Validez oficial a estudios hechos fuera de México

En alguna parte leí que fue José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública bajo el gobierno de Presidente Álvaro Obregón, el que instituyó una política oficial según la cual México podía formar sus propios profesionistas y no necesitaba nada egresado en alguna institución educativa en el extranjero. Esta filosofía de autosuficiencia cultural e intelectual condujo al virtual rechazo de los estudios llevados a cabo por mexicanos fuera de México, bajo el argumento de que tales estudios carecían de lo que se vino llamando Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Esto significaba que un joven que hubiese terminado sus estudios de escuela primaria en algún país como Estados Unidos no se podía transferir para poder continuar sus estudios en México en una escuela preparatoria mexicana, porque sus estudios hechos en el extranjero simple y sencillamente no le eran reconocidos en México. Peor aún, también significaba que un profesionista mexicano que hubiese obtenido un grado de licenciatura en alguna universidad fuera de México no podía aspirar a ejercer su profesión en México porque sus estudios carecían de ese sello burocrático de aprobación oficial llamado “Pleno Reconocimiento de Validez Oficial”. Me tocó verlo hace algunos años en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en donde la Secretaría de Educación Pública no tenía problema alguno en que pasantes de dicho instituto se incorporaran a la planta de maestros docentes del ITCJ, pero prohibía terminantemente que algún egresado de una institución de educación superior como la University of Texas at El Paso pudiera impartir ninguna materia; si quería hacer tal cosa se le exigía tener como mínimo el grado de Maestría, y aún así tenía que someterse a un complicadísimo y burocrático proceso de revalidación de estudios que podía llevar varios años.

De este modo, un mexicano graduado con el título de licenciatura en ingeniería electrónica en UCLA (University of California at Berkeley) en México era un Don Nadie, no era nada, sus esfuerzos en el extranjero no le valían en lo absoluto en México, ello pese a que tecnológicamente hablando las universidades norteamericanas de Estados Unidos siempre le han llevado una amplia delantera a las universidades mexicanas en áreas como la ingeniería electrónica, y podía suponerse que un ingeniero electrónico graduado en un país como Estados Unidos o Inglaterra estaba en condiciones de poder impartir en México algunos de sus conocimientos adquiridos en el extranjero. Pero no, la Secretaría de Educación Pública en México siempre se opuso a ello, y con tal finalidad se creó la Dirección General de Profesiones, volviendo imposible con un alud de requisitos el poder revalidar estudios en México a nivel licenciatura.

El procedimiento para poder revalidar en México estudios hechos en el extranjero siempre fue una cosa excesivamente burocrática y engorrosa que a duras penas y en casos excepcionales solo podía ser solventada erogando fuertes sumas de dinero recurriendo a la corrupción de funcionarios de la SEP que se beneficiaban con este esquema y/o a la ayuda de parientes encumbrados en altos puestos de gobierno para facilitar un poco la revalidación de estudios. Sin embargo, la dureza burocrática de la SEP tenía ciertos topes, como cuando el ex presidente mexicano Adolfo López Mateos enfermó gravemente de un aneurisma, y no había en todo México (contraviniendo la filosofía de José Vasconcelos de que México culturalmente e intelectualmente podía considerarse autosuficiente) un solo médico con los conocimientos y la experiencia requeridos para poder efectuar tan delicada operación quirúrgica en un personaje tan importante. Y fue así como el doctor neurocirujano James Leonard Poppen de la Lahey Clinic en Boston se trasladó a México para operar a López Mateos en el Sanatorio Santa Fe de la Ciudad de México el 26 de noviembre de 1965. Por carecer del pleno reconocimiento de validez oficial de sus estudios en México, el Doctor Poppen no estaba autorizado legalmente para poder efectuar ninguna intervención quirúrgica en México, ni siquiera para suturar una herida en la piel en el dedo gordo del pie. Oficialmente el Doctor Poppen era un Don Nadie en México, no contaba con un registro de un título profesional otorgado por una universidad reconocida oficialmente en México. ¿Entonces cómo fue que no hubo ni siquiera un solo funcionario de la SEP que denunció el hecho ante la Procuraduría General de la República? Porque, tratándose de un ex presidente de México, hacer tal cosa le habría costado el ser corrido de la SEP que lo habría puesto de inmediato de patitas en la calle. Por otro lado, atreverse a ir en contra de alguien como el Doctor Poppen acusándolo de ser un Don Nadie en México sin credenciales oficiales expedidas por la SEP autorizándolo a ejercer su profesión como médico hubiera convertido a México entero en el hazmerreir mundial. Esto demuestra que eso de la revalidación de estudios y autorización para ejercer en México alguna profesión se aplica con dureza draconiana solo a aquellos que no cuentan ni con los recursos económicos ni con familiar alguno conectado con gente poderosa en México, pero nada de esas trabas se aplican para “los de arriba”.

Todas las escuelas fuera de México, por ser escuelas ubicadas en el extranjero, carecen de validez oficial en México. Y esto impide que un joven que quiera continuar con sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México lo pueda hacer si concluyó con su escuela preparatoria en una High School de Nueva York por buena que sea. Y si ese joven hizo todos sus estudios desde la escuela primaria hasta la universidad en los Estados Unidos, pues entonces tiene que comenzar en México desde cero yéndose al primer grado de una escuela primaria en México que a su vez esté reconocida por la SEP y en la cual sus estudios cuenten con pleno reconocimiento de validez oficial.

El sistema de revalidaciones impuesto en México siempre fue injusto porque, contrariamente a lo que muchos puedan creer, hubo muchos casos de mexicanos que tuvieron que estudiar fuera no por voluntad propia sino porque no había otra alternativa disponible. Algo así se dió en Ciudad Juárez, la ciudad en donde vivo, en donde todavía hasta los años sesenta no existía ninguna universidad. La disyuntiva era trasladarse a vivir a la ciudad de Chihuahua para inscribirse en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde a los jóvenes procedentes de Ciudad Juárez se les trataba mal y se les hacía la vida imposible quizá por la envidia que en aquél entonces sentían los de la ciudad de Chihuahua hacia los procedentes de Ciudad Juárez por la mayor calidad de vida dada la cercanía con los Estados Unidos. Otra disyuntiva era desarraigarse yéndose a vivir a la Ciudad de México para tratar de inscribirse en la UNAM, algo no garantizado dado el examen de admisión para un número muy limitado de lugares disponibles. Cientos y cientos terminaron inscribiéndose en la University of Texas at El Paso trasladándose diariamente de Ciudad Juárez a El Paso para hacer sus estudios y terminar allí alguna carrera, solo para descubrir al terminar su licenciatura en UTEP que sus estudios no les eran reconocidos en México.

Esta pesadilla, este circo de vergüenza y desvergüenza burocrática en México que inició con José Vasconcelos parece que ya llegó a su límite, en virtud de la deportación masiva que se espera de cientos de miles de jóvenes mexicanos indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos y han estado haciendo sus estudios en Estados Unidos. Al terminar el mes de febrero de 2017, el día de ayer en el Senado aprobaron revalidar sus estudios a los ‘dreamers’. En efecto, por amplia mayoría, el Senado aprobó la reforma preferente del presidente Enrique Peña Nieto por la que se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con miras a atender a los mexicanos residente en Estados Unidos, que serán deportados y de manera particular a los ‘dreamers’. Con ello, el Senado cumplió con el plazo constitucional y antes de un mes dictaminó las reformas a la Ley General de Educación y la remitió a la Cámara de Diputados, que tiene el mismo plazo de 30 días para votar esa iniciativa. La reforma se aprobó con 107 votos a favor y uno en contra, luego de un amplio debate en el que  legisladores del PRD y PT consideraron que falta una iniciativa en materia educativa y migratoria, que permita defender los derechos de los miles de connacionales que serán expulsados de Estados Unidos y de quienes  son víctimas de la acciones de odio y xenofobia,  impulsadas por Donald Trump. “Ojalá sea el primer paso para atender a los jóvenes que son excluidos del sistema educativo”, recalcó Mario Delgado, integrante de la bancada perredista. El senador del PRI, Daniel Amador Gaxiola comparó la estrategia de Trump con la impulsada “por la Gestapo nazi” en el siglo pasado. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, el único que votó en contra, expuso que el Estado mexicano pierde facultades, ya que “pretender que los particulares se encarguen materialmente  de la revalidación  implica ir más allá del Artículo 3  Constitucional en detrimento de las funciones públicas. El presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos Romero Hicks, expuso los beneficios de la reforma. “Se garantiza a toda persona que habita en el país a que tenga las mismas posibilidades de tránsito y movilidad, esta es la gran apertura”. Asimismo, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para establecer mejores formas de control escolar, para diferentes momentos, inscripción, promoción, regularización, acreditación, certificación. “Probablemente la contribución más sustantiva es que la SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países”.

La SEP  podrá autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial o retirarlos si hay un mal uso, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con facultad expresa para otorgar revalidaciones parciales. Romero Hicks agregó que se  faculta a la autoridad educativa a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter socioeconómico, de identidad cultural, de origen étnico nacional, situación migratoria, entre otras. Se  obliga a la autoridad federal y local a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos. “Esto es un gran logro, no se le pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción, toda esta tramitología que tenía tiempos de respuesta sumamente lentos”. Se establece además que la autoridad educativa pueda otorgar reconocimientos de revalidación y equivalencias y para eso van a simplificar al máximo para hacer los trámites de manera sencilla y rápida, con celeridad, imparcialidad, flexibilidad, asequibilidad. La reforma prevé que el marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año a partir de la vigencia. Una vez promulgada la ley, la  SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del acuerdo secretarial 286. “Se abre el camino, cuarto transitorio, para que la autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a todos los grupos vulnerables,  por carácter socioeconómico, identidad cultural, origen étnico, situación migratoria”. Agregó que, sin duda, la SEP  “tendrá que modificar el modelo educativo para atender a la población migrante, porque su dominio del castellano, su conocimiento de la historia, la geografía y la cultura es asimétrico con comparación con el resto de los educandos”.

El prietito en el arroz es que para el reacomodo de los ‘dreamers’ en las escuelas públicas en México después de que sean deportados por Donald Trump de los Estados Unidos se usarán los servicios de la misma SEP que hizo la vida tan imposible en el pasado a muchos jóvenes mexicanos con el circo de la “plena revalidación oficial de estudios”. Pero el problema que tendrán los funcionarios de la SEP, sobre todo los más corruptos, en tratar de hacer una buena cantidad de dinero por la vía de los sobornos en toda la nueva tramitología, es que los que van a regresar a México no serán una docena o un centenar, sino posiblemente decenas de miles, y esos no se van a quedar callados ni se van a permanecer cruzados de brazos.