En este día lunes 28 de noviembre, acaparando la atención de los medios locales y nacionales, y al igual que hace más de dos años, el abogado y activista Jaime García Chávez (el cual aparece en la fotografía de arriba a la derecha a un lado del gobernador de Chihuahua Javier Corral) acudió a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para denunciar otra vez a César Duarte Jáquez, ahora exgobernador de Chihuahua, por enriquecimiento, peculado y uso indebido de atribuciones. En la nueva querella que se presentó también se acusa por esos mismos delitos al expresidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, actual diputado federal, y al exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral. La demanda contra los ahora exfuncionarios estatales fue entregada al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, quien salió a la calle para recibir a los integrantes de Unión Ciudadana, ante quienes se comprometió a revisar su demanda para desglosar lo que corresponda a la Federación e integrar la denuncia que competa al fuero común.
García Chávez externó a Peniche que desde septiembre de 2014, cuando interpusieron la denuncia por primera ocasión, han pasado tres titulares de la PGR y no han visto resultado alguno, a pesar de que hay delitos plenamente acreditados. “Lo que hoy estamos haciendo es una petición presentando de nuevo la denuncia en sus términos, la que hicimos el 24 de septiembre del 2014, solicitamos que se abra la carpeta correspondiente y se investigue a fondo”. Peniche les explicó que en la fiscalía cumplen con la responsabilidad de escuchar y recibir a la ciudadanía, sin importar el motivo, por lo que actuarán de manera profesional y contundente.
La nueva demanda fue respaldada por integrantes del movimiento Unión Ciudadana, quienes pidieron además al fiscal general César Augusto Peniche Espejel que solicite la atracción de la demanda presentada ante la PGR en 2014, porque consideran que está estancada en esa instancia federal. “El procurador general de la República, Raúl Cervantes, nos ha ignorado de manera sistemática, han entrado nuestros coadyuvantes, pero el tema de fondo es que hay una especie de visión de derecho privado del Ministerio Público, o sea la PGR, que tiene una actitud de decir: ‘aquí hay una denuncia, pruébenla’, cuando ellos son la autoridad investigadora” explicó Jaime García Chávez, quien presentó la primera denuncia por los mismos delitos en instancias federales y estatales el 23 de septiembre de 2014.
El también dirigente de Unión Ciudadana, García Chávez, indicó que con la investigación que han hecho y la que obra en los expedientes, se han enterado de muchas situaciones que no han querido hacer públicas, como el dispendio en el que vivían los hijos de César Duarte fuera de la entidad, los gastos sabatinos desorbitados, entre otros. “Es evidente que si vemos las declaraciones patrimoniales contra las declaraciones fiscales y contra los bancos, no coinciden, no se justifica nada”, agregó. Dijo que Duarte no ha podido justificar de dónde sacó 65 millones de pesos para crear un fideicomiso junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, para capitalizar el banco en proceso de creación, Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua y que es el objeto de la demanda inicial.
El problema para el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consiste en que como miembro de Unión Ciudadana él hizo suya la querella original que presentó Unión Ciudadana en contra de César Duarte hace más de dos años, y ante los medios la puso personalmente en manos del presidente de México, Enrique Peña Nieto. De esto mismo traté en una reseña titulada Algo para comenzar el año nuevo 2015 puesta en esta bitácora el 1 de enero del año pasado (y la cual atrajo una cantidad considerable de comentarios), en donde al principio de la reseña obra una fotografía que muestra al entonces senador Javier Corral entregándole personalmente al presidente de México la denuncia de Unión Ciudadana en contra del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Después de más de dos años sin haber resultado la denuncia puesta ante la PGR en ninguna acción judicial en contra del gobernador César Duarte, lo único que se puede suponer es: (a) una incompetencia y negligencia absoluta en la PGR en darle trámite a la denuncia manteniénndola “congelada” por demasiado tiempo, (b) la denuncia fue archivada sin darle mayores trámites porque no había suficientes elementos contundentes para obtener una sentencia condenatoria en contra del gobernador César Duarte que pudiera ser sostenida firmemente en pie a lo largo de todas las apelaciones judiciales posibles hasta la misma Suprema Corte de Justicia, y (c) la denuncia fue archivada por órdenes directas del Procurador General de la República tras recibir instrucciones directas para ello del presidente de México. En realidad, la percepción ciudadana en Chihuahua reduce estas tres posibilidades a las dos últimas; o se archivó la denuncia porque no había suficientes elementos para proceder en contra, o se archivó por cuestiones meramente políticas habido el hecho de que tanto el presidente de México como el gobernador César Duarte habían emanado del mismo partido político.
La posibilidad de que la PGR hubiera archivado la denuncia de Unión Ciudadana en contra de César Duarte porque no encontró que hubiera suficientes elementos para proceder en contra del gobernador César Duarte implicaría que desde un principio Unión Ciudadana, a la cual pertenecía el entonces senador Javier Corral y el cual hasta entonces no había manifestado intención alguna de postularse para la gubernatura de Chihuahua (lo cual denotaría un interés de promoción política personal y no un deseo sincero de procurar justicia), actuó de mala fé en contra de una persona inocente.
Pero la otra posibilidad, de que la denuncia en contra de César Duarte hubiera sido congelada por la PGR obedeciendo órdenes directas emanadas de la presidencia de la República, implicaría un escándalo de proporciones mayúsculas, implicaría el encubrimiento deliberado de delitos y la omisión de una obligación legal establecida por la Constitución, extendiendo una carta de impunidad a favor de alguien que debería de haber sido procesado legalmente a estas alturas como lo están siendo el gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte (sin relación de parentesco con el gobernador César Duarte de Chihuahua) y el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
La segunda posibilidad se antoja poco probable en primer lugar porque el actual presidente de México no le debe nada en el terreno político al hoy ex gobernador César Duarte, en segundo lugar porque sería muy arriesgado para Peña Nieto ordenarle a la PGR congelar un expediente de investigación cuando el mismo Peña Nieto ya tiene bastantes problemas encimas con el escándalo de la Casa Blanca, y en tercer lugar no hay razón lógica por la cual, por razones partidistas, Peña Nieto le haya tendido a un riesgo enorme para él un manto protector al gobernador de extracción priista César Duarte, y al mismo tiempo la PGR se esté yendo duro en contra de otro gobernador también de extracción priista, Javier Duarte. En todo caso, si por razones partidistas fuera, hubiera beneficiado a ambos o hubiera ahorcado a ambos.
El enorme y duro problema que se le viene encima a Javier Corral a raíz de la denuncia que acaba de interponer Unión Ciudadana ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en contra de César Duarte es que ahora Javier Corral es el actual gobernador de Chihuahua, y logró obtener la gubernatura prometiéndole al pueblo de Chihuahua que ya como gobernador metería a César Duarte a la cárcel. Esa fue la principal razón y de hecho la única razón por la cual muchos chihuahuenses votaron por él, porque creyeron en su promesa firme de meter a la cárcel a César Duarte.
Pero hay otro problema de fondo que va mucho más allá de una simple promesa de campaña, quizá la más importante de todas, incumplida. El problema es que el ahora gobernador Javier Corral está pidiéndole a la federación, o sea a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, una ayuda multimillonaria en calidad de urgente, por un total de mil millones de pesos, a fin de “solventar los gastos internos del gobierno para el mes de diciembre”. Tan solo para el mes de diciembre. Esto además de la ayuda que Javier Corral pide y espera de la federación para poder enfrentar un déficit presupuestario que según Javier Corral y su equipo de colaboradores asciende a 7 mil millones de pesos, justo cuando el presupuesto nacional para el 2017 ha sufrido severos recortes por la dura situación que se anticipa sobre todo por el triunfo de Donald Trump.
Al interponer a nivel estatal la misma denuncia que había interpuesto ante la PGR hace más de dos años en contra de César Duarte para meterlo a prisión, su antiguo aliado Jaime García Chávez le puso una horca en el cuello al gobernador Javier Corral. Desde que llegó a la gubernatura, Corral se hizo el disimulado con la denuncia que él mismo y personalmente ante los medios le había ratificado al presidente Peña Nieto, de modo tal que de prosperar la denuncia el mérito de la acción justiciera recaería no en Javier Corral sino en García Chávez al haberla puesto de nuevo ante la aparente inacción del gobernador Javier Corral. Con la denuncia que ha sido puesta por escrito en la Fiscalía de Chihuahua el día de hoy, Corral está obligado legal, política y moralmente a proceder sin dilación, con independencia de créditos o merecimientos sociales.
A Javier Corral, ya como gobernador, no le es tan fácil tratar de desligarse del asunto, no sin defraudar a los cientos de miles que votaron por él creyendo en su más importante promesa de campaña de meter a César Duarte a la cárcel. Podemos imaginarnos todos el escándalo que se armaría en Chihuahua en caso de declararse Javier Corral incompetente para darle trámite a la denuncia de Unión Ciudadana a lo que en efecto fue abrazado también por Javier Corral como denuncia propia cuando no había anunciado su candidatura a la gubernatura de Chihuahua. Y si el gobierno de Javier Corral resuelve que no hay material suficiente para librar órdenes de aprehensión en contra los indiciados, entonces le estaría dado la razón a la PGR por no haber procedido penalmente en contra de César Duarte pese a las acusaciones de cobijo a la impunidad que estuvieron siendo lanzadas por Javier Corral miles de veces cuando estaba en campaña para ser gobernador. Acciones de esa naturaleza pueden terminar siendo catastróficas para la popularidad de quién ganó la gubernatura prometiendo encarcelar a Duarte. La sola negligencia o el tortuguismo en darle trámite a la denuncia que se ha presentado hoy al igual que las omisiones que se cometan pueden obrar en contra del actual gobernador Javier Corral.
Suponiendo que, bajo una enorme presión popular, el fiscal general nombrado por Javier Corral le dá trámite a la denuncia interpuesta hoy por Unión Ciudadana, y las acusaciones en contra de César Duarte se caen por insuficiencia de pruebas o falta de méritos en un juzgado penal o ante algún tribunal de apelaciones o ante la misma Suprema Corte de Justicia, esto equivaldría a una reivindicación total y absoluta de César Duarte en sus alegatos de inocencia y sus señalamientos de que estaba siendo víctima de un linchamiento mediático sin falta de pruebas a manos de Javier Corral. Este sería un desenlace malo que Javier Corral posiblemente no quiere ni siquiera imaginar.
Pero el desenlace alterno, el que se puedan recabar suficientes pruebas y evidencias para poder armar un buen caso y para poder sostener las acusaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de César Duarte ante cualquier tribunal sin esperanza alguna de una apelación exitosa con la cual se pueda revertir el fallo, es más explosivo aún, porque el mismo Poder Judicial estaría avalando que en los dos años en los que la PGR mantuvo congelado el expediente acusatorio en contra de César Duarte se le estuvo otorgando descaradamente protección y carta de impunidad usando para ello las instancias federales de procuración de justicia, lo cual pondría directamente y de manera ineludible no solo a la PGR sino al mismo presidente de México en el banquillo de los acusados, creándose un escándalo que no solo puede ser nacional sino inclusive mundial. Ello justo cuando en tiempos de estrechez económica nacional Javier Corral le está pidiendo al presidente de México sumas multimillonarias de dinero para no verse obligado a declarar al estado de Chihuahua en quiebra.
No hay manera de salir del atolladero que el mismo Javier Corral se creó para sí, no hay desenlace bueno, lo único que puede hacer es escoger entre desenlaces que van desde el malo hasta el peor. Javier Corral, quien nunca antes había gobernado ni siquiera como alcalde municipal, está aprendiendo por fin que gobernar no es simplemente dar las órdenes y esperar que se cumplan, gobernar es planificar con inteligencia y sopesar todas las posibles consecuencias a futuro que puedan ocasionar las decisiones que se tomen hoy. A Javier Corral ya lo alcanzaron las consecuencias de las decisiones y actos que tomó ayer, y el futuro ya está aquí en lo que a él le concierne. Sin ningún margen de maniobra para poder echarse dignamente para atrás.
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