Posiblemente el gobernador más corrupto de todos en los últimos años lo fue Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, estado al que saqueó a grados nunca vistos no solo en México sino en el mundo entero. Este es Javier Duarte (a la derecha) justo cuando antes de pedir licencia a su cargo de gobernador de Veracruz, para fugarse a los pocos días después, tuvo el descaro de acudir al noticiero Despierta de la cadena Televisa conducido por el reportero Carlos Loret de Mola (a la izquierda) en donde respondiendo a una denuncia presentada por el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes afirmó hipócritamente “Estoy harto de tantas infamias y calumnias de Miguel Ángel Yunez” en relación a la acusación de que se le habían detectado y comprobado la posesión de 25 bienes inmuebles (entre los cuales destacan mansiones lujosas como la mansión en Houston que adquirió con los dineros que saqueó del erario público de Veracruz y una mansión en Miami valuada en 8 millones de dólares junto con otras 18 propiedades también en Miami, entre otras propiedades dignas de ser mencionadas) con un valor combinado superior a los 3 mil millones de dólares, y usando 40 diferentes prestanombres:
La magnitud del saqueo fue tal que dejó al estado en una bancarrota total, impedido de poder pagarle ni a los empleados del gobierno de Veracruz ni a los proveedores autorizados de bienes y servicios. La siguiente fotografía muestra cómo el sinvergüenza Javier Duarte, ante el mismo reportero del mismo noticiero Despierta, afirma “No he hecho nada de lo cual me pueda sentir avergonzado, que me pueda sentir temeroso”. Esto último lo afirmó categóricamente incluso cuando ya estaba preparando su huída:
Lo más increíble y asombroso es que el colosal saqueo de Veracruz que llevó a cabo Javier Duarte no es una cosa que se descubriera en los últimos meses o en las últimas semanas de su administración. Desde que tomó posesión de su cargo como gobernador de Veracruz las denuncias públicas en contra suya empezaron a acumularse, empezando con los 25 millones de pesos en efectivo que le fueron detectados a dos colaboradores de Javier Duarte en dos maletas dentro de un avión oficial del gobierno del estado de Veracruz. Y sin embargo, en ninguno de estos casos sucedió absolutamente nada pese a que eran del conocimiento público. El robo colosal a Veracruz continuó mientras que Javier Duarte se paseaba ante los medios lamentándose de lo que condenaba como meros rumores y falsedades en su contra, presentándose ante los medios como uno de los funcionarios más honestos y éticos del continente americano e inclusive del mundo entero.
Por culpa de Javier Duarte, en las elecciones del 5 de junio de 2016 el PRI por primera vez en 87 años perdió la gubernatura en Veracruz, lo cual fue el principio del fin de Javier Duarte de Ochoa. El hombre más corrupto y más hipórica de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, representa el máximo nivel de corrupción de los gobernadores por los escándalos que protagonizó. Junto con la derrota del PRI, quedó al descubierto la falta de recursos para pagar salarios, prestaciones, pensiones, jubilaciones e incluso compromisos de proveedores y los más básicos insumos de sectores como salud, seguridad pública y educación. A la par se descubrió una red de empresas fantasma para obtener contratos millonarios del gobierno estatal. Ante la avalancha de acusaciones, el 12 de octubre de 2016 Duarte solicitó permiso para separarse del cargo y supuestamente enfrentar las acusaciones de corrupción; pero dos días después desapareció con la ayuda de un helicóptero de uso oficial. Ahora la Procuraduría General de la República ofrece 15 millones de pesos de recompensa a quien dé informes sobre su paradero. Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias contra Duarte, sus socios y prestanombres; 32 fueron iniciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contratos con empresas fachadas o inexistentes; además, 43 están derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades a prestanombres y socios. El PRI, en tanto, lo expulsó de sus filas demasiado tarde. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos que muchos suponen se encuentran depositados en cuentas bancarias en el extranjero a nombre de familiares y amigos cercanos de Javier Duarte.
Javier Duarte ejemplifica la corrupción en grado supremo que se dá entre los gobernadores de México, consecuencia lógica de la impunidad y la falta de la aplicación de la ley cuando se trata de hombres poderosos gobernando en sus estados respectivos. Además de Javier Duarte hay otros, desde luego, que todavía a principios de 2016 eran los hombres más poderosos en sus estados: disponían de presupuestos millonarios, asesores, Congresos locales, partidos políticos y en algunos casos, hasta del Poder Judicial. Pero el 5 de junio de 2016 la suerte de varios de ellos cambió como consecuencia de los avances democráticos que se han ido logrando en México y la alternancia que se dá cuando se castiga en las urnas a los partidos de los cuales surgieron estos hampones, cuyos partidos perdieron las elecciones y, con ello, la protección que se presume con la continuidad. Para finales de 2016, esta basura humana consistía de prófugos de la justicia, ex gobernadores escondidos, amparados o en manos de sus sucesores, quienes evalúan las cuentas pendientes que dejaron con la intención de dejarles caer la guillotina. La caída de estos rateros se cocinó a fuego lento. A principio de 2016 iniciaron las acusaciones en contra de uno, luego de otro y así crecía la lista de presuntos actos de corrupción en los 12 estados donde había campañas electorales. Los candidatos de oposición hicieron una promesa principal: Encarcelar a los mandatarios para combatir la impunidad y la corrupción. En las batallas electorales hubo ataques directos, filtración de documentos y denuncias. Eso, más el humor social y el clero, ayudó, y como consecuencia lógica la alternancia en el poder se concretó. De las 12 gubernaturas, el PRI perdió su hegemonía en seis. Incluso, en cuatro estados clave, por ser bastiones históricos: Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; además de Aguascalientes y Chihuahua (donde ya había gobernado el PAN). Cuando los entrantes les quitaron la silla a los salientes comenzó la cascada de denuncias penales, administrativas y públicas que hoy tiene a los ex gobernadores en jaque.
En estos momentos, cuatro son investigados por actos de corrupción. Ya se mencionó a Javier Duarte de Veracruz, a los cuales se suman César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Miguel Alonso de Zacatecas. Además hay cuatro ex mandatarios que este año vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra: Guillermo Padrés de Sonora), Rodrigo Medina de Nuevo León) y Mario Anguiano de Colima), quienes dejaron de ser gobernadores en 2015, así como Tomás Yarrington de Tamaulipas) cuya gubernatura concluyó en 2005. Un caso peculiar es el de Jorge Herrera de Durango), quien dejó el cargo este año y sin un procedimiento legal o penal en su contra, optó por buscar el amparo para evitar ser detenido, mismo que le fue negado por un juez. A estos nueve ex gobernadores, señalados por desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con el narcotráfico, podrían sumarse tres más: Gabino Cué de Oaxaca, Carlos Lozano de la Torre de Aguascalientes y Egidio Torre de Tamaulipas, pues los gobiernos entrantes, de oposición, ya iniciaron la revisión de sus cuentas públicas.
Además de los ya mencionados hay otros, tales como Guillermo Padrés del PAN, quien dejó de gobernar Sonora en 2015, y el cual no tuvo tiempo suficiente para poder fugarse. El panista, a quien su partido le suspendió demasiado tarde sus derechos políticos por las acusaciones de corrupción, estuvo prófugo y hasta la Interpol emitió una ficha roja para su localización. Durante su administración fue cuestionado por el manejo de las finanzas públicas y al final del sexenio, los proveedores reclamaban millonarios adeudos; además, el desplome en infraestructura y la calidad de los servicios de salud y educación, aunado al incremento de impuestos, aumentó el descontento social. Sus posesiones y las de su familia se vieron incrementadas y sometidas al escrutinio público, ya que sus presuntas adquisiciones revelaban grandes inversiones, entre ellas: la construcción de la presa El Titanic en Bacanuchi; un rancho en San Pedro: El Saucito, en la zona rural de Hermosillo, con un área de reproducción equina donde los caballos incluso contaban con aire acondicionado. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha cateado e investigado 21 ranchos vinculados a Guillermo Padrés, familiares y ex colaboradores. Al término de su periodo, el ex gobernador fue señalado de provocar un quebranto superior a 30 mil millones de pesos. La PGR logró su detención en la Ciudad de México, el pasado 10 de noviembre, al salir de una entrevista radiofónica; el ex mandatario está acusado de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 8.8 millones de dólares.
Y está también Tomás Yarrington, quien parece haber profetizado su destino. El 29 de noviembre de 2004, pronunció una frase que 12 años después se volvió en su contra: “La política es una vitrina donde todo se ve, se sabe, se juzga y se cuestiona”. Era la sesión solemne del Congreso local, en Ciudad Victoria, en la cual Yarrington entregó su sexto informe de gobierno. Ahora, la PGR ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por él , mientras que el PRI, que lo cobijó por décadas, lo expulsó también demasiado tarde. El gobernador comenzó a ser investigado por la PGR desde 2004 por presuntos nexos de narcotráfico y lavado de dinero, antes de concluir su gestión; también es buscado en Estados Unidos. Hasta 2012 oficialmente se convirtió en prófugo de la justicia y este año se revivió el caso, tras la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas.
Otro gobernador panista que enfrenta denuncias penales es Rodrigo Medina, acusado por su sucesor en el gobierno de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez Calderon por ejercicio indebido de funciones y peculado. El Bronco, quien se convirtió en gobernador en 2015, anunció una serie de acciones contra Medina de la Cruz, investigado en Estados Unidos, pero hasta el momento sólo está vinculado a proceso por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos.
Y está también el priista Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, el “vendedor”, a quien el PRI le suspendió sus derechos políticos, también demasiado tarde. Hasta el momento han presentado nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía estatal que involucran al menos a 20 personas, incluidos la madre del mandatario y presuntos prestanombres, por rematar 9 mil 500 héctareas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos. El ex priísta y ahora panista Carlos Joaquín González, actual mandatario de Quintana Roo, prevé que en total sumarán 20 querellas en su contra. Entre otras, destaca la venta de terrenos propiedad del estado a la madre del ex gobernador a un costo de 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial es de 200 dólares, en Cozumel.
Por otra parte, con el Congreso en contra, en junio pasado el Congreso de Colima denunció penalmente a Mario Anguiano Moreno y a cinco de sus ex colaboradores ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la contratación de un crédito por 638 millones de pesos; los acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales. El ex gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, dice que no terminará como Javier Duarte o Roberto Borge, pues asegura que el déficit financiero de mil 800 millones de pesos que documentó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) por irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 es una herencia de administraciones anteriores. El Osafig ha solicitado a los legisladores imponer a Anguiano Moreno una sanción de 14 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y una multa de 707 millones 66 mil pesos, equivalentes al daño al erario del que se le responsabiliza directamente.
Y qué decir del priísta Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas. En sus últimos días como gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes quería salir por la puerta grande, ser recordado y llamar la atención a nivel nacional para catapultarse en cargos públicos en el gobierno federal; dijo públicamente que había entregado buenas cuentas a su partido por mantener la gubernatura para el PRI. El ex mandatario llamaba la atención con eventos e inauguraciones de obras públicas, algunas sin concluir; quería que las placas se colocaran con su nombre antes del 12 de septiembre. En cada suceso la Banda Sinfónica tocaba Las Golondrinas. Un dato que llamaba la atención era que Alejandro Tello se desmarcó de Alonso durante su campaña, sin embargo, acudía a sus eventos públicos. En mayo de 2016, un grupo de legisladores de oposición ya había presentado una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, pero ésta se congeló por presentarse durante plena campaña electoral. El 3 octubre la administración de Alejandro Tello reveló que la administración alonsista había heredado una deuda pública superior a los siete mil 700 millones de pesos, además de las observaciones de diferentes órganos fiscalizadores, que encontraron anomalías por cinco mil 994 millones de pesos. Desde septiembre de 2016, Alonso Reyes no se dejó ver en Zacatecas ni en sus redes sociales, hasta finales de noviembre, cuando fue nombrado director general de Fonatur. El 6 de diciembre se interpuso otra denuncia penal contra el ex gobernador en la PGR por los probables delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 19 de diciembre de 2016 se sumó una tercera denuncia, también ante PGR. Soledad Luévano, ex candidata de Morena al ayuntamiento de Zacatecas, presentó la querella por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Asegura que hubo un desvío superior a los mil millones de pesos del erario para promoción personal, a través de dos contratos a dos empresas, por 13 millones 800 mil pesos, para la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales y para el envío de mensajes de texto.
¡Y aún hay más!
El ex gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, no tiene, por lo pronto, ninguna aureola legal que lo proteja, luego que un juzgado federal le negó el amparo que promovió contra una orden de aprehensión. El argumento del juez fue sencillo: negó el amparo porque no existe ninguna orden de captura y no puede amparar cuando todavía no se presenta una presunta violación. Lo mismo para los más de 20 ex funcionarios que buscaron ampararse ante una posible aprehensión. Antes de terminar su gestión declaró que su administración cerraría con una deuda de 5 mil millones de pesos, un “pasivo controlado”. Sin embargo, la administración entrante informó que la deuda superaba los 15 mil millones de pesos. El recurso de protección federal se dio también días después de que el actual gobierno de Durango detuvo a la ex subsecretaria de Egresos, Leonor Gutiérrez Flores, por presuntamente ocultar información y ejercicio indebido de la función. Además, la administración entrante se encontró con que la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes por más de cuatro mil millones de pesos, observaciones que no solventó el gobierno de Jorge Herrera en 8 meses de este año.
Son demasiados casos de corrupción y actos de corrupción para un solo país. La corrupción de los gobernadores ha alcanzado proporciones desmesuradas, en una época donde este tipo de comportamiento es más visible y menos tolerado por la opinión pública, por lo que debe ser prioritaria no sólo la investigación, sino que los resultados tengan consecuencias penales y administrativas. La conjunción de dos procesos hicieron que el año 2016 fuera negro para ex mandatarios estatales. Por un lado, en lo que va de este primer siglo del primer milenio, los gobernadores se han empoderado luego de que se perdió el control autoritario que ejercía el Presidente en turno. Anteriormente, desde la Presidencia se ejercía el control político, de estabilidad; servía como un freno a los despropósitos, abusos o las desmesuras de algunos gobernadores. El segundo proceso, tiene que ver con la presión ciudadana y la construcción institucional de sistemas anticorrupción y de transparencia.
Con el fin del presidencialismo en México, se cortó el control centralista y autoritario, pero nunca se completó el proceso de generar un control democrático, aunado a que las legislaturas estatales son quienes les quedan a deber a la ciudadanía, porque cualquier presupuesto que pasó un gobernador, cualquier endeudamiento, cualquier cuenta pública o cualquier ley, pasó por las legislaturas y no han funcionado ni para amarrarles las manos ni para llamarlos a cuentas. El desafío verdadero para combatir la corrupción es estructural, porque detrás de los gobernadores hubo secretarios, funcionarios, empresarios, es decir no sólo fueron una manzana podrida, sino redes de corrupción que operaron para desviar recursos y sustraer del dinero de todos para su propio beneficio.
Como se asentó arriba, lo abominable es que en la mayoría de los casos, cuando un gobernador está llevando a cabo un saqueo desenfrenado de los recursos públicos, en muchas ocasiones ello se sabe desde los primeros meses en los cuales el corrupto gobernador empieza según él a gobernar y a saquear las arcas públicas, y no se hace absolutamente nada. ¿Y por qué no se hace o no se puede hacer absolutamente nada, y es necesario esperar a que haya una alternancia para que los otrora denunciantes y opositores puedan ejercer acción penal en contra de los príncipes de la corrupción? Por una razón muy sencilla. Los delitos cometidos son delitos del fuero común que tienen que ser denunciados ante la procuraduría general de justicia de cada estado. ¡Y al procurador general de justicia lo designa el mismo gobernador! Obviamente, en ningún caso ningún procurador de justicia va a investigar ni va a procesar penalmente ante un juez al mismo gobernador que lo puso en tal cargo y que en cualquier momento lo puede remover del mismo. Aunque se interpongan por escrito ante la procuraduría denuncias penales por delitos tales como tráfico de influencias, desvío de recursos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, soborno y cohecho, y aunque se presenten pruebas documentales de tales delitos, esas denuncias serán simplemente archivadas y no irán a ninguna parte, y no solo no se investigará absolutamente nada ni se recabarán pruebas y evidencias, ni siquiera se verificará si las pruebas presentadas con cada denuncia son legítimas o carecen de sustento legal. A cada denuncia en contra del gobernador simplemente se le mantendrá en la “congeladora” para finalmente darle“carpetazo” sin tocar al gobernador ni siquiera con el pétalo de una rosa. Esta es la razón por la cual todos los gobernadores de cada estado en México, y no hay ninguna excepción a la regla, pueden empezar a saquear las arcas públicas a partir del primer día en el que empiezan a gobernar.
La razón por la cual los gobernadores, príncipes de la corrupción en México, pueden saquear con toda impunidad y no se les puede denunciar por nada, es porque ellos mismos designan y remueven a los procuradores y de este modo controlan directamente todo el aparato de procuración de justicia de cada estado. Y esto dá la clave para poner un correctivo final y decisivo al problema y así acabar de una vez por todas y para siempre con la corrupción de los gobernadores en México. El remedio consiste simplemente en quitarles de sus manos a los gobernadores el control para que los procuradores nombrados por ellos y las procuradurías tomen control y conocimiento de cualquier tipo de denuncia por ciertos delitos (no todos) tales como tráfico de influencias, desvío de recursos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, soborno y cohecho, entregándose el control y las investigaciones de tales delitos a una super-procuraduría de carácter no estatal sino federal habilitada para darle cauce a este tipo de denuncias (la Procuraduría General de la República podría hacerlo si se llevan a cabo las reformas constitucionales dándole el marco legal y jurídico para que pueda tener tales atribuciones), con un poder superior al poder del gobernador en cada estado a grado tal de dejarlo maniatado y sin ganas para empezar a saquear a lo grande los recursos del estado para su propio beneficio. Quitarles el control de ciertos delitos del fuero común convirtiendo tales delitos en delitos federales por tratarse de delitos en los cuales hay un conflicto de interés que solo puede ser removido de esta manera. Simple y sencillamente, un gobernador denunciado por un acto de corrupción no puede ni debe tener en sus manos jamás el control de la carpeta de investigación de las cosas por las cuales es denunciado. Los partidos políticos de México ya demostraron con creces que son completamente inútiles para postular a cargos de elección popular a lo más honesto y probo que se pueda encontrar en cada estado, por el contrario parece que solo buscan a lo peor que pueda haber. A menos de que se lleve a cabo ésto, a menos de que se les quite de sus manos el control de las denuncias en contra suya por desfalco a las arcas públicas, los saqueos desaforados de los recursos del pueblo en cada estado continuarán, con otros nuevos príncipes de la corrupción siguiendo ejemplos tales como el ejemplo de Javier Duarte de Veracruz, a sabiendas de que a menos de que haya una alternancia política ordenada por los electores en las urnas, no pasará nada y el saqueo quedará impune.
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