Sin embargo, en lo que respecta a los bloqueos que han estado efectuando la CNTE y la CETEG en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, el Presidente Enrique Peña Nieto ha fallado fatalmente en el cumplimiento de su juramento, porque ha permitido que estos grupos delincuenciales integrados por tipos que se creen maestros que educan pero que simple y sencillamente son unos zánganos acostumbrados a estar chupando todos los recursos del erario nacional que puedan chupar, destruyan impunemente las economías de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
Era solo cuestión de tiempo para que ante un Ejecutivo que se ha quedado con los brazos cruzados mientras México se hunde, varios grupos de la sociedad civil se empezaran a movilizar para exigirle por la vía legal al Ejecutivo cumplir con aquello que prometió que haría cumplir, con la idea en mente de que si no puede hacerlo porque no puede o porque no quiere hacerlo pues entonces que mejor se vaya a su casa y le deje el poder a otro que haga algo más que quedarse sentado con los brazos cruzados.
En un giro de proporciones históricas, el 2 de agosto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano, por no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros. El diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SG) y los líderes del magisterio disidente ‘‘no ha servido de nada’’, dijo Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien también habló en representación de los dirigentes hoteleros, restauranteros y de otras actividades relacionadas con estos sectores. Anunció que solicitaría al gobierno federal la exención en el pago de varios impuestos empresariales ante la ‘‘inacción’’ de los gobiernos para retirar los bloqueos y las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, entidades en donde pequeñas y medianas empresas han sido afectadas. Debido a las pérdidas económicas propuso detener ‘‘de inmediato las acciones violatorias de derechos humanos que realiza la CNTE’’, así como eximir ‘‘de manera inmediata’’ del pago de los impuestos a la nómina y sobre la renta, y los pagos de los derechos del Seguro Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, explicó que el sector privado ha solicitado a las autoridades que intervengan para restablecer la paz en ocho entidades del país afectadas por las movilizaciones del magisterio, pero con particular énfasis en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, pero ‘‘hasta el día de hoy no ha habido respuesta concreta’’. De Hoyos Walther dijo que ‘‘el secuestro de la actividad económica es inadmisible en un régimen que debe defender el estado de derecho’’, pero la autoridad ‘‘está faltando a su obligación básica de hacer cumplir la ley’’. Puntualizó que la Coparmex no busca la ‘‘represión de movimientos sociales cuando son legítimos y respetuosos del contexto social y económico’’ del país, sino que la demanda de amparo es para que el Estado actúe para restablecer la paz y se respeten las garantías constitucionales de libertad económica, de tránsito, de trabajo y de salud.
La demanda, radicada ante el Poder Judicial de la Federación y turnada al Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa, a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola, señala como responsables de las omisiones al propio presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a los gobernadores y autoridades municipales de los sitios afectados por las movilizaciones de la CNTE, por los daños que desde hace 11 semanas han ocasionado los bloqueos magisteriales en varios estados de la República. El recurso legal se interpuso en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y de los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública y contra la titular de la PGR por no garantizar el Estado de Derecho con su incapacidad de restablecer el orden ante los bloqueos de la CNTE. El recurso también se interpuso en contra de los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Además de la histórica demanda de amparo interpuesta por los representantes empresariales de la Coparmex y de la Concanaco Servytur, los industriales del país han amagado con frenar inversiones por 50 mil millones de pesos en la región afectada por los bloqueos y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En conferencia de prensa, Manuel Herrera, presidente de la Concamin, advirtió que también se dejarían de generar 40 mil empleos por las pérdidas sufridas por las empresas. “Lo que se frenarán son las inversiones industriales en esta zona lo cual representará una disminución en la inversión de más de 50 mil millones de pesos y se detendrá la creación de más de 40 mil empleos en los próximos meses”, subrayó. Añadió que según los cálculos de sus agremiados, la afectación económica asciende ya a más de 10 mil millones de pesos por las acciones del magisterio en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Pero también hay otros estados que están sufriendo dañoscolaterales. “Prácticamente esto está afectando a toda la economía en su conjunto, no solamente han sido en la región donde más se ha generado el conflicto, por ejemplo, tenemos registrado que ya estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos en pérdidas con los industriales del estado de Nuevo León, derivado de los bloqueos”, externó el líder empresarial. “Esto es porque cuando se bloqueó el ferrocarril o el puerto (de Lázaro Cárdenas) evidentemente tiene un impacto negativo en la cadena productiva a lo largo y ancho del país”. Herrera manifestó que los bloqueos obstaculizan la producción, transporte y venta con afectaciones que van desde el desabasto general de bienes de consumo, retrasos en los tiempos de entrega, pérdida de empleos, daños a las operaciones de comercio exterior, sobre costos y cierre de empresas.
Por su parte, hartos ya de tantos desmanes, transportistas y comerciantes de Oaxaca han anunciado que el próximo 8 de agosto iniciarán un paro indefinido para exigir al gobierno federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas. La empresaria y líder de esta protesta, María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado. Asimismo, se está buscando que la huelga se amplíe a otros comerciantes y empresarios del estado, agregó. Participarán “las cámaras, pequeño comercio, mediano, pero sobre todo asociaciones civiles, que han sido afectadas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hoteleros, restauranteros, por supuesto que están con nosotros”, aseveró. Jacinto Montes añadió que "se trata de responder como ciudadano en contra de todo esto (el movimiento del magisterio) que nos obliga a vivir de rodillas". Además, sostuvo que fueron falsas las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en las que afirmó cinco días antes de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que había una ocupación hotelera del 88 %: “Es mentira, es perverso, es brutal”, puntualizó. El transportista de turistas Jorge Cruz afirmó que ellos son un eslabón más que ha sido afectado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, por lo que llegaron al acuerdo de parar actividades. La exigencia, reiteró, es que el Gobierno Federal resuelva el conflicto con la CNTE porque el Gobierno estatal y municipal ha sido rebasado. Cruz informó que ya han sostenido reuniones con el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no han recibido ninguna respuesta satisfactoria. “Ahora le exigimos al presidente que cumpla con los mandatos constitucionales de libre tránsito y paz social a la que tenemos derecho todos los mexicanos”, dijo.
En la demanda de amparo interpuesta en contra del Ejecutivo y los gobiernos inútiles que han actuado con una irresponsabilidad que raya casi en lo criminal, los quejosos solo están pidiendo que el Ejecutivo cumpla con lo que es a fin de cuentas su obligación, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, lo cual incluye garantizar el libre tránsito que por su ausencia le está costando ya a varios estados de la República cifras multimillonarias llevando a la pérdida de decenas miles de empleos. Se recalca, que esta es una obligación del Ejecutivo, no se trata de un favor que el Ejecutivo se digne dar como concesión graciosa. Para ello se le dió al Presidente el poder de la fuerza pública, y en este caso como las afectaciones provocadas por los intereses particulares de unas minorías que no representan ni siquiera una diezmilésima de la población en México están lastimando al bienestar de las mayorías, el uso de la fuerza pública está más que justificado, que al fin y al caso el bloqueo de las vías de comunicación está tipificado como un delito, y quienes incurren en tal delito se han ganado las penas que marcan las leyes como castigo a los daños provocados a la sociedad.
La Concamin ha resaltado que la industria cementera pierde 800,000 pesos diarios al buscar rutas de transporte entre Jalisco y Guanajuato. Mientras que en el caso de las bebidas carbonatadas hay pérdidas de 140 mdp y 5,000 empleos. La industria automotriz por su parte tiene bajas por 450 mdp. Debido a los conflictos magisteriales la inversión extranjera se ha desmotivado por lo que pronostica una severa afectación a la economía nacional. Pero no conformes con los daños que le están ocasionando a México, los gángsters magisteriales han amenazado con no permitir el inicio del ciclo escolar 2016-2017 que comienza el próximo 23 de agosto, lo cual es otra violación a la Constitución que garantiza los derechos de los niños a recibir una educación, es de lo que trata la Reforma Educativa. Esto proporciona argumentos adicionales para proceder mediante el uso de la fuerza pública en contra de los delincuentes que han estado chantajeando a la Nación entera para reclamar privilegios y beneficios especiales que no merecen y que no están contemplados en ninguna legislación de otros países del orbe.
El error fatal del gobierno de Enrique Peña Nieto fue ceder ante las demandas llevadas a cabo por la CNTE a partir de las manifestaciones efectuadas el domingo 15 de mayo de 2016 y reforzadas con numerosos bloqueos de importantes vías de comunicación que llevan ya varios meses sin haber sido desalojadas, llegándose a extremos tan ridículos como el implementar puentes aéreos para llevar alimentos a Oaxaca que no podían ser llevados por carretera. Pese a que mostrando debilidad institucional extrema el gobierno de Peña Nieto ha mantenido mesas de diálogo con la CNTE que después de varios meses no han conducido a nada, la CNTE en vez de levantar sus bloqueos en muestra de reciprocidad a la implementación de las mesas de diálogo por el contrario persiste en los bloqueos.
No se requieren inútiles “mesas de diálogo” para tratar de llegar a un acuerdo con los líderes de la CNTE. Lo que piden los extorsionadores se puede resumir en unas cuantas cosas: dar marcha atrás a la Reforma Educativa, restablecer los privilegios sindicales magisteriales, que se tenían antes de la entrada en vigor de la Reforma Educativa, liberar y exonerar de todos los cargos en su contra a los pocos hampones de la CNTE que han sido arrestados y que enfrentan proceso, eliminar todos los exámenes de evaluación docente, y devolverle a la CNTE el control total del IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca). Estas demandas se pueden asentar en unos cuantos párrafos en una sola hoja de papel, y leerlas en voz alta no se lleva más de cinco minutos. ¿Para qué una mesa de diálogo si una de las partes ha dejado en claro que no va a haber diálogo alguno a la espera de que se le cumplan todos sus caprichos? Y el cumplirle todos sus caprichos a los hampones de la CNTE y la CETEG no garantiza desde luego que los hampones liberarán las carreteras, las cuales pueden muy bien seguir retenidas ilegalmente pese a que se les haya cumplido todas sus demandas. Solo hay dos rutas: o se les cumplen a los hampones todas sus demandas, o no se les cumplen, y para ello tampoco se necesita ninguna “mesa de diálogo”. El tiempo para ello ya pasó y la sociedad mexicana sigue presa de los actos delincuenciales de una minoría que por lo visto tiene más poder en sus manos que los mismos narcotraficantes. A estas alturas, solo hay dos opciones: o se aplica la ley, o no se aplica. Y quienes tienen la obligación de aplicar la ley son los mismos que en una ceremonia solemne dijeron “Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ..., y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.
¿Y si los acusados en la demanda de amparo interpuesta por el 2 de agosto la Confederación Patronal de la República Mexicana , o sea el propio Presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como los gobernadores y autoridades municipales de los sitios afectados por las movilizaciones de la CNTE, siguen sin cumplir con la obligación que les fue conferida, negándose a desbloquear las carreteras y a meter a la cárcel y fincarles penas a los delincuentes que han tomado a estados enteros como rehenes de sus chantajes?
Pues que renuncien. Así de simple. Es lo que están reclamando las sociedades afectadas. Y la Constitución apoya este reclamo. No están pidiendo menos de lo que la ley obliga a hacer a quienes han sido investidos para gobernar al país. Lo que están haciendo los representantes empresariales con la demanda de amparo interpuesta ante el Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola es exigir al Ejecutivo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y si el Ejecutivo no puede hacer tal cosa porque es un blandengue o es un inepto, pues que se vaya a su casa y que el Congreso convoque a nuevas elecciones para eligir a un Presidente que sí pueda y sí sea capaz de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
¿Y en donde está ahora el bufón de Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, notoriamente ausente en las “mesas de diálogo”, que afirmó a mediados de mayo del año en curso que la Secretaría de Educación Pública está más que lista para suplir a 26 mil maestros? Pronto será el inicio del nuevo ciclo escolar 2016-2017, y al terminar las vacaciones que los trogloditas pseudo-maestros de la CNTE y la CETEG han estado aprovechando para hacer sus desmanes habrá una muy buena oportunidad para suplir a todos estos zánganos, que al fin y al cabo si son removidos del magisterio el 99% de la sociedad mexicana no intervendrá en defensa de estos hampones que tanto daño le han hecho a México; nadie los echará de menos. Pero si resulta que no hay 26 mil maestros para suplir a los hampones y que todo fue puro cuento, pues que renuncie también Nuño Mayer y que se vaya a casa; y que de paso se olvide también de sus aspiraciones presidenciales si alguna vez las tuvo.
Muestra de la barbarie de la CNTE ante la cual el Estado mexicano no hace absolutamente nada fue lo sucedido el martes 31 de mayo en Comitán, Chiapas. En su columna del 2 de junio de 2016, el notable humorista Catón al hablar de la soberana inutilidad de la mal llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló: “No caben aquí ni la tibieza ni la ineficacia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, carabina de Ambrosio para las víctimas, frecuente amparo de los victimarios”. La única ocasión en la cual se aplicó el uso de la fuerza pública para liberar vialidades importantes ocurrió el 15 de junio de 2016, lo cual derivó en un enfrentamiento en Nochixtlán que la CNTE ha aprovechado para allegarse de mártires pese a que los fallecidos ni siquiera eran maestros sino presumiblemente anarquistas o mirones que estaban de paso. A diferencia de su indiferencia ante los daños ocasionados a las economías locales por los bloqueos criminales de la CNTE, la CNDH de inmediato alzó su voz tratando de convertirse en portavoz de los anarquistas e iniciando una investigación para castigar y meter a la cárcel a los agentes que obedeciendo órdenes estaban tratando de abrir el paso en las vías de circulación. Por su parte, tratando de ganar tiempo para seguir navegando con bandera de tonto sin hacer nada, el Secretario de Gobernación lanzó un ultimátum diciendo con mirada severa “Se ha agotado el tiempo”. Mejor se hubiera quedado callado, porque en cuestión de horas estuvieron presentes varios de los porros de la CNTE afuera del Palacio de Cobián en la calle Bucareli sacándole la lengua al Secretario y agitando en vaivén sus manos caídas al tiempo que le gritaban con risa burlona: “Uuuyyy, qué miedo. Mira nada más cómo estoy temblando del susto”, exhibiendo al Ejecutivo como un gobierno pusilánime y acobardado. Sin embargo, el gobierno mexicano ha resultado muy valeroso y hasta amenazante en contra de aquellos a los cuales el mismo gobierno ha dejado en completa indefensión y a merced de los anarquistas a los cuales les permite actuar casi con plena impunidad. ¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Hay que castigar a las víctimas con toda la dureza que el Estado les pueda aplicar aún cuando lo único que hagan las víctimas sea defender sus derechos al no haber nadie dentro del gobierno que se los defienda!
Con la acción valerosa de los empresarios mexicanos en tratar de obligar al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a cumplir con sus obligaciones en la implementación del Estado de Derecho, quedan como una lección de enormes alcances las siguientes conclusiones:
- Es la primera vez en la historia de México que mediante el recurso de la ley se trata de llamar a cuentas al Ejecutivo por negarse a cumplir con sus deberes y obligaciones como prometió hacerlo cuando entró en funciones, deberes y obligaciones que por las cuales el pueblo le paga una suma estratosférica de dinero y privilegios, creando el Ejecutivo con su timorata actitud y con su parálisis un vacío de autoridad. Por lo visto, en ninguna parte del mundo se le paga a alguien por no hacer nada excepto en México, y el hundimiento de economías estatales a manos de grupos anárquicos sin que la autoridad cumpla con su función es prueba de ello.
- Los hechos ocurridos con total impunidad en los estados en donde gobiernan la CNTE y la CETEG (es la realidad, y hay que decirla sin tapujos ni eufemismos) demuestran la inutilidad total y absoluta de la CNDH para defender y proteger los derechos humanos de la sociedad en general, no se requieren ya más pruebas de ello. Hasta la fecha esta institución superflua de bien pagados e inútiles burócratas que viven comodinamente gracias a la oficialización del derechohumanismo no ha emitido ni siquiera una sola “recomendación” en contra de los actos delincuenciales de la CNTE y la CETEG que han ocasionado el cierre y la quiebra de numerosos negocios a causa de los bloqueos carreteros así como de importantes avenidas y calles y la pérdida de miles de empleos honestos además de la destrucción paulatina de la industria turística en varios estados. ¿Pero acaso podía esperarse otra cosa de una organización subvencionada con fondos públicos al estar encabezada por un tipo que en el pasado ya ha demostrado su parcialidad? La CNDH ha demostrado ser muy buena para intervenir en defensa de los derechos humanos de los malvivientes y los grupos delincuenciales que lastiman a la sociedad, o sea los victimarios, pero mira hacia otro lado cuando se le reclama el no mover ni un solo dedo en defensa de las verdaderas víctimas que también tienen sus derechos humanos.
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