miércoles, 5 de noviembre de 2014

El fin del “sueño” de 11 millones

El famoso periodista y conductor de noticieros de televisión en la cadena UNIVISION, Jorge Ramos, mexicano de origen pero naturalizado como ciudadano norteamericano, por varios años estuvo haciéndole creer a su amplio teleauditorio hispano que el poder del voto latino había estado creciendo a tal grado que tarde o temprano los legisladores emanados del Partido Republicano, férreos oponentes a cualquier tipo de aministía que forme parte de una reforma migratoria integral, terminarían teniendo que ceder ante las presiones de los hispano parlantes residentes en los Estados Unidos, so pena de terminar perdiéndolo todo en elecciones posteriores, no únicamente la presidencia sino también el control del Congreso. Todavía hasta hace poco ha seguido insistiendo en la misma historia. Muchos otros forjadores de la opinión pública de los hispanos que viven en los Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Jorge Ramos han sumado sus esfuerzos a la contrucción de tal fantasía. En realidad, esta fantasía sobre el peso de los hispanos como bloque político unificado parte desde hace ya bastantes décadas con la creación de clubs sociales como LULAC (League of United Latin American Citizens) que tienen tanto peso político hoy como el que tuvieron ayer (o sea casi igual a cero).

El día histórico en el que fue puesto a prueba el supuesto auge del poder electoral de los hispano parlantes con capacidad de votar en los Estados Unidos llegó el martes 4 de noviembre de 2014. Ese fue el día en el cual supuestamente tendrían la oportunidad de propinarle un duro voto de castigo al Partido Republicano en venganza por su intransigente postura en contra de la posible legalización de los 11 indocumentados que se estima radican actualmente en los Estados Unidos. Una oportunidad que solo se presenta una vez cada dos años.

¿Y qué fue lo que sucedió?

Que los hispanos que residen en los Estados Unidos no solo no le hicieron mella al Partido Republicano en noviembre de 2014, sino que la fantasía de su supuesta fuerza como un sólido bloque electoral se desvaneció ante hechos tan sorprendentes como el hecho de que además de tomar el control del Senado varios gobernadores lograron ser electos o reelectos pese a que el Partido Republicano en sus estados ha mostrado una férrea postura antiinmigrante.

Un beneficiario del voto hispano lo fue el texano Greg Abbott emanado del Partido Republicano. En Texas, precisamente el estado que tiene la segunda población hispana más grande de la Unión Americana -el 17 por ciento del electorado- Abbott recibió el 44 por ciento de votos hispanos, pese a que de acuerdo a la fantasía sostenida por el comentarista Jorge Ramos y otros acerca de un enfrentamiento entre hispanos y el Partido Republicano por diferencias irreconciliables debería de haberse traducido en un porcentaje de votos hispanos no mayor del dos o tres por ciento para el Republicano Greg Abbot, el cual gracias al voto hispano derrotó a la Demócrata Wendy Davis. Greg Abbott es el sucesor en Texas del gobernador Republicano Rick Perry, el cual pese a sus posturas decididamente anti-mexicanas (ha hablado en varias ocasiones de cerrar la frontera con México alegando que por la frontera con México se le pueden meter a Estados Unidos personas infectadas con ébola así como terroristas musulmanes) logró permanecer en la gubernatura de Texas mediante reelección continuada el mayor período de tiempo de cualquier gobernador que haya tenido dicho estado.

Por otra parte, en Georgia, en donde existe una pequeña población de hispanos que está creciendo rápidamente y que actualmente representa el 4 por ciento de los votantes, el gobernador Republicano Nathan Deal fue reelecto, obteniendo el 47 por ciento de los votos hispanos. Tampoco aquí puede hablarse de un voto de castigo hispano en contra del Partido Republicano.

Por otro lado, en la apretada lucha por los escaños del Senado de parte de la misma Georgia, el empresario conservador Republicano David Perdue recibió el 42 por ciento de los votos hispanos, y las matemáticas indican que el apoyo de los hispanos fue crucial y determinante para que el Republicano David Perdue lograra obtener su triunfo.

En Colorado, en la competencia para el Senado en donde los hispanos representan el 14 por ciento de los votantes, el Republicano Cory Gardner desbancó al Demócrata que estaba en ese escaño, Mark Udall, en lo que los analistas de ambos partidos catalogaron como el libro de jugadas republicanas sobre cómo disminuír la ventaja que supuestamente tienen los Demócratas con los hispanos.

Otra beneficiaria de la ola Republicana que arrasó al Partido Demócrata en noviembre de 2014 fue la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, la cual resultó reelecta ayudada por una intensa campaña de publicidad negativa proclamándose en contra de otorgarle licencias de conducir del estado de Nuevo México a migrantes indocumentados, poniendo en sus campañas negativas un mapa de Estados Unidos con flechas saliendo del estado de Nuevo México representando a inmigrantes indocumentados proclives a la criminalidad trasladándose hacia otras partes de la Unión Americana con sus licencias de conducir, para instalarse e incrementar la criminalidad en toda la Unión Americana con dicho documento. En esta campaña de odio en donde se pintó a los indocumentados de una manera negativa (algunos de ellos no son unas blancas palomas, pero ciertamente no todos encajan en el estereotipo negativo que de ellos se hace) que constituye una amenaza a la seguridad nacional de dicho país, no mencionó jamás Susana Martínez que las licencias de conducir sin importar de qué estado provengan no sirven para obtener el Social Security Number (Número de Seguro Social) al cual solo pueden acceder aquellas personas que pueden demostrarle al gobierno federal que inmigraron, como tampoco es posible obtener con tales licencias de conducir ayuda de programas de asistencia social. Más allá de las posturas anti-indocumentados de Susana Martínez (y en esto no está sola, le hace coro la también Republicana gobernadora de Arizona Jan Brewer que ha hecho todo lo posible de su parte para criminalizar a los indocumentados poniéndolos a la par con los narcotraficantes y los asesinos seriales), nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que una hispana haya logrado ser admitida con puertas abiertas dentro de un club político que reconocidamente ha sido y sigue siendo refugio de políticos decididamente anti-hispanos? Pues en cierto modo renegando de sus raíces, renegando de sus orígenes (nota: el autor de estas bitácoras no tiene relación alguna de parentesco ni siquiera lejano con Susana Martínez).

El incuestionable apoyo hispano hacia el Partido Republicano, en lugar del voto de castigo que varios conocidos comentaristas y politólogos como Jorge Ramos habían predicho, fue destacado en una nota elaborada por Julia Preston para el periódico The New York Times el 5 de noviembre de 2013 observando el hecho de que en una serie de competencias cruciales los hispanos votaron mayormente por los Republicanos, apuntando de este modo a la estrategia que será empleada por los Republicanos en la contienda presidencial del 2016.

Si en un momento tan históricamente importante como éste los hispanos que viven en Estados Unidos no se pudieron unir para propinarle un voto de castigo al Partido Republicano, ¿entonces hasta cuándo? ¿Hasta el tercer milenio?

¿Acaso no fue el líder mayoritario de la Cámara de Representantes, el Republicano John Boehner, quien usando arbitrariamente su poder para agendar las votaciones, impidió que en la Cámara de Representantes se votase un acuerdo bipartidista aprobado en el Senado entre un puñado de Demócratas y Republicanos moderados para una reforma migratoria? Ese Senado, hasta hace unos días controlado por una mayoría Demócrata, ya no existe; ese acuerdo perdió su sustento, al caer el Senado bajo el control de los Republicanos algunos de los cuales son miembros de la nueva ala radical extremista conservadora del Partido Republicano conocida como Tea Party.

La contundente derrota obtenida por los Demócratas, que apoyan alguna forma de legalización a los 11 millones de migrantes indocumentados, a manos de los Republicanos que han demostrado en los últimos seis años su oposición a tal amnistía, representa un golpe doloroso para esos indocumentados porque al presidente Barack Obama, precisamente quien los apoyaba en sus intentos de legalización, solo le quedan dos años de administración en los cuales tendrá que enfrentarse a un Congreso hostil controlado en su totalidad por los Republicanos. De nada les sirvieron sus marchas de manifestaciones, sus plantones de protesta, sus movilizaciones masivas en demanda de algún tipo de legalización, y lo paradójico es fueron los mismos hispanos con capacidad de voto los que les dieron la espalda a esos 11 millones de indocumentados.

En honor a la verdad, no solo fueron latinos norteamericanizados quienes dieron la espalda a los indocumentados hispanos al darle su voto al Partido Republicano. También los irlandeses o descendientes de irlandeses nacionalizados norteamericanos que nutren las filas del Partido Republicano le dieron la espalda a los irlandeses indocumentados. Lo mismo se puede decir de los italianos. Igual de los griegos. Lo mismo ocurrió con grupos de otras etnias y nacionalidades; hay bastante culpa por repartir. Si se hubieran unido para darle un Congreso con mayoría Demócrata al Presidente Obama, sus coterráneos indocumentados en estos momentos estarían ya en vías de obtener alguna forma de legalización.

Las elecciones norteamericanas de noviembre de 2014 representan una serie de paradojas y contradicciones difíciles de racionalizar. Supuestamente, de acuerdo a los sondeos, el pueblo norteamericano quería enviarle al Congreso un mensaje de que ya está fastidiado con la virtual parálisis gubernamental de Washington en temas de importancia; y harto también por las perspectivas económicas a futuro de dicho país. Sin embargo, es un hecho histórico que quienes han puesto a la economía norteamericana en aprietos una y otra vez no han sido los presidentes Demócratas, sino los presidentes Republicanos. Cuando el Republicano Ronald Reagan fue presidente inauguró una doctrina económica conocida como Reaganomía, y justo durante su presidencia Estados Unidos entró en una recesión económica profunda en 1982 que acabó con el mito. Tiempo después, cuando el Demócrata Demócrata Bill Clinton tomó posesión de la presidencia ayudado por la decepción sufrida por los norteamericanos tras la recesión económica causada por el Republicano Reagan, la economía norteamericana tuvo una recuperación y un crecimiento espectacular. Pero después llegó el presidente Republicano George W. Bush, y con sus guerras en Medio Oriente contribuyó a sentar las bases para enviar a la economía norteamericana a una crisis profunda y severa que sería conocida como la Gran Recesión; ese fue el legado económico de los Republicanos al presidente Demócrata Barack Obama bajo el cual tras seis años de esfuerzo se ha empezado a revertir ‘la gran Recesión’. Si la Historia se repite, la elección de un presidente Republicano en 2016 apoyado por un Congreso controlado por los Republicanos debería de ser algo capaz de provocar espanto a cualquier norteamericano, y sin embargo se votó en esa dirección. Parece que los norteamericanos, al igual que los mexicanos, carecen de memoria histórica para asuntos importantes.

Sin duda alguna, el hecho de que China haya desplazado a Estados Unidos como primera potencia económica mundial tiene preocupados a muchos norteamericanos. Pero esto se debe a otros factores complejos sobre los cuales ni los políticos de Washington ni los norteamericanos como sociedad tienen mucho control.

En lo que a los millones de indocumentados respecta, el triunfo de los Republicanos en 2014 no solo es una mala noticia; se trata de una muy mala noticia cuyos efectos y reverberaciones se estarán sintiendo a largo plazo. Ni a corto ni a mediano plazo volverá a presentarse para ellos otra oportunidad como la que se presentó en 2014 para hacerle mella a los Republicanos.

Tradicionalmente, ha sido el Partido Republicano el que le ha estado dando la puntilla a las intenciones de los indocumentados de obtener una solución para legalizar permanentemente su situación. Todas las propuestas en torno a una reforma migratoria, incluyendo otros temas que no tienen nada que ver con una amnistía para los indocumentados (como la creación de un programa de trabajadores agrícolas temporales como el que tiene Canadá con México, la otorgación automática de visas de residencia permanente a todos los extranjeros que gradúen de universidades norteamericanas con títulos de Maestría o Doctorado, el fin de la inmigración-en-cadena basada en obtención de la residencia legal mediante meras relaciones de parentesco, etcétera). Esta parálisis es parte de lo que ha caracterizado a lo que es considerado por muchos analistas como un Congreso disfuncional.

En los primeros seis años de la administración de Barack Obama, los Republicanos tenían el control de la Cámara de Representantes pero no tenían el control del Senado, el control del Senado lo tenían los Demócratas. Pero ahora los Demócratas han perdido por completo el control de ambas cámaras, y con ello del Congreso. Si antes había pocas esperanzas y posibilidades de obtener del Congreso una reforma migratoria integral que incluyera una amnistía, las esperanzas de que se logre ahora tal cosa son nulas. En efecto, las ilusiones de los 11 millones de indocumentados de poder realizar cabalmente su “sueño americano” han llegado a su fin.

La casta de nuevos políticos emanados del Partido Republicano que se sumará a los que ya hay ahora en el Congreso es tan xenofóbica y extremista que incluso uno de ellos habla ya sobre su disposición al inicio de una guerra con México. Estas amenazas y advertencias no hay que tomarlas como broma, hay que tomarlas muy en serio, porque la última vez que se adoptaron este tipo de actitudes en el Congreso norteamericano México terminó perdiendo no sólo el estado de Texas sino más de la mitad de su territorio. La noticia que consigna este hecho apareció publicada el 6 de noviembre de 2014 en una nota que bajo el encabezado “Considera republicano guerra con México para frenar inmigración” asienta este texto: “El nuevo representante del distrito 6 de Carolina del Norte, el republicano Mark Walker, advirtió que para frenar la inmigración ilegal a los Estados Unidos estaría dispuesto a iniciar una guerra con México. ‘Mi primera respuesta es que vamos a utilizar la Guardia Nacional tanto como podamos’, respondió Walker al ser cuestionado por electores sobre el uso de la fuerza militar para proteger la frontera. ‘Si tienes extranjeros que se escabullen con cárteles de la droga, para mí eso es una amenaza nacional, y si es necesario usar jets de combate, no tengo problema’, agregó en el foro organizado por la Voluntad del Pueblo, un grupo del Tea Party, el 26 de junio cuando era candidato. Tras ser cuestionado por el moderador sobre si estaría dispuesto a ir a una guerra con México, Walker dijo que sí. ‘Lo hicimos antes y, si necesitamos hacerlo otra vez, no tengo problema’, finalizó. Los comentarios de Walker resurgieron tras resultar ganador en el distrito de Carolina del Norte, en las elecciones de ayer”.

¿Cómo se puede esperar que un Congreso, dominado en su totalidad por Republicanos entre los cuales se encuentran extremistas como Mark Walker, aprobará algún día una reforma migratoria que le dé legalización a los 11 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos? ¿En qué cabeza cabe que con estos individuos se pueda razonar o entablar un diálogo inteligente? Más allá del golpe dado a los indocumentados de origen latino por los mismos hispanos ya legalizados que dieron su voto al partido conservador que no ve con buenos ojos la inmigración hispana tanto legal como ilegal, queda el asunto preocupante de que si la madurez cívica de una sociedad se refleja en los políticos que elije para que la representen en decisiones legislativas importantes, entonces la sociedad norteamericana no mostró mucha madurez al elegir como representantes suyos a individuos como Mark Walker.

Hay algunos cuantos ilusos que aún esperan que Barack Obama antes de que deje la presidencia les extienda una amnistía mediante un decreto presidencial. Pero olvidan que Barack Obama no es un rey, es un presidente, y no puede emitir decretos presidenciales de amplio alcance alegando la virtual parálisis del Congreso en el tema migratorio sin correr el riesgo de que los Republicanos recurran a la Suprema Corte de Justicia para que ésta mande abajo cualquier decreto presidencial que el presidente Obama trate de emitir pasando por sobre las atribuciones legislativas del Congreso. Cuando el Senado aún estaba controlado por los Demócratas, la emisión de un decreto presidencial concediendo alguna forma de legalización a los 11 millones de indocumentados se antojaba posible aunque difícil. Pero con un Senado controlado en su totalidad por los Republicanos, tal cosa se ha vuelto poco menos que imposible. Por lo pronto, el “sueño” americano quedará en solo eso, en un mero sueño, porque ha llegado el momento de despertar a la cruda realidad.

Si bien una amnistía total parecía mucho pedir, sobre todo si quienes la piden son personas que deliberadamente violaron las leyes migratorias de los Estados Unidos, fijar las ambiciones en algo menos pretencioso como la concesión de una residencia permanente sin posibilidad de obtener ciudadanía o al menos la concesión de visas de trabajo renovables por tiempo indefinido habría sido más razonable. Pero pidieron demasiado, exigieron demasiado, y traicionados por los votos de los mismos hispanos que viven ya legalmente en los Estados Unidos, los indocumentados latinos no pueden aspirar ni siquiera a una concesión que no provoque la ira de los Republicanos. Quisieron la enchilada completa (the whole enchilada), y ahora no se ve cómo puedan obtener ni siquiera un chile piquín.

Muertas las esperanzas de una reforma migratoria que le dé residencia legal permanente a los más de diez millones de indocumentados que habitan en los Estados Unidos, les queda abierta una última posibilidad a todos aquellos que carecen de antecedentes penales y que hasta la fecha no han sido capturados y deportados de regreso a sus países de origen por las autoridades migratorias norteamericanas. Esta posibilidad consiste en regresar voluntariamente a sus países de origen, y hacer sus solicitudes para poder inmigrar legalmente a los Estados Unidos metiendo todos los papeles que se les requieran (certificado de no antecedentes penales, certificado de escolaridad, certificado de ingresos, exámenes médicos, carta de trabajo, etcétera etcétera etcétera), esperando pacientemente los años que se requieran hasta que les toque su turno para la famosa cita consular. O sea, hacer cola ante un consulado o una embajada norteamericana como cualquier otro, aguardando su turno al igual que todos los demás, aunque se tengan que esperar diez o viente años al ir en pos de su “sueño americano”. En realidad, esto es lo que deberían de haber hecho desde un principio, plegarse a lo que dictan las leyes migratorias de Estados Unidos aunque el sistema ya se encuentre destartalado. Tal vez así se habrían evitado los problemas y las penurias que tienen ahora.

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