México en llamas

El país empezó a hundirse en la ingobernabilidad y en el caos a partir de octubre de 2014.

Las imágenes le han estado dando la vuelta al mundo. Robos de autobuses y vehículos de reparto de mercancías algunos de los cuales son quemados en muestra de desafío absoluto a las autoridades, el salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas, tomas de casetas de peaje de carreteras, robos de combustible, ataques a propiedades de multinacionales, vías de comunicación cercenadas, agresiones a automovilistas y policías, quemas de vehículos y de edificios y de documentos de registros públicos, bloqueos de autopistas y calles y centros comerciales, y saqueos a plena luz del día.

Hay una ingobernabilidad total, aunque en buena medida no es producto de la incapacidad ni de que se carezca de recursos para imponer el orden, los gobiernos de los estados y la federación simplemente se lavan las manos y se esconden, y esta cobardía refleja una debilidad institucional que a su vez genera impunidad e ingobernabilidad.

México empezó a hundirse en la ingobernabilidad y en el caos a partir de octubre de 2014 tras el secuestro y desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Este es el recuento de tan solo unos cuantos de los numerosos daños y destrozos:

El incendio del edificio del Palacio de Gobierno (Congreso) de Guerrero (13 de octubre):

El incendio del Ayuntamiento de Igula (22 de octubre):

El incendio de la estación Ciudad Universitaria del Metrobus además de un autobús en el Distrito Federal (5 de noviembre):

El incendio de la histórica puerta de Palacio Nacional ocurrido el 9 de noviembre (el inmueble nunca podrá volver a ser restaurado a su condición original):

La destrucción de las sedes estatales del PAN, del PANAL y del PRD en Morelia (11 de noviembre):

Para despistar, las autoridades encargadas de mantener el orden y de proteger a la sociedad, en sus tres niveles de gobierno, ocasionalmente se hacen algunos cuantos arrestos meramente simbólicos por estas destrucciones masivas, pero invariablemente los pocos detenidos quedan puestos en libertad “por falta de pruebas”.

Tan solo a través de las casetas de la carretera México-Cuernavaca pasan unos 50 mil automóviles diarios. Cada vez que los saqueadores toman las casetas y cobran 50 pesos de peaje como cuota obligatoria de cooperación al movimiento, pueden obtener ingresos de hasta 2.5 millones de pesos diarios sin que intervenga ninguna autoridad para efectuar un solo arresto. ¿Para qué correr el riesgo de asaltar un banco cuando éste modo de obtener un botín multimillonario rinde tantas ganancias sin exponerse a terminar en la cárcel por varios años? Por ello las tomas de caseta se repiten constantemente, nadie sabe a dónde van a dar los ingresos obtenidos ilícitamente por lo que parece comportarse como una especie de delincuencia organizada (y de hecho lo es, de acuerdo a los términos legales usados para definirla). No se trata de Robin Hoods que le den ese dinero a los pobres. Ni en sueños.

Mientras ocurren los saqueos y los motines con una vasta y multimillonaria destrucción de propiedad, los padres de familia de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados por los narco-policías del narco-municipio de Iguala para ser entregados a narco-policías del municipio de Cocula que a su vez los entregaron al cártel Guerreros Unidos para ser asesinados e incinerados en su totalidad aún se resisten a aceptar el hecho de que sus hijos están muertos. Y están definitivamente muertos de acuerdo a las confesiones grabadas de tres de los presuntos autores materiales del genocidio que han sido radiadas en los medios audiovisuales de comunicación además de las confesiones de más de medio centenar de detenidos. Aún así, los 43 paterfamilias continúan respaldando todas las protestas que se cobijan bajo el lema “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Si los 43 estudiantes ya están muertos, ¿qué propósito tiene el seguir insistiendo miles de veces en el lema “vivos los queremos”? ¿Esperan acaso que sean resucitados? Eso no va a ocurrir. Se puede comprender que ningún padre de familia estará dispuesto a aceptar y reconocer la muerte de su hijo si no le entregan primero los restos de su hijo para que sea enterrado. Sin embargo, estamos ante una situación en la que no hay ni habrá restos, lo único que queda son algunas cenizas de lo que fue un crematorio masivo que destruyó las evidencias al igual que como ocurrió en los crematorios de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

¿A quién le hicieron daño los anarquistas embozados que el 5 de noviembre quemaron un autobús y la estación del Metrobús de Ciudad Universitaria? ¿Al gobierno federal o al gobierno de la Ciudad de México? ¿A los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? No, el daño fue a los estudiantes y empleados de la UNAM así como a la gente trabajadora que quería llegar a sus hogares la noche de ese miércoles. ¿En qué ayudó a los desaparecidos este ataque a los universitarios y al transporte público? El Metrobús, que ya de por sí se encontraba saturado, tiene ahora un vehículo menos y por lo tanto un mayor congestionamiento; no está haciendo parada en Ciudad Universitaria y no la hará durante tres meses, lo cual afectará no a los políticos o a las autoridades de la UNAM que llegan con vehículo privado a sus oficinas, sino a quienes bajaban del Metrobús en ese lugar para asistir a clases o para trabajar, lo cual es una situación deplorable para los que trabajan en la UNAM y que no tienen culpa alguna de lo que sucedió en el narco-municipio de Iguala. El grupo de encapuchados que quemó el Metrobús desalojó previamente de sus oficinas a los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales, y posteriormente las autoridades de la UNAM les pidieron a los académicos que mejor no se presentaran a trabajar “hasta que se calmen las cosas”. ¿A quién ayuda que los investigadores de la UNAM no puedan acudir a sus cubículos?

No hay una sola persona detenida por estos hechos que han terminado en muchas ocasiones no sólo con enormes pérdidas materiales sino también de vidas humanas, como el humilde trabajador de la gasolinera de Chilpancingo muerto en el incendio provocado por los mismos estudiantes de Ayotzinapa a quienes hoy se glorifica y se llora. Un crimen impune. En el mismo evento murieron por disparos dos estudiantes: los responsables de sus muertes sí han sido juzgados y están cumpliendo pena en prisión.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que los padres de los 43 normalistas desaparecidos acepten la cruda realidad de que sus hijos están muertos? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Un cuarto de siglo? ¿Medio siglo? ¿Y esperan mientras tanto que México continúe ardiendo y pague con su inmolación la inmolación de sus 43 hijos? ¿Qué culpa tiene la sociedad mexicana de que el gobierno haya fallado en sus tres niveles y que sus omisiones en materia de procuración de justicia, hoy al igual que ayer, hayan contribuído en buena medida a lo que sucedió?

De nada ha servido que el presidente de México haya recibido personalmente a los 43 paterfamilias y les haya dedicado más de cinco horas de su tiempo para atender sus demandas y dialogar con ellos. De nada ha servido que el procurador general de la República Jesús Murillo Karam se haya estado reuniendo personalmente con ellos para informarles de los avances de la investigación. De nada ha servido el tratar de darles gusto en todo lo que se les pueda dar gusto y en cumplirles todas sus peticiones que se puedan cumplir (la resurrección de los jóvenes normalistas no está agendada). De nada ha servido que el gobierno federal haya dado cauce y haya actuado en tan solo cuatro semanas sobre denuncias acumuladas desde hace varios años en contra de los narco-gobiernos del municipio de Iguala y en relación a las cuales por años jamás se había hecho absolutamente nada. De haber sido atendidas tales denuncias en contra del narco-gobierno del municipio de Iguala, no habría hoy 43 estudiantes normalistas desaparecidos y seguramente muertos. Se dejó florecer la impunidad, y esta complacencia dió cauce a que otros la aprovecharan en beneficio propio.

Sin tratar de justificar el horrendo crimen, es imperativo recordar que, antes de que se llevara a cabo el genocidio, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa al igual que los de otras escuelas inclusive en otros estados como Michoacán y Morelia estuvieron llevando a cabo protestas violentas en las que secuestraban camiones e incendiaban vehículos, saqueaban camiones repartidores de mercancía y desfiguraban con pintas tanto oficinas públicas como comercios privados, aprovechando el vacío de poder y la debilidad de unos gobiernos estatales y federal a cuyos encargados les tiembla la mano y son incapaces de restaurar el orden, escondiéndose como gallinas cada vez que ocurre algún motín encabezado por encapuchados que nunca dan la cara.

¿A qué iban los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hasta el narco-municipio de Iguala en unos autobuses secuestrados? ¿Qué planeaban hacer allí? ¿Y en dónde estaban sus padres, los mismos que hoy los reclaman vivos, cuando todo esto ocurría?

El problema es que en el municipio de Iguala los estudiantes normalistas no se enfrentaron y retaron al gobierno del estado de Guerrero exhibido por los vándalos como una autoridad pusilánime, se enfrentaron y desafiaron a un gobierno municipal que estaba al servicio de la delincuencia organizada. Y a esos no les tiembla la mano ni se tientan el corazón, y mucho menos miden las consecuencias de sus actos. El error que cometieron los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue el haber creído que actuando “en bola” siempre serían intocables, invencibles. Hasta que se toparon con un cártel que los sacó de su error.

En los expedientes de la investigación del caso obra una versión inquietante, obtenida de las confesiones de Sidronio Covarrubias Salgado, uno de los jefes supremos del cártel Guerreros Unidos culpable del asesinato y cremación masiva de los 43 estudiantes normalistas que fue capturado el 16 de octubre,

De acuerdo a las confesiones obtenidas de Sidronio Covarrubias, entre los 43 estudiantes normalistas había una célula de 17 jóvenes que pertenecían al cártel Los Rojos enfrentado con el cártel Guerreros Unidos, que recibían órdenes de Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Morelos y jefe de plaza en Amazuac. Aquí la culpa sería colectiva, porque no se entiende muy bien cómo en manifestaciones en que los participantes llegan juntos, usualmente en los mismos autobuses secuestrados, puedan infiltrarse unos desconocidos que sean ajenos al estudiantado. De acuerdo a las confesiones de Sidronio Covarrubias, Los Rojos que controlaban Chilpancingo llevaban como una de sus misiones asesinar a quien según Covarrubias era jefe de plaza de Guerreros Unidos. El propósito era calentar la plaza y dejar en el municipio dos cadáveres que llevaban escondidos los normalistas en los autobuses que habían secuestrado para dirigirse a ese municipio. Estos hechos son consignados por el analista Raymundo Riva Palacio en su documento titulado “Iguala: la verdad impronunciable”. Esto, desde luego, no es manejado ni mencionado ante la prensa por el procurador federal Murillo Karam, porque no es políticamente correcto cuestionar la honorabilidad de quienes a la vez que se les reclama vivos están siendo ensalzados como mártires, el gobierno no se atreverá a desacralizar la memoria de los desaparecidos, independientemente de lo que hayan estado haciendo o planearan hacer cuando llegaran al municipio de Iguala.

Cierta o no la tesis de que en la incursión de los hoy desaparecidos estudiantes normalistas en el narco-municipio de Iguala estaba involucrada una lucha sin cuartel entre cárteles de la delincuencia organizada, Los Rojos deben estar de plácemes porque es su archienemigo Guerreros Unidos el que está en vías de extinción con todos los recursos de la federación enfocados en su contra, sin que Los Rojos tengan que disparar una sola bala, y si a esto se le suma la presunta incrustación de infiltrados suyos entre el estudiantado de Guerrero para continuar promoviendo la violencia y el caos en plena impunidad postrando al gobierno de rodillas y exhibiéndolo como un enclenque pusilánime y cobarde incapaz de tomar decisiones, entonces Los Rojos o cualquier otro que llene el vacío dejado por Guerreros Unidos se puede convertir de facto en la nueva autoridad. El único error que pueden cometer entonces sintiéndose imparables es abusar del pueblo a tal grado que el mismo pueblo decida tomar la justicia en sus propias manos y se generen grupos de autodefensas como sucedió en Michoacán que terminaron colgando en una horca a la Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios; o sea la ley de la acción y la reacción aplicada en gran escala.

Si los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos los hubieran metido en cintura desde un principio, si como padres de familia hubieran obligado a sus hijos a comportarse como gente civilizada dedicándose a sus estudios -que es a lo que todo estudiante tiene que estar dedicado en cuerpo y alma-, eso sí, sin reprimirles su derecho a manifestarse, pero exigiéndoles respetar la propiedad privada de otros en vez de comportarse como vándalos cometiendo desmanes aprovechando la impunidad de que se goza en este país, esos 43 muchachos aún estarían hoy con vida. Pero ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y el insistir en que sean regresados con vida no conducirá a nada, excepto alentar más protestas violentas que tampoco han conducido a nada excepto más caos y más destrucción. ¿Eso es lo que quieren los 43 paterfamilias?

Los vándalos no le están saqueando ni le están incendiando nada al narco-alcalde José Luis Abarca, el autor intelectual que ordenó el secuestro de los 43 muchachos, ninguna de sus propiedades y mansiones (y tiene muchas, apenas le han encontrado las pocas en las que no ha recurrido a prestanombres). La ira estudiantil en vez de ser encausada hacia los verdaderos culpables está siendo descargada en contra de gente inocente, y los 43 paterfamilias están siendo manipulados para servir intereses ajenos que nada tienen que ver con los normalistas desaparecidos, como el movimiento de insurrección que ha estado llevando a cabo el CNTE en Oaxaca.

Los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas no solo les fallaron a sus hijos al no usar su autoridad como padres dándoles permiso para cometer todo tipo de desmanes. También le fallaron a México. Muy bien se podrían haber puesto de acuerdo para redactar y firmar un documento asentando algo como lo siguiente:

“Los padres de familia de nuestros 43 jóvenes normalistas desaparecidos repudiamos y condenamos categóricamente cualquier acto violento llevado a cabo usando como pretexto el secuestro y desaparición de nuestros hijos. Reprobamos en forma absoluta que se usen las fotografías y los nombres de nuestros hijos para efectuar destrucciones de propiedad pública y privada lastimando gente inocente que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que le sucedió a nuestros hijos. Sin embargo, seremos intransigentes en que se castigue con todo el peso de la ley a quienes resulten culpables de lo que le haya sucedido a nuestros hijos en el municipio de Iguala, y en esto no puede ni podrá haber jamás negociación alguna”

Los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos parece que no se han puesto a pensar un solo momento en que las víctimas de la ola violenta que se ha desatado en México por lo sucedido en el municipio de Iguala no son los gobernantes ni los funcionarios públicos que se esconden y han resultado muy buenos para correr y estar gobernando a salto de mata. El presidente, los gobernadores y los secretarios viajan en helicóptero. Del mismo modo, los funcionarios o trabajadores del sector público que no llegan a sus trabajos a causa de la ola desbordada de violencia no pierden ni el empleo ni un solo centavo de sus ingresos. Las verdaderas víctimas son los pequeños empresarios y trabajadores, ellos sí ven mermado su ingreso, aunque esto parece que no le importa ni a los gobernantes ni a los manifestantes ni a los 43 paterfamilias.

Como ejemplo de lo anterior, una consecuencia de las protestas violentas que culminaron con el cierre del aeropuerto de Acapulco que tuvo lugar el 10 de noviembre fue la cancelación masiva de reservaciones en los hoteles de Acapulco efectuadas por turistas nacionales y extranjeros que no querían perder sus vuelos en avión así como los turistas que tenían planeado viajar en carro propio por la carretera Autopista del Sol hacia Acapulco, porque a nadie le gusta correr el riesgo de que una turba fuera de control haciendo impunemente de las suyas ante un vacío total de autoridad pueda quitarle su carro para quemárselo echándole a perder su fin de semana vacacional. Mejor quedarse en casa a ver la televisión.

En buena medida, el estado de Guerrero vive de Acapulco, y Acapulco vive del turismo. Si se va el turismo de Acapulco a otro lado (y hay muchos otros lados, como Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán), Guerrero se hunde. Esto no parece preocupar a los padres de los 43 normalistas. Sin embargo, el hundimiento de la economía del estado de Guerrero tarde o temprano tiene que golpear las economías de los propios guerrerenses incluídos esos 43 paterfamilias, porque en materia turística y en materia económica todo está interconectado.

Pero no solo el turismo está huyendo de Acapulco. En virtud de los saqueos a los vehículos de reparto y a los camiones de transporte de alimentos perecederos como frutas y verduras, el flujo de alimentos está dejando de ir en cantidades cada vez mayores hacia las ciudades en conflicto, lo cual provoca desabasto y encarecimiento de precios que afectan a los que menos tienen, o sea al pueblo. Esto pone a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a los padres de los 43 desaparecidos como enemigos de los mismos guerrerenses.

Los 43 paterfamilias que avalan que la memoria de sus hijos sea usada como bandera de lucha por movimientos radicales de todo tipo reclaman la violación de los derechos humanos de sus hijos. ¿Y los derechos humanos de los ciudadanos inocentes que están siendo afectados, cuyos carros están siendo incendiados, cuyos negocios están siendo saqueados y dañados por algo de lo que no tuvieron culpa alguna, acaso esos derechos humanos no cuentan? ¿Violar los derechos humanos de unos para reclamar el respeto a los derechos humanos de otros es ahora la nueva tónica a seguir en México? ¿Esto es progreso?

Otra cruda y dramática realidad es que a ninguno de los bien pagados legisladores y gobernadores le tiene sin cuidado los incendios, los saqueos y la destrucción de las oficinas públicas y los palacios de gobierno así como los recintos legislativos, porque cuando los reflectores de las cámaras no están apuntando hacia ellos sin duda alguna se dicen a sí mismos incluso carcajeándose “Que lo quemen, que lo destruyan, al fin y al cabo no es mío”. Y en efecto, no es de ellos. Ellos solo están de paso por esas oficinas y recintos gubernamentales. Nada de lo que está siendo incendidado, saqueado y destruído es de ellos. No les preocupa, les tiene sin cuidado; si fuera de ellos ya los veríamos apostados seguramente armados hasta los dientes o a elementos del Ejército resguardando los edificios públicos. Pero como no es de ellos no les importa. ¡Ni siquiera los partidos políticos cuyas sedes han sido destrozadas e incendiadas por los vándalos resultan afectados económicamente! Esto en virtud de que cada partido recibe un presupuesto multimillonario para renta de locales, adquisición de computadoras, mobiliario, sueldos de secretarias, impresión de propaganda, pago de servicios, etcétera. Y el dinero para todo esto proviene no de los bolsillos de los militantes de cada partido pasándose la “charola”, sino de las arcas públicas, o sea de los bolsillos del pueblo de México. No hay una sola oficina o edificio público que no haya sido construído sin usar dinero del pueblo. El pueblo es el que ha pagado todo, hasta la risa, por la vía de los impuestos. Si se vuelve necesario reparar o contruír de nuevo por la magnitud de los daños causados, el pueblo lo paga de un modo un otro. Los gobernantes y los legisladores están de paso temporal por los edificios públicos, y no van a perder un solo centavo si los motineros los hacen añicos.

Son escasos los islotes de territorio en los cuales los anarquistas no se atreven a poner su pie para hacer sus desmanes. Uno de ellos es la residencia oficial del presidente de México, Los Pinos. ¡Ay de ellos si osan encaminarse hacia Los Pinos con la intención de prenderle fuego a la residencia oficial del presidente, porque si llegan a tal extremo se las tendrían que ver con el Ejército mexicano, con el Estado Mayor Presidencial, el cual está armado hasta los dientes, y tal vez habría más muertos que los desaparecidos en Iguala, porque un soldado actuando bajo órdenes directas tampoco se tienta el corazón, y las bayonetas caladas estarían esperando a los anarquistas para dar cuenta de ellos. Tampoco irán a la Basílica de Guadalupe para ocasionar daño alguno, porque saben que si hicieran tal cosa el mismo pueblo de México se encargaría de aplicarles el correctivo sin esperar acción alguna del gobierno. Los anarquistas-nihilistas conocen muy bien sus límites, bien sabe el Diablo con quién se mete. Pero fuera de estos islotes de seguridad, el resto de México está a la merced de los motineros.

Indudablemente, hay un esfuerzo por aprovechar la desaparición y presunta muerte de los jóvenes normalistas. El movimiento de Ayotzinapa ha revivido el esfuerzo de la CNTE para descarrilar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que ya es ley constitucional. El movimiento y las protestas de la CNTE ya habían perdido fuerza; pero hoy con las movilizaciones de Ayotzinapa el nuevo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, y su secretario de educación, Salvador Martínez della Roca, le han prometido plazas a todos los normalistas sin importar su capacidad y sin presentar exámenes de oposición, con lo cual estarían violando la Constitución. De la misma manera cientos de maestros de la CETEG (la CNTE de Guerrero) han estado participando en movilizaciones todos los días sin presentarse a las aulas y sin ser sancionados por su ausentismo, con lo cual el gobierno de Guerrero está violando la ley.

En virtud de que el cártel Guerreros Unidos está en vías de extinción total al tener enfocadas en su contra todas las baterías del gobierno de México por haberse excedido y haberse pasado de la raya, es factible que algún cártel contrario como Los Rojos esté tratando de aprovecharse de la situación contratando e incrustando agitadores a sueldo entre los estudiantes, esto con el fin de mantener un vacío de autoridad que le ayude a ocupar los espacios que está dejando vacantes el defenestrado cártel Guerreros Unidos. La experiencia en Colombia con las FARC le ha demostrado a los cárteles que no hay nada mejor para hacer de las suyas que financiar una insurgencia que mantenga al gobierno distraído y embrollado con un orden social fracturado.

Puesto que con el paso del tiempo se vuelve más difícil el estar sosteniendo mediante simples rumores la ficción de que los jóvenes normalistas aún se encuentran con vida, para impedir que algunos de los padres de los jóvenes desaparecidos puedan empezar a resignarse a aceptar la cruda realidad desligándose de las protestas violentas se les han estado haciendo llamadas telefónicas en las cuales les asegura que sus hijos aún están con vida. Esto lo dieron a conocer algunos de los padres de familia a los medios el lunes 17 de noviembre. Todas estas llamadas telefónicas tienen la misma tónica: se trata de llamadas telefónicas anónimas en las que quienes llaman nunca se identifican y las cuales nunca proporcionan una ubicación exacta del supuesto lugar en el cual se les mantiene secuestrados. Si alguien supiera que los jóvenes desaparecidos aún siguen con vida y conoce el lugar en donde supuestamente están siendo ocultados, ¿por qué no dan las coordenadas del supuesto lugar? Obvio, porque se trata de una falsedad en lo que sin duda alguna es un intento de manipulación continuada.

Quienes suponen que la violencia que estalló en el estado de Guerrero se extendió hacia otros estados de México como consecuencia de la desaparición de los 43 normalistas se equivocan. Ya desde antes la violencia estaba enraizada en otros estados. Tómese por caso a Michoacán. Son decenas los autobuses secuestrados en Michoacán por estudiantes de normales rurales e integrantes de la CNTE, la misma forma de operar de los estudiantes de Ayotzinapa o de los maestros de la CTEG en Guerrero. Simplemente van a la terminal de camiones se suben al autobús y se lo llevan. En ocasiones lo hacen en las carreteras y es cuando, además, se llevan las pertenencias de los pasajeros. Una vez movilizados, trasladados por esos camiones que guardan en el recinto universitario para pedir rescate, pueden utilizar los camiones o cualquier carro que se les cruce en el camino para, por ejemplo, realizar bloqueos, incendiarlo y utilizarlo de esa forma para derribar la puerta de la Casa de Gobierno o, más simplemente arrojarlo a toda velocidad contra cualquier cuerpo policial que se les cruce. En el camino se asaltan gasolineras, negocios, centros comerciales y se toman casetas de peaje donde se pide “voluntariamente” cooperación para pasar. Es un gran negocio para lo que se puede tipificar como una nueva forma de delincuencia organizada. Eso viene ocurriendo desde hace años en Michoacán, mucho antes de que el cártel Guerreros Unidos matara a los 43 estudiantes normalistas, y sin duda se ha agudizado más allá de las fronteras de Guerrero y Michoacán. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, exrector de la universidad local, demostró en forma palmaria por qué las autoridades en dicho estado han dejado a todos estos grupos hacer literalmente lo que quieran dejando a la población a merced de ellos. Dijo el gobernador que en Michoacán lo último que se quiere es derramamiento de sangre durante las protestas de los normalistas. Como el PAN en el estado había pedido castigar esos delitos, preguntó qué le harían ellos “porque ya sabemos lo que hizo el Presidente panista (Felipe Calderón), verdad, enfrentó a los mexicanos, hubo mucha sangre, yo no quiero sangre en Michoacán tenemos que privilegiar el diálogo siempre”. Se trata de una estupidez indigna de alguien que detenta un cargo de esa envergadura. Primero, porque el gobernador, como muchos otros actores del poder en México, confunde el derramamiento de sangre con el mantenimiento del orden y el derecho, y quizás cree que la única forma de combatir un delito, lo realice ya sea un manifestante o un delincuente, es matándolo. La obligación del gobernador Jara, como de cualquier otro actor en función de gobierno, es garantizar el Estado de derecho y el mismo no se garantiza, todo lo contrario, cuando se le da impunidad a un grupo para hacer lo que quiera, desde bloquear hasta robar o matar, con la coartada de que no se quiere derramar sangre o coartar el derecho a manifestarse. Segundo, también es una tontería suprema decir que no se hará lo mismo que la administración anterior que “enfrentó a los mexicanos”. Alguien tendría que explicarle al gobernador que ese enfrentamiento, que tuvo un espacio protagónico en su entidad, antes, durante y después de la administración del presidente Felipe Calderón, era un enfrentamiento entre el Estado mexicano contra grupos delincuenciales que tenían secuestrada la entidad. Y tercero, el gobernador casi ignora con rebuznos de borrico que a ese enfrentamiento se sumó el mismo pueblo que armó sus grupos de autodefensa en contra de los extorsionadores y secuestradores de “La Tuta”. En Michoacán, cuando el estado mexicano se negó a su obligación de proporcionar justicia, garantías constitucionales, seguridad y paz a los michoacanos, el pueblo decidió hacerse justicia por su propia mano y recobró su derecho natural a la legítima defensa arremetiendo contra sus opresores mafiosos que, como lo demostró el narco-municipio de Iguala, estaban coludidos y protegidos por los mismos hombres de la ley. En respuesta, el sistema político mexicano, ansioso y urgido de presentar como suyos éxitos que no lo son, legalizó a las autodefensas incorporándolas como policía oficial rural y citadina bajo el mando del gobierno. Los milicianos que integran los grupos de autodefensa ciudadana en Michoacán son auténticos héroes que han protegido a los michoacanos de los asesinatos, extorsiones y secuestros cometidos por los Templarios, y son susceptibles de ser copiados y reproducirse en todo el país, sobre todo en el estado de Guerrero que hoy sufre y padece a manos de quienes usan como bandera a quienes reclaman como vivos a esos 43 estudiantes a sabiendas de que no pueden ser resucitados. La victoria sobre el mal en Michoacán debe adjudicarse al mismo pueblo de Michoacán, pero aún está lejos de ser definitiva. Los integrantes de las autodefensas no deben deponer las armas mientras el estado de derecho no sea restablecido en Michoacán y en México entero.

Ninguno de los grandes movimientos que ha luchado demandando la aparición de desaparecidos o la libertad de presos políticos ha tenido éxito recurriendo a la violencia. Al contrario ha sido la lucha cívica la que les ha permitido lograr enormes triunfos: las madres y abuelas de Plaza Mayo, por ejemplo, fueron claves para derrotar una terrible dictadura cuyas acciones harían palidecer lo ocurrido en Iguala: imaginemos Iguala multiplicada literalmente por mil. Contra eso se enfrentaron madres y abuelas en Argentina. Hoy desde los responsables de las juntas militares hasta sus operadores están procesados, algunos presos, otros murieron en prisión. Las madres y abuelas, y vaya que muchas de ellas eran, son, aguerridas, nunca rompieron un plato, pero su valor cívico y moral les daba un peso y una influencia que perdura hasta el día de hoy en casi todos los sectores sociales de ese país.

Los familiares de los 43 normalistas le hacen un favor muy flaco a su causa dejando que la misma se identifique con la violencia de grupos que están apostando, en ocasiones, simplemente al delito, en otras a la desestabilización. Y de eso también son cómplices las autoridades que han decidido no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Es por ello que México se encuentra hoy en llamas.