¿Exoneración de César Duarte en puerta?

Tan solo en la última semana de febrero de 2018 y en las primeras dos semanas de marzo de 2018 ocurrieron varios sucesos importantes que pueden terminar parando de cabeza y echar atrás la cadena de procesos judiciales que se siguen en Chihuahua en contra del ex gobernador César Duarte, ninguno de los cuales puede llevarse a cabo en tanto César Duarte no sea enviado a México desde Estados Unidos. César Duarte podría terminar exonerado, y de la peor manera posible para el actual gobernador Javier Corral, no tanto por el proceso judicial que se le pudiera seguir en México a César Duarte, sino por las apelaciones legales que pueda interponer César Duarte ante las autoridades norteamericanas para impedir y frenar en seco su extradición a México.

Cuando Javier Corral empezó su campaña por la gubernatura de Chihuahua, su principal promesa de campaña fue que el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien no cesaba de acusar de corrupto y ratero, sería metido de inmediato a la cárcel como su primera acción de gobierno. Se convirtió en su lema de propaganda, fue su bandera de triunfo que le permitió obtener los votos de muchos chihuahuenses que terminaron convencidos de las acusaciones hechas por el candidato Javier Corral en contra del gobernador César Duarte.

La noticia más reciente al respecto fue la que apareció en los medios periodísticos en donde, de acuerdo a LA JORNADA, en una nota reproducida posteriormente por El Diario de Juárez con el encabezado “El gobierno de Corral me obligó declararme culpable de desvio”, Karla Areli Jurado Bafidis, exfuncionaria de cuarto nivel de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, acusó al gobierno estatal, encabezado por Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General de Justicia, de presionarla sicológicamente y amenazarla con sentenciarla a 12 años de prisión si no aceptaba ser responsable del desvio de 246 millones de pesos, cometido en 2016, y ser testigo protegido para declarar en contra del exmandatario César Duarte y otros exfuncionarios, de acuerdo con lo publicado por La Jornada. Por el mismo delito que se atribuye a Jurado Bafidis fue señalado Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, quien se declaró culpable y se le sentenció a cuatro años de cárcel en un juicio de procedimiento abreviado (actualmente se encuentra recluido en el penal estatal Aquiles Serdán).

En un cuestionario que le envió La Jornada, Karla Areli Jurado Bafidis expuso: “Tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la Secretaría, como lo han presentado. Llevaba apenas cuatro días trabajando cuando se dio la desviación del dinero. Afirmó que su juicio está lleno de irregularidades. “Se violaron todas las leyes y garantías constitucionales, porque para acusarme nunca me enviaron citatorio. Me detuvieron sin orden de aprehensión, me incomunicaron y obligaron a firmar para estar en un juicio abreviado lleno de mentiras y verdades a medias”. Jurado Bafidis recordó que tenía cuatro días de haber llegado a su oficina cuando sus jefes le pidieron firmar un contrato de servicios de capacitación de empresas que resultaron ficticias, a pesar de que su función era en un área administrativa; es decir, distinta a la académica, en la que no tenía nada que ver. Karla Areli insiste en que es inocente y que al ser detenida dejó a su esposo y a sus tres hijos en el abandono, con problemas económicos y morales, al ser señalada como culpable, y sin recursos para contratar un abogado, mientras los verdaderos culpables son conocidos, denunciados y señalados. En septiembre pasado, Karla Areli fue sentenciada a tres años de prisión y a la restitución de 246 millones de pesos, en un juicio en el cual la presentaron como exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, lo cual no era cierto, pues sólo estaba a cargo de una sección.

Las recientes afirmaciones de Karla Areli Jurado pueden ser utilizadas por los abogados de César Duarte ante las autoridades norteamericanas para argumentar ante el juez que resulte encargado de escuchar los alegatos que los procesos judiciales en Chihuahua en los que aparece mencionado César Duarte están viciados de origen porque se trata de una persecusión política premeditada de principio a fin. Y Estados Unidos tiene un largo historial de conceder asilo y protección a quienes logren demostrar que en sus países de origen son víctimas de acoso y persecusión política.

Las noticias previas anteriores tienen que ver con la restitución de los dos Magistrados que habían sido removidos de sus cargos presuntamente por órdenes de Javier Corral en lo que vendría siendo una injerencia del poder ejecutivo dentro del poder judicial en el estado de Chihuahua, de lo cual ya puse algo en esta bitácora en la entrada “Un enfrentamiento de pronóstico reservado” el 21 de febrero de 2018.

Y recientemente, en un artículo del analista Luis Javier Valero Flores bajo el encabezado “Extradición en riesgo” publicado en la sección dominical del 4 de marzo de 2018 por el principal periódico de la ciudad, se menciona que: “La conclusión de la caravana dirigida por el gobernador Javier Corral fue la firma de un acuerdo mediante el cual, entre otras cosas, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el mandatario chihuahuense decidieron trasladar de un penal estatal a uno federal al exsenador coahuilense Alejandro Gutiérrez, detenido por la Fiscalía General del Estado, acusado de haber cometido varios delitos del orden común, y del orden federal, según la Procuraduría General de la República. Pero ese acuerdo es uno más de los episodios en los que la división de poderes desaparece bajo el peso y fuerza de los titulares del Poder Ejecutivo. Según el marco jurídico existente, Gutiérrez estaba bajo la jurisdicción del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, es decir, del juez de control que había ordenado su vinculación a proceso, por lo que ningún funcionario, incluido el presidente de la República, podía ordenar traslado alguno. Sin embargo, este es solamente un caso de menor importancia frente a lo que pudiera constituirse como el mayor fracaso del gobierno de Javier Corral: la liberación del exgobernador César Duarte o, peor aún, la negativa de los tribunales norteamericanos a la extradición solicitada, inicialmente por el gobierno de Chihuahua, y tramitada ante el gobierno de Estados Unidos por la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tal eventualidad se puede dar, no porque Duarte sea inocente de los cargos imputados por la FGE, sino por las increíbles violaciones al debido proceso del acusado, cometidas por los gobernantes chihuahuenses, el mandatario Corral en primer lugar, puntualmente denunciadas por los defensores del exgobernador, y que se aprecia están documentando para, cuando llegue el caso, presentarlas diligentemente ante los jueces que dictaminarán sobre la procedencia de la extradición, en primer lugar, y luego, si fuese aprobada, en los tribunales estatales para terminar, seguramente, en los federales. Pero los obstáculos para la extradición los ha puesto, paradójicamente, el gobierno del nuevo amanecer. Su conducta viola varios derechos que los acusados tienen, incluido el exgobernador. Deberá aclararse, porque hay una extendida creencia en nuestra localidad de que basta con que una persona sea acusada para, de inmediato, declararla culpable de los delitos por los que se le acusa, dejando de lado que tales acusaciones deberán comprobarse y que todos los acusados tienen derecho a varias cosas, entre ellas, en primer lugar, a la presunción de la inocencia, es decir, que todos somos inocentes de los delitos imputados, mientras no se demuestre lo contrario y que eso deberá ser el resultado de un juicio en el que ambas partes -acusadora y acusada- tienen, por igual, derecho a la presentación de las necesarias pruebas que confirmen una u otra cosa. Bueno, pues a todo eso tiene derecho el ex gobernante. Más aún, para evitar que Duarte pudiera escabullirse de las acusaciones en su contra, la autoridad estatal tendría que ser extraordinariamente escrupulosa en el respeto a los derechos del acusado, para evitar que por violaciones a esos derechos los jueces federales, o los magistrados federales pudieran dictaminar que, al ser objeto de una persecución del gobierno estatal, se le vulneraron sus derechos, o que, fruto del protagonismo del gobernador, la defensa del ballezano pudiera argüir que los jueces locales no pudieron dictaminar imparcialmente acerca de la inocencia o culpabilidad del exmandatario, debido a la presión ejercida por el gobierno de Chihuahua. Y razones no les faltarán. Desde el mismísimo anuncio de la caravana, por ejemplo, el grupo gobernante otorgó invaluables argumentos a la defensa del ballezano, al ordenar y financiar los espectaculares en los que se mostraba la imagen de Duarte y se exigía la extradición, pues, en esos anuncios, ya se le reputaba como culpable de los cargos levantados por el gobierno de Corral. El abogado penalista, Héctor Villasana, declaró que los espectaculares colocados por Gobierno del Estado, evidenciando al exgobernador César Duarte Jáquez, pusieron en riesgo el debido proceso penal. Villasana sostuvo que con la publicación de esos espectaculares se está violando el principio de presunción de inocencia, lo que en su momento, podría llegar a anular evidencias presentadas. “Esa estrategia pone en riesgo el proceso penal, porque se está haciendo un juicio previo de una persona, y pone en riesgo que no haya un juicio óptimo, independiente, imparcial, lo que puede incluso traer una posible sentencia absolutoria por estar contaminado el juicio y violadas las garantías de presunción de inocencia y legalidad del procesado”. En los espectaculares estaba incluida la frase: “exigimos al gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte”, que venía acompañada por el hashtag #justiciaparaChihuahua, así como una fotografía del exgobernador con la palabra prófugo, lo que viola distintos ordenamientos jurídicos, entre ellos los que prohíben la difusión de las imágenes de los acusados. El Ministerio Público está obligado, por ley, a guardar secrecía sobre los asuntos judiciales. Tal premisa priva, incuestionablemente, para el titular del Poder Ejecutivo, no puede hablar sobre el asunto, porque, además, le está prohibido acceder a los expedientes pues, se supone, éstos están en manos de los jueces. Pero sobre el caso César Duarte, un día sí, y otro también, el gobernador Corral ofrece conferencias de prensa en las que informa de cosas que debieran estar reservadas a la Fiscalía, a la defensa de Duarte y a los jueces de las causas, como, por ejemplo, recientemente, sobre la supuesta propiedad de otros ranchos del ballezano, ante lo cual ha recibido puntual respuesta de la defensa del exgobernador, además de permitirle argüir que se ha violentado el debido proceso por el gobernador Corral”.

Por si lo anterior no bastara para proporcionarle al ex gobernador César Duarte suficientes elementos de defensa para poder pelear ante los tribunales norteamericanos su extradición a México, el 14 miércoles de marzo del 2018 la Procuraduría General de la República declaró cerrado el caso y la denuncia presentada en contra de César Duarte en noviembre de 2014 por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, al no encontrar pruebas suficientes elementos para poder consignar el expediente ante un Juez, determinando el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, considerando que no había pruebas suficientes para enjuiciar a ambos. Se trata de la misma denuncia que Javier Corral cuando aún no era gobernador de Chihuahua hizo suya y le puso en manos personalmente al presidente Enrique Peña Nieto, la cual estuvo utilizando Javier Corral sin descanso en su campaña política para lograr convencer a suficientes chihuahuenses de que César Duarte era un hampón chapeado al estilo de los gángsters de Chicago. Tan solo aquí los abogados de César Duarte pueden argumentar ante los jueces nortemericanos: “he aquí más pruebas de que César Duarte es inocente de las acusaciones que le han formulado y ha sido y sigue siendo víctima de una cacería de brujas emprendida en su contra por el mismo sujeto que hoy es gobernador de Chihuahua y que todos en Chihuahua saben que tiene sometido al poder judicial bajo sus pies”. Como quiera que se le vea, se trata de una derrota colosal personal del gobernador Javier Corral a quien se le están esfumando de las manos las posibilidades de poder tener en Chihuahua a César Duarte refundiéndolo en una penitenciaría tal y como lo había prometido en su principal y más importante promesa de campaña.

Todos los extranjeros que son detenidos por la razón que sea en Estados Unidos (y se aclara que César Duarte sigue libre) tienen derecho a recibir una audiencia ante un juez migratorio para presentar sus argumentos del por qué no se le debe enviar de regreso a su país de origen. A los indocumentados que son detenidos en EE.UU., antes de ser deportados, se les hace firmar un escrito en donde renuncian a la audiencia a la que tienen derecho ante un juez, y es dudoso que César Duarte acepte ser enviado de regreso a México sin antes pelear su caso en los tribunales norteamericanos.

Los abogados de César Duarte de lo único que tienen que convencer a las autoridades norteamericanas es que a como están las cosas en estos momentos en Chihuahua con un gobernador que prácticamente tiene sometidos a su voluntad a los tres poderes de gobierno, es imposible garantizar que al ex gobernador César Duarte se le pueda brindar un juicio imparcial completamente libre de todo tinte político. No se trata realmente de que sea culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa, todo lo que hay que demostrar es que no hay manera alguna en la cual César Duarte pueda recibir un juicio justo en un estado en donde todas las barajas han sido puestas de antemano en su contra por el mismo gobernador que lo quiere meter a la cárcel a como dé lugar. Y los abogados de César Duarte tienen ya en sus manos un alud de evidencias como las que se han mencionado arriba para apoyar tal tesis.

Si la justicia norteamericana le niega a México la extradición del gobernador César Duarte convencida de que se trata de una persecusión política, ordenando que se le garantice asilo a César Duarte en Estados Unidos en tanto no hayan mejorado las circunstancias en Chihuahua, o sea mientras Javier Corral sea gobernador del estado, eso sería un revés durísimo para Javier Corral porque se vería impedido de poder cumplir con lo que fue su principal promesa de campaña. En un año electoral en el que en menos de cuatro meses se decide la presidencia de México, a Javier Corral le urge meter a la cárcel a César Duarte lo más pronto posible, porque si no lo hace hoy, para mañana será demasiado tarde y no le ayudará en nada en sus aspiraciones presidenciales. Lo paradójico del asunto es que fue precisamente el mismo Javier Corral el que puso en manos de César Duarte los argumentos para que César Duarte pueda montar una defensa legal en el extranjero para pelear en contra de su extradición a México.