores que son víctimas son entregados a las autoridades, en vez de ser castigados y enviados a prisión con penas ejemplares entonces a los pocos días estarán libres y de regreso cometiendo nuevos delitos en contra de la población. Se pueden citar numerosos ejemplos. Un caso reciente ocurrió la noche del domingo 30 de mayo de 2016 en Motozintla, Chiapas, cuando los habitantes hicieron destrozos en la Comandancia municipal e incendiaron dos patrullas en protesta por la liberación de un ladrón de autos. Los hechos se registraron luego de que habitantes de Motozintla acudieron a la Comandancia para interponer sus denuncias en contra del sujeto que fue sorprendido robando, sin embargo, ahí se enteraron de que el presunto delincuente había sido liberado. Esto originó el descontento de los habitantes, quienes hicieron destrozos en el inmueble y le prendieron fuego dos unidades de la Policía Municipal. Por su parte, el director y el subdirector de la Comandancia huyeron del lugar para resguardarse ante el temor de enfrentarse a la ira popular.


4. Aún en el supuesto y dudoso caso de que un delincuente no sea linchado y sea entregado a las autoridades por los pobladores a los cuales tiene asolados, y que un juez honesto le imponga una condena severa, los delincuentes tienen numerosos mecanismos y procedimientos legales para lograr la anulación de su castigo, recurriendo a mecanismos como el Juicio de Amparo o pidiéndole ayuda a organizaciones gubernamentales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arguyendo alguna supuesta violación a cualquiera de los muchísimos “derechos humanos” de que gozan los criminales en México.

¿Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué tuvo que decir de la liberación del secuestrador confeso Raúl Martínez Gutiérrez y no solo del linchamiento que se llevó a cabo en Atlatongo sino en otros poblados de México? Pues la postura intransigente de la CNDH en todos estos casos es que los secuestradores por muy mutiladores y asesinos que sean, tienen sus derechos humanos que tienen que ser respetados por el pueblo, y que el pueblo no tiene ningún derecho a tomar justicia por su propia mano aunque esa sea la única clase de justicia a la que se pueda aspirar en pueblos olvidados como Atlatongo.

En torno al linchamiento sucedido en Atlatongo, la CNDH emitió un comunicado oficial al respecto diciendo: “La CNDH rechaza toda forma de violencia al margen de la ley y solicita a las autoridades competentes locales y estatales, investigar y sancionar conforme al ordenamiento normativo aplicable”. En pocas palabras, detener y castigar duramente a todos los culpables del linchamiento de los secuestradores de Atlatongo. ¿Y si todos los habitantes del poblado tuvieron su parte en el linchamiento? Pues, ni modo, a meterlos a todos a la cárcel. ¿A todo un pueblo? Pues… sí. De hecho, las autoridades arrestaron a 18 pobladores a los cuales les iban a dar el castigo que no les dan a los verdaderos delincuentes, pero los tuvieron que soltar ante el riesgo de un levantamiento popular en contra de las mismas autoridades que se dicen “representar democráticamente” a los pobladores.

El propósito de cualquier sistema de justicia en cualquier parte del mundo, el único propósito, es dar una satisfacción a las víctimas de la delincuencia castigando en forma apropiada a delincuentes y criminales impidiendo con ello que se den linchamientos como los de Atlatongo evitando de paso el riesgo de que como resultado de alguna confusión se termine linchando a gente inocente. En el caso de Atlatongo, afortunadamente (¡gulp!), los linchados no eran ningunos inocentes, eran pájaros de cuenta con un amplio historial delictivo solapados por policías y jueces corruptos que están del lado de la delincuencia en vez de estar del lado de la sociedad que les paga sus sueldos y los mantiene.

En Atlatongo, los secuestradores linchados nunca más volverán a secuestrar a nadie. Nunca más volverán a ser puestos de inmediato en libertad por jueces de barandilla venales y corruptos. Los policías (¿cómplices?) que pudieron haber sido sus ángeles salvadores no los pudieron salvar porque los habitantes de Atlatongo conociendo la dinámica de incidentes previos se les adelantaron y les aplicaron el castigo en tiempo récord previendo un intento de rescate de los secuestradores.

Tras el linchamiento, los criminales y delincuentes de todo tipo que antes asolaban Atlatongo desaparecieron todos como por arte de magia y no se les ha vuelto a ver, y por vez primera en muchos años hay paz y tranquilidad en la comunidad, y allí los índices de criminalidad han caído casi a cero de la noche a la mañana. Es de suponerse que en el bajo mundo ya se corrieron la voz advirtiéndose entre sí sobre lo peligroso que es portarse mal en Atlatongo. A lo mejor esto es algo que les estará causando un soberano coraje a los bien pagados emisarios de la CNDH que se han estado encargando muy bien de extenderle todo tipo de protecciones y recomendaciones favorables a varios de los elementos más peligrosos de la sociedad. Pero lo que importa es que los pobladores de Atlatongo ya encontraron la manera de que la tranquilidad vuelva a su comunidad, con o sin la ayuda de las policías, con o sin la ayuda de un sistema de impartición de justicia que consideran anacrónico y corrupto, con o sin la ayuda de la CNDH, y preferentemente sin la ayuda de ninguna autoridad o agencia oficial de esas que solo intervienen para tratar de aumentar la impunidad en México del 95 por ciento al cien por ciento. Las autoridades ya fallaron, dicen en Atlatongo, pero nosotros no fallaremos. Y esto es algo de lo que los delincuentes de todo tipo en México deben tomar nota.