Jalisco se suma al repudio y abolición del fuero

Veracruz fue el primer estado que dió el primer paso trascendental que demostró que la eliminación del fuero para ciertos representantes y servidores públicos sí era posible.

Siguiendo el histórico ejemplo de Veracruz, el jueves 14 de julio de 2016 el Congreso del estado de Jalisco aprobó por unanimidad la eliminación del fuero en el estado en una medida que afectará directamente a mil 598 funcionarios públicos. Quienes dejarán de tener la protección del fuero son el secretario del Poder Ejecutivo, el fiscal general y procurador social, así como los magistrados del Poder Judicial, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como sus consejeros. Otros servidores que pierden el fuero son el presidente y los comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales, así como el auditor superior, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos, entre otros. De este modo, lo que comenzó en Veracruz como una pequeña bola de nieve que empezó a rodar desde la cima de una montaña podría irse agrandando hasta convertirse en un alud que termine arrasando con la impunidad del fuero y por vez primera ponga a funcionarios y legisladores como iguales ante la ley en relación a los demás ciudadanos mexicanos.

En México, el costo social de la figura del fuero ha sido altísimo, extraordinario. De no haber existido la figura del fuero presidencial para actos cometidos en el ejercicio de funciones, Gustavo Díaz Ordaz podría haber sido llamado a rendir cuentas por su papel como comandante en jefe del Ejército en la matanza de Tlatelolco, y no hubiera andado jactansioso presumiendo estar orgulloso de la matanza cometida bajo su mandato (sus palabras textuales fueron “Estoy orgulloso del año de 1968”) ni habría osado decir con su propia boca que asumía toda la responsabilidad sobre los hechos ocurridos (lo dijo durante su 5to informe de gobierno) ya que tal admisión de culpabilidad hubiera sido más que suficiente para encontrarlo culpable tomando como base el popular refrán jurídico “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Luis Echeverría Alvarez podría haber sido llamado a rendir cuentas de inmediato por su papel en el Halconazo del Jueves de Corpus. José López Portillo podría haber sido llamado a rendir cuentas por los delitos de saqueo al erario público y enriquecimiento ilícito (hasta el día de hoy se ignora a dónde fueron a parar los 87 mil millones de dólares de esos que realmente valían con los cuales México se convirtió en el país más endeudado del planeta Tierra siendo que cuando López Portillo recibió las riendas del gobierno la deuda externa pública y privada de México al 30 de junio de 1977 era de 20,948 millones de dólares). A Miguel de la Madrid se le podría haber procesado judicialmente por los mismos delitos presuntamente cometidos por José López Portillo, y en este caso la denuncia no se originó en México sino que la hizo un columnista de nombre Jack Anderson en el periódico The Washington Post en un artículo titulado “México Makes Its Presidents Millionaires”. Jamás se le investigó a Miguel de la Madrid por tan grave denuncia originada en el extranjero (en México nadie y sobre todo ni los medios ni nadie podían formularle una acusación de este calibre a un presidente so pena de terminar en una fosa clandestina). Más recientemente, a Enrique Peña Nieto se le podría haber llamado a cuentas por su imperdonable negligencia en hacer cumplir las leyes que había prometido cumplir y hacer cumplir (en su toma de posesión) usando su poder para terminar con los bloqueos magisteriales a carreteras, saqueo de comercios y oficinas públicas, sabotaje del derecho de los niños a recibir una educación pública de calidad y hundimiento de las economías estatales de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero en donde comunidades entereas y la población civil han registrado pérdidas multimillonarias a causa de un puñado de pseudo-profesores a los que Enrique Peña Nieto ha permitido actuar con plena impunidad.

Los casos de abusos crasos de la figura del fuero abundan en México y rayan en lo ridículo. Tenemos el caso de un diputado federal de Acción Nacional por Baja California Sur, Rigoberto Romero Aceves, que al ser detenido por estar orinando en la vía pública argumentó tener fuero con el afán de no ser llevado ante la autoridad competente por tal falta, e incluso a nivel nacional se dio a conocer una imagen mostrando su credencial (o charola) que lo acreditaba como legislador con fuero. Por encima de la ley, la misma ley que los demás ciudadanos sí están obligados a obedecer. Se tiene también el caso escandaloso de Julio César Godoy Toscano, quien era acusado por la Procuraduría General de la República de tener vínculos con el narcotráfico. Godoy Toscano protestó como diputado federal y de esa forma adquirió el fuero constitucional que le protegería unos cuantos meses a efecto de no ser procesado por los delitos de los cuales se le acusaba. Mientras el lento y engorroso proceso de desafuero en contra suya estaba en marcha, Godoy Toscano se fugó tranquilamente sin tener que irse en carro de alta velocidad, se tomó todo el tiempo del mundo para irse caminando tranquilo por las calles de la ciudad de México hasta perderse de vista. ¿Y qué decir de Félix Salgado Macedonio cuya imagen más famosa más famosa que inundó las redes sociales es aquella cuando fue detenido en 2007 en completo estado de ebriedad, tras lo cual golpeó a los elementos policiacos que intentaban detenerlo, sin embargo no asumió su responsabilidad debido al fuero con el que contaba al ser diputado federal.

Y así como los casos ya mencionados, verdaderas ofensas para el pueblo de México, se tienen miles y miles de casos adicionales de abuso del privilegio del fuero, desde abajo hasta arriba. Si todos estos personajes hicieron lo que hicieron y lo siguen haciendo ha sido porque gracias al fuero se sienten intocables con permiso para actuar con plena impunidad al igual que el agente británico James Bond cuenta con permiso para matar, con la diferencia de que mientras el agente británico usa su facultad para eliminar a los malos los que gozan del fuero usan su privilegio para portarse como malos.

No todos están de acuerdo con la eliminación del fuero. Algunas voces aisladas discordantes se oponen a la eliminación del fuero, y su defensa del fuero es monotemática reducida esencialmente a un solo argumento: el fuero es (supuestamente) una herramienta para garantizar una efectiva división de poderes. Asegún los defensores del fuero que se proclaman sabihondos, de no existir el fuero el gobernante en turno pudiera ejercer presión política sobre sus adversarios con el propósito de coartarles su libertad parlamentaria y hacerlos acceder a sus pretensiones, poniendo en riesgo la división de poderes que debe prevalecer en todo régimen democrático, corriendose incluso el riesgo de tener tan ocupados a los legisladores y funcionarios defendiéndose de inquisiciones judiciales que los mismos desatenderían sus encargos con tal de defenderse en procesos penales instaurados por el gobernante en turno.

Los defensores a ultranza de esa aberración llamada fuero señalan que dicha figura surgió a raíz de que algunos monarcas iniciaban procesos penales en contra de miembros del parlamento cuando éstos no adoptaban las posiciones que el monarca exigía, y que por lo tanto el fuero es una forma de garantizar al legislador la certeza de que no será objeto de ninguna inquisición por parte del gobernante en turno por desempeñar libremente su función parlamentaria. Estos defensores del fuero (alguna razón importante han de tener para no querer que desaparezca, una razón que no tiene nada que ver con la injerencia del poder ejecutivo en las funciones del poder legislativo usando los procesos judiciales como arma de chantaje y de extorsión) gustan de citar trabajos como el libro de Enrique Quiroz Acosta Teoría de la Constitución  mencionando que en tal obra se indica que debido al fuerte escrutinio y presión política a que algunos funcionarios son sometidos gracias a su encargo, es necesario contar con la figura del fuero. Sin embargo, en los tiempos del partido único cuando los poderes legislativo y judicial estaban sometidos por completo a la voluntad del poder ejecutivo, no había legislador ni juez en México que se atreviera a ir en contra de la voluntad del Señor Presidente, el Gran Tlatoani, y en esa época negra que duró siete décadas el fuero no sirvió de nada para impedir lo que Quiroz Acosta afirma que se quería impedir. Posiblemente Quiroz Acosta estaba viviendo en el Polo Norte o en un monasterio tibetano, bastante alejado de México, en una situación que le impidió darse cuenta de lo que es la fantasía y es la realidad.

Como “una golondrina no hace primavera”, los defensores del fuero no se limitan a citar la obra de Quiroz Acosta, y amplían su lista de referencias al libro Derecho Constitucional de Elisur Arteaga Nava que expone varios argumentos a favor del fuero que, en su quintaesencia, se reducen todos al mismo argumento monotemático usado por Enrique Quiroz Acosta y otros. Es así como encontramos también referencias a libros como La Ciencia Política de Marcel Prélot argumentando que por interés público conviene que los legisladores no sean distraídos de sus funciones y en consecuencia sustraídos de ellas por persecuciones arbitrarias o vejatorias ya emanadas por un adversario político o por un gobernante con el objeto de desembarazarse de un oponente peligroso, mientras que Karl Lowenstein en su libro Teoría de la Constitución decía que las inmunidades parlamentarias están incluidas en las constituciones de “todos los estados democráticos”.

Agotados los argumentos tomados “prestados” de personalidades famosas con la esperanza de que el recurrir a personajes cuya opinión supuestamente debe ser tomada como sacrosanta, los defensores del fuero en México terminan recurriendo al argumento de que las acciones tomadas en Veracruz y Jalisco para la eliminación del fuero son producto de decisiones populistas carente de un estudio constitucional serio sobre el tema que dé sustento a tales cambios.

Para México, y en los tiempos actuales, los argumentos en contra de la eliminación del fuero suenan a disquisiciones filosóficas de carácter pseudo-legal que al menos en México están completamente fuera de la realidad del país.

No vayamos más lejos. En los Estados Unidos, país con mucha mayor experiencia que México en lo que tiene que ver con la toma democrática de decisiones, si un Senador le pone un balazo en la cabeza a una amante suya la policía no tiene que dirigirse al Senado para pedir el desafuero del Senador asesino, lo puede arrestar de inmediato, y cuando se comete un crimen el fuero es inexistente. El Artículo Primero en su Párrafo 6 de la Constitución norteamericana indica que los Congresistas están exentos de ser arrestados, pero solo cuando están en camino hacia o vienen de regreso del Congreso, y ello únicamente cuando el Congreso está sesionando. Y pueden ser arrestados en cualquier momento por actos de traición (¿a cuántos ex presidentes de México podríamos formularles tal acusación?), por romper la paz o por cometer un acto de felonía. En general, los Congresistas norteamericanos no tienen una “charola” como la que se acostumbra usar en México para presumir el fuero, y la policía cuando tiene causa justificada puede llevar a cabo un arresto sin tener que pedir al Congreso un proceso de desafuero que puede llevar semanas o meses, y ninguno de los colegas legisladores -ni siquiera los del propio partido- se atreverán a intervenir en la aplicación de la justicia. Inclusive el fuero presidencial tampoco existe, de lo que sí hay precedente histórico es el proceso para que el Congreso pueda enjuiciar por cuenta propia a un presidente por la comisión de un delito grave (impeachment) aunque si el presidente se pusiera borracho y le pegara un balazo en la cabeza a un subordinado suyo la policía no tendría impedimentos legales para proceder al arresto del presunto asesino Señor Presidente (en un caso así, el impedimento no sería una cuestión legal sino una cuestión práctica, porque mientras que el presidente tiene a su disposición a todas las fuerzas armadas del país como comandante en jefe, en el Congreso en la Cámara de Representantes solo tienen al Sargeant at Arms que no cuenta ni siquiera con una resortera, sino simplemente el mazo de madera con la cual llama al orden).

Supuestamente en México hay un sistema de balanzas y contrapesos que deberían de evitar el abuso del fuero. Esto en teoría. En la práctica, tal sistema de balanzas y contrapesos no ha servido de nada para impedir el abuso del fuero. La Constitución ciertamente establece la figura del juicio de procedencia o “desafuero” para poder privar a los legisladores y funcionarios de esta prerrogativa y sujetarlos a proceso. Pero esto resulta ser un proceso tan engorroso y tan burocrático que las pocas veces que se lleva a cabo resulta ser una noticia nacional. Está por ejemplo el caso del entonces Senador Jorge Díaz Serrano que fue acusado de actos de corrupción cuando fue director general de PEMEX y terminó desforado, pero hay que subrayar que ello sucedió porque eso era lo que quería en su momento el Señor Presidente Miguel de la Madrid. Si no lo hubiera querido el presidente Miguel de la Madrid cuya voluntad era voz suprema en México, Díaz Serrano no habría sido desaforado. Se tiene también el desafuero del asambleísta pillo René Bejarano por el asunto de las famosas “ligas” y maletines repletos de dinero en efectivo. Supuestamente estos ejemplos ilustran que el sistema de pesos y contrapesos en la Constitución es efectivo cuando existen elementos para proceder penalmente contra funcionarios y legisladores. Pero el hecho de que se trate de algo de tan difícil aplicación es la prueba más contundente de que tal sistema de pesos y contrapesos ha fracasado rotundamente.

Ojalá que otros estados vayan siguiendo el ejemplo de los estados de Veracruz y Jalisco en la eliminación del fuero. Y el día en que el fuero en México haya sido eliminado en su totalidad ése será el día en que México habrá dado un paso muy importante en la consolidación de su democracia, haciendo a todos los mexicanos iguales ante la ley al haber eliminado las categorías de ciudadanos de primera (los que poseen fuero, una minoría que no compone ni siquiera del uno por ciento de la población) y ciudadanos de segunda (los que no poseen fuero, o sea el resto de la gran población de México). Y en un día así, podremos enviar a los libros de Enrique Quiroz Acosta, Elisur Arteaga Nava y otros como ellos al lugar en donde deben de estar: en los museos.