Hoy ocurrió algo de lo cual no tengo memoria de nada parecido ni recuerdo que haya sucedido alguna vez antes en la historia de México.
Después de haberse aprobado casi a escondidas por un Congreso estatal de mayoría panista el pasado 30 de diciembre de 2016 (casi al estar por terminar el año 2016) una Ley de Agua con la cual muchos ciudadanos de Baja California consideraron que se privatizaba el servicio público del agua potable, tomado generalmente como el preludio de un aumento esperado a las tarifas del agua potable, el gobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, anunció la derogación de dicha Ley del Agua. O sea que la odiada ley no estuvo vigente ni siquiera tres semanas cuando el gobierno de Baja California se vió forzado por las circunstancias, obligado por el pueblo literalmente hablando, a dar marcha atrás.
La derogación de la Ley de Agua mediante una iniciativa enviada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid dándole marcha atrás a tan repudiada ley sucedió después de una manifestación masiva en Mexicali efectuada el domingo 15 de enero en la que participaron 45 mil ciudadanos en contra de la nueva ley y en contra del aumento pretendido con dicha ley. Se trata de un reclamo social al cual se sumó incluso la CANACINTRA.
Esto es algo completamente inédito en México, el que se dé marcha atrás y de manera tan rápida a una ley recién aprobada. Ni siquiera el presidente Enrique Peña Nieto, pese a las numerosas protestas que han cundido en todo el país en contra del megagasolinazo, algunas de ellas violentas con saqueos a tiendas y comercios, ha cedido un solo ápice, y por el contrario se ha aferrado a mantener la vigencia del megagasolinazo cueste lo que cueste, reafirmando que no importa la popularidad y que está dispuesto a asumir los costos políticos de sus cada vez más impopulares decisiones.
¿Qué nos demuestra lo sucedido? Que si el pueblo sale unido para presentar un frente de lucha bastante amplio, la fuerza del pueblo puede cimbrar a quienes dicen ser sus representantes populares, al grado de obligarlos a tener que dar marcha atrás hasta a leyes ya aprobadas y a punto de entrar en vigor.
El pueblo unido, jamás será vencido. Esta es la lección histórica del duro revés que sufrieron tanto el gobernador de Baja California como el congreso estatal de mayoría panista, y debe servir como pauta para otras cosas de enorme interés social en las cuales los gobiernos locales se rehusan a dar marcha atrás hasta que vean que ya no es posible mantener sellada la tapa de la caldera de presión que está a punto de estallar.
En Chihuahua, y en especial en Ciudad Juárez, en el año de 1983 se llevaron a cabo protestas y manifestaciones masivas que prácticamente obligaron al gobierno federal a introducir cambios importantes en las leyes que permitieran a la larga irle abriendo paso a la democracia que tenemos hoy los mexicanos, una democracia todavía imperfecta que sigue requiriendo de la participación de la ciudadanía para llevar a cabo las últimas purgas de gobernantes y partidos, pero mucho mejor que el gobierno autócrata de partido únicos que estuvo gobernando a México por siete décadas bajo las siglas de un mismo partido político.
Tres décadas después, en Chihuahua se está dando un aumento en las tarifas del agua potable. Pero aquí no se está dando marcha atrás a estos aumentos. ¿Por qué? Pues porque en Chihuahua, y sobre todo en Ciudad Juárez, en donde antes se juntaban decenas millares de personas para protestar en contra de cosas como el fraude electoral, ya no se juntan esas multitudes, a diferencia de lo que sucedió en Mexicali. En donde el pueblo se mantenga unido los gobernantes cederán en los abusos que quieran cometer en sus actos de gobierno, pero en donde el pueblo esté desunido los abusos se cometerán con toda impunidad como lo demuestra lo que ocurrió en Veracruz durante el tiempo que fue gobernado por Javier Duarte que hoy se encuentra prófugo gozando de una fortuna ilegal estimada en miles de millones de pesos.
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