No tenía mucho tiempo de haberse convertido en el cártel más poderoso de México. Pero el primero de mayo de 2015 el Cártel Jalisco Nueva Generación (NG) cometió dos errores garrafales con los cuales selló su propio destino y posiblemente escribió su propio epitafio.
Antes de comentar sobre los dos errores cometidos por el Cártel Jalisco NG, daremos un respaso a los antecedentes del caso.
El 1 de mayo de 2015 el Cártel Jalisco NG paralizó la tercera plaza más importante del país, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con narcobloqueos en 39 puntos de la zona metropolitana y una veintena de municipios aledaños, enfrentamientos, incendios a gasolineras y bancos, entre otros establecimientos, y con el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un saldo de por lo menos siete muertos, 19 heridos y 17 detenidos. La inusitada movilización de los grupos armados del Cártel que comenzó a las nueve de la mañana, se extendió incluso a los estados vecinos de Colima, Michoacán y Guanajuato, donde los sicarios también efectuaron narcobloqueos y provocaron incendios intermitentes. Ante la magnitud de los acontecimientos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a su gabinete de Seguridad reunirse de manera urgente. A su vez, el consulado de Estados Unidos en Guadalajara recomendó a sus ciudadanos permanecer en sus casas hasta nueva orden. Por la noche, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dio una rueda de prensa donde destacó la puesta en marcha de la Operación Jalisco, en la que participan elementos de Sedena, Semar, Cisen y Policía Federal (PF), desplegándose bases de Operación Mixtas, Bases de Operaciones de Erradicación y Puestos de Vigilancia a cargo del general Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la V Región Militar. Rubido García resaltó que el operativo tenía como finalidad el reforzar la presencia federal para terminar con el crimen en la entidad. Y por ello, aseguró, el viernes 1 de mayo cerca de las siete de la mañana, fuerzas federales que realizaban un reconocimiento aéreo ubicaron un convoy de vehículos que presuntamente trasladaba a un grupo delincuencial. Los sicarios al servicio del Cártel, al verse ubicados, abrieron fuego contra la aeronave en la que viajaban 11 militares, dos policías federales y cinco miembros de la tripulación, usando para ello un proyectil tierra-aire de calidad militar como los que se han usado (y se usan) en los conflictos bélicos de Iraq, Afganistán y Ucrania. Ni siquiera en los años sesenta de la “guerra sucia” (y de hecho jamás en la historia de México) ningún grupo guerrillero o grupo criminal había tenido en sus manos armamento de grado militar con la capacidad requerida para poder derribar aeronaves militares. De acuerdo con un comunicado castrense, el helicóptero –un Cougar matrícula 1009–, realizaba un operativo de reconocimiento aéreo en la ruta Casimiro Castillo-Purificación, en Jalisco, cuando recibió el ataque con armas de fuego, proveniente de personas que se percataron del patrullaje. “A bordo de la aeronave se trasladaban 18 elementos, cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos agentes de la Policía Federal, reportándose el fallecimiento de tres elementos castrenses, así como 10 militares y dos policías lesionados”, indicó el comunicado. Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Guadalajara, mientras tanto, elementos de la Policía Federal resguardan la zona del incidente. El número de muertos a causa del derribo del helicóptero seguiría ascendiendo al pasar las horas y los días.
Pero no solo se derribó un helicóptero militar en lo que constituye un ataque armado directo en contra del Ejército mexicano (y por ende también en contra de la Marina Armada de México). También se llevaron a cabo varios ataques directos en contra de la población civil de Jalisco que anteriormente había permanecido indiferente a los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco NG y las autoridades. Ese 1 de mayo se efectuaron 39 narcobloqueos, y de igual forma los sicarios armados atacaron instalaciones comerciales y bancarias, así como estaciones de servicio de combustible. También se registraron enfrentamientos con un saldo de tres fallecidos y varios más lesionados. Asimismo, en Colima se reportaron siete vehículos incendiados; en Guanajuato cuatro unidades quemadas y una unidad bancaria dañada; mientras que en Michoacán fueron cuatro las unidades incineradas. La gravedad de los hechos fue tal que en Jalisco el gobernador Aristóteles Sandoval se vió obligado a activar el Código Rojo, con lo cual muchos jaliscienses permanecieron aterrados atrincherados en sus casas absteniéndose incluso de ir a trabajar a lugares cercanos. El pánico se apoderó por vez primera de la población civil como no había ocurrido en ese estado desde los tiempos de la Guerra Cristera. El ciudadano ordinario presintió que esto no era ya solo un problema del gobierno, sino algo que afectaba a todos aunque el asunto de los cárteles no fuera cosa que antes incumbiera a los ciudadanos. En efecto, toda la ciudadanía de Jalisco, afectada por el Código Rojo, sintió por vez primera lo que es estar en la mira del fusil del crimen organizado. La siguiente fotografía nos da una idea de la ferocidad de los ataques emprendidos en contra de las empresas particulares y la población en general:
Cerca del mediodía y en medio del descontrol, el gobernador Aristóteles Sandoval después de haber activado el Código Rojo ofreció un primer reporte de daños en donde informó que 11 instituciones bancarias bancos y cinco gasolineras habían sido incendiadas en una veintena de municipios. Sobre el origen de la violenta reacción criminal, el funcionario dijo que se trataba de una respuesta contra las acciones desplegadas por las autoridades federales contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y fuentes policiacas confirmaron que, en efecto, el origen de los hechos había sido un operativo para capturar al líder del Cártel Jalisco NG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en el municipio de Tonaya, y de acuerdo con informes de diversas corporaciones policiacas y de la XV Zona Militar, elementos de la Policía Federal se enfrentaron a tiros con sicarios de El Mencho para evitar su detención.
Como si fuese una guerra emprendida no solo en contra de la población civil de Jalisco por el Cártel Jalisco NG sino en contra de la población civil de todo México, el despliegue de los grupos criminales se extendió a los estados vecinos de Michoacán, Guanajuato y Colima. En Michoacán los mercenarios al servicio del Cártel quemaron cuatro automóviles a la altura de la caseta de peaje de Vista Hermosa. Fotografías difundidas por usuarios de las redes sociales mostraron los autos incendiados en la autopista de Occidente, y por tal razón las autoridades estatales reforzaron los principales accesos a la entidad con efectivos municipales, estatales y federales. En León, al menos cinco vehículos, entre ellos un camión del servicio de limpia municipal, fueron incendiados. El vocero del gobierno municipal, Manuel Mora, reportó en su cuenta de Twitter que los primeros tres vehículos siniestrados se efectuaron en forma simultánea, sin que se registraran víctimas, aunque testigos señalaron que al menos una persona sufrió quemaduras. Los vehículos fueron localizados en las vías León-Lagos, León-San Francisco del Rincón y el bulevar Mariano Escobedo y en la calle Costa Rica. De acuerdo con la información del gobierno municipal leonés, dos hombres se subieron a un camión urbano de la ruta 6, a la altura de Cortijos la Gloria, en la carretera a San Francisco del Rincón, bajaron a los pasajeros e incendiaron parte de la unidad. Esto ocurrió poco después de las 11:30 de la mañana. Casi de manera simultánea, un taxi que circulaba por la calle Costa Rica fue abordado por tres hombres. A la altura de un puente peatonal en pleno centro, los sujetos se bajaron y prendieron fuego a la unidad de alquiler, para huir, abandonando el galón donde llevaban el combustible. Mientras tanto, otros tres hombres se acercaron a un camión de basura Kenwoorth de la ruta 12 del Sistema integral para la recolección de basura, le rociaron combustible y cuando comenzó a arder, escaparon en una camioneta blanca. Eran 11:42 de la mañana. El vocero municipal también notificó de una camioneta Nissan con reporte de robo que fue quemada en el camino a la comunidad El Pedregoso, en la salida a Cuerámaro. “La policía de León implementó un operativo por toda la ciudad en búsqueda de personas que transporten combustible. Hay cuatro detenidos”, dio a conocer en un siguiente mensaje. Mencionó que continuaban efectuándose operativos en conjunto con corporaciones federales y estatales, aunque hasta el momento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca, no había dado información sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Sin embargo, y en lo que fue calificado por varias fuentes como parte de una campaña de desinformación, el lunes 4 de mayo dos mantas firmadas por el Cártel Jalisco NG fueron colgadas en puentes de la zona centro de la ciudad, dirigidos al gobernador Miguel Márquez Márquez, en las que advirtieron que limpiarían el estado “de lacras”. En esas mantas se señaló al director de la Policía de León, Francisco Aguilera, de proteger a un grupo delictivo encabezado por un hombre llamado Fernando Galván, con la participación de un comandante de la misma corporación, al que identificaron como “José Vela”, una supuesta banda que de acuerdo a las mantas dirigidas a Márquez, estaba integrada por lacras, “secuestradores, extorsionadores, rateros, mata niños y gente inocente”, advirtiendo en las mantas: “Vamos a limpiar de lacras Guanajuato”. Las versiones plasmadas en las mantas resultaron casi imposibles de creer cuando en forma coordinada y simultánea el Cártel de Jalisco NG estaba llevando a cabo un sinnúmero de ataques dirigidos en contra de la misma población civil a la cual el Cártel había dicho que iba a “proteger”.
Los ataques directos cometidos en contra de la población civil, además de los ataques llevados a cabo en contra del Ejército mexicano que culminaron con el derribamiento de un helicóptero militar, recordaron a muchos de los tiempos en los que el líder del Cártel de Medellín instituyó lo que vendría siendo conocido como narcoterrorismo.
El primer error cometido el 1 de mayo por el Cártel Jalisco Nueva Generación consistió en atacar directamente un helicóptero del Ejército mexicano y derribarlo. Se trata de la primera vez que sucede un hecho así en territorio mexicano. El ataque llevado a cabo con el proyectil tierra-aire en contra del helicóptero fue el equivalente de una declaración de guerra en contra del estado mexicano y el Ejército mexicano. Y en una guerra, a diferencia de un mero enfrentamiento con la policía, una guerra en la que una de las partes en conflicto es el mismo Ejército, se dá por hecho que todos los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación serán tratados como combatientes en conflicto, y en una lucha armada en contra del Ejército la prioridad de las fuerzas armadas no es tomar prisioneros, porque los soldados no son policías. Tras la destrucción del helicóptero militar y la pérdida de varias vidas con el derribo de la aeronave, varios grupos de extrema izquierda aprovecharon la coyuntura para mofarse del Ejército mexicano poniendo en Internet cosas tales como “en el 68 (Matanza de Tlatelolco) el Ejército demostró ser muy buenos para enfrentarse y matar a tiros a estudiantes universitarios que no tenían ni siquiera una resortera para defenderse, a ver qué tan buenos resultan los soldados para enfrentarse a un grupo numeroso que está tan bien armado como ellos”. Estas burlas y mofas seguramente habrán impactado en la dignidad y la moral de quienes sirven en el Ejército mexicano desde el soldado raso hasta los generales de más alto rango, y la lucha en contra de los cárteles, o mejor dicho en contra de un cártel en específico, dejó de convertirse en una misión militar como cualquier otra ordenada por el jefe del Ejecutivo para convertirse en una cuestión de honor, en una prueba suprema a la cual estaba siendo retado el Ejército mexicano y en la cual no quedaba otra opción más que responder y salir airoso.
El ataque efectuado en contra del helicóptero militar, haciendo escalar la lucha en varios órdenes de magnitud hasta convertir la guerra en contra del narco en una auténtica guerra en toda la extensión de la palabra (hablando en términos militares) fue esencialmente el mismo error que cometió el jefe máximo del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, al incurrir en actos de narcoterrorismo incluso en contra de la población civil que lo convirtieron en un objetivo prioritario del Ejército colombiano, y al final cuando estaba huyendo en calzoncillos corriendo de un techo a otro los elementos del Ejército lo acribillaron sin la menor intención de tomarlo prisionero. Simple y sencillamente lo mataron porque no había la menor intención de capturarlo vivo. Aunque se hubiera rendido, lo más probable es que habría sido ejecutado sumariamente sin ninguna piedad. Era un hombre marcado, y la orden de matarlo ya estaba dada. Matar a Pablo Escobar Gaviria no era una simple cuestión de combate al tráfico de drogas, era un asunto de honor militar, y los militares respondieron como si Pablo Escobar Gaviria fuera el mismo jefe de las FARC.
El segundo error cometido por el Cártel Jalisco Nueva Generación consistió en atacar directamente a la población civil en su guerra declarada en contra del Ejército mexicano.
En otros tiempos, cuando la única prioridad de los cárteles era la exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos, a la gran mayoría de la población civil le importaban muy poco (o mejor dicho, casi nada) los operativos de la policía para detener a todos los involucrados en el negocio. No había ningún interés por denunciar ninguna actividad sospechosa en algún vecindario, y antes bien había el temor (o inclusive terror) de que hacer tal cosa podía traer alguna represalia en contra del denunciante. La regla de oro era: “mientras ellos no se metan conmigo, no tengo por qué andarme metiendo en asuntos que a mí en lo personal no me importan”. Así, la lucha era en cierto modo pareja, para ser resuelta entre narcotraficantes y policías, sin terceras partes involucradas.
Pero en tiempos más recientes, narcotraficantes de nuevo cuño sin la sabiduría de sus predecesores incurrieron en el craso error de no solo lastimar y corromper y hasta atacar directamente a las corporaciones policiacas y al sistema de justicia, sino de irse en contra de la población civil en general, haciendo a todos los ciudadanos víctimas de lo que los jefes de los nuevos cárteles suponían era una muestra de su poderío que creían infinito. Empezaron a extorsionar directamente a la población en general cobrando el llamado “derecho de piso”, imponiendo cuotas arbitrarias sin tomar en cuenta siquiera la capacidad de los establecimientos comerciales así como los despachos y consultorios pequeños para poder pagar lo que se les estaba exigiendo a fin de dejarlos trabajar en paz. A quienes no podían pagar las cuotas de extorsión los mataban o les quemaban sus negocios, y a los que mejor les fué simplemente se vieron obligados a cerrar sus negocios y emigrar a otras partes, perdiendo con ello el patrimonio de sus vidas. Al ocurrir ésto, hubo un cambio de mentalidad en la ciudadanía. La vieja regla de oro, ya obsoleta, fue abandonada para enfrentar una nueva realidad, y la nueva tónica de la ciudadanía fue: “ahora sí se están metiendo conmigo, ahora sí me están afectando a mí en lo personal, ahora sí me están afectando en mi patrimonio y me están lastimando a mí y a mi familia, y por lo tanto tengo que involucrarme en asuntos que ahora sí a mí en lo personal sí me importan”. Con ésto, los cárteles que hicieron víctima a la población civil ampliaron enormemente su lista de enemigos, y esto terminó siendo el principio del fin de varios cárteles.
Un cártel que podemos citar como ejemplo es el de la Familia Michoacana, el cual graduó a lo que sería conocido como los Caballeros Templarios. El cártel, recurriendo a amenazas e inclusive a ejecuciones directas, empezó a apoderarse de terrenos y propiedades de la población civil, empezaron a vivir como príncipes con las cada vez más exageradas cuotas de extorsión que les cobraban a los michoacanos. Esto alcanzó su clímax con las matanzas sistemáticas de limoneros de Michoacán que no tenían ninguna actividad relacionada con el narcotráfico y que sólo querían trabajar en paz. A causa de esto, los mismos michoacanos, al margen de las autoridades que parecían impotentes para hacer nada, decidieron tomar las cosas en sus propias manos, organizándose en lo que se vino conociendo como las autodefensas, y haciendo a un lado a los tres niveles de gobierno en un reconocimiento popular de la inutilidad de las instituciones. En esta ocasión, ya no era un asunto entre la Familia Michoacana (Caballeros Templarios) y las instituciones gubernamentales. Se convirtió en un asunto entre la Familia Michoacana y los propios michoacanos que ya estaban hartos de vivir bajo el yugo de sus extorsionadores, sobre todo después de los asesinatos de unos limoneros de Michoacán que no pudieron pagar las cuotas de extorsión. El gobierno en sus tres niveles, viendo que se le estaba haciendo a un lado en la instalación en Michoacán de un autogobierno controlado por la propia ciudadanía, apelando a la misma Carta Magna que afirma que el poder reside en el pueblo mismo, hizo lo que nunca antes había hecho: por primera vez tomó en serio la lucha contra la Familia Michoacana. De este modo, se empezó un combate en desigualdad de condiciones en donde la Familia Michoacana no solo estaba enfrentada contra el gobierno establecido, también tenía encima a la población civil de Michoacán; lo cual resultó francamente desventajoso y lo cual se tradujo en una serie continuada de descalabros para el cártel que culminaron con la detención y encarcelamiento de Servando Gómez Martínez “la Tuta” en febrero de 2015. Ahora desde su celda posiblemente la Tuta reflexiona que su caída quedó sellada a partir del mismo momento en que decidió ahorcar y estrangular a la población civil de Michoacán que antes no se había metido con él porque él no se había metido con ella. Con su red desmantelada, aún si después de varios años la Tuta logra salir de prisión corrompiendo a los jueces con algún soborno, ya sin su red para protegerlo se antoja difícil o más bien imposible que la Tuta pueda regresar a Michoacán, aún arrepentido y regenerado, sin exponerse a ser linchado por los mismos habitantes a los que antes extorsionaba. Y quedan pocas dudas que hay muchos ciudadanos michoacanos ansiosos por vengarse personalmente de la Tuta si pudieran poner sus manos en él, sin la menor intención de perdonarlo. Con su organización desmantelada, la Tuta está de hecho más protegida dentro de la cárcel que fuera de ella.
Otro cártel que podemos citar como ejemplo es el otrora poderoso Cártel de Juárez, en su momento el cártel de drogas más poderoso del mundo, fundado por Amado Carrillo Fuentes mejor conocido como el “señor de los cielos”. Cuando Amado Carrillo Fuentes vivía, el éxito de su organización se basaba más bien en el soborno de las autoridades, que al fin y al cabo el negocio daba para eso y mucho más, sobre todo en la última década del siglo XX. Pero en 2001 tuvo lugar el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y las revisiones aduaneras en los puentes internacionales entre Estados Unidos y México se reforzaron de modo extraordinario con la finalidad de impedir la posible entrada de armas de destrucción masiva al territorio norteamericano a través de México transportadas por organizaciones terroristas árabes afiliadas a Al-Qaeda y leales al terrorista número uno del mundo Osama bin Laden. Este reforzamiento de las revisiones aduaneras por el lado norteamericano dificultó el traslado de drogas de México hacia Estados Unidos, lo cual hizo caer las enormes ganancias que el Cártel de Juárez estaba acostumbrado a obtener, ganancias usadas en parte para sostener la red de corrupción e indiferencia oficial que posibilitó la consolidación del Cártel de Juárez. Cuando ésto ocurrió, Amado Carrillo Fuentes tenía unos cuatro años de haber muerto, y para seguirse sosteniendo igual que antes el Cártel de Juárez ya en manos de su hermano Vicente Carrillo Fuentes hizo algo que el mismo Amado Carrillo Fuentes jamás habría autorizado: se le empezó a cobrar “derecho de piso” a la población en general, se les empezó a cobrar extorsión a todos los comerciantes, así fuese pequeños comerciantes, en todas las colonias populares, extorsionando a prácticamente cualquier negocio ya fuese tiendas de abarrotes en los vecindarios, mercerías, dulcerías, farmacias, en fin, a todos, hasta las pequeñas veterinarias y consultorios médicos particulares. Muchos negocios, sin capacidad económica para poder pagar las extorsiones, se vieron obligados a cerrar sus puertas, y la otrora pujante Ciudad Juárez que tenía casi millón y medio de habitantes empezó a perder parte de su población al empezar a emigrar muchas familias hacia otros estados en el interior de la República o bien hacia los Estados Unidos, con lo cual la población fue descendiendo hasta ubicarse en cerca del millón de habitantes, con muchas fincas abandonadas que todavía al día de hoy siguen abandonadas, muchas de ellas en ruinas.
La dura garra ejercida por el Cártel de Juárez, posteriormente conocido como “La Línea” en la era post-Amado Carrillo Fuentes, sobre toda en contra de la población de Ciudad Juárez, logró el efecto casi mágico de unificar a toda la ciudadanía en contra del Cártel de Juárez. De pronto, surgieron espontáneamente miles de denuncias ciudadanas anónimas reportando cualquier actividad sospechosa, y con el equivalente de decenas de miles de espías observando y vigilando toda la ciudad para delatar cosas fuera de lo normal se volvió casi imposible para el Cártel de Juárez poder operar con la libertad de antes. Hasta el mismo hermano de Amado Carrillo Fuentes, el Viceroy, se vió obligado a salirse fuera de la plaza y ni siquiera eso le sirvió para escapar detección. Terminó pagando muy caro, a un precio mucho más alto de lo que hubiera creído, el haberse echado a toda la población en su contra a causa de sus cuotas por derecho de piso, ampliando la lista de adversarios en contra suya a millones de ciudadanos a los cuales en otros tiempos les importaba poco o nada de lo que hiciera el Viceroy. Las extorsiones y los cobros por derecho de piso así como los asesinatos por falta de pagos cometidos en contra de la ciudadanía fueron tomadas personalmente por el 99.99% de los ciudadanos que no anteriormente no tenían nada que ver con las actividades del Cártel de Juárez, y de este modo se tejió una vasta red ciudadana de delatores con decenas de miles de ojos apoyando con miles de denuncias anónimas cualquier actividad sospechosa atribuíble a sus verdugos. Respondiendo a las demandas de la ciudadanía, el gobierno estatal respondió con la medida inusual de imponer la prisión vitalicia a los extorsionadores, y conforme empezaron a ser sentenciados los primeros extorsionadores con la prisión perpetua el atractivo de obtener ingresos de este modo se vino por los suelos. Si antes la actitud de muchos profesionistas y comerciantes extorsionados era “es mejor que pague para poder seguir trabajando con vida”, tras el asesinato indisicriminado de muchos tenderos de tienditas de abarrotes y farmacias que no podían pagar las extorsiones crecientes tuvo lugar un cambio de mentalidad en el que la nueva mentalidad era: “bueno, si de todos modos me van a matar o me van a quemar mi negocio pese a lo mucho que les he estado pagando por derecho de piso, pues de una vez me doy por muerto pero los voy a denunciar y me voy a cargar a varios de ellos y me los voy a llevar por delante, de este modo mi muerte o la destrucción de mi negocio no habrán sido en vano”. De este modo, lo que antes era cobardía se convirtió en una aceptación resignada de lo inevitable que trajo a su vez como consecuencia un repunte de denuncias en contra de los extorsionadores para las cuales ya había penas de prisión perpetua esperando a los extorsionadores. Y lo que era un negocio más del cártel se convirtió en una de las operaciones más peligrosas, al menos para sus cobracuotas y sus sicarios.
Como una primera reacción y respuesta significativa del estado mexicano en contra del Cártel Jalisco NG, una semana después del derribamiento del helicóptero militar se nombró al General Miguel Gustavo González Cruz para coordinar el Operativo Jalisco que, ahora sí y de manera oficial, tiene como objetivo el exterminio total del Cártel Jalisco NG. Se trata de una declaración de guerra aunque no es anunciada oficialmente como tal. El General González Cruz tiene la misión encomendada de aplicar mano dura considerando al Cártel Jalisco NG no como un simple cártel del crimen organizado sino como una organización guerrillera con la cual se encuentra en estado de guerra. Al General González Cruz le corresponde la tarea de rescatar y poner en alto el honor militar y propinar una dura lección al enemigo dándole entender que cosas tales como el derribamiento de un helicóptero militar no serán “perdonadas” y que aquellos que se atrevan a llegar a tales extremos tendrán que pagar las consecuencias de sus actos hasta las últimas consecuencias.
La dura contraofensiva del Estado mexicano en contra del Cártel Jalisco NG dió inicio tres semanas después del ataque que culminó con el derribamiento del helicóptero militar, y el viernes 22 de mayo en el rancho El Sol ubicado en el municipio de Tanhuato en Michoacán, casi cuatro docenas de “guerrilleros” a las órdenes del Cártel Jalisco NG fueron acorralados y cercados sin posibilidad alguna de poder escabullirse, con todas las rutas posibles de escape cerradas herméticamente. Fue una verdadera carnicería con la que el Cártel Jalisco NG empezó a pagar muy caro el haber derribado un helicóptero militar con un misil tierra-aire.
En esta ocasión, los integrantes del Cártel Jalisco NG no fueron tratados como delincuentes comunes y corrientes, fueron tratados como combatientes en estado de guerra en contra del Estado mexicano, sin la menor intención de parte de las fuerzas federales de tomar prisioneros leyéndole a cada uno su cartilla de derechos humanos al momento del arresto. Los militares, seguramente pensando en sus compañeros caídos en el helicóptero que fue derribado con el proyectil tierra-aire, descargaron toda su artillería sobre el enemigo que estaba cercado sin posibilidad de escapatoria. En cuestión de unas tres horas, el saldo fue de 42 cadáveres del lado contrario, y un solo muerto de parte de las fuerzas federales. Se trató de una operación militar de naturaleza quirúrgica, de alta precisión. Del Cártel Jalisco NG hubo únicamente tres detenidos, los cuales prefirieron entregarse vivos antes que sumarse a los 42 cadáveres de sus compañeros caídos con un pasaporte directo al inframundo. Aunque en las redes sociales se habló de una emboscada militar con la plena intención de llevar a cabo una ejecución sumaria matando la mayor cantidad posible de integrantes del Cártel, desde la óptica militar se trató de una operación válida en tiempos de guerra. Los soldados no son policías, son militares, y cuando reciben la orden de atacar están entrenados para cumplir la orden cabalmente.
Para poder acorralar y atrapar a los miembros del Cártel cortándoles de tajo todas las rutas de escape, se requirió previamente de una denuncia interpuesta por civiles, que en este caso fueron los dueños del rancho. En otras circunstancias la denuncia no habría sido interpuesta por los dueños del rancho, temerosos por sus vidas en caso de represalias. Pero ocurrió lo mismo que ha ocurrido en otras partes; los dueños del rancho se sintieron tan amenazados por el Cártel que se apoderó de su rancho que optaron por darse por muertos de antemano pero llevándose a varios de ellos por delante dando un golpe devastador a los invasores denunciándolos ante las autoridades. No hay peor cosa para cualquier Cártel que una ciudadanía amenazada que sintiendo que no tiene ya nada que perder -ni siquiera la propia vida- empiece a vigilar y a denunciar cualquier movimiento sospechoso ante unas autoridades que están ya más que interesadas en eliminar a todos los miembros del Cártel como si se tratase de una fuerza extranjera de invasión. En pocas palabras, el Cártel Jalisco NG no tiene únicamente en contra al Ejército mexicano, tiene también en contra a la ciudadanía, una ciudadanía que consta de cientos de miles de ojos ante los cuales es imposible ocultar por tiempo indefinido cualquier movimiento llevado a cabo por los miembros del Cártel. Los dos errores cometidos por el Cártel no fueron errores menores, fuerron errores mayúsculos; se trata de errores mortales, poniendo en contra suya tanto al Ejército mexicano y a la Marina Armada de México con todo su poderío militar combinado para aniquilar al Cártel Jalisco NG, como a toda la ciudadanía que contribuirá de modo gratuito y espontáneo a la destrucción total y absoluta del Cártel.
Lo sucedido en el rancho El Sol en el municipio de Tanhuato es el primer mensaje de advertencia enviado directamente a los cabecillas del Cártel Jalisco NG de que la cacería ha comenzado, una cacería implacable en la que de nada les servirá a los líderes del Cártel el tratar de sobornar y corromper a los altos mandos militares, porque en esta ocasión ya no se trata simplemente de una cuestión de dinero, se trata de un ajuste directo de cuentas entre el Estado mexicano y el Cártel Jalisco NG, un ajuste de cuentas al cual se sumará la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía de Jalisco. El cerco se irá cerrando paulatinamente, hasta que la horca haya alcanzado a todos. Como objetivo militar, y esta vez con la ayuda de la población civil, en primerísimo lugar en la lista de captura o eliminación se encuentra el líder supremo del Cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, originario de Aguililla Michoacán, enclavada en la Sierra Madre Sur Occidental. Pero los militares no se van a detener allí, la guerra será total como lo es toda guerra.
Una prueba fehaciente de que el Cártel Jalisco NG ya tiene a al ciudadanía puesta en contra suya además de tener al Ejército afilando las bayonetas en contra de sus miembros fue la megamarcha por la paz que se llevó a cabo en la Ciudad de México el domingo 31 de mayo, una semana después de que fueron aniquilados en el rancho El Sol los 42 integrantes del Cártel Jalisco NG. La marcha no fue organizada por ninguna agencia gubernamental, fue una marcha estrictamente ciudadana en la que se honró a los militares y oficiales caídos dándosele entrada a los participantes de la megamarcha dentro del Campo Militar Deportivo Marte para permitirles depositar una ofrenda floral en memoria en memoria de los militares caídos. En la megamarcha llevada a cabo en el Paseo de la Reforma nadie derramó una sola lágrima por ninguno de los 42 miembros del cártel abatidos. Todo el apoyo popular y todas las simpatías fueron para las instituciones que hoy tienen la encomienda de cazar y aniquilar a los miembros del Cártel Jalisco NG, nadie sacó un pañuelo para lamentar a los 42 muertos del cártel para los cuales no se depositó ninguna ofrenda floral ni hubo algunas palabras de alabanza o despedida. Este fue un mensaje clarísimo para el Cártel Jalisco NG de parte de la ciudadanía, y tal y como le ocurrió a la Tuta como al Cártel de Juárez, cientos de miles de ojos antes indiferentes estarán prestos para reportar mediante la denuncia anónima cualquier movimiento sospechoso que pueda ser atribuíble al cártel sin que sea necesario ofertar generosas recompensas económicas, ya que para todos los ciudadanos que se sienten amenazados por el cártel el quitarse de encima al cártel será la mejor recompensa. Será como tener la colaboración de cientos de miles de espías gratuitos en las calles (y hasta viendo y asomándose desde las ventanas de sus casas) en contra del cártel. ¿Cómo espera el Cártel Jalisco NG quitarse de encima a la ciudadanía que ya puso en contra suya? No le queda más remedio que apechugar las consecuencias, y esperar el desenlace.
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