Algo sobre el nuevo presidente de la CNDH

En este domingo 16 de noviembre de 2014 tomó posesión de su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un personaje llamado Luis Raúl González Pérez, después de que el 13 de noviembre el Senado confirmara su designación. Se trata de alguien que trabajó más de diez años en la propia CNDH como director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH, y también como primer y segundo visitador general, como secretario técnico del Consejo Consultivo y además como Director General de Asuntos Indígenas. En el sector gobierno, González Pérez trabajó como director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y también como subprocurador general de la PGR.

Parecería que Luis Raúl González Pérez era casi casi un personaje ideal para el puesto que le fue confiado.

Sin embargo, resulta que este individuo tiene mucha cola que le pisen. Si logró obtener del gobierno de México la jugosísima y bien pagada presidencia de la CNDH, ello se debe a que quienes lo atornillaron en ese cargo no quisieron tomar en cuenta ciertos antecedentes que tienen que ser hechos del conocimiento del pueblo de México para que sepa a qué atenerse con un personaje como éste encabezando a la oficialista Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para ello, es necesario remitirnos primero a ciertos antecedentes.

Nuestra historia comienza en el año de 1991. El personaje principal es un columnista del Diario de Juárez llamado Víctor Manuel Oropeza, médico homeópata de profesión. Además de ser uno de los editorialistas políticos de mayor renombre en el norte de México, era un líder cívico sumamente respetado cuya actuación pública fue crucial para los sucesos ocurridos en los años ochenta en el estado de Chihuahua que desembocaron en el terremoto político que reemplazó al sistema de partido único que había estado gobernando a México por siete décadas con un sistema de alternancia de que hoy se goza. No se concibe el avance democrático que se dió en México sin repasar primero el famoso “verano caliente” que tuvo lugar en Chihuahua en 1986, tres años después de aquél 1983 en el que el panorama político mexicano se cimbró cuando el otrora invencible Partido Revolucionario Institucional perdió la alcaldía de Ciudad Juárez, la principal ciudad fronteriza en el norte del país. Un triunfo electoral de la oposición en Chihuahua en 1986 con la pérdida de la gubernatura de Chihuahua saliendo fuera del control del PRI habría puesto a la oposición en una ruta directa hacia la presidencia de la República, lo cual encendió todos los focos rojos en el centro del país y orilló al entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado a ordenarle a la secretaría de Gobernación que se hiciera todo lo que se tuviera que hacer para impedir un triunfo de la oposición en Chihuahua en 1986, llegándose al extremo de inundar el estado con un contingente numeroso de soldados para enviarle a la oposición el mensaje de que arrebatarle al PRI la gubernatura de Chihuahua no sería permitido de modo alguno.

Pese a ser un hombre de izquierda, de ideología socialista, el Doctor Oropeza no tuvo que pensar dos veces para exponer su vida a partir del primero de julio de 1986 sometiéndose a un ayuno de duración indefinida en demanda de un proceso electoral justo desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones. El sacrificio personal del Doctor Oropeza se convertió en una protesta permanente por lo que se afirmó en aquél entonces que fué un fraude electoral gigantesco ordenado por el mismo presidente Miguel de la Madrid Hurtado para garantizarle al PRI la continuidad en la gubernatura de Chihuahua, una sacrificio personal en el que el Doctor Oropeza  fué acompañado también por otro personaje de nombre Francisco Villareal Torres. En un desplegado publicado por los medios en aquél entonces, firmado en forma conjunta por el Doctor Oropeza y por Francisco Villareal Torres, se asienta:

                           POR LA VERDAD EN CHIHUAHUA

Porque amamos a nuestra Patria más que la vida misma, porque deseamos un país fuerte y vigoroso, en el que la democracia sea el ámbito natural para los mexicanos de hoy y mañana, hemos decidido iniciar un ayuno a partir del día 1o de julio.

Es hoy aquí en Chihuahua cuando se debe exigir a las autoridades competentes el respeto a la voluntad popular.

-Garantía de libertad a los ciudadanos para emitir su voto

-Respeto irrestricto a la voluntad popular en el presente proceso electoral que culmina el 6 de julio.

Este ayuno es una acción cívica que expresa la necesidad de defender nuestros valores, porque son universales.

Amamos la vida y al igual que todos no quisiéramos perderla, pero llegó el momento en que es necesario definirse, reaccionar con energía y recuperar nuestra dignidad.

Hacemos un llamado a nuestros conciudadanos a solidarizarse con todas las acciones pacíficas y enérgicas que van a realizarse para lograr el respeto a la voluntad popular que el pueblo de Chihuahua se merece.

Julio 1 de 1986

Víctor Manuel Oropeza (rúbrica)

Francisco Villareal Torres (rúbrica)

El Doctor Oropeza no tenía absolutamente nada que ganar en el aspecto económico al exponer su vida de ésta manera, y de hecho para él esos días de ausencia en su consultorio que se mantuvo cerrado durante el tiempo que permaneció en ayuno en el parque del Monumento a Juárez representaron para el Doctor Oropeza una pérdida de ingresos al no poder atender a su clientela. Al ayuno del Doctor Oropeza y en muestra de solidaridad se unió en la ciudad de Chihuahua el conocido ex candidato presidencial panista Luis H. Alvarez que contendió por la presidencia de México en contra de Adolfo López Mateos en otros tiempos.

Dos años después del presunto fraude electoral cometido en Chihuahua en 1986, el fantasma de un nuevo fraude electoral asomó en las elecciones presidenciales de 1988, cometido en ésta ocasión en contra del candidato de la izquierda el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, mejor conocido como el fraude de “la caída del sistema” (una alusión a una muy improbable falla en los sistemas de cómputo IBM procurados para garantizar la pulcra contabilidad del conteo de los resultados electorales, ocurrida cuando las computadoras desde un principio marcaron una clara ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas sobre el candidato oficial Carlos Salinas de Gortari, hasta que las computadoras misteriosamente se descompusieron teniéndose que recurrir a los conteos llevados a cabo a mano que en forma casi mágica revertieron la tendencia de la votación concediéndole la ventaja a Carlos Salinas de Gortari). Se dá por hecho que sí hubo algo sumamente anómalo en ese proceso electoral, aunque es imposible probarlo con un nuevo conteo porque el Congreso de mayoría priista en aquél entonces dispuso la incineración de las boletas electorales que podían haber documentado dicho fraude.

Tras las muy cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, y con un descontento popular creciente por las duras penalidades impuestas por la austeridad económica que trajo consigo la devaluación del ya de por sí devaluado peso cuando Miguel de la Madrid fue presidente, el país estaba al borde de una explosión, la nación se encontraba al borde de un estallido social de proporciones incalculables en caso de no llevarse a cabo algún cambio de fondo en la manera de hacer las cosas. Y el mayor riesgo para el sistema político de aquél entonces eran hombres como el Doctor Víctor Manuel Oropeza dispuesto a arriesgar sus vidas e incluso ofrendarla para lograr conquistas cívicas que se le habían estado negando al pueblo por demasiado tiempo.

Sin embargo, el Doctor Oropeza dejaría de ser un riesgo o un peligro para el sistema. La tarde del 3 de julio de 1991 el Doctor Oropeza fue apuñalado brutalmente en su consultorio en Ciudad Juárez por tres individuos identificados por testigos como jóvenes de aspecto cholo.

La reacción de la sociedad chihuahuense al asesinato del Doctor Oropeza fue casi inmediata. Las protestas no se hicieron esperar, y quedó claro que de no respetarse con un nuevo fraude electoral la voluntad del electorado chihuahuense en las elecciones gubernatoriales de 1992 ello sería el equivalente de echarle un cerillo a un barril que contenía ya bastante pólvora, arriesgando un estallido social precisamente en el mismo estado que fué cuna de la Revolución Mexicana de 1910 que expulsó del poder por la vía armada al dictador Porfirio Díaz obligándolo a renunciar, un estallido social al cual se habría unido de varias maneras una cada vez más empobrecida clase media.

Actuando a toda prisa, un grupo de agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República fue despachado a Ciudad Juárez para encabezar las investigaciones del caso, presuntamente para ayudar a la policía judicial de Chihuahua. Sin embargo, desde un inicio esto pareció sumamente raro, casi inconcebible de creer para muchos abogados, en virtud de que la investigación de los delitos del fuero común no son competencia de la PGR, e independientemente de que el caso Oropeza fuese resuelto o no la intervención de la PGR en el asunto podía ser utilizada por la defensa de cualquier detenido para desbaratar el expediente del caso.

Actuando sobre una denuncia anónima interceptada telefónicamente en la casa del Doctor Oropeza, se detuvo a un primer sospechoso como autor material del crimen, tras lo cual se detuvo a otro sospechoso nombrándose a otro más como cómplice del asesinato. O sea, los tres jóvenes de aspecto cholo.

Al ser presentados a los medios de comunicación los presuntos autores materiales del crimen, lo que más llamó la atención fue que el caso se dió por cerrado y concluído dejando pendiente lo más importante en cualquier caso de asesinato: el móvil del crimen. Y ciertamente, empezando por la misma viuda del Doctor Oropeza, tanto dentro como fuera de Chihuahua sobraban quienes daban por hecho de que el móvil del crimen era político, con el objetivo de remover a uno de los más formidables adversarios del sistema. Y fue precisamente la viuda del Doctor Oropeza la persona que desde un principio estuvo acudiendo a los más diversos foros posibles para pedir apoyo en el esclarecimiento del crimen de su esposo, llegando inclusive a presentarse personalmente en una reunión de legisladores federales que se llevó a cabo en el Hotel Lucerna en Ciudad Juárez pidiéndoles ayuda para la resolución completa del crimen hasta sus últimas consecuencias.

La recién creada Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy posiblemente actuando bajo órdenes emanadas directamente del mismo presidente Carlos Salinas de Gortari, no perdió tiempo alguno en meter sus manos en el asunto, emprendiendo sus propias “investigaciones” para dilucidar irregularidades del caso. Y el encargado de darle una nueva “resolución” al caso fué Jorge Carpizo McGregor, el primer presidente de la CNDH.

Desde que las supuestas “investigaciones exhaustivas” emprendidas por la CNDH sobre el caso Oropeza dieron inicio, empezaron a ocurrir cosas sumamente raras, y quizá la más extraña de todas es que uno de los testigos más importantes del caso, la misma viuda del Doctor Oropeza, precisamente la persona que con más ahínco estaba exigiendo un esclarecimiento total del crimen de su esposo, precisamente la primera persona que encontró a su esposo el Doctor Oropeza ya muerto al irlo a buscar a su consultorio tras su tardanza en acudir a casa como siempre lo hacía, jamás fue procurada por ningún funcionario o visitador de la CNDH. Esto es fácil de probar, porque en los archivos de la CNDH no existe ni existió jamás constancia alguna de que haya sido entrevistada por persona alguna trabajando para la CNDH, como tampoco existe ni existió jamás grabación o videograbación alguna de una entrevista que hubieran tenido con la viuda. Y a la luz de hechos posteriores, hay razones de sobra para suponer que el mismo Jorge Carpizo McGregor había montado una trama dejando fuera por completo a la viuda del luchador social.

El veredicto final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó casi medio año después, en 1992, con la Recomendación 13/92 firmada con el puño y letra de Jorge Carpizo McGregor.

Lo primero que llama la atención es que en la famosa Recomendación 13/92 de la CNDH el móvil más obvio del crimen, el móvil político, es prácticamente relegado, al igual que como ocurrió con las primeras investigaciones que condujeron a la detención de los tres presuntos autores materiales del crimen. Y en cambio, una buena parte de las más de noventa páginas de que consta dicha Recomendación es dedicada a degradar la causa del asesinato como algo motivado por cuestiones meramente pasionales, pidiéndose de parte de la CNDH una investigación en contra de la viuda y del hermano de ella tomando como base los supuestos nexos de éste último con policías judiciales corruptos que actuaron como sicarios. Pero además de ésto, y en forma igualmente sorpresiva, el presidente de la CNDH prácticamente ordenó la liberación y la exoneración incondicional de los tres jóvenes que habían sido detenidos como los presuntos autores materiales del crimen. El juez que tenía en sus manos el expediente del caso, Alberto Vázquez Quintero, jamás pudo emitir veredicto de culpabilidad o inocencia alguna en base a los testimonios y pruebas periciales que le habían sido presentado, porque la fiscalía retiró todas las acusaciones acatando la Recomendación 13/92 de la CNDH como si fuese una orden emanada directamente de la presidencia de la República. De este modo, los pocos avances que se habían logrado para la resolución del crimen, quedaron desbaratados por completo.

A consecuencia de las difamaciones montadas en la Recomendación 13/92 de la CNDH sobre el caso Oropeza, tanto la viuda del Doctor Oropeza como el hermano de la viuda perdieron casi de inmediato sus trabajos, quedando sin fuentes de ingreso. Si el objetivo era remover del camino precisamente a la persona que más había estado insistiendo en el esclarecimiento total del crimen, la trama urdida desde los más altos niveles del gobierno de México usando la disponibilidad de Jorge Carpizo McGregor para ello empezó a dar aquí sus primeros resultados.

Una cosa con la que no contaron los funcionarios e “investigadores” de la CNDH es que varios trabajadores de los medios de comunicación, sumamente indignados por la burda patraña montada por la CNDH, emprendieron por cuenta propia sus propias investigaciones (o sea, lo que deberían de haber hecho desde un principio los funcionarios y visitadores de la CNDH si realmente hubieran estado interesados en el esclarecimiento total del caso Oropeza hasta sus últimas consecuencias). Y se fueron recabando pruebas que prácticamente demolían en su totalidad la Recomendación 13/92 de la CNDH avalada personalmente por Jorge Carpizo McGregor. Sin embargo, en ese entonces los que mandaban en México eran el presidente Carlos Salinas de Gortari y el presidente de la CNDH Jorge Carpizo McGregor, y no se podía hacer nada en contra de ellos.

Dada la forma tan extraordinariamente anómala en la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos manejó el caso Oropeza desde un principio, y en tanto la CNDH no mostrara disposición alguna para emitir una nueva recomendación ya corregida en torno al caso Oropeza, no se consideró prudente poner a la disposición de la CNDH ni a la disposición pública las nuevas evidencias y elementos de investigación en torno al caso que se habían estado recopilando, todo lo cual fue puesto bajo resguardo de documentos electrónicos protegidos con candados de seguridad para impedir acceso a los materiales.

Una de las conclusiones a las que se llegaron con las nuevas investigaciones era que para poder avanzar rápidamente en el esclarecimiento total del asesinato era indispensable obtener por escrito las identidades de las personas que le adjudicaron al hermano de la viuda sus presuntos “nexos con judiciales” (bajo la tésis manipulada por la CNDH de que debía investigarse la participación de policías judiciales corruptos contratados como sicarios por el hermano de la viuda para cometer el crimen). Se trata de una falsedad que se cae por sí sola en virtud de que el hermano de la viuda, una persona sin antecedentes penales de ninguna especie, por su profesión técnica estaba completamente desligado de cualquier cosa que tuviera que ver con agentes ministeriales o judiciales de ningún tipo. Se daba por hecho de que sometiendo a los falsos testimoniantes empleados por la CNDH sobre sus presuntos motivos para enlodar y entorpecer el caso inventándole al hermano de la viuda nexos con judiciales y ante la posibilidad de ser acusados como cómplices en el encubrimiento del crimen, o peor aún, cómplices de los autores intelectuales del crimen, eventualmente terminarían por reventar confesando su participación en el asunto. Y podían ser ablandados en caso de ser cierto algo que afirmaba la CNDH en su propia Recomendación 13/92, de que la CNDH poseía las videograbaciones de todas las entrevistas llevadas a cabo (existe la sospecha fundamentada de que las videograbaciones de las que habla la CNDH relacionadas con el caso Oropeza fueron ya destruídas, al menos las más comprometedoras para la CNDH).

Para poder dar este avance importante en la resolución del crimen hasta dar con la autoría intelectual, era indispensable obtener por escrito las identidades de los falsos informantes en los que basó la CNDH sus conclusiones para señalar al hermano de la viuda como sospechoso de autoría intelectual del crimen, porque increíblemente en ninguna parte de la Recomendación 13/92 las identidades de los falsos declarantes, desde un principio fueron mantenidas en la mayor de las secrecías por la CNDH, tanto por Jorge Carpizo McGregor como por sus sucesores en la presidencia de la CNDH.

Pasó algún tiempo, y ante la imposibilidad de obtener de la CNDH por los más distintos medios las identidades de sus falsas fuentes de información de la CNDH, se recurrió al Profesor Baldomero Olivas Miranda, quizá el único funcionario público que ha actuado con honorabilidad en esta historia, para procurar de la CNDH las identidades de los falsos informantes de la CNDH. El Profesor Olivas Miranda, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, constatando lo que a todas luces parecía ser un encubrimiento en un caso de homicidio llevado a cabo desde los más altos niveles del gobierno de México, concertó una entrevista en Ciudad Juárez entre la viuda del Doctor Oropeza y el hermano de ella con representantes de la CNDH, la cual se llevaría a cabo el viernes 10 de septiembre de 1993 a las doce del mediodía.

Hay que señalar que nunca antes en Ciudad Juárez se había entrevistado funcionario alguno de la CNDH ni con la viuda del Doctor Oropeza ni con el hermano de la viuda, ciertamente no para la elaboración de la Recomendación 13/92. Quizá lo que los animó a acudir a Ciudad Juárez a la entrevista concertada por el Profesor Olivas Miranda era el conocimiento de la existencia de un documento electrónico titulado OROPEZA6, protegido con candado de seguridad y cuyos contenidos ignoraba la CNDH, en el cual existían evidencias nuevas sumamente comprometedoras que no sólo demolían la Recomendación 13/92, sino que inclusive apuntaban a presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato del Doctor Oropeza.

Desde antes de que se llevara a cabo la cita, una cosa en la que fueron muy insistentes ante el Profesor Olivas Miranda los funcionarios de la CNDH era que por ningún motivo se le debía de dar aviso alguno a ningún miembro de la prensa sobre esta reunión que se iba a llevar a cabo, la cual se debía mantener bajo estricta confidencialidad. Esta es la razón por la cual no aparece constancia alguna en los periódicos publicados en esas fechas acerca de tal reunión, que ciertamente habría sido una noticia de primer orden que habría acaparado los titulares de la prensa e inclusive la atención de los medios nacionales. El conocimiento de tal reunión solo sería público mucho tiempo después.

Sin embargo, conociendo la forma dudosa de actuar de la gente de la CNDH en todo lo que tiene que ver con el caso Oropeza, y con el objetivo de impedir que pudiesen negar que tal reunión alguna vez se efectuó, la viuda del Doctor Oropeza le pidió como un favor personal a Vicente Jaime Flores, entonces director editorial del periódico Norte de Ciudad Juárez, que asistiera como testigo imparcial de dicha reunión, pidiéndosele que guardara absoluta discreción sobre todo lo que oyera y sucediera en tal entrevista. Además, y no se le informó de esto a los señores de la CNDH, sus voces fueron grabadas al principio sin que lo supieran, con el propósito de que no pudieran negar en un futuro su asistencia a esta reunión que insistían en que se debía mantener en el más absoluto secreto.

Uno de los emisarios de la CNDH era Enrique Sánchez Bringas. El otro era uno que se identificó como segundo visitador general de la CNDH.

Resulta irónico que la reunión se llevó a cabo precisamente en el mismo lugar en el que la viuda del Doctor Oropeza y el hermano de la viuda fueron entrevistados apenas tres meses atrás por varios representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que fueron enviados hasta Ciudad Juárez para recabar información de primera mano en torno al asesinato del Doctor Oropeza. Y en esa reunión con la SIP el hermano de la viuda insistió en la enorme importancia de obtener por escrito de la CNDH los nombres de las personas que le inventaron sus supuestos nexos con  judiciales para atribuírle la autoría intelectual del asesinato, tras lo cual se debería de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer en su totalidad la verdadera razón del por qué tales declarantes afirmaron una cosa completamente falsa en la peor situación posible, en un caso de homicidio. Se debe agregar que la Sociedad Interamericana de Prensa, pese a llevar la representación de varios medios de comunicación internacionales, jamás pudo obtener de la CNDH las identidades de los falsos testimoniantes.

A la reunión tanto la viuda como el hermano de la viuda acudieron llevando consigo algunas de las pruebas así como periódicos y fotocopias de documentos. Sin embargo, no se les soltó el documento electrónico OROPEZA6 que seguramente habría puesto a la CNDH a temblar de pies a cabeza. Después de todo, en una lucha en la cual el enemigo es un enemigo formidable, lo peor que se puede hacer es hacerle saber la calidad de las armas que se tienen para combatirlo.

Casi inmediatamente después de introducirse, la viuda del Doctor Oropeza y el hermano de ella confrontaron a los representantes de la CNDH con la naturaleza grave de varias de las mentiras y tergiversaciones en las que se incurrió en la elaboración de la Recomendación 13/92 de la CNDH, haciéndoles saber en forma bastante explícita que la CNDH tanto por sus acciones como por sus omisiones no sólo se estaba convirtiendo en uno de los mayores obstáculos para llevar a los autores materiales e intelectuales del homicidio ante la justicia, sino que además estaba convertida en un engranaje de lo que sólo podía ser considerado como un elaborado pero burdo intento de encubrimiento, sustentando sus dichos y afirmaciones con pruebas documentales.

En lugar de reconocer y aceptar las primeras pruebas y evidencias que se se les fueron presentando una a una, el segundo visitador general de la CNDH defendió todas las acciones y conclusiones obtenidas por la CNDH en el caso Oropeza. En rigor de verdad, esta era la actitud que podía esperarse de los emisarios enviados por la CNDH.

De nuevo les fueron presentadas otras evidencias, respaldadas con pruebas documentales, que ningún juez en el planeta sería capaz de poder negar. Tras ser confrontados con estas nuevas evidencias de las cuales no tenían conocimiento y las cuales demolían las conclusiones previamente aceptadas por la CNDH como válidas en su propia Recomendación 13/92, antes de despedirse ambos emisarios de la CNDH le dijeron a la viuda del Doctor Oropeza y al hermano de la viuda que, como resultado de los nuevos datos y hechos que se les habían mostrado, se llevaría a cabo una nueva investigación exhaustiva de parte de la CNDH para atender sus peticiones y coadyuvar para llevar a los autores del crimen ante la justicia, y que además se abriría una investigación interna para indagar el por qué los funcionarios de la CNDH que llevaron a cabo la primera investigación de la CNDH actuaron de la forma en la que actuaron, con la posibilidad de que enfrentarían algún tipo de castigo en caso de comprobarse que actuaron indebidamente.

La viuda del Doctor Oropeza y el hermano de la viuda también le pidieron allí mismo en esa reunión a los emisarios de la CNDH que le proporcionaran a las autoridades del estado de Chihuahua las copias de las videograbaciones no-editadas de todos aquellos que fueron entrevistados por gente de la CNDH (inclusive afirmaron que estaban dispuestos a pagar por el costo de la elaboración de las copias de tales grabaciones, para que el factor económico no fuera un impedimento). Y mucho más importante, como la cereza en el pastel, pidieron que se les informase por escrito en papelería oficial de la CNDH los nombres de aquellas personas que mintiendo deliberadamente le inventaron al hermano de la viuda sus supuestos nexos con policías federales y judiciales así como las circunstancias (lugar de las entrevistas, fecha de las entrevistas, nombre de los entrevistadores de la CNDH) en las cuales tales falsedades avaladas por la rúbrica de Jorge Carpizo McGregor ocurrieron. Y finalmente, pidieron una nueva recomendación de la CNDH retractándose de la anterior y corrigiendo las numerosas falsedades, omisiones, irregularidades y tergiversaciones que formaban parte de la Recomendación 13/92.

Esto es lo que aparece en el Boletín de Prensa 009/92 emitido el 10 de febrero de 1992 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Debe investigarse a la viuda y a su hermano:

a) Dados los nexos de su hermano con la Policía Judicial del Estado.

b) La conducta extraña de la viuda que el día de los hechos no siguió la rutina de siempre.

c) Los comentarios que la viuda hizo a los hijos del hoy occiso, así como a la madre (de la viuda).

La misma aserción ya había aparecido previamente en la página 58 de la Recomendación 13/92 emitida el 7 de Febrero de 1992 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde mencionando al hermano de la viuda por su nombre completo (nombre y apellidos) se afirmó que el hermano de la viuda “al parecer tenía amigos y conocidos dentro de la Policía Judicial del Estado y de la Policía Judicial Federal”. Pero si el hermano de la viuda jamás fue buscado ni entrevistado por ninguno de los hombres enviados por Jorge Carpizo (la CNDH no tiene en sus manos ningún testimonio dado por el hermano de la viuda porque nunca se tomaron el tiempo para buscarlo y entrevistarlo), entonces ¿de dónde sacaron su nombre completo para involucrarlo como supuesto cómplice de la viuda en un crimen que estaba siendo degradado por la CNDH en 1992 de un crimen político de primer nivel a un mero crimen pasional? Obviamente, el hermano de la viuda estaba sumamente interesado en saber de dónde sacaron su nombre completo al inventarle los supuestos nexos que nunca pudo probar ni encontrar autoridad alguna. Esta es una de las varias cosas que los dos emisarios de la CNDH se comprometieron solemnemente a indagar y aclarar. Pero nunca hicieron nada al respecto y hasta la fecha las interrogantes siguen en pie como un misterio profundo. Y se debe enfatizar enfatizar también otra interrogante lógica relativa al segundo inciso del Boletín de Prensa que se ha citado arriba textualmente. Si la viuda del Doctor Oropeza jamás fue buscada ni entrevistada por ningún representante de la CNDH antes de que Jorge Carpizo diera a conocer su “veredicto final” irrevocable e inapelable en torno al asesinato del Doctor Oropeza, ¿de dónde sacaron entonces la osada conclusión de que la viuda había tenido “una conducta extraña” el día en que se cometió el asesinato y que no había seguido “la rutina de siempre”? ¿Acaso eran adivinos? Por el mismo tenor, en el tercer inciso se hace mención en tono acusatorio acerca de “los comentarios que la viuda hizo” a su propia madre. Pero es el caso que la madre de la viuda jamás fue entrevistada tampoco por ninguno de los enviados de Jorge Carpizo McGregor, como tampoco aparece declaración suya en ninguno de los expedientes oficiales del caso porque jamás fue citada a declarar ante las autoridades ni al llevarse a cabo las primeras investigaciones ni en ninguna otra investigación posterior. Entonces podemos preguntar: ¿acaso estuvo alguno de ellos presente el día del crimen o en otro día posterior al crimen escuchando alguna conversación entre la viuda y su madre en donde la viuda le confesara a su madre su posible participación en el crimen? Nuevamente, ¿acaso eran adivinos?

Se repite, dada la gravedad de las anomalías, que no se trata de un simple delito de robo o fraude, se trata de un asesinato cometido en contra de quien posiblemente fue el más destacado editorialista y luchador cívico que haya tenido Chihuahua.

Después de la entrevista llevada a cabo ese viernes 10 de septiembre de 1993, ni la viuda del Doctor Oropeza ni el hermano de la viuda volvieron a saber ni a escuchar nada nunca más de los dos emisarios enviados por la CNDH.

Jamás se emprendió la nueva investigación en torno al caso Oropeza que los dos emisarios de la CNDH habían prometido, ni interna ni externa.

Jamás se emitió una nueva recomendación de parte de la CNDH en torno al caso Oropeza. La CNDH sigue aferrada a la Recomendación 13/92 original, con todo y sus múltiples falsedades, omisiones, irregularidades y tergiversaciones.

La CNDH jamás le proporcionó a nadie por escrito ninguna de las identidades de los falsos declarantes pese a que se le había hecho hincapié a los dos emisarios enviados por la CNDH en la importancia que tal dato revestía para el esclarecimiento total y absoluto del caso.

La CNDH jamás le proporcionó a nadie, ni siquiera a los fiscales en Chihuahua encargados de darle seguimiento al caso Oropeza, ni una sola copia de las videograbaciones que en su misma Recomendación 13/92 afirmaba que obraban en su poder.

Los detalles y hechos sobre lo acontecido en el Hotel Lucerna en una reunión que a petición de los “embajadores” de la CNDH debía ser mantenida en el más absoluto secreto so pena de darla por terminada fueron revelados por el hermano de la viuda del Doctor Oropeza a David Lawrence, en su momento Director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, en un comunicado fechado 26 de septiembre de 1996, tres años después. Se dá por descontado que los emisarios de la CNDH no querían por ningún motivo que miembro alguno de la prensa pudiera dar seguimiento a las peticiones formuladas por la viuda del Doctor Oropeza y el hermano de ella, no querían que se supiera que no tenían planeado hacer absolutamente nada desechando todas las peticiones que les fueron formuladas.

Se había mencionado que uno de los emisarios de la CNDH era Enrique Sánchez Bringas y que el otro era uno identificado como segundo visitador general de la CNDH. ¿Y quién era éste último?

Pues era Luis Raúl González Pérez, el que fuera dentro de la misma CNDH director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el mismo al cual el gobierno le ha confiado la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos. En cierta forma, todos los mexicanos están en sus manos, todos.

Al acercarse el fin de 1993, a dos años y medio de distancia del asesinato del Doctor Oropeza y sin que la reunión sostenida en el Hotel Lucerna con el hoy presidente de la CNDH hubiera producido la emisión de una nueva recomendación de la CNDH o la reapertura del caso, se había considerado liberar a los medios el documento OROPEZA6 con todos los riesgos que ello implicaba, por las personas que podían resultar afectadas con la liberación de dicho documento empezando por el mismo Jorge Carpizo McGregor. Sin embargo, al empezar 1994, tales planes fueron desechados porque ocurrió un evento de enorme trascendencia histórica para México: un levantamiento armado en Chiapas, encabezado por personas que habían llegado a la conclusión de que la única manera de producir un cambio verdadero en el lamentable estado de cosas era por la vía de la fuerza armada al haberse agotado todas las instancias de diálogo.

Si hoy mismo, en un oficio de la CNDH firmado con el puño y letra del flamante presidente de la CNDH, se asentaran los nombres y los apellidos de los falsos testimoniantes que con la finalidad de removerle al caso Oropeza el móvil político le inventaron al hermano de la viuda del Doctor Oropeza sus fantasmagóricos nexos con policías judiciales corruptos, a estas alturas esta acción sería completamente superflua e inútil, porque el caso ya prescribió legalmente pese a que se trata de un asesinato (en otros países que no son estados fallidos como Canadá y los Estados Unidos, un asesinato es un asesinato y los casos de asesinato nunca prescriben legalmente). No se puede arrestar ni a los autores materiales del crimen ni a los autores intelectuales del crimen del Doctor Oropeza porque están fuera del alcance de la ley. En realidad, este era el verdadero objetivo final de quienes desde las más encumbradas posiciones de poder en México hicieron lo posible para impedir la resolución del caso, ganar tiempo con dilaciones y evasivas hasta que venciera el plazo legal para resolver el caso. Y lo lograron. Esto solo podía ocurrir en un país surrealista en donde los policías de un municipio actuando directamente bajo las órdenes del alcalde secuestran a 43 estudiantes para entregárselos directamente a manos de un grupo de la delincuencia organizada para ser sacrificados y sus restos incinerados en una gigantesca pira funeraria en un basurero. De cosas como éstas proviene la imagen que se tiene en el exterior del gobierno de México como un estado fallido en donde no existe un estado de derecho y la ley es letra muerta. La CNDH hasta la fecha no ha hecho ningún oficio ni recomendación para que los asesinatos de editorialistas y periodistas nunca prescriban en todo México, y la espada de Damocles que representa el caso Oropeza tiene mucho que ver con esta “omisión” deliberada. El flamante presidente de la CNDH, obviamente, es uno de los menos interesados en que el caso Oropeza pueda ser reabierto, y se han dado aquí las razones del por qué.

Quizá lo más importante de todo es que una cosa de la que síempre estuvieron perfectamente enterados los individuos que laboraban para Jorge Carpizo McGregor dentro de la CNDH, era que en el estado de Chihuahua toda acción legal en cualquier caso de homicidio cometido en ese entonces prescribía en un plazo relativamente corto de tiempo, y bastaría con estarle dando largas al asunto recurriendo a evasivas y dilaciones para que el tiempo de poder llevar a los culpables materiales e intelectuales ante la justicia se agotara. Y precisamente a esto fue lo que se hizo, se le estuvo dando largas al asunto de parte de la CNDH recurriendo a evasivas y dilaciones para lograr que el caso quedara impune. Desde el momento en que se cometió el asesinato del Doctor Oropeza, la primera petición que en forma casi obligada debería haber formulado Jorge Carpizo McGregor al gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, era pedirle tomar las acciones necesarias para llevar a cabo la modificación de las leyes para que el crimen del Doctor Oropeza no quedara impune. Pero no lo hizo (en ninguna de las 94 páginas de la Recomendación 13/92 sobre el caso Oropeza aparece una petición en tal sentido). Y de hecho, en los años que transcurrieron mientras se agotaba el plazo legal para llevar a los asesinos ante la justicia, nadie en la CNDH formuló una observación así pidiéndole con carácter de urgente al ejecutivo estatal en turno la eliminación definitiva de la prescripción legal en los casos de homicidios cometidos en el estado de Chihuahua. Hoy se puede presumir que tal cosa fue parte premeditada de un plan de encubrimiento puesto en marcha desde un principio, quizá desde antes de que se cometiera el asesinato del Doctor Oropeza, y la única razón posible para proceder de tal modo es la obvia: un crimen político de alto nivel.

Hay gente en Chihuahua, sobre todo gente admiradora de la labor editorial del Doctor Oropeza, que sigue firmemente convencida de que en el caso Oropeza se llevó a cabo un encubrimiento de alto nivel, un encubrimiento encabezado por Jorge Carpizo McGregor, el primer presidente de la CNDH y predecesor en el mismo puesto de su discípulo Luis Raúl González Pérez que es ahora el continuador de su obra. Jorge Carpizo McGregor, conocedor (y presuntamente encubridor) de muchos secretos de alto nivel en el sistema político mexicano del cual fue beneficiario, murió en circunstancias sumamente extrañas que ya fueron documentadas en esta bitácora el 1 de abril de 2012. Entre los secretos que se llevó consigo a su tumba, muy posiblemente está el del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, un magnicidio terrible que en su momento hizo temblar a México de pies a cabeza. Sobre esto hay pocas dudas, ya que Jorge Carpizo McGregor en un famoso “desliz de lengua” afirmó que lo mejor para México era que nunca se supiera quiénes habían estado detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué dijo ésto? ¿Por qué era mejor para México que nunca se supiera quién mató a Colosio? ¿Qué tan grave era el asunto para que se le saliera decir ésto? De estos hechos dá fe una nota publicada en el periódico Norte de Ciudad Juárez el 12 de abril de 1996 que dice: “Jorge Carpizo está obligado a decir todo lo que sabe acerca del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, dijo hoy el diputado del PRD, Ramón Sosamontes. Señaló que desde el momento en que Carpizo manifestó -cuando fungía como secretario de Gobernación- que quizás lo mejor para México es que nunca se sepa quién mató a Colosio, es que sabe mucho y debe ayudar a esclarecer el homicidio. Agregó que la serie que publicó recientemente El Universal acerca de hechos y declaraciones ocurridos en torno al asesinato de Colosio provocó sorpresas y también demandas para que la PGR ahonde la investigación sobre el caso. Y sobre todo, añadió, para que se demuestre el complot en el homicidio, pues la sociedad mexicana no está dispuesta a aceptar que se trató de un asesino solitario. En la Cámara de Diputados se puso de manifiesto que mientras existan medios de comunicación como El Universal que indagan y buscan llegar a la verdad, el caso de Luis Donaldo Colosio no podrá ser cerrado, menos aún pretender darle carpetazo”.

Jorge Carpizo McGregor jamás se presentó ante la Cámara de Diputados para aclarar el por qué era lo mejor para México que nunca se supiera quién había ordenado el asesinato del candidato priísta a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En el caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hasta la fecha solo hay un detenido como autor material del crimen. Y aunque la maquinaria oficial ha tratado de sostener contra viento y marea la tesis de que el magnicidio fue la obra de un asesino solitario, en México prácticamente no hay nadie que crea la explicación oficial del asesino solitario con la cual se ha pretendido darle “carpetazo” al caso.

El caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio viene a colación porque el flamante presidente de la CNDH, el mismo Luis Raúl González Pérez que en 1993 archivó en el canasto de la basura la petición que se le formuló en Ciudad Juárez para que la CNDH soltase por escrito los nombres que se le pedían de los falsos testimoniantes con el fin de lograr el esclarecimiento del asesinato del Doctor Oropeza, es el mismo que fue nombrado en agosto de 1996 por el sistema como fiscal especial para emprender una nueva investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio con el fin de darle credibilidad oficial a la tesis del asesino solitario. En declaraciones suyas que aparecen reproducidas el 19 de septiembre en el periódico Diario de Juárez, González Pérez dándose baños de pureza afirmó que no encontraba absolutamente nada en el expediente de su vida que pudiera inhabilitarlo jurídica o moralmente para hacerse cargo de una nueva investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o que pudiera hacerlo incompatible para tomar responsabilidad por tal investigación. ¿Y cuál fue el resultado final de las “brillantes” investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial para la investigación del magnicidio de Luis Donaldo Colosio? Pues el mismo que la conclusión oficial sostenida previamente, un asesino solitario actuando como autor material y autor intelectual, y lo que es peor, sin móvil alguno para cometer el magnicidio. En esto, aquí no hubo ninguna sorpresa. Naturalmente, en los expedientes armados por Luis Raúl González Pérez no se encuentra por ningún lado ninguna explicación creíble al por qué su mentor supremo Jorge Carpizo McGregor afirmó que lo mejor para México era que nunca se supiera quién estuvo realmente detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Hay otros hechos relevantes. El sucesor en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del primer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo McGregor, fue su discípulo Jorge Madrazo Cuéllar, el cual es señalado como el continuador del encubrimiento en torno al caso Oropeza empezado por Carpizo McGregor. Este cambio ocurrió cuando Jorge Carpizo McGregor fue a su vez cambiado por el presidente Carlos Salinas de Gortari al puesto de Procurador General de la República, el más alto cargo que el presidente Salinas le podía conceder a cualquiera en la impartición de justicia a nivel federal. Posteriormente, Jorge Carpizo McGregor fue designado por el presidente Salinas como secretario de Gobernación, mientras que su puesto como titular de la PGR pasó a manos del mismo Jorge Madrazo Cuéllar, el cual, como era de esperarse, jamás citó a declarar a su mentor como sospechoso de haber estado llevando a cabo un encubrimiento en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio (menos aún en torno al asesinato del Doctor Víctor Manuel Oropeza.) Fué precisamente Jorge Madrazo Cuéllar quien le dió carpetazo al crimen de Luis Donaldo Colosio imponiendo la poco creíble tesis del asesino solitario, recurriendo para ello a las “conclusiones” entregadas por el Fiscal Especial Luis Raúl González Pérez. Como dice el dicho, “entre gitanos no se leen las manos”.

¿Es éste el ombudsman en cuyas manos ha sido depositada la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos?

¿Es éste el hombre en el cual todos los mexicanos deben confiar para que los crímenes no queden impunes y que la justicia prevalezca en México?

¿Es éste el hombre que representará a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

¿Pero cómo puede ser ésto posible?

El cuñado del Doctor Víctor Manuel Oropeza está firmemente convencido y no tiene ninguna duda de que detrás del asesinato del Doctor Oropeza hubo un trasfondo político que por su mala planificación requirió la intervención de algunos de los más encumbrados funcionarios leales al sistema para impedir que las cosas se salieran fuera de control, haciendo todo lo posible para que el caso quedara sin resolver y en la más absoluta impunidad. También está convencido de la participación activa y directa que tuvo Jorge Carpizo McGregor como el primer presidente de la CNDH en orquestar un encubrimiento del más alto nivel en torno al caso Oropeza, un encubrimiento al cual le dió seguimiento un discípulo predilecto de Jorge Carpizo de nombre Jorge Madrazo Cuéllar. Y está convencido también de que del nuevo presidente de la CNDH, si va a actuar de la misma manera como actuó en los casos de los asesinatos del Doctor Oropeza y el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, no se puede esperar nada bueno. Y son muchos los que comparten su opinión.

Falta desde luego hacer un repaso de los legisladores que pasando por encima de los hechos documentados arriba impusieron a Luis Raúl González Pérez en la alta posición que hoy ocupa, y las razones que pudieran haber tenido para imponer a un hombre como éste en la presidencia de la CNDH. En el mejor de los casos, esto confirmaría que, pese a la alternancia por la cual luchó el Doctor Víctor Manuel Oropeza hasta el f inal de sus días, pese a todas las nuevas leyes que se han emitido en materia legal, pese a todo lo que se ha hecho, México no ha avanzado nada. Y tal vez esto sea lo peor que haya que lamentar, más que la misma designación de alguien como Luis Raúl González Pérez a tan alto cargo pagado en su totalidad hasta los últimos pesos y centavos por el pueblo de México.

En base a actuaciones cuestionables como las que se han documentado aquí, no debe causar extrañeza el que dos años y medio después de haberse cometido el asesinato del editorialista político Doctor Víctor Manuel Oropeza, Amnistía Internacional emitió su veredicto sobre la inutilidad de la CNDH para realmente actuar como un organismo imparcial capaz de atreverse a ir en contra del mismo gobierno que la creó e inclusive en contra de políticos importantes de alto nivel (se toma como referencia la nota publicada en el periódico NORTE DE CIUDAD JUAREZ el lunes 28 de febrero de 1994):

CNDH, DEFENSORA DEL GOBIERNO, DICE AMNISTIA INTERNACIONAL.

(Washington, D.C.) Para Amnistía Internacional (AI) ya no hay duda sobre la falta de independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): 'En el caso de México ya no es una cuestión de discusión, sino que ya es totalmente claro. Para nosotros, esta discusión está terminada. Es decir, (la CNDH) es claramente un organismo gubernamental que sigue directivas del gobierno central en materia de derechos humanos y que, obviamente, está ahí para defender esa política ... Más aún, la CNDH se ha convertido en una especie de "cortina de humo sobre la responsabilidad incumplida del gobierno mexicano" de castigar a los violadores de los derechos humanos. Y, en este sentido, la comisión cumple un papel de 'coadyuvante de la impunidad'."

La misma Iglesia Católica en México estaría repitiendo éste tipo de señalamientos con el paso del tiempo. En el mismo periódico NORTE DE CIUDAD JUAREZ se puede leer lo siguiente en la página 2 de la edición publicada el sábado 15 de noviembre de 1997:

ARREMETE CLERO CONTRA LA CNDH.

Por su dependencia del Gobierno, lo que la convierte en juez y parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene limitación para realizar sus funciones, afirma Nuevo Criterio en su editorial.
‘La CNDH tiene en su origen la limitación de ser juez y parte, por lo que difícilmente puede cumplir con sus objetivos’, señala el órgano informativo de la Arquidiócesis de México.
Recientemente, la presidenta de la CNDH, Mireille Roccatti, criticó el proceder de organismos no gubernamentales europeos, entre ellos Amnistía Internacional, a los que calificó de ‘intervencionistas’.

Hay muchas otras críticas, algunas de ellas sumamente duras, emitidas en su momento por importantes organizaciones derechohumanistas internacionales en contra de la CNDH de México, críticas que por motivaciones de índole puramente política jamás han sido tomadas en cuenta ni para una selección más escrupulosa de los funcionarios que integran a la CNDH ni para la asignación de su presupuesto multimillonario. Pero como detallarlas todas requeriría de un libro de cientos de páginas, las que se han reproducido aquí deben ser suficientes para darse una idea de lo que realmente está sucediendo tras bambalinas en México.