¿Pero cuáles son las posibilidades para que un candidato independiente, desligado de todos los partidos políticos ya sea de derecha o de izquierda o de centro-derecha o de centro-izquierda, pueda aspirar a ocupar el máximo cargo público de un estado tan grande como Chihuahua? Aunque no se antoje probable, gracias al triunfo en el estado de Nuevo León del candidato independiente conocido como “El Bronco”, las posibilidades de que la gubernatura de Chihuahua pueda terminar en manos de un candidato independiente desligado de todo partido político (y por lo tanto desligado de la partidocracia que cada vez tiene más ciudadanos que están hartos de ella) han aumentado en forma considerable.
Pero no solo la apertura de las candidaturas independientes abre una nueva posibilidad para enviarle al sistema de partidos políticos en Chihuahua un duro castigo en las elecciones venideras. Existe ya un precedente histórico en Chihuahua de cómo un candidato independiente le puede arrebatar el poder a un partido dominante.
En 1983, postulándose para la alcaldía de Ciudad Juárez, no solo la ciudad más grande del estado de Chihuahua sino una de las ciudades fronterizas más grandes de México, apareció un candidato que no estaba respaldado por ningún partido político, un candidato independiente, un candidato casi desconocido apoyado económicamente por la clase empresarial que había resultado sumamente lastimada con las desastrosas políticas económicas implementadas por los presidentes Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, todos ellos emanados del PRI, políticas económicas que condujeron directamente a devaluaciones brutales del peso en su paridad con respecto al dólar y el empobrecimiento subsecuente de las clases medias.
Ese candidato se llamaba Francisco Barrio Terrazas. Fue apoyado como candidato independiente para la alcaldía de Ciudad Juárez por una organización de carácter ciudadano autodenominada Frente Cívico de Participación Ciudadana Asociación Civil, detrás de la cual había no solo un financiamiento importante proporcionado por empresarios de la región sino además un apoyo logístico y organizativo de ciudadanos que sin percibir goce de sueldo aportaron su tiempo y sus talentos para la organización de una campaña destinada a enviarle un voto de protesta al sistema presidido entonces por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Cuando en 1983 el candidato independiente Francisco Barrio Terrazas pudo triunfar logrando lo que parecía imposible, obteniendo más votos en las urnas que el candidato oficial del PRI Santiago Nieto Sandoval, vigilando de cerca con la ayuda de una amplia red de voluntarios la limpieza de la votación emitida en cada casilla electoral de modo tal que por vez primera fue realmente difícil si no imposible para el partido dominante el poder recurrir al fraude electoral para imponer a su candidato a la alcaldía, el triunfo se lo debió Francisco Barrio no a una actuación brillante previa que hubiera tenido en alguna posición administrativa importante en el gobierno estatal porque hasta el momento de lanzarse como aspirante a la alcaldía de Ciudad Juárez Francisco Barrio carecía por completo de una experiencia previa sobre la cual pudiera ser evaluado por la ciudadanía afirmándose “ha desempeñado un buen papel como alcalde de tal o cual ciudad”. Entonces, si la gente no votó masivamente por Francisco Barrio al ser un virtual desconocido, ¿por qué votó mucha gente por él? Esencialmente, por dos cosas: la primera fueron las muchas promesas hechas por Francisco Barrio de que habría un cambio drástico en el modo de gobernar que acabaría de tajo con la corrupción imperante, pero la segunda y más importante aún, la opción que no había existido hasta ese entonces de enviarle al partido oficial, el otrora invencible PRI, un duro mensaje de castigo, un voto de enojo haciéndole pagar caro por los descalabros ocasionados por los presidente de México que emanaron de dicho partido. Y había muchos ciudadanos más que dispuestos a vengarse en las urnas del partido oficial siempre y cuando hubiera algún otro candidato desligado por completo del PRI en el que se viera una posibilidad de castigar al partido oficial sepultando a su candidato Santiago Nieto con un alud de votos no tanto en contra suya sino en contra del partido oficial.
¿Pero qué acaso Francisco Barrio Terrazas no era ya miembro del Partido Acción Nacional cuando se postuló como candidato para la alcaldía de Ciudad Juárez? No lo era. Como tampoco estaba registrado ante la Secretaría de Gobernación como partido político el Frente Cívico de Participación Ciudadana AC que estaba detrás del financiamiento económico de las aspiraciones políticas de Francisco Barrio. Precisamente por esto, al partido oficialista le quedaba la opción de tratar de descarrilar al candidato Francisco Barrio removiéndolo del camino alegando que no representaba a partido político alguno. Fue justo aquí cuando a algunos de los pocos miembros con que contaba el Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez (el PAN considerado como un partido de derecha era un partido casi de membrete que no contaba en Ciudad Juárez ni siquiera con unos cien militantes) se les ocurrió la idea de arropar con las siglas del PAN la candidatura de Francisco Barrio a la alcaldía de Ciudad Juárez. Francisco Barrio aceptó este cobijo que los panistas de Ciudad Juárez le otorgaron sin tener que pedírselo Barrio de antemano a los panistas. Esta decisión circunstancial, que se dió casi por un mero accidente histórico, resultó ser una de las más brillantes decisiones políticas que se hayan tomado en toda la historia del PAN. El triunfo inobjetable del candidato independiente arropado con las siglas del PAN hundió en Ciudad Juárez en 1983 el mito de la invincibilidad del PRI, quedando demostrado que con una buena organización ciudadana era posible arrebatarle al PRI en forma pacífica y con el apoyo del voto ciudadano posiciones de poder que antes jamás hubiera cedido. De inmediato otros estados de la República tomaron nota, y la ola azul del PAN cimbró al estado de California con personajes como Ernesto Ruffo Appel, pasando casi de inmediato a cimbrar otros estados como el estado de San Luis Potosí (con el Doctor Nava) y como el estado de Guanajuato. Y por vez primera, se avizoró la posibilidad de arrebatarle tarde o temprano al PRI la misma presidencia de la República, algo que le puso los pelos de punta al sistema. Aún en estos tiempos actuales en los que el PAN se encuentra en franca decadencia obteniendo sus peores resultados desde los tiempos del presidente priista Carlos Salinas de Gortari, no es posible comprender la manera en la que el PAN logró constituírse en la segunda fuerza política del país ni comprender la manera en la que el PAN logró sacar al PRI de Los Pinos en el año 2000 sin tomar conocimiento de cómo la bomba que estalló en 1983 en la frontera norte de México detonó una posterior cascada imparable de acontecimientos que contribuyeron a sepultar la manera antigüa de hacer política desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán Valdes.
La democracia de la que hoy goza México, con todo y sus imperfecciones (como la partidocracia que se resiste a morir, o la persistencia de diputados y senadores plurinominales por los cuales nadie vota directamente), empezó con la sacudida que se dió en Chihuahua en 1983. Si bien es cierto que ya se habían sembrado previamente algunas semillas de descontento con sucesos tales como el uso del Ejército mexicano para llevar a cabo la matanza de estudiantes universitarios en Tlatelolco en 1968 bajo órdenes emanadas directamente del presidente autoritario Gustavo Díaz Ordaz, la derrota sufrida por el PRI en las urnas en 1983 en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez constituyó el primer revés de proporciones históricas colosales cuyo ejemplo fue tomado casi de inmediato por otros estados en los que se montó una resistencia similar que el añejo sistema político ya no pudo superar, a grado tal que en 1988 el presidente priista Miguel de la Madrid tuvo que recurrir a un fraude electoral directo para impedir que el PRI perdiera la presidencia de la República ese año, y tras dicho fraude la consolidación del Instituto Federal Electoral (IFE) y su sucesor el Instituto Nacional Electoral (INE) no le dejaron al sistema mucho espacio para maniobrar excepto la partidocracia que ha reemplazado al sistema autoritario de antes, partidocracia que hoy se ve seriamente amenazada ante el surgimiento de las candidaturas independientes.
De este modo, el terremoto político que todavía hoy sigue sacudiendo a México empezó con una candidatura independiente, la candidatura de Francisco Barrio Terrazas a la alcaldía de Ciudad Juárez en 1983. Y tal vez el tipo podría haber llegado a ser presidente de México, de no haber sido por una miopía política de orden mayúsculo que está terminando por consumir al PAN. Cuando el PAN derrotó incuestionablemente al PRI en 1983 por vez primera en la historia de México, al PAN no se le podía criticar ni objetar absolutamente nada porque nunca antes había gobernado a un estado tan grande como Chihuahua; no se puede arremeter en contra de quien no ha gobernado excepto su falta de oficio político en el arte de gobernar al no haber ejercido el poder nunca antes. Pero una vez que se ha recibido el poder, las evaluaciones y las comparaciones resultan inevitables. Y el pueblo descubrió que el PAN había olvidado por completo sus promesas de meter a la cárcel a los políticos del viejo régimen que habían saqueado al país hundiéndolo en la miseria (a José López Portillo le corresponde el dudoso honor de haber convertido a México en el país más endeudado del planeta Tierra), como también había olvidado sus promesas de desmantelar las viejas estructuras del sindicalismo corporativo. En pocas palabras, el muy publicitado “cambio” nunca se dió, terminó como una gran e incumplida promesa. Aunado a esto, se sumaron graves ofensas al pueblo de Chihuahua tales como los feminicidios de Ciudad Juárez que a partir de 1993 empezaron a recibir la atención del mundo entero por la impunidad de los mismos, así como una creciente cascada de corruptelas con las cuales Francisco Barrio procuró beneficiar no a quienes antes habían votado por él y lo habían apoyado sino a sus compadres y ahijados políticos, buscando enriquecerse a toda costa a manos llenas, gobernando con soberbia y prepotencia y haciendo a un lado a los mismos ciudadanos chihuahuenses que los habían llevado al triunfo, o sea terminando no solo igual sino inclusive peor que los priistas a los cuales había sacado del poder. El pueblo de Chihuahua tomó nota, y en 1998 el pueblo castigó al PAN sacándolo de la gubernatura de Chihuahua, la cual después de casi dos décadas no ha podido recuperar. En Chihuahua, son muy pocos aquellos que realmente desean que el PAN vuelva a gobernar Chihuahua, así de mala fue la experiencia.
Si el PRI en Chihuahua logró regresar al poder aplastando repetidamente en varias ocasiones al PAN con el retorno a los tiempos del “carro completo” que se creían superados, no fue a causa de una metamorfosis mágica que se haya dado en el PRI, sino por el pésimo estilo de gobernar de los panistas que solo buscaron despacharse con la “cuchara grande” en los tiempos en los que tenían el poder en sus manos. De hecho, la ciudadanía de Chihuahua parece estar harta tanto del PAN como del PRI (aunque menos harta del PRI que del PAN), y esto lo evidencian los resultados electorales de 2015 en los que el abstencionismo en Chihuahua fue del 70%, con un 30% de votos repartidos entre el PRI (manteniendo una mayoría así sea simbólica) y el PAN (manteniéndose como una cada vez más achicada minoría). Si un 70% de los votantes prefirieron quedarse en sus casas, ello se debió a que juzgaron una de las opciones (el PRI) como mala, y la segunda opción (el PAN) como mil veces peor. Puesto de otro modo, un 70% de los votantes no vieron ninguna verdadera opción.
Pero aquí es en donde empezarán a entrar las candidaturas independientes que se acaban de estrenar en junio de 2015.
Un candidato independiente, como “El Bronco” de Nuevo León, desligado por completo de la fórmula bipartidista PRI-PAN y manteniéndose alejado de ambas opciones, tiene posibilidades históricas reales de descalabrar al bipartidismo en Chihuahua tal y como lo hizo “El Bronco” en 2015.
Si el PRI y el PAN, juntos, en estos momentos solo tienen el 30% de votos a su favor, y eso incluyendo las otras opciones como MORENA, el Partido Verde y el resto de la “chiquillada”, entonces un candidato independiente solo tendría que convencer a un 30% del 70% de los hasta ahora abstencionistas para “mandar a casa” tanto al PAN como al PRI. Pero en realidad, ni siquiera tiene que convencer a un 30% de que salgan a votar por él. Basta con convencer a un porcentaje ligeramente superior al porcentaje de los votantes que votaron por la primera opción (el PRI) para lograr convertirse en el primer gobernador independiente de Chihuahua. La consecuencia estadística es que un candidato independiente no necesita convencer ni siquiera al 20% de los electores para quedarse con la gubernatura de Chihuahua. Irónicamente, en esto lo pueden ayudar las hasta ahora dos opciones principales. Con el PAN golpeando duro al PRI con sus campañas negras de guerra sucia, y con el PRI respondiéndole al PAN en consecuencia, el candidato independiente solo tiene que dejar que tanto el PRI como el PAN se hagan pedazos entre sí mientras él se presenta como una verdadera tercera opción desligada del cochinero. Con un poco de votos que el candidato independiente le quite al PAN, y otro poco de votos que le quite al PRI, además de aquellos abstencionistas que no han salido a votar porque no ven una opción verdadera, con solo esto puede ganar un candidato independiente la gubernatura de Chihuahua, lo cual no se antoja como una imposibilidad sino como una posibilidad cada vez más factible y real. Sin duda alguna, los líderes y estrategas de los partidos políticos de Chihuahua ya están empezando a ver esta posibilidad como preocupación, por no decir como una amenaza, repitiéndose lo que ocurrió en Chihuahua en 1983. Sería como volver a vivir la Historia nuevamente, con las nuevas generaciones tomando la estafeta.
En este tercer milenio de cambios sorpresivos en el panorama político mexicano, si bien cualquiera puede aspirar a lanzar su candidatura como independiente para la gubernatura de Chihuahua, una postulación así no puede ser el resultado de una improvisación, requiere que el aspirante independiente o los aspirantes independientes acumule un conocimiento mínimo sobre cuestiones fundamentales de la administración pública que requieren decisiones bien pensadas, y esa preparación no puede darse de la noche a la mañana. El candidato independiente tiene que tener conocimiento del monto de la deuda pública del gobierno actual, porque si no sabe cuál es el monto de la deuda pública, si ni siquiera sabe en cuánto está endeudado Chihuahua (hablando en pesos y centavos), ¿cómo puede proponer mejoras en la administración del gasto público? ¿Cómo puede proponer un plan de gobierno si ni siquiera tiene la menor idea sobre cómo se están manejando las finanzas del estado?
De que hay una verdadera preocupación sobre todo en el PRI de que un candidato independiente les pueda “comer el mandado”, sobre todo con el ejemplo que acaba de poner “El Bronco” en Nuevo León, de eso debe haber pocas dudas. Antes de las elecciones de junio de 2015, el gobernador César Duarte había movido todas las piezas en su tablero de ajedrez para que el Congreso de Chihuahua -controlado por una mayoría priista- implementara una “mini-gubernatura” de dos años, seguida de una gubernatura normal de seis años, usando como justificación la conveniencia de equiparar las elecciones estatales en Chihuahua con las elecciones federales y así reducir los costos, aunque varios analistas vieron aquí la intención real del actual gobernador César Duarte de poder maniobrar a su gente con las aspiraciones personales de César Duarte de contender por la presidencia de México en 2018 en mente. Pero hay otra cruda realidad enfrentada por el gobernador César Duarte. Si no hay cambio alguno en el calendario electoral, entonces la próxima gubernatura de Chihuahua se decide el año entrante, en 2016, y debe ser una gubernatura que dure seis años, o sea terminando en el 2022. Los doce meses que faltan para que se decida la gubernatura de Chihuahua en 2016 es tiempo insuficiente para que cualquier candidato independiente se dé a conocer y se prepare para contender en contra de los partidos políticos, y la siguiente oportunidad para un candidato independiente se daría hasta 2022. Pero con una “mini-gubernatura” de dos años, un candidato independiente tendría tiempo suficiente para organizarse y preparar su golpe para ser propinado en 2018 en contra de la fórmula bipartidista PRI-PAN en Chihuahua, dándole de paso un golpe mortal a cualquier aspiración que pueda tener el aún gobernador César Duarte de poder contender para la presidencia de México en cualquier elección futura (¿quién o qué partido está realmente interesado en postular para la presidencia de México a un gobernante cuyo partido haya terminado perdiendo el poder a manos de un candidato independiente?). La única manera de impedir que tal cosa ocurra en 2018 era enviar al canasto de la basura los planes de una “mini-gubernatura” de dos años.
Y resulta que -¡oh, sorpresa!, se enviaron al canasto de la basura los planes para implementar una “mini-gubernatura” de dos años en el estado de Chihuahua.
Aunque hay quienes todavía creen que el plan para permitir una gubernatura breve de dos años en Chihuahua se debió a las protestas y críticas tanto de los sectores empresariales como de varios sectores de la ciudadanía que argumentaron que con una gubernatura tan corta el “mini-gobernador” no tendría tiempo para implementar un plan de trabajo a largo plazo, lo cierto es que el temor de que un ciudadano independiente pudiera dar la sorpresa en el mismo estado que fue cuna de la Revolución de 1910 y que dió dos sorpresas electorales históricas en 1983 y en 1986 fue lo que obligó a dar marcha atrás en las intenciones de crear la “min-gubernatura” de dos años.
Si el gobernador César Duarte se hubiera empecinado en crear una mini-gubernatura de dos años para tratar de manipular a su favor las piezas en el tablero de ajedrez, lo habría podido hacer aprovechando la mayoría absoluta de la que goza el PRI en el Congreso estatal de Chihuahua además del apoyo casi incondicional de otros partidos que conforman lo que se conoce como “la chiquillada” o “mini-partidos”. Ya lo ha hecho en otros cambios substanciales a los códigos del estado, y lo pudo haber hecho ahora.. Pero con el triunfo de “El Bronco” en Nuevo León, el panorama cambió por completo.
El gobernador César Duarte, aún aspirante a la presidencia de México, no solo le dió puntilla a su propio plan de crear una “mini-gubernatura” de dos años, sino que ordenó que a la voz de ¡ya! se hicieran varios cambios en las leyes electorales a fin de ponerle candados a los candidatos independientes con la intención no tan disfrazada de ponerles piedras en el camino a los que pretendieran postularse como candidatos independientes. Uno de tales candados, que muchos consideran arbitrario, consiste en que para poder postularse como candidato independiente el aspirante no deberá haber pertenecido a partido político alguno en un lapso de tres años seguidos. Esta medida por sí sola le remueve de inmediato al gobernador Duarte la amenaza que varias piezas en el tablero de ajedrez le representan, oxigenándole sus aspiraciones. La restricción es conocida como la Ley “Anti-Bronco” en alusión al próximo gobernador independiente de Nuevo León, aunque muchos en Chihuahua la están llamando Ley “Anti-Teto” por tener un claro destinatario que goza de muchas simpatías entre el electorado chihuahuense: el todavía priista Héctor Murguía Lardizábal “Teto”. Esta reforma electoral que le pone candados a las candidaturas independientes fue aprobada en el Congreso de Chihuahua el lunes 29 de junio.
El candado Ley “Anti-Bronco” es desde luego un impedimento ilegítimo y anticonstitucional porque se supone que un partido político es una agrupación de ciudadanos con un conjunto común de ideales y no una banda de la delincuencia organizada (aunque tal vez habrá algunos que opinen lo contrario), y para los que consideren que en efecto los partidos políticos no son bandas de la delincuencia organizada entonces la membresía previa dentro de cualquier partido político al cual se ha renunciado no puede ser imaginada como un delito del orden penal y ni siquiera como una falta administrativa que amerite la sanción de exclusión de las candidaturas independientes. Sin embargo, para aquellos que consideran que los partidos políticos sí son delincuencia organizada, entonces el sentido común indica que lo que procedería sería proscribirlos y consignar a sus militantes a la cárcel, borrando a todos del mapa. Partiendo del supuesto de que un partido político no es delincuencia organizada, entonces la violación constitucional es clara en virtud de que el Artículo Primero de la Constitución de México establece que: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Por otro lado, el Artículo Noveno dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”. Se supone que todo ex miembro de un partido político sigue siendo un ciudadano mexicano y que su membresía anterior a cualquier partido no le resta derechos políticos. A esto se le suma el hecho de que el Artículo 35 de la misma Constitución asienta: “Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. Y también se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en forma independiente en las elecciones como candidatos. Todas estas garantías constitucionales fueron violadas a todos los chihuahuenses con la ya famosa reforma electoral “Anti-Bronco” por diputados que nunca recibieron buena asesoría legal o que posiblemente ni siquiera saben leer y escribir, y por eso mismo cualquier ciudadano la puede objetar en el terrerno legal con el simple recurso de interponer un amparo en contra de la Ley “Anti-Bronco” para obtener un triunfo y la protección de la justicia federal lográndose la derogación del candado excluyente. Y en el muy dudoso caso de que la Suprema Corte de Justicia de México se rehuse en darle la razón legal a un querellante afectado por la Ley “Anti-Bronco”, pues encima de la Suprema Corte de Justicia de México está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguramente sí le dará la razón al afectado y le permitirá postularse como candidato independiente en Chihuahua o en cualquier otro estado sin que se le ponga impedimento alguno, porque se trata de una corte cuyos fallos tienen que ser acatados obligatoriamente en México en virtud de los tratados internacionales de los que México es signatario y en los cuales ha cedido su soberanía en fallos judiciales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si la Ley “Anti-Bronco” puede ser aniquilada en el terreno jurídico, ¿entonces por qué aprobar algo que recibirá palo seguro ya sea de parte de la Suprema Corte o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por la sencilla razón que el procesamiento de apelaciones judiciales es algo que toma tiempo, y la apuesta de la partidocracia en Chihuahua es que los inconformes no tendrán tiempo suficiente para hacer valer sus derechos al momento en que se celebren las elecciones para la renovación de la gubernatura.
Eliminada la posibilidad de una “mini-gubernatura” de dos años para Chihuahua, y considerando que las elecciones para renovar la gubernatura de Chihuahua se deben llevar a cabo dentro de doce meses (en julio de 2016), otra táctica adicional a la que se puede recurrir para impedir que priistas descontentos se salgan del PRI y se lancen por cuenta propia es tratar de resucitar la vieja tradición del “tapado” surgido como “candidato de unidad” dentro del PRI (en realidad, la práctica del “tapado” siempre ha sido una imposición de la cúpula sobre las bases que se deben disciplinar aceptando de manera unánime al candidato que haya sido seleccionado personalmente por el gobernador priista o inclusive el presidente de México priista). Este recurso sería utilizado en caso de que haya algunos aspirantes fuertes a la gubernatura como el “Teto” Murguía que todavía están a la expectativa de ser postulados por parte del PRI a la gubernatura y los cuales en caso de no ser postulados se puedan lanzar como candidatos independientes. Esta argucia sería utilizada para retrasar lo más posible la “develación” del “tapado” a sabiendas de que todos los demás candidatos no se atreverán a salir del PRI mientras aún tengan esperanzas de ser nominados para la candidatura. Si el “destape” ocurre faltando tan solo unos cuantos meses de que se lleven a cabo las elecciones, digamos unos cinco meses antes de las elecciones, entonces el resto de los aspirantes desairados que seguramente quedarán decepcionados e inconformes no tendrán tiempo suficiente para (1) salirse del PRI, (2) organizar una campaña propia empezando de cero, y (3) allegarse de recursos económicos para promocionarse en igualdad de condiciones contra los demás candidatos no solo del PRI sino también de los demás partidos políticos. Lo ideal parecería ser efectuar un proceso democrático de elección interna dejando que las bases opinen y escojan al candidato priista idóneo para ser postulado para la gubernatura en 2016. Pero la opción de la vía democrática, además de que le puede quitar al gobernador actual el privilegio de poder escoger personalmente a su sucesor, puede conducir a una fractura interna al haber un ganador y varios perdedores como resultado de la elección interna, y se corre el riesgo de que de todos modos los perdedores internos harán lo posible para sabotear el triunfo de aquél que les quitó la posibilidad de gobernar Chihuahua. Considerando que este riesgo siempre existe, la opción del “tapado”, por anti-democrática que pueda ser, es preferible a la opción democrática que puede conducir a una ruptura interna como las que se han dado dentro del Partido Acción Nacional en donde se la han pasado peleando entre sí. La decisión de escoger a cierto candidato para “destaparlo” faltando unos cuantos meses para las elecciones descansa fundamentalmente en manos del gobernador actual, aunque seguramente es algo que tiene que consultar primero no solo con el presidente nacional del PRI sino también con el presidente Enrique Peña Nieto, el primer priista del país. En cualquier caso, la moneda está en el aire.
Es muy posible que los intentos en Chihuahua para bloquear a los candidatos independientes sean copiados por otros gobernadores en otros estados del país, tomando en cuenta que también esos otros estados tienen gobernadores con aspiraciones presidenciales -con los cuales tendrá que competir el gobernador de Chihuahua César Duarte- emanados de algún partido que tampoco querrán cargar con el estigma perpetuo de haber entregado la gobernatura de su estado no a un candidato emanado de un partido de oposición sino a un candidato independiente favorecido por la ciudadanía para castigar a todos los partidos políticos incluído el partido saliente. Los políticos que viven y dependen de la partidocracia enfrentan una nueva realidad que no los dejará dormir bien a ninguno de ellos porque las cosas están tomando en México un giro que nadie podría haber anticipado. Y hasta podría darse el caso de que México pueda tener un presidente surgido como candidato independiente, porque en política todo es posible. ¡Claro que se puede! ¿A poco no?
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