jueves, 23 de junio de 2016
¡Arde Chihuahua!
La Oaxacanización de Chihuahua
El día de ayer 22 de junio de 2016 estalló pura dinamita política en la otrora tranquila capital del estado de Chihuahua
Lo que empezó como una supuesta manifestación convocada por el grupo Unión Ciudadana (aliado al Partido Acción Nacional) que encabeza el activista Jaime García Chávez y el diputado panista Rogelio Loya, en contra de la administración del gobernador César Duarte, desbordó en disturbios que tardaron ayer más de cinco horas en ser controlados por antimotines de la Policía Estatal. Los agentes tuvieron que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a la turba enfurecida que arremetió contra el Palacio de Gobierno donde los atacantes rompieron la puerta de la entrada posterior y todas las ventanas de la planta baja. Los actos provocados por las decenas de manifestantes dejaron un saldo de 100 detenidos, 18 policías estatales heridos, tres patrullas vandalizadas y cuatro armas oficiales robadas, según lo reportó la Fiscalía que abrió una investigación sobre los hechos.
El grupo Unión Ciudadana había citado a los manifestantes a las 10 de la mañana, y a las 10:15 horas ya estaban en la Plaza Hidalgo gritando consignas contra el gobernador del estado, César Duarte. En cuestión de minutos el grupo que no pasaba de 200 personas avanzó hacia Palacio de Gobierno y tocó la puerta principal pero al no obtener respuesta, intentaron abrirla a empujones, con una rejilla y hasta con una rampa metálica, pero fue inútil, no pudieron. “La puerta es de Chihuahua”, gritaron los atacantes. Alrededor de las 11 de la mañana la protesta se trasladó a la calle Libertad en donde la cantidad de personas aumentó considerablemente, así como el mensaje de que había que entrar a como diera lugar al Palacio de Gobierno. Varias personas empezaron a sacudir la puerta al grado de que se bamboleó intensamente, sin que se lograra abrir. En medio de la protesta algunos tomaron una rejilla para utilizarla como herramienta para abrirla a base de golpes. Luego de varios intentos, un grupo de personas arrancó una rampa metálica que utilizó para golpear la puerta de madera hasta romperla en la parte inferior, mientras que otros arrojaban piedras contra las ventanas en busca de un acceso al recinto. Como medida de control, desde el interior del edificio fue lanzado gas lacrimógeno, con lo que se logró dispersar un poco a la turba, pero al poco tiempo retomó fuerza. En ese momento, alrededor de las 12 del día, llegaron los primeros contingentes de policías antimotines que resguardaron el acceso, pero esto generó aún más violencia. Los grupos empezaron a arrojar piedras contra los agentes, por lo que en cuestión de minutos hubo los primeros lesionados que fueron llevados a las ambulancias. Debido a que la situación no mejoraba llegaron más agentes que entraron al Palacio por los huecos de la puerta dañada, mientras que más gas era lanzado contra los protestantes. Poco a poco los agentes de seguridad lograron establecer un perímetro alrededor de Palacio, por lo que los disturbios se trasladaron a la Plaza Mayor, en donde algunos de los manifestantes arremetieron en contra de las patrullas, de las cuales vandalizaron tres y hurtaron cuatro armas, informó la Fiscalía General del Estado. Por un rato algunos de los protestantes arremetieron en contra de los reporteros que cubrían los hechos en especial los de Televisa, quienes tuvieron que abandonar el lugar al ser empujados por varias personas; otros reporteros en el lugar trataron de ayudarlos a salir, pero también fueron agredidos. “Al grito de fuera Televisa”, los trabajadores recibieron algunas agresiones, además de que fueron mojados con el líquido de botellas de agua. Alrededor de la tres de la tarde se logró finalmente controlar la situación, dejando como saldo daños materiales, alrededor de 100 detenidos, más de 18 heridos y armas robadas.
Origen del conflicto
Si hemos de buscar los orígenes del estallido que cimbró a la ciudad de Chihuahua el 22 de junio, nos tenemos que ir un poco hacia atrás, a los días posteriores al 5 de junio de 2016 cuando los militantes del Partido Acción Nacional aún se encontraban celebrando la derrota del “candidato oficial” del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Serrano Escobar, y el triunfo del candidato panista a la gubernatura Javier Corral.
Todo iba “bien”, hasta que faltando escasamente un minuto para el vencimiento del plazo legal para interponer recursos de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral, el PRI impugnó la elección a gobernador en la que obtuvo la constancia de mayoría el panista Javier Corral, y planteó que debía anularse el proceso completo para dar paso a una nueva elección.
El PRI contabilizó inconsistencias en un total de 171 mil 500 boletas, mismas que reporta son “excedentes” a las que se emitieron por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), para el proceso a gobernador del estado. Guillermo Dowell Delgado, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI afirmó que la impugnación que se presentó evidencia una “violación a la certeza de los resultados” y por lo que se pediría “justicia y su anulación”. En rueda de prensa, dijo que los partidos no fueron requeridos para dar seguimiento al traslado y resguardo de las boletas, como regularmente se ha hecho en otras elecciones.
Precisó Dowell Delgado que la diferencia entre el primero y el segundo lugar las votaciones fue de 116 mil votos, es decir, menor al número de boletas “sobrantes” en las cuentas que hace el PRI, y con ello, dijo, era causal para la anulación del proceso. “Nosotros lo que buscamos es que se anule la elección, sí es que se tendría que realizar de nueva cuenta la jornada electoral, es algo que se tendrá que dictaminar por parte de los organismos electorales; estas irregularidades que se presentan, coinciden con las encuestas de salida y que no concuerdan con los resultados que se dan por parte del IEE”, concretó Dowell Delgado. Sin dar mayores detalles, declaró que había diferencias entre las boletas que se recibieron en las casillas respecto de las que se contaron como votos válidos, nulos, y las que se cancelaron.
Lanzando una advertencia severa que desde un principio se antojaba a amenaza, el dirigente estatal del PAN Mario Vázquez dijo: "Acción Nacional no va a seguir el juego al PRI, de poner en duda el sentido de la voluntad de los ciudadanos respecto a la elección de quiénes serán sus próximos gobernantes; es una impugnación ridícula que sólo busca endosar responsabilidades a otros y enturbiar el proceso electoral que los despojó del poder por su incompetencia y corrupción", agregando que el PRI buscaba la judicialización de la elección para presionar y condicionar a su favor la entrega-recepción de la administración estatal. "Ni permitiremos que se vulnere la voluntad popular ni cederemos a posibles chantajes para que se libren del peso de la ley", finalizó.
En rigor de verdad, la impugnación de un proceso electoral en base a irregularidades encontradas y denunciadas por cualquiera de los candidatos no es nada nuevo, y es un derecho legal que corresponde a todos los partidos políticos. De hecho, el mismo Partido Acción Nacional ha impugnado elecciones en lugares en donde ha perdido, siendo uno de los casos más relevantes las elecciones celebradas en Colima el año pasado. Este suceso en el que el PAN demandó la anulación de las elecciones fue documentado en esta bitácora el 16 de junio de 2015 en la entrada titulada “Malos perdedores”. No solo las elecciones de Colima fueron impugnadas por el PAN, el Tribunal Electoral determinó que la impugnación presentada por el PAN sí era procedente, las elecciones en Colima fueron anuladas, y se llevaron a cabo nuevas elecciones... ¡que volvió a perder el PAN! Y aunque tenían ganas de presentar una nueva y segunda impugnación en Colima tras perder por segunda ocasión, se aguantaron las ganas al darse cuenta de que en la segunda ronda habían perdido por un margen todavía mayor de votos que en la primera ronda.
Pero si el mismo PAN recurre a impugnaciones para anular procesos electorales en los cuales otros resultan triunfadores, ¿por qué se opone el PAN con tanta terquedad a que otros reclamen el mismo derecho? Pues porque en la filosofía del PAN solo el PAN tiene derecho a impugnar; si son otros los que impugnan entonces la respuesta del PAN es siempre la misma: "Ni permitiremos que se vulnere la voluntad popular ni cederemos a posibles chantajes para que se libren del peso de la ley". En pocas palabras, es la ley del embudo. “Todo para mí, nada para los demás”.
La intimidación del Tribunal Estatal Electoral
El PRI presentó su impugnación a las elecciones para gobernador en Chihuahua el 16 de junio de 2016, o sea once días después de haberse llevado a cabo los comicios. Y con la finalidad de presionar al Tribunal Estatal Electoral para impedir que el Tribunal concordara con el PRI anulando las elecciones para gobernador y convocando a nuevas elecciones, a través de las redes sociales y sobre todo a través de Facebook se empezaron a movilizar varios personajes del Partido Acción Nacional y afines al Partido Acción Nacional (específicamente, Unión Ciudadana), haciendo un llamado para una protesta programada para llevarse a cabo en la ciudad de Chihuahua precisamente el 22 de junio de 2016, o sea seis días después de que el PRI hubiera presentado su impugnació. De entre los personajes que fueron escogidos para dar la cara durante la manifestación hay tres dignos de mención: el diputado panista Rogelio Loya, la diputada panista Ana Gómez Licón, uno de los cabecillas de Unión Ciudadana de nombre Jaime García Chávez, y un izquierdista de la ultraizquierda mexicana de nombre Víctor Quintana Silveyra.
Aunque el blanco del ataque era el Palacio de Gobierno, el verdadero objetivo de la manifestación era presionar al Tribunal Estatal Electoral dándole a “entender” que las cosas podían llegar a mayores si el Tribunal se atrevía a anular las elecciones convocando a nuevos comicios. No tomaron en cuenta los planificadores de la protesta que por regla general aún cuando unos comicios son anulados casi nunca se da el caso de que en los nuevos comicios los resultados se reviertan, por el contrario el triunfo del ganador es usualmente refrendado, y la derrota del perdedor también es confirmada en la segunda ocasión. En pocas palabras, las probabilidades de que una segunda elección le pudiera dar resultados favorables al candidato priista Enrique Serrano son casi nulas, máxime que este tipo en virtud de su excesiva confianza y su desmedida soberbia no supo aprovechar la máxima política de que no hay enemigo pequeño, simple y sencillamente “se dejó ganar” creyendo que tenía votos de sobra para garantizar holgadamente su triunfo (los reveses que este tipo se dió a sí mismo están documentados aquí en la entrada “Castigo a la soberbia” publicada el 8 de junio de 2016). Aún con una segunda vuelta electoral, lo más probable es que quienes votaron en contra del egocéntrico Enrique Serrano (sobre todo los jóvenes) volverán a votar en contra suya pero esta vez en mayores números, máxime que ni Enrique Serrano ni el PRI cuentan ya con tiempo para corregir los traspiés que dieron. En todo caso, la oposición de parte del PAN a que se celebre una segunda vuelta electoral muestra una desconfianza al interior del PAN que los hace temer en la posibilidad de perder en la segunda vuelta lo que ya habían ganado en la primera vuelta.
¿Y ahora que sigue?
Al día siguiente del estallido violento ocurrido en la ciudad de Chihuahua, un analista de nombre Manuel Narváez Narváez que labora en la ciudad de Chihuahua para el periódico DIARIO DE CHIHUAHUA externó las siguientes observaciones en su editorial titulado “Mal augurio para Chihuahua”: “El que siembra tormentas cosecha tempestades. Durante todo el proceso electoral de Chihuahua prevalecieron el odio, la diatriba y la descalificación; con razones de fondo, o sin ellas, en cualquier momento se antojaba que estallaría la violencia. Alebrestados por la sorpresiva impugnación del PRI a los resultados electorales donde el panista Javier Corral Jurado se alzó con la victoria, el grupo denominado Unión Ciudadana, del que forma parte el mismo gobernador electo, el ex diputado perredista Jaime García Chávez, activistas del Barzón y otros militantes albiazules, descargaron al mediodía de este miércoles 22 de junio parte de la furia de la que son capaces para expresar su repudio al gobierno de César Duarte. El origen del pleito, según algunos todólogos, es consecuencia de la pugna personal entre el gobernador electo y el saliente, que han llevado sus profundas diferencias más allá de las urnas. Uno acusó al otro de pretender endeudar aún más al estado, mientras que el otro acalambra al primero impugnando los resultados electorales. Un ingrediente adicional a este cocktelito explosivo es la soberbia actitud que ha asumido un sector radical del PAN y la proclividad al caos por parte del abogado querellante contra Duarte Jáquez, por presunto enriquecimiento ilícito. Hoy, a una semana de que el PRI estatal presentara los recursos de impugnación y, tras los llamados de panistas y Unión Ciudadana para manifestarse afuera del palacio de gobierno, cerca de 300 personas, comandadas por Jaime García Chávez y el siempre beligerante Rogelio Loya, diputado local del PAN, intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones del histórico edificio. Dentro del lugar no se encontraba el gobernador, pero sí decenas de empleados que entraron en pánico al enterarse que una turba descontrolada destruía la puerta de palacio. Al lugar acudieron los antimontones (antimotines) para contener a desquiciados y encapuchados que ocasionaron daños en puertas y ventanas; y, para proteger la integridad de quienes trabajan en las dependencias que se alojan dentro del edificio gubernamental. Durante el encontronazo, un grupo de choque agredió a los policías y éstos respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos. Los primeros reportes señalan que hay una veintena de detenidos e igual número de heridos; la policía ministerial resguarda el inmueble y parece que existe una calma chicha. Lo condenable de estos hechos es que los ganadores de la contienda electoral envían un mal mensaje a la población, que paradójicamente tuvo un comportamiento ejemplar durante la jornada electoral el pasado 5 de junio. Si los vencedores ya reconocieron tácitamente a la autoridad electoral al aceptar la constancia de mayoría, es lógico que deban confiar en ella para que resuelva conforme a derecho las impugnaciones presentadas por los perdedores. Así son las reglas del juego y todos los aceptaron. ¿Qué caso tiene exponer a la población a un desgaste innecesario, escudándose en la mezquindad de exigir la salida del gobernador, al que le quedan poco más de dos meses en el poder?. El ganador tiene que madurar y aprender a ser humilde, además de ser capaz para contener sus impulsos, anteponiendo el interés general. Si quiere aplicar la Ley, ya tendrá su oportunidad para hacerlo, sin caer en la venganza. Por lo pronto, a dos semanas y media de que hablaron los ciudadanos en las urnas, los dos principales actores políticos no han sido capaces de convocar a la concordia; por el contrario, la agresividad verbal imperante durante la campaña proselitista se ha extendido al terreno de la agresión física, y eso, hiede a mal augurio para los próximos 5 años. Es urgente que la clase política calme a sus perros y convoque a la civilidad en aras de no dañar más la imagen del estado y ahuyentar el turismo. Las diferencias y controversias que se diriman a través de los canales institucionales. Que se respeten los derechos de manifestación y expresión, sin dañar a terceros ni causar destrozos. No hay que perder de vista, nunca, que los matanceros de hoy, pueden ser las reses de mañana. Al tiempo”.
Lo anterior apenas esconde una preocupación que ya está empezando a recorrer los ánimos de aquellos que fueron a votar en Chihuahua el pasado 5 de junio. Se preguntan, y no sin razón: “Si los señores del PAN aún no han tomado las riendas del poder en sus manos y ya se están comportando de esta manera, ¿qué podemos esperar en los próximos cinco años cuando tengan ya todo el poder en sus manos?”.
Lo que acaba de ocurrir el 22 de junio de 2016 en Chihuahua, ¿es un augurio de cosas por venir? ¿Así podemos esperar que será gobernado el estado de Chihuahua en los próximos cinco años? Solo el correr del tiempo dará las respuestas a estas interrogantes.
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