¿Qué es lo que puede suceder el día y el momento cuando Javier Corral Jurado tome posesión de su cargo como gobernador de Chihuahua?
Habrá quienes digan que lo único realmente importante que puede ocurrir en el día y el momento en el que Javier Corral tome posesión de su cargo como gobernador de Chihuahua será el hecho de que tome posesión de su cargo como gobernador.
Pero también puede ocurrir otra cosa que puede terminar siendo una gran y enorme sorpresa la cual por el impacto y el escándalo mediático le puede “agüar la fiesta” a Javier Corral echándole a perder el día.
Lo que puede suceder es que, justo en el preciso momento cuando Javier Corral se encuentre en la ciudad de Chihuahua en la ceremonia de toma de posesión de su cargo como gobernador, tanto el ex alcalde Enrique Serrano Escobar como el ex gobernador César Duarte junto con sus respectivas familias se encuentren en la Oficina de Migración del Puente Internacional de Cordova-Américas (o alguna otra oficina migratoria norteamericana) presentando su solicitud de asilo en la calidad de refugiados políticos. Este evento ciertamente llamaría la atención de todos los medios de comunicación en ambos lados de la frontera no solo locales sino internacionales, desde Argentina hasta Canadá y alrededor del mundo entero.
Para presentar su solicitud de asilo político, lo único que tendrían que hacer Enrique Serrano y César Duarte sería llevar la página de la primera página frontal del periódico El Diario de Juárez publicada el 8 de junio de 2016, en donde la advertencia de Javier Corral desde antes de convertirse en gobernador de Chihuahua ya está dada de que tiene todas las intenciones del mundo de llevar a ambos ante la justicia, o sea meterlos a la cárcel a los dos, agregando que tal advertencia la estuvo haciendo desde mucho tiempo atrás sobre todo durante la campaña electoral. Allí está el spot en donde Javier Corral dijo claramente que “El camino seguro de Duarte y su pandilla es la cárcel”. Lo más seguro es que Enrique Serrano y César Duarte le presentarían su caso a las autoridades migratorias enfatizando que se trata de una amenaza lista para ser cumplida por Javier Corral al tener todo el poder del estado de Chihuahua en sus manos. Agregarían también que, dado que ambos pertenecen a familias acomodadas del estado de Chihuahua, su solicitud de asilo claramente no es en la condición de refugiados económicos que simplemente están buscando la manera de poder ganar más dinero en dólares, se trataría de verdaderos refugiados políticos en toda la extensión de la palabra.
Con los argumentos expuestos, tanto Enrique Serrano como César Duarte tendrían un 99 por ciento de probabilidades de que las autoridades migratorias les concedan un permiso provisional mientras su caso es analizado por un juez migratorio.
No existe obligación legal para que César Duarte como gobernador saliente esté presente en la ceremonia de transferencia de poderes cuando existe alguna razón de fuerza mayor que se lo impida, y la certeza absoluta de que al concluír la ceremonia la Policía Judicial del Estado ya no obedecerá sus órdenes sino las del nuevo gobernador cuya primera prioridad según lo ha expresado en repetidas ocasiones es aprehenderlo para meterlo a la cárcel sin derecho a fianza parece ser razón más que suficiente para que César Duarte en vez de estar presente en la ceremonia de transferencia de poderes en la ciudad de Chihuahua se encuentre con su familia en alguna estación migratoria norteamericana solicitando asilo como refugiado político. Pocas cosas le serían tan desagradables a César Duarte que enterarse de que a las afueras del Palacio Estatal ya hay varios agentes y ministeriales esperándolo para arrestarlo y llevárselo detenido. Inclusive a partir del primer momento en el que Javier Corral tome posesión de su cargo como gobernador de Chihuahua también es posible que los agentes judiciales destacamentados en las cercanías de los cruces fronterizos hacia los Estados Unidos (por ejemplo, en Ciudad Juárez) reciban órdenes de impedir el cruce de César Duarte y Enrique Serrano si son vistos tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Por esto mismo, no hay margen de tiempo para César Duarte para que se encuentre presente en la ceremonia de transferencia de poderes y una vez concluída la ceremonia trate de trasladarse hasta la frontera (un viaje en carro de unas tres horas de Chihuahua a Ciudad Juárez) poniendo pies en polvorosa para evitar su arresto. Lo tiene que hacer desde antes de que comience la ceremonia, varias horas antes, cuando los agentes judiciales y ministeriales aún se encuentran bajo sus órdenes.
Pero además de la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos, hay otra alternativa disponible tanto a César Duarte como a Enrique Serrano, y esta consiste en solicitar un amparo de la justicia federal para evitar ser aprehendido. Esa es otra posibilidad, pero si César Duarte quiere causar el máximo daño político posible al hombre que lo quiere refundir en la cárcel por muchos años, entonces la internacionalización de su caso tiene el potencial de precipitar un escándalo miles de veces más dañino al nuevo gobernador que la tramitación de un simple amparo de la justicia federal. Con un amparo federal el escándalo queda circunscrito a los noticieros locales y nacionales. Con una petición de asilo político a las autoridades norteamericanas el escándalo se internacionaliza permitiéndole a César Duarte convertirse en causa célebre a nivel mundial. Y habiendo muy buenas posibilidades de que el asilo permanente sea concedido por las autoridades norteamericanas dadas las características especiales del caso que involucra a César Duarte y Enrique Serrano como presuntas víctimas de una persecusión motivada políticamente en violación de sus derechos humanos, la alternativa de recurrir al juicio de amparo en México se antoja superflua.
Con Enrique Serrano y César Duarte recibiendo asilo político temporal en Estados Unidos mientras ambos y sus familias se esperan a que un juez migratorio les conceda un asilo político permanente, la única alternativa que le quedaría al ya para entonces gobernador Javier Corral sería iniciar una petición de extradición de ambos documentando los delitos de los cuales los acusa. Sin embargo, esto requiere forzosamente que el caso que se presente en contra de ellos sea un caso sólido, con pruebas tan bien fundamentadas y tan sólidas que no habría un solo juez en todo el planeta que se negaría a entregarle a los indiciados.
Y esto último es precisamente el problema. Que antes de ganar el caso en contra de César Duarte y Enrique Serrano en cualquiera de los juzgados penales de Chihuahua, el caso judicial en contra de ellos se tiene que ganar en los Estados Unidos ante el juez norteamericano que concedería la extradición. Y hasta la fecha ningún juez norteamericano ha concedido la extradición hacia otro país de nadie al que ya se le haya concedido asilo político permanente en la Unión Americana. Una persona que recibe asilo político permanente es aquella de la cual el sistema judicial y el sistema migratorio norteamericano están plenamente convencidos de que el envío de dicha persona a su país de origen pondrá en riesgo su vida y su integridad al estar “cargados los dados” en su contra. Y en el caso de Enrique Serrano y César Duarte, no tendrían que batallar mucho para demostrar que los dados están “cargados” en su contra.
Es posible, desde luego, que el Procurador General de Justicia designado por Javier Corral sea tan profesionista muy bueno, pero tan bueno, que el asilo político permanente concedido a Enrique Serrano y César Duarte les sea revocado y la solicitud de extradición a Chihuahua sea concedida. Pero esto requiere armar el caso de una manera tan brillante y tan bien fundamentada que no habría ninguna defensa posible ni argumento contrario que los indiciados pudieran presentar en su defensa. Encontrar abogados de este calibre en México es una tarea casi imposible.
Recuérdese lo que sucedió cuando Francisco Barrio Terrazas fue el “Zar Anticorrupción” de la SECODAM. Recuérdese cuando dijo en relación con el escándalo del PEMEXGATE que “hay peces gordos en la sartén”, en referencia a que ya se tenían a personajes políticos importantes que irían a la cárcel como resultado de las “brillantes” investigaciones emprendidas por su igualmente “brillante” Oficial Mayor de la SECODAM Francisco Molina Ruiz. Al final de cuentas, el “brillante” Oficial Mayor Francisco Molina Ruiz resultó ser un papanatas, y las “brillantes investigaciones” no produjeron “peces gordos”, ni siquiera “charales” dignos de mencionar. Ese es el riesgo a que se expone cuando se confía el manejo de asuntos importantes a fiscales y procuradores que ya han demostrado su ineptitud en el pasado. Excepto que en el caso que nos ocupa Javier Corral simple y sencillamente no puede darse el lujo de perder, no tiene ningún margen de maniobra, y ni siquiera de “negociación” (concertacesión) como en otros tiempos. Llevó su juego demasiado lejos y ha llegado la hora de echar las barajas finales en un juego de barajas del más alto nivel.
Si el caso no va bien armado, muy bien integrado, sin dejarle a los indiciados margen alguno para su defensa, sin recurrir a “confesiones” y “testimonios” de “testigos” que pudieran haber declarado bajo presión del estado y por lo tanto el producto de amenazas, la solicitud de extradición a México en contra de Enrique Serrano y César Duarte se puede venir abajo. Y esto sería catastrófico para Javier Corral como gobernador, sería quizá la peor manera de comenzar su gobierno. Desde el año pasado y en numerosas ocasiones Javier Corral estuvo insistiendo que sus acusaciones en contra del gobernador César Duarte estaban bien fundamentadas y eran firmes. Pero si fuera de Chihuahua un juez norteameridcano determina lo contrario y niega la solicitud de extradición, esto le propinaría un golpe colosal a Javier Corral del cual posiblemente no se podría recuperar, porque lo que estaría afirmando el juez norteamericano con su sentencia, en efecto, es que las acusaciones en contra del gobernador César Duarte estaban basadas en calumnias con la única finalidad de obtener un beneficio político. Y demostrar que se obtuvo un beneficio político con las acusaciones en contra del gobernador César Duarte es algo imposible de negar, porque ¿acaso no es ya Javier Corral gobernador de Chihuahua gracias al uso intenso que le dió a sus acusaciones en sus spots de televisión? Puesto de otro modo, se tendría que probar ante un juez norteamericano que la embestida en contra del gobernador César Duarte no tenía ninguna motivación política, y a estas alturas esto es algo endiabladamente difícil de negar. Y habiendo trasfondo político en la solicitud de extradición a México de César Duarte y Enrique Serrano, la condición de refugiados políticos se mantiene en pie y el caso se viene abajo.
Pero no solo un fracaso en enviar a la cárcel a Enrique Serrano y César Duarte sería un golpe durísimo en contra del novel gobernador de Chihuahua dejándolo mal parado como un individuo que se deja llevar por las vísceras para desquitarse de sus adversarios políticos usando el poder del Estado como medio para lograr su fin, dejándolo en calidad de un calumniador que inventa acusaciones sin fundamentos válidos para sostenerla. La otra consecuencia es que quedaría muy mal parado ante los cientos de miles que votaron por él prometiéndoles que llevaría “a Duarte y su pandilla” ante la justicia. ¿Con qué les saldría entonces a sus seguidores?
Por otra parte, si “por culpa de un juez norteamericano que no coopera” se niega la solicitud de extradición de César Duarte y Enrique Serrano a Chihuahua, el pueblo entero de Chihuahua queda mal porque ante los ojos del mundo entero se vería como un pueblo que no sabe elegir bien a sus gobernantes, como un pueblo que hace honor al dicho porfirista de que México no está preparado para la democracia, que en este caso se leería como “Chihuahua no estaba preparada para la democracia”. ¿Pero en tal caso qué de las luchas emprendidas en 1983 y 1986 en Chihuahua? ¿Qué del famoso “verano caliente” de 1986? ¿Entonces todo fue “de oquis”? ¿Entonces todo fue en vano? Si tal ocurre, el PRI o algún independiente sin duda alguna capitalizaría esto para preparar el camino para una nueva expulsión del PAN del poder en 2021, aunque esto no sería un gran consuelo para la mayoría de los chihuahuenses.
La única alternativa que le queda a Javier Corral como gobernador, porque no hay de otra, es meter a la cárcel a César Duarte y a Enrique Serrano, o por lo menos al primero, armando un caso tan sólido que se puede ganar incluso en cualquier tribunal norteamericano, eso fue lo que prometió públicamente muchas veces (y hasta le entregó una carta al Presidente de México al respecto); porque si no lo logra ahora que tiene el poder que pedía, si falla en esto incumpliendo con ello una de sus más importantes promesas de campaña, con todo y que sea gobernador puede terminar poniéndose una horca en su propio pescuezo. Siendo así, más le vale recordar que así como el PAN recuperó el poder ahora lo puede volver a perder dentro de cinco años y Javier Corral quedaría completamente desprotegido. Y si se porta cruel y vengativo hoy con la gente del PRI, una vez que Javier Corral deje de ser gobernador y ese día llegará los señores del PRI pueden tomar venganza en contra suya con la misma moneda.
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